#CulturaLight 2021
Por Manuel Alberto Santillana.
Y las cosas no han mejorado. Por eso traemos al recuerdo este documento que sigue vigente:
Los abajo firmantes, académicos de diferentes instituciones educativas e investigación de carácter público y privado manifestamos.
1..El derrame tóxico de agosto de 2014 que afectó tanto a la población que vive en las márgenes de los Ríos Bacanuchi y Sonora como a sus ecosistemas es responsabilidad directa del Grupo México, propietaria de la Mina Buenavista del Cobre.
Esta empresa está obligada a acciones inmediatas, a mediano y a largo plazo tendientes a contener, tratar y remediar la contaminación en dicha cuenca provocada por sus descargas. Estas acciones contemplan la evaluación del riesgo ambiental de sus instalaciones, el monitoreo de las aguas superficiales, subterráneas, suelos y sedimentos, así como de compensación por los daños económicos, y la evaluación, seguimiento o compensación por daños a la salud de la población de los municipios de la zona del derrame. Además de una sanción impuesta por las autoridades federales en materia de responsabilidad ambiental, debe establecerse un compromiso directo con las comunidades a lo largo de la cuenca afectadas por las descargas de la Mina Buenavista del Cobre, con cargo a la empresa. Pero sobre todo, estas acciones deben de realizarse con una total transparencia, en lo que respecta a los gastos asociados a remediación del daño, las indemnizaciones correspondientes y a la generación de información a través de los monitoreos de agua, sedimentos, salud de la población y estado de los ecosistemas de la zona. Instamos a la creación de comités de vigilancia ciudadanizados que además de atender estos puntos, vigilen la aplicación de recursos y sean considerados en la concertación del destino de éstos y que contribuyan en la construcción en una nueva cultura de agua.
2. Aceptamos que la actividad minera es fundamental para el desarrollo económico de un país o una región, pero no en detrimento de la salud de la población y del daño al medio ambiente.
Este evento contaminante debe ser un parteaguas del ejercicio de la minería en nuestro país. Las acciones y políticas preventivas a las que se obligue al Grupo México, deben ser extensivas a toda la industria minera en el territorio nacional. No es necesario esperar a otro accidente para llevar a cabo acciones particulares. Reiteramos nuestro compromiso de promover acciones y asesorar a grupos parlamentarios locales y nacionales para homologar la normativa actual a los estándares internacionales, tanto en materia de descargas de instalaciones mineras, como en el monitoreo de los ecosistemas y de prevención a la salud.
3. Destacamos además que el Estado mexicano, en sus tres órdenes de gobierno, actuó de manera tardía, desordenada y sin coordinación.
Fue la propia población la que empezó a documentar el derrame de tóxicos a través de la prensa, mientras que la empresa y las instancias de gobierno minimizaban el problema. Posteriormente se tomaron medidas como las del cierre de pozos de agua potable sin contar, o al menos dar a la luz pública, los resultados de los monitoreos preliminares para esa acción. Además de no establecer un programa efectivo de suministro de agua oportuno y suficiente para la población. Lo anterior evidenció una falta de coordinación interinstitucional en la implementación de los planes de contingencia.
4. Nos parece pertinente la creación de una red nacional amplia de información e investigación en la calidad del agua, medio ambiente y salud.
Dicha red debe ser financiada por las empresas mineras y los impuestos generados por esta actividad, a través de un fideicomiso, lo que permita de inmediato establecer diagnósticos, acciones preventivas, de remediación y compensación por los daños a los ecosistemas, actividades económicas y riesgos a la salud de la población, inherentes a estas industrias o sus eventuales accidentes.
5. Es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad social como investigadores, docentes o comunicadores de la ciencia el informar de una manera clara, sencilla y oportuna a la comunidad sonorense, y de todo el país, sobre los riesgos inmediatos o futuros de la exposición a tóxicos.
Es esencial contar con datos científicos oportunos de libre acceso, que permitan aclarar dudas, prevenir y actuar ante cualquier riesgo y/o contingencia. No es admisible que la posesión de datos que puedan afectar la salud y el bienestar de la población sea exclusiva de empresas privadas o de la administración pública. De tal forma el Estado debe garantizar el acceso libre a esta información, y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información debe ser más expedita y establecer que todos estos datos se encuentren disponibles de manera inmediata para técnicos, investigadores, comunicadores, empresas y a la población en general.
6. Por último, consideramos que las universidades, los centros y academias de investigación, los colegios y agrupaciones de profesionistas deben de pronunciarse también al respecto, en lo que ya viene siendo el mayor daño ambiental producido por la minería mexicana. Es la oportunidad histórica de que nuestra voz sea tomada en cuenta para contribuir a mejorar, las actividades de la industria minera, incorporándole un auténtico sentido de respeto, y responsabilidades social y ambiental.
Manuel Alberto Santillana Macedo. Profesor UNISON.
Roberto Jiménez Ornelas. Profesor Investigador UNISON
Ismael Minjarez Sosa. Profesor Investigador UNISON.
Alfonso Antero Gardea Béjar Profesor Investigador CIAD.
