En un ríspido intercambio de puntos de vista se convirtió la rueda de prensa que dieron las autoridades federales a un año del derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviados en el Río Sonora.
El evento se llevó a cabo en un céntrico hotel de la capital sonorense, irónicamente construído en lo que alguna vez fue el cauce del Río.
La cita era a la 1.15 p.m. y sin embargo el evento comenzó con más de media hora de retraso. Los convocantes, las autoridades federales encabezadas por la Comisión Presidencial para la atención inmediata y permanente por los daños generados por el derrame de los ríos Sonora y Bacanuchi.
Además de un gran número de medios de comunicación se encontraban presentes varios pobladores de los pueblos de Río Sonora, investigadores, miembros del Frente Todos Unidos Contra Grupo México, así como del Sindicato Minero todavía en huelga.
Las cuentas que entregaron las autoridades a un año de ocurrida la “mayor tragedia ambiental en la historia del país” se resumen en las siguientes:
El Fideicomiso ha entregado 1,140 millones de pesos para atender a los afectados y remediar la zona dañada. Esta derrama económica representa 10 veces el el Producto Interno Bruto (PIB) de los 7 municipios de los ríos Bacanuchi y Sonora.
La SEMARNAT a través de la PROFEPA retiró 1,302 m3 de suelo contaminado, acopiado en un sitio especialmente construido y provisto de geomembrana, para evitar infiltración.
La Secretaría de Salud ha dado atención médica a un 100% de los 360 afectados, brindado casi 11 mil consultas, muestrea permanentemente la calidad del agua de los pozos reabiertos y de la red pública municipal para medir metales pesados en los municipios, los cuales se ubican dentro de la NOM 127, y anuncia que durante Septiembre del 2015 arrancará la construcción definitiva en el municipio de Ures de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental, que opera desde marzo pasado, con el fin de monitorear hasta 2029 la salud de la poblaciòn afectada.
Hasta ahí los números presentados por la autoridad.
Sin embargo, los representantes del gobierno a duras penas terminaron su alocución, pues los gritos y las interrupciones no se hicieron esperar de parte de los pobladores afectados. El primer altercado se produjo cuando personal de seguridad no permitía el acceso a la familia Ríos Fimbres, quienes han denunciado una y otra vez la afectación que tienen en su salud y que no han encontrado respuesta alguna de las autoridades. Sólo pudieron entrar cuando Mikel Arriola, titular de la COFEPRIS dió la anuencia. El segundo alboroto fue cuando integrantes de la Sección 65 del Sindicato Minero quisieron desplegar una manta que denuncia directamente a German Larrea de Grupo México como responsable del derrame. Sólo la desdoblaron por un momento, luego fueron invitados a guardarla.
No bien terminaban las autoridades de hacer su presentación, cuando los gritos de los presentes se volvía por momentos ensordecedor. La frase que detonó las expresiones de repudio a lo que se estaba diciendo desde la mesa fue cuando se aseguró que los terrenos de la Zona 1, desde el represo Tinajas hasta el kilómetro 30 están totalmente remediados, es decir, ya no cuentan con metales ni contaminantes por arriba de la Norma.
De ahí en delante todas las cifras presentadas fueron cuestionadas a gritos: a las cantidades de dinero repartidas entre la población se respondía preguntando que porqué se está dando montos de 5 mil pesos; cuando la cifra mínima para una actividad comercial afectada era de 14 mil, según lo aprobado por el propio Fideicomiso; cuando se anunciaba que la atención médica ha sido total se respondía que hay muchos casos que no se han atendido por fuera de los 7 poblados, como en el Molino de Camou; cuando se dijo sobre el establecimiento de un sistema de vigilancia epidemiológico y ambiental los presentes respondieron con muestras de escepticismo.
Y es que para las autoridades, ya todo está remediado, el terreno y el agua están limpios, los afectados en sus salud han sido atendidos y resarcidos, los dañados económicamente también, y hasta se construyeron ya nuevas presas de contingencia para el control de avenidas extraordinarias que eviten derrames de las Tinajas 1 y 2, “los cuales permitirían enfrentar sin riesgos las efectos de la peor precipitación pluvial en los próximos 10 mil años”. Los muestreos y las pruebas en las que se basan esas afirmaciones fueron realizadas por la Universidad Nacional Autónoma de México y por laboratorios acreditados.
Por supuesto, para los pobladores afectados, los activistas y los miembros del Sindicato todo lo escuchado era poco menos que increíble. ¿Cómo es posible que digan que ya todo está limpio y/o controlado, si en las pruebas realizadas recientemente a pobladores del Molino de Camou 6 personas de 6 salieron con metales pesados por arriba de las normas internacionales? ¿A dónde fueron a parar los 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre? ¿Ya desapareció? ¿Por qué no considerar a Hermosillo en los municipios afectados, si el agua contaminada pudo haber llegado a la presa Abelardo L. Rodríguez? ¿Por qué no ha habido total trasparencia en la publicación de los resultados de los análisis?
Algunos de los pocos asistentes que lograron tomar el micrófono fueron la maestra Reina Castro Longoria, investigadora del CIAD, quien argumentó que la NOM 127 está totalmente rebasada y laxa, pues ningún organismo internacional la consideraría como válida y segura. De esa manera, los muestreos de terreno y agua no serían calificados como seguros para la salud, como lo anunciaron hoy los delegados gubernamentales.
Martha Patrica Velarde indicó que se necesita urgentemente la creación de un Hospital de Especialidades para la atención de las enfermedades derivadas del derrame, pues los efectos en la salud se verán en los próximos meses y años.
También habló un ciudadano residente del Sauz, municipio de Ures, quien acusó que su expediente de salud se había perdido, justo después que desgraciadamente le habían diagnosticado cáncer. “Parece que quieren ocultar lo que está pasando… pasaré el resto de mi vida denunciando lo que están haciendo conmigo, si no atienden mi caso”. La familia Ríos Fimbres también denunció el gran problema de salud que aqueja a su familia desde hace años.
Cabe destacar que ante todo, y aunque de pronto perdían un poco el gesto tranquilo, los de la mesa no perdieron nunca la calma. Pareciera que todos los cuestionamientos, los gritos, los reclamos, los argumentos que hicieron alargarse y mal terminar la conferencia de prensa tres horas después no tuvieran demasiada importancia.
Quizá piensen, calculen, que los inconformes son los mismos 20 personajes y que más vale dejarlos gritar y desahogarse. Porque, si acaso es cierto que es mucha la afectación ¿Dónde están los más de 20 mil habitantes de los pueblos de Río manifestándose? Y es que sí ha habido manifestaciones multitudinarias en los pueblos, pero es cuando se atora o no llegan los recursos del Fideicomiso. Ahora mismo el dinero del fideicomiso está fluyendo, por lo menos en calidad de promesa. y quien se mueve no sale en las listas.
Las autoridades presentes fueron: La Procuraduria Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y su director Guillermo Haro Bélchez, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) representada por Rodolfo Lacy Tamayo, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) representada por Mikel Arreola, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) representada por Víctor Hugo Alcocer, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) representada por Aníbal González Pedraza, el delegado estatal de la Secretaría de Gobernación, Adolfo García Morales, entre otras autoridades.
Redacción/Libera Radio.
