LUIS ENRIQUE ORTIZ
Ahora se saben muchas cosas que antes no, en el caso de los planes de justicia indígenas, que sin dejar de ser una genialidad justiciera del presidente Andrés Manuel López Obrador, tienen más oscuros que claros, al menos así lo dicen sus propios datos y no pocas veces los hechos.
Pero a veces no son los hechos per se, sino su decantación la que habla por sí sola y ahora está más claro que no es el gobernador Alfonso Durazo sino otras fuerzas -eso sí de origen pro chairo- las que le quieren meter división (¿más?) al pueblo seri y minar la autoridad de las autoridades tradicionales y las de la propia mesa directiva del Ejido Desemboque y su Anexo Punta Chueca, esta última electa democrática y contundentemente, con la fe y presencia del Registro Agrario Nacional del Gobierno de México en junio pasado.
El malo de la película -hay que decirlo- es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), quien a través de la estructura institucional apuntala al depuesto gobernador -acusado de corrupción- Joel Barnett, quien aún controla la Cooperativa Seri y tiene a media familia en la nómina federal.
Luego vino la elección, también democrática, de Jesus Félix Segovia como gobernador tradicional, reconocido incluso por el Gobierno del Estado de Sonora y antes que nada por el presidente del Consejo de Ancianos de la Nación Comcaác, Enrique Robles Barnett, quien destituyó, por cierto a su primo Joel.
Joel es la cabeza del denominado Grupo de los Doce, que se repartían pingües ingresos por ser gobernador tradicional o presidente del ejido, en especial por los ingresos de la cacería. Esta docena trágica tenía ingresos mensuales superiores a los 200 mil pesos, mientras graves problemas de salud y pobreza por ingreso, sacudían a la mitad de los únicos mil 300 personas que se pueden llamar así mismos comcaác en todo el mundo.
Miembro distinguido del Grupo de lo Doce, es el recién depuesto tesorero de la mesa directiva del Ejido Desemboque y su Anexo Punta Chueca -Efraín Perles Torres- quien no pudo explicar cosas de dinero y la asamblea lo corrió por democrática y autoritaria unanimidad.
Por cierto, Efraín Perales Torres, es secretario del auto nombrado gobernador tradicional, Saul Gabriel Molina Romero, quien de la noche a la mañana desconoció la elección democrática de Jesús Félix Segovia hace como 90 días. Claro que Saúl es del Grupo de los Doce.
Saul Gabriel Molina Romero es papá de la ex regidora del municipio de Pitiquito, Gabriela Molina, quien junto con Joel fueron los responsables de aplicar los recursos de la fallida carreter artesanal que costó 200 millones de pesos debió medir 20 kilómetros, pero sólo se construyeron 0.8 km es decir 800 metros. Por cierto, para terminar dicha rúa se invirtieron 100 millones de pesos adicionales y sus 19.2 kilómetros -faltantes- fueron construidos en asfalto.
Gabriela Molina, cobra como 100 mil pesos mensuales en el INPI al actuar como asesora de Adelfo Regino Montes, su director nacional.
Afortunadamente, aquí la decantada, los operadores en la materia del gobernador Alfonso Durazo, no se fueron con la finta y tradición de muchos morenistas de aliarse con quien no deben, de ahí la importancia del evento encabezado el 13 de noviembre por el director de CEDIS, Martín Vélez de la Rocha, en el cual dio trato de autoridad a quien debía de darlo, a Jesús Félix Segovia, quien por cierto no es parte del grupo de los 12.
Por el momento Punta Chueca tiene dos meses sin agua ¿y el acueducto? y con pipas del ayuntamiento, la regidora por Hermosillo, Romelia Barnett, reparte el vital liquido casa por casa.
Entre tanta cosa, nos enteramos también que el INPI realiza recorridos de supervisión sobre el acueducto que debió quedar el 31 de julio y es hora de que no, pero no sólo eso sino que en todo momento han excluido a las autoridades ejidales que ya no son parte del grupo de los 12.
¿Exclusión y favoritismo por parte del INPI? Tal vez los hechos sustenten una buena respuesta. Por el momento el presidente del Ejido -legalmente electo- Humberto Mellado Moreno publicó un documento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, donde reclama la conducta de la institución que preside Adelfo Regino Montes.
Muy activo también en redes sociales, Mellado Moreno ha documentado al menos cuatro reuniones ejidales para repartir ingresos y no sólo por concepto de cacería -pues las autoridades anteriores vendieron borregos por “adela”- sino por venta de materiales de construcción, principalmente.
El 6 de julio en su papel de virtual presidenta electa, Sheinbaum Pardo, reconoció y sentó a su lado a Mellado Moreno, pero ni así Regino Montes agarra la onda y ahora la juega de morenita faccioso ¿hay de otros? no muchos.
Desde que se anunció que habría Plan de Justicia Seri, en octubre de 2019, el INPI ha ido en contra de cosas como la propuesta de AMLO de reducir la cacería y compensar con ingresos tribales de actividades más sustentables.
A los de MORENA parece que les dijeron que el presidente quiso decir lo contrario, pues el grupo de los 12 es el que más de ha beneficiado de los ingresos cinegético y es a ese grupo al que el INPI apoya de manera abierta y descarada.
Fue un error ratificar a Adelfo Regino Montes en el INPI, pues como dice el Neto Rendón: “Puras fallas, Calolo”.
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