El presidente asegura que en un mes estará listo el padrón, pues se requiere actualizar los casos. Especialistas consultados temen que se manipulen las cifras con propósitos electorales.

Por César Martínez / A dónde van los desaparecidos

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en cuyo sexenio una persona desaparece cada hora en promedio, anunció que su gobierno elabora un nuevo censo “confiable” de estas denuncias, pues considera que hace falta una actualización de los casos.

“Se está haciendo ahora un censo, nuevo, para tener plena certeza de cuántos desaparecidos hay realmente”, dijo el mandatario en su conferencia matutina de este viernes.

“Nos están ayudando los gobiernos estatales, las fiscalías de los estados, y está participando la Subsecretaría [de Derechos Humanos] de Gobernación y también la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para tener todos los elementos y un censo confiable, porque sí falta actualización”.

López Obrador argumentó que hay casos en los que se reporta una desaparición y posteriormente se encuentra a la persona, pero no se actualiza el registro.

“Tenemos que saber muy bien, con exactitud [el número de personas desaparecidas], empezar por ahí; se consideró que era necesario y se está haciendo. Yo pienso que en un mes ya tendremos un padrón y se les va a informar aquí”, agregó.

Hace ocho días, A dónde van los desaparecidos publicó que en este sexenio, entre el 1 de diciembre de 2018 —día en que López Obrador asumió la presidencia— y el pasado 24 de mayo, han desaparecido 42,029 personas en México, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Secretaría de Gobernación. Un promedio de 25 personas por día, una cada hora.

Si el 16 de mayo de 2022 se rebasaron las 100,000 personas desaparecidas, en los siguientes 365 días se sumaron otras 10,064. Esto significa 27 desapariciones por día en el último año. Es el número más alto registrado desde 2006, cuando el presidente Felipe Calderón declaró la “guerra contra las drogas”.

Según informó López Obrador, el nuevo censo se realiza con ayuda de las fiscalías de los estados; sin embargo, colectivos de familiares de personas desaparecidas han denunciado que durante años, en diferentes entidades los ministerios públicos no iniciaron carpetas de investigación por desapariciones, sino que levantaban actas circunstanciadas, por lo que no todos los casos se ven reflejados en las cifras de las fiscalías. 

“Va a ayudar mucho saber qué estados tienen más desaparecidos, desde cuándo y qué se está haciendo para encontrarlos”, dijo el mandatario. “Toda la búsqueda y trabajar junto con familiares y con víctimas”.

Desconfían de nuevo padrón 

Para Grace Fernández, directora de vinculación del colectivo Búscame, el anuncio del nuevo censo genera desconfianza. 

“La pregunta es: ¿nos han mentido desde siempre [con el registro actual], o ahora nos están mintiendo porque para fines electorales no les conviene que los números sigan creciendo?”, señaló. “Cuando tú ves en redes sociales, todos los días, nuevas fichas de búsqueda, es imposible pensar que los números van disminuyendo”. 

Grace, quien busca a su hermano Dan Jeremeel, desaparecido en Coahuila el 19 de diciembre de 2008, cuestionó la falta de transparencia para garantizar la certeza de la información del nuevo censo. 

“¿Qué van a hacer? ¿Llamarles a las familias una por una?”, planteó. “Es como darle oportunidad a [Enrique] Alfaro [gobernador de Jalisco] de nuevamente darle una rasurada a las cifras sin tener que dar justificación. Que transparenten la metodología y cómo garantizan la calidad, la certeza y la veracidad de la información”. 

En el mismo sentido, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez consideró que es preocupante que se puedan manipular las cifras. 

“Lo que nos preocupa, hacia el cierre del sexenio, es que estas estadísticas se pudieran prestar a la manipulación con miras a exponer un éxito de la administración de este sexenio que nos parece que no refleja auténticamente las tendencias, tanto de violencia en términos generales como específicamente en materia de desaparición y fosas clandestinas”, señaló César Contreras, abogado de la organización. 

