Fue por unanimidad que las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senados aprobaron la reforma al artículo 127 constitucional, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, para eliminar las “pensiones doradas” en el servicio público.
La reforma establece que ningún funcionario gue más que el titular del Ejecutivo Federal y limita las pensiones en organismos descentralizados, empresas estatales y fideicomisos a un máximo del 50% del salario presidencial, aproximadamente 70 mil pesos mensuales.
Entre las exenciones se incluyen las Fuerzas Armadas, aportaciones voluntarias a cuentas individuales, sistemas financiados por sindicatos y la pensión universal para adultos mayores.
La oposición, aunque votó a favor, expresó preocupaciones técnicas y legales, argumentando posibles afectaciones a derechos adquiridos y falta de certeza jurídica.
El dictamen pasará al pleno del Senado y, de ser aprobado, se enviará a la Cámara de Diputados y requerirá la validación de al menos 17 congresos estatales para integrarse a la Constitución.
