Tomando como base un artículo que escribió Azucena Serrano Rodríguez, en la revista SciELO, cuando era estudiante de noveno semestre de la Licenciatura de Ciencia Política y Administración Pública de la UNAM, me voy a permitir hablar del tema de la participación ciudadana.

Dice la autora de este artículo que la democracia es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la sociedad. Sin embargo, para que el pueblo ejerza verdaderamente este poder que se le ha otorgado, es necesario que los ciudadanos tomen parte en las cuestiones públicas.

No importa, dice, que sea una democracia directa, representativa, deliberativa o participativa. Cualquiera que sea el tipo de democracia necesita de la participación de la gente. En efecto, en la primera, para tomar decisiones y llegar a acuerdos; en la segunda, para formar los órganos de gobierno y elegir a nuestros representantes; en la democracia deliberativa, porque es la forma en que los ciudadanos se hacen escuchar en la toma de decisiones públicas; y en la última, para concurrir con el gobierno en la elaboración y evaluación de políticas públicas. Esta última, desde mi punto de vista, debiéramos desarrollarla a mayor escala, dado que la participación de los ciudadanos podría moderar y controlar el poder de los políticos si la sociedad se hace escuchar en la toma de decisiones.

Me queda claro que la participación ciudadana no debe limitarse al voto como muchas personas piensan, y mientras no se apliquen los mecanismos de democracia directa (iniciativa de ley, referéndum, plebiscito y consultas ciudadanas), debemos luchar porque se supere esa etapa de violación de las garantías individuales por parte de las autoridades, como una práctica regular en los sistemas políticos autoritarios. Hasta hace muy poco tiempo, ha sido un lugar común que todas aquellas personas que se oponían al régimen o que manifestaban su inconformidad en contra de las decisiones políticas tomadas por los dirigentes, sufrían maltrato físico, invasión a su propiedad, torturas psicológicas, o simplemente se les asesinaba. Por eso, para que la ciudadanía pueda tener injerencia sobre el Estado, el gobierno debe de respetar las garantías individuales, como son: la libertad, la seguridad, la igualdad y la propiedad y la estabilidad laboral. Pues si esta condición no se cumple y las autoridades violan los derechos fundamentales del ser humano, entonces lo que prevalece es miedo, lo que provoca que la sociedad se abstenga de interferir en los asuntos públicos.

La información, entendida como transparencia y rendición de cuentas, también es un elemento fundamental porque conocemos los programas de gobierno, y la sociedad ejerce sus derechos de escrutinio y evaluación del desempeño de los servicios públicos y sus resultados. Da la pauta para evaluar si tal o cual política pública es viable o no.

Si logramos superar la práctica del linchamiento mediático en contra de quienes fijan posturas políticas contrarias a los funcionarios públicos y, en lugar de ello, se establecen canales de comunicación entre las partes en conflicto será posible encontrar soluciones consensuadas o, en un extremo indeseable, dentro del contexto de la libre expresión de las ideas, quedarán evidenciados aquellos que no tuvieron un buen nivel de argumentación.

Podemos y debemos soñar con una participación ciudadana más activa en las funciones públicas y para ello no se requiere pertenecer a un partido político. Solo se necesita que quien gobierna tenga el tacto y la sensibilidad de atender la inconformidad social.

Isabel Dorado Auz

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