Guardando las debidas proporciones (sobre todo en los montos), la operación para llevar a cabo el contrato del arrendamiento de 30 camiones recolectores de basura para Hermosillo con un evidente sobreprecio, tiene tintes muy similares a como el trienio pasado de Maloro Acosta operó para que se diera la concesión leonina del servicio de alumbrado público.
Irónicamente hoy el gobierno municipal lidereado por Célida López emprendió una guerra jurídica contra la empresa concesionaria ConLuz Hermosillo para anular dicho contrato.
El servicio público del municipio mejor evaluado por la ciudadanía, la recolección de la basura, de pronto se volvió deficiente al inicio de este trienio, al igual que en el 2015 con Maloro el alumbrado público era el segundo mejor evaluado, pero ya para el 2016 el 65% de las luminarias ya no funcionaban. ¿Ineptitud o premeditación?
Desde el proceso de licitación las cosas se tornaron de forma enrarecida y poco transparente. La licitación se dio a conocer sin la menor intención de cumplir con el principio de la máxima publicidad como lo establece el artículo sexto de nuestra Constitución mexicana, publicándose solo en un medio de comunicación de trascendencia estatal, el periódico El Imparcial.
El resultado de esta ínfima publicación fue que solo tres empresas se inscribieran en el proceso: Clear Leasing, Plataformas de Toluca y Lumo Financiera del Centro; sin embargo, estas dos últimas no presentaron la propuesta económica. Eso dejó libre el camino para que Clear Leasing resultara ganadora de esta licitación con la oferta de $145,584,292 el cual deberá ser cubierto en 30 mensualidades de $4,852,809 . Según lo declarado por la alcaldesa ante medios comunicación, el acuerdo incluye una opción de compra al finalizar los 30 meses de arrendamiento por un monto adicional del 10% del valor original de las unidades, aunque en el dictamen relativo a dicho contrato no se especificara por ningún lado esa opción de compra.
Según la propia presidenta López Cárdenas, el costo de cada unidad es de 2 millones 200 mil pesos si se compraran los 30 vehículos al contado, lo que sumaría un monto de 66 MDP. A esto se le agregaría la suma de 9.92 millones por el concepto de seguros de cobertura amplia por tres años y 4.7 millones de servicios preventivos estimados por tres años, es decir, se pagaría una cantidad total de $80,618,000.
Esto nos indica que con el contrato que fue firmado por 145 millones el Municipio pagará 80.6% de intereses con una tasa anualizada de más del 50% y en números totales, casi 65 MDP, esto es, solo de pago de intereses la cantidad casi equivale a lo que costaría la compra al contado. En términos financieros, es algo desproporcionado y fuera de los rangos reales del mercado para arrendamiento vehicular, pues este oscila entre el 8 y 15% en tasa anualizada.
Tomando de referencia las mismas cifras proporcionadas por el Gobierno Municipal sobre los costos de las unidades, los seguros de cobertura total y los servicios preventivos estimados por tres años y haciendo con ellos un cálculo con los valores reales de mercado, tomando una tasa anualizada del 15%, nos resulta que la suma a pagar debería ser poco más de 103 MDP. Advertimos entonces que existe un sobreprecio que asciende a por lo menos 42 MDP .
Ante este desaseo contractual hubo expresiones y señalamientos de inconformidad de ciudadanos expertos en materia financiera e incluso de regidores correligionarios de la alcaldesa. Hubo reuniones entre funcionarios de primer nivel municipal con este grupo de ciudadanos, mismo que les presentaron alternativas mucho más viables y económicas, tanto para la compra como para el arrendamiento vehicular. Inclusive se acordó con estos funcionarios una reunión expositiva con el subdirector nacional de Banamex para proponerles varias alternativas de crédito mucho menos costosas que la adquirida con Clear Leasing. Al final prevaleció la cerrazón en estos funcionarios y dejaron plantado al banquero.
En la sesión de Cabildo donde se aprobaría el contrato de arrendamiento con Clear Leasing, súbitamente se presentó el Tesorero del municipio Martín Alberto Azpe para dar a conocer los resultados de una supuesta renegociación donde según el Tesorero se logró una serie de mejoras en el contrato, lo que reflejaría un ahorro de 25 MDP, es decir, consiguió rebajar la cantidad total a pagar de 145 a 120 millones. Esta misma información fue replicada por el tesorero Azpe en medios de comunicación.
Pero he aquí que el supuesto ahorro de 25 millones no se refleja en el nuevo contrato de arrendamiento vehicular, pues dicho documento me lo hicieron llegar un grupo de militantes de Morena, que a su vez, integraron una comisión del Comité Municipal de ese partido para solicitar ante el Ayuntamiento copia de este contrato (el cuál podrá ver en parte al término de esta columna). En este se puede apreciar claramente que el monto a pagar es exactamente el mismo que desde un principio se estipuló, es decir, $145,584,292 en 30 mensualidades de $4,852,809 y no en 120 millones y mensualidades de 4 millones producto de la supuesta renegociación, versión que fue presumida por el Tesorero y la propia alcaldesa en un video difundido a través de las redes sociales el 18 de diciembre del 2018, el mismo día que en cabildo se aprobó celebrar este contrato.
Con esta falsedad de declaraciones, tanto la Presidente municipal Célida López como el Tesorero Municipal Martín Alberto Azpe cometen el delito de ejercicio indebido o abandono del servicio público, violando así el Artículo 184 en su fracción IV del Código Penal de Sonora, en el cual se especifica que el funcionario que tenga conocimiento de que puedan resultar gravemente afectados los patrimonios o los intereses de la administración pública por cualquier acto u omisión y no lo informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades, se les impondrán de dos a siete años de prisión, multa de veinte a doscientos UMAS, destitución e inhabilitación de dos a tres años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
El Gobierno Municipal de Hermosillo lidereado por Célida López dan señales evidentes de haberse desentendido del mensaje contundente de la ciudadanía expresado en las urnas el 1 de julio del 2018, el cual fue un rotundo rechazo y hartazgo de los viejos vicios donde convierten lo público a lo privado.
No están haciendo política sino politiquería como un oficio antitético del servicio público, pues inhabilita su prerrogativa básica: la honestidad. Han adoptado el rol de mantener una pose engreída y a través de ella demostrar su poder, que solo sirve para afianzar la separación con el ciudadano. El proceso parece ir a contracorriente de las aspiraciones más idílicas de la ética: lo que otrora les alzaba la voz con tono de indignación, hoy es su forma de empoderamiento.
Por: Aarón Tapia, Hermosillense, amante del sarcasmo y de la
buena polémica para el debate. Conductor de La Tertulia Polaca/Ensalada de Tópicos.
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