En tanto, Álvaro Martos, investigador del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad, consideró que, en vez de un nuevo censo, se deberían transparentar y abrir los datos del RNPDNO. 

“Se ha invertido mucho trabajo como para que se borre de un plumazo y se intente empezar desde cero”, señaló. 

Jacobo Dayán, investigador, activista e integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, indicó que el anuncio de López Obrador no es sobre una nueva plataforma, sino que simplemente se actualizará el RNPDNO existente. 

“El problema es que cuando el presidente salga dentro de un mes a decir que las cifras son tales, vamos a tener que creerles […], o más bien no les vamos a creer”, dijo. 

“Yo creo que [el presidente] lo está haciendo porque debe estar preocupado porque las cifras de desaparecidos en su sexenio están creciendo mucho”, agregó.  “Y mientras no tengamos capacidad desde la sociedad de validar que la información que se nos presenta es cierta o no, van a poder maquillar lo que quieran”. 

Tras el anuncio de la cifra de más de 100,000 personas desaparecidas en 2022, integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México protestaron en el Ángel de la Independencia (MNDM).

Una década de opacidad

Esta no es la primera vez que un gobierno federal busca “depurar” los casos de desaparición. En 2014, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto y en medio de una polémica por las cifras de personas desaparecidas, el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rasuró el número de víctimas de 26,000 a 13,000 personas desaparecidas.

En ese momento no se explicó cómo se confirmó que las personas efectivamente habían sido localizadas. 

La falta de claridad en la metodología –qué se registra y qué no, cómo y quién lo registra, cada cuánto tiempo, etc.– y la transparencia en el proceso son problemas que el RNPDNO ha arrastrado por más de una década. Cuando en julio de 2020 la Comisión Nacional de Búsqueda publicó un sitio web para consultar esta información, decenas de organizaciones de la sociedad civil y colectivos de búsqueda exigieron que se hicieran públicos la metodología y la base de datos del registro, pero a la fecha siguen sin conocerse. 

Presume mandatario búsquedas

Durante los primeros días de junio, López Obrador ha abordado varias veces la crisis de la desaparición de personas, un hecho inusual pues suele delegar la tarea al subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas. 

Nunca como ahora, dijo el martes pasado, un gobierno ha realizado una labor tan intensa en la búsqueda de personas desaparecidas.

“A nivel federal estamos haciendo un trabajo como nunca se había hecho en esta materia, nunca se había llevado a cabo una acción de búsqueda de desaparecidos como ahora”, afirmó. “Por ejemplo, en Guerrero, yo creo que en este año nada más, han participado como 300, 500 buscadores de todas las dependencias de seguridad, tanto de Seguridad Pública, Gobernación, Defensa, Marina, porque tenemos el compromiso de buscar a los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa y muchos otros desaparecidos”.

Sin embargo, el presidente no especificó a cuántas personas han localizado en esas acciones de búsqueda. En respuesta a una solicitud de información, la Comisión Nacional de Búsqueda reconoció que solo había localizado a 400 personas de 2019 a julio de 2021, 361 de ellas con vida. Desde 2022 se ha negado a entregar esta información, alegando que, aunque despliega las acciones de búsqueda, solo las autoridades locales pueden determinar el número de localizaciones.

“Hemos destinado más presupuesto, pero muchísimo más a la búsqueda de desaparecidos que en otros tiempos; bueno, en otros tiempos, en otros sexenios, no había ni siquiera un plan”, agregó López Obrador.

El mandatario aseguró que hay una manipulación de la información en el tema de búsquedas, por lo que mostró una tabla del presupuesto destinado a esa labor. 

Según los datos, en 2018, último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, se asignaron 6 millones 823 mil pesos a la búsqueda de personas, mientras que en 2023 el presupuesto es de mil 97 millones de pesos. 

Este contenido fue realizado por A dónde van los desaparecidos, medio especializado en la cobertura de personas desaparecidas. Para ver la publicación original, has clic aquí.