El exgobernador César Horacio Duarte Jáquez regresó a su tierra la tarde de este 2 de junio. Llegó esposado, en un vuelo procedente de la Ciudad de México, a donde fue extraditado desde Estados Unidos.

Pasó su primera noche en prisión en la entidad que gobernó de 2010 a 2016. La mañana de este viernes, a las 8 horas, se realizará la audiencia de formulación de la imputación, donde se conocerán detalles de las acusaciones en su contra por los delitos de peculado y asociación delictuosa, cometidos entre 2011 y 2014, se informó.

Duarte Jáquez, que fue uno de los políticos del PRI con mayor poder del país y un hombre allegado al expresidente Enrique Peña Nieto, regresó a Chihuahua a casi seis años de que concluyó su sexenio en octubre del 2016 y a casi dos años de su detención en Miami, Florida, donde estuvo preso hasta este jueves.

El avión que lo trasladó hasta la ciudad de Chihuahua aterrizó alrededor de las 19:00 horas en el hangar de la Fiscalía General de la República en el aeropuerto Roberto Fierro.

El exmandatario lució más delgado que cuando dejó su cargo de gobernador, vestía una camiseta blanca, pantalón negro y tenis del mismo color, con diseños blancos.

Unos 20 minutos después de su arribo a la ciudad de Chihuahua fue trasladado al Cereso número 1 en una Suburban negra, con un fuerte dispositivo de seguridad, con unidades de la Guardia Nacional y otras corporaciones.

El operativo se dio ante la mirada curiosa de la gente que llegaba y salía del aeropuerto y de quienes transitaban por las calles que dirigen al penal, ubicado en la zona de Aquiles Serdán. Un operativo vial que paró el tráfico para no detener el paso veloz de la Suburban.

Pasadas las 19:30 horas, la unidad que trasladaba al exmandatario chihuahuense ingresó al Cereso escoltada por algunas patrullas, mientras otra se quedaron vigilando afuera del penal.

El exgobernador fue detenido en Miami, Florida el 8 de julio de 2020. El gobierno estatal obtuvo órdenes de aprehensión en octubre de 2019. Este 2 de junio fue trasladado a Chihuahua, después de que la jueza de la Corte de Distrito del estado de Florida, Laurence Fleisher, autorizó la extradición solicitada por el gobierno federal.

Desde la perspectiva de Jesús Ibarra, en México abundan los periodistas con alto nivel de profesionalidad, lo que faltan son empresas y espacios que apuesten a apoyar investigaciones con toda la inversión que ello implica.

“Cada vez están menos dispuestos a sostener lo que una investigación demanda, a lo que los tiempos tan polarizados que tenemos imponen.

“Y escasean en realidad espacios, organismos u organizaciones que apuesten por impulsar el periodismo que atiende asuntos de interés público que apuesten por capacitar a los periodistas y que apuesten por una cultura de trabajo que permita entregar productos con un estándar de calidad consistente”, afirma el periodista de Hermosillo Sonora.

Dice que el buen periodismo requiere inversión en todo tipo de servicios logísticos, de producción, fotografía, videos y asesorías jurídicas, entre otras cosas, y contrario a eso, las empresas cada vez precarizan más la profesión.

Se requiere una red de apoyo

El comunicólogo por la Universidad de Sonora parte del hecho de que hoy en día las culturas de trabajo en los medios no se orientan a dar espacios para la capacitación y el análisis que sostengan la elaboración de trabajos con respaldo integral, como lo hace el Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

“Una red de apoyo y en sobre todo en este caso, una subvención o una beca para solventar los gastos de elaboración del periodismo de investigación.

“Porque hay que recalcarlo, en este sentido creo que Border Hub con apoyo de ICFJ está sentando un precedente muy importante en el norte y noroeste de México de que hacer buen periodismo, periodismo de calidad o periodismo que responde al interés público tiene costos, es costoso y la única manera de dar una condición de estabilidad para hacerlo es financiando, no al periodista, sino financiando a los proyectos de investigación periodística”.

Retorno al origen: periodismo

Tiene una maestría en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora y en proceso de un doctorado en la misma institución, sin embargo, como periodista no había tenido la oportunidad de realizar una investigación con un plan organizado como el que llevó con el Border Hub.

“Era como old school, vieja escuela. Regresar a lo que decía el librito, aprender de las experiencias de temas publicados previamente, sobre todo en prensa escrita y replicar etapas o pasos del proceso de investigación, pero nunca con, digamos, el aspecto estructurado de diseñar una matriz de investigación, plantear una hipótesis y responderla; elaborar un cronograma, elaborar un presupuesto o bien hacer pre reportero que se abone como carga de evidencia para los pasos que vas a dar más adelante”.

En su historial prevalecía la espontaneidad, la improvisación y dejar los trabajos que podrían ser de gran valor para cuando hubiera tiempo porque la propia dinámica de las redacciones le impedían priorizar.

En menos de dos años, Jesús Ibarra ha divulgado dos reportajes con el respaldo del Border Hub.

El 29 de abril de 2020 publicó “Por mil pesos, adultos mayores de Sonora facilitan sus datos biométricos”, mientras que el 28 de marzo pasado dio a conocer la investigación “Desviaron empresas “factureras” de Sonora más de 221 millones de pesos”, ambas con una beca de la organización fronteriza.

Ambos le significaron un reto, sin embargo, subraya que el proceso de elaboración del segundo trabajo tuvo un nivel particular de dificultad, pero también de enseñanza.

Investigando operaciones simuladas

En una de sus conferencias de prensa “mañaneras” el presidente Andrés Manuel López Obrador había revelado un listado nacional de decenas de miles de empresas factureras de operaciones simuladas (EFOS).

Ahí dio inicio el pre-reporteo de Jesús Ibarra haciéndose las preguntas ¿cuántas de esas empresas fueron abiertas en Sonora? ¿de qué año?, entre otras.

Había que focalizar el tema para su entidad. El listado era enorme y las empresas estaban ordenadas alfabéticamente complicando detectar las que pertenecían a Sonora, por lo que inició a un largo camino de indagación por medio de la Plataforma de Transparencia.

Las preguntas a la Unidad Financiera de la Fiscalía, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fueron directas.

Solicitó la información relacionada con su entidad y para dar