HERMOSILLO, SONORA – El Congreso del Estado de Sonora aprobó la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, así como la nueva Ley de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, en una votación que dividió a los grupos parlamentarios. Mientras la coalición mayoritaria celebra un avance hacia un modelo de seguridad más profesional e incluyente, la oposición denuncia una grave violación al proceso legislativo por la falta de transparencia y la omisión de consultas.
La iniciativa fue impulsada y aprobada por los Grupos Parlamentarios de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido Nueva Alianza y Partido Encuentro Solidario. Estos legisladores argumentaron que la ley busca consolidar un marco normativo integral que armoniza la legislación local con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuya vigencia inició en julio pasado.
Para los grupos que votaron a favor, la nueva ley representa un salto cualitativo al establecer que las instituciones de seguridad pública deberán operar bajo principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y transparencia.
Entre los puntos destacados por la mayoría se encuentran:
- La incorporación obligatoria de la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos en la actuación policial.
- La obligación para todas las instituciones de seguridad pública de compartir y actualizar diariamente la información que generen.
- El fortalecimiento del esquema de profesionalización y la creación de una política de acreditación y certificación para el personal.
- La formalización de la Secretaría de Seguridad Pública como Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, reflejando un enfoque más amplio en el bienestar.
- La creación de la Unidad de Asuntos Internos como órgano desconcentrado con autoridad para investigar conductas sancionables.
Según los diputados, estas modificaciones buscan asegurar un estado más seguro, inclusivo y transparente, donde la ciudadanía pueda confiar plenamente en sus instituciones.
Críticas de la oposición: falta de transparencia y riesgos en requisitos
Por su parte, las diputadas Iris Sánchez Chiu (PRI) y la diputada Gabriela Félix (MC), se manifestaron en contra del dictamen, calificando el actuar de la mayoría parlamentaria de “autoritario” y acusándolos de “violentar sistemáticamente el proceso legislativo”.
La principal denuncia de la diputada Félix se centró en la forma en que el dictamen, de 245 artículos, fue sometido a votación bajo la figura de urgente u obvia resolución. Señaló que el proyecto:
- Carece de un dictamen de impacto presupuestario.
- No pasó por un proceso de socialización, violando el principio de Parlamento Abierto.
- Ni siquiera fue turnado a la Comisión de Seguridad Ciudadana para su revisión.
La legisladora cuestionó la supuesta “armonización urgente” con la ley nacional, argumentando que existen otras leyes, como el Registro Estatal de Deudores Alimentarios o la Ley de Declaración de Ausencia, que llevan años pendientes de armonización sin que se haya mostrado la misma prisa.
Además de las fallas en el procedimiento, la diputada rechazó el contenido por dos puntos críticos:
- Requisitos ambiguos para altos cargos: Alertó que la ley propone requisitos que podrían permitir a personas condenadas por delitos graves, no necesariamente vinculados a la función, ocupar el puesto de Comisario General, lo cual, según la crítica, contradice la Ley 3 de 3 que restringe el acceso a cargos públicos a agresores o deudores alimentarios.
- Uso de terminología obsoleta: Señaló que el dictamen sigue utilizando el término “menores” en lugar de la terminología vigente de “niñas, niños y adolescentes”, lo que, a su juicio, no reconoce a las infancias como sujetos de derechos.
La oposición lamentó la aprobación, afirmando que con este proceder la mayoría demuestra que “les vale un sorbete Sonora” y cuestionó su capacidad para defender a los ciudadanos si no pueden defender sus propios procesos.
Sánchez Chiu y su compañero de bancada, Emeterio Ochoa, así como Félix Bojórquez votaron en contra, mientras que el diputado Manuel Scott, también de MC votó a favor.
Con información de congresoson.gob.mx y Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
