Multas de hasta 1 millón 95 mil pesos a quien siembre soya transgénica. Monsanto sin permiso para la comercialización de soya transgénica en todo el país. Investigar y sancionar a quienes siembren transgénicos en la Península de Yucatán, exigen las comunidades y ONG.
La Península de Yucatán cumple 6 años de oposición a los transgénicos. Las comunidades mayas y organizaciones no gubernamentales llevaron el caso hasta la máxima instancia legal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien en noviembre del 2015 determinó dejar insubsistentes el permiso comercial para siembra de soya transgénica otorgada a Monsanto Comercial S.A. de C.V., en tanto no concluya concluya la consulta a pueblos mayas.
Después de seguir insistiendo sobre las irregularidades observadas en Campeche e inumerables denuncias de las comunidades mayas y organizaciones no gubernamentales, el pasado 17 de septiembre del 2017, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) determinó revocar dicho permiso argumentando que esa empresa ha hecho un “manejo no confiable” de la tecnología autorizada puesto que “no existe certeza de la efectividad de los controles de inventarios de la semilla.” También establece que la liberación de organismos genéticamente modificados en sitios no autorizados en el permiso y la pérdida del control del material genéticamente modificado es “un daño grave o irreversible” atribuible a esa empresa transnacional.
La propia ley señala que la violación de dichos mandatos judiciales, implica delitos de carácter federal que ameritarían investigación o sanción. La Procurduría General de la República (PGR) a través de su cuenta de twitter emitió la circular “Introducir, extraer, comerciar, transportar, almacenar o liberar organismos transgénicos en contravención de la normatividad es un #DelitoFederal. Se sanciona hasta con 9 años en prisión”.
En ese contexto, tanto las comunidades mayas, como Greenpeace México e Indignación A.C. interpusieron denuncias tanto administrativas como penales, exigiendo a la PGR que investigue sobre la distribución de semillas, siembra y comercialización ilegal de variedades de soya transgénica en Campeche, en particular en los municipios de Campeche y Hopelchén, donde no hay autorización expresa, lo que contraviene la Ley de Bioseguridad de OGM (artículo 119 fracciones I y XXVII) y el Código Penal Federal (artículo 420 TER).
María Colín, abogada de Greenpeace México, señaló que en el último informe BIO (IN) SEGURIDAD EN MÉXICO presentada por esta organización, se plantean diversos escenarios no excluyentes, que podrían explicar la presencia de semillas o plantas de soya GM para el ciclo agrícola 2017 y son: a) siembra de semilla de soya GM por agricultores que pueden haberlas guardado del ciclo agrícola pasado; b) distribución de semillas de soya convencional con presencia adventicia de soya GM por parte de las casas semilleras; c) comercialización de la semilla de soya GM para consumo humano o uso industrial como ocurrió para la cosecha de 2016; d) insuficiencia o inadecuación de las medidas de bioseguridad implementadas para evitar la propagación de plantas de soya GM por diversos mecanismos de difusión (comercialización, almacenamiento, movilización, plantas voluntarias o el simple intercambio de semillas entre agricultores).
Para el ciclo agrícola 2017, tanto las comunidades mayas como las ONG presentaron nuevamente denuncia ciudadana ante el Senasica, en noviembre de dicho año, ante la presunción de presencia de soya transgénica ilegal en una proporción aproximada de 23 mil ha en el estado de Campeche. Agregó que ante las denuncias presentadas en PROFEPA, SENASICA y PGR entre junio y agosto de 2016, la autoridad agrícola tomó la decisión de imponer multas a 9 personas en los municipios de Hopelchén y Campeche con montos que ascienden a 1 millón 95 mil pesos por persona. María Colin refirió que prevalece un panorama de impunidad que se ha repetido al menos en los últimos dos años.
Por su parte el abogado Jorge Fernández Mendiburu recordó que siguen abiertas dos indagatorias ante la PGR por la siembra ilegal de soya genéticamente modificada ocurrida a partir del 2015, sobre la cual dicha institución tiene ya material probatorio que acredita no sólo la siembra ilegal sino también la violación a un mandato judicial, en este caso, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sobre el particular, “es preciso insistir en que si bien los hechos denunciados se circunscriben a la siembra ilegal ocurrida en el año 2016, esa información puede ser ampliada para indagar también la siembra ilegal ocurrida en el año 2017, de la cual SENASICA ya tiene conocimiento. Dicha investigación, refiere el abogado, tiene que contemplar toda la cadena de producción, distribución y siembra, lo cual implica indagar las responsabilidades no sólo de quienes han sembrado, sino también de la empresa y de las bodegas de distribución”.
Nayeli Ramírez abogada del Colectivo Maya de los Chenes, acusó “el sistema de bioseguridad no está funcionando; aún cuando no hay permisos, el ciclo agrícola del 2017 registró más 23 mil hectáreas sembradas, cosechadas y comercializadas y no se hace nada para vigilar, no se está haciendo nada para castigar a los que sembraron”.
Mientras las ilegalidades se denuncian y comprueban, las comunidades continúan luchando a través de una agenda de trabajo para la aplicación de prácticas productivas amigables al medio ambiente, y continúan en su esfuerzo por educar a las autoridades federales y las transnacionales sobre el sentido de su derecho a ser consultados, su autonomía como pueblos originarios y los derechos a su territorio ancestral. En recientes reuniones de líderes Mayas de las diferentes regiones de la península, se dieron testimonio de que seguirán unidos en este esfuerzo por proteger los recursos de sus hijos y la cultura maya en el estado. Por este medio comunidades mayas hacen un llamado a la sociedad civil a sumarse al movimiento #UnidosPorLaSelvaMaya. Liga de fotos: aquí
Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes / Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad / Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C./ Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. /Greenpeace México / MA OGM Colectivo /
Para mayor información y entrevistas contactar a Jorge Fernández a quejamaya@gmail.com
Fuente: Ecoportal.net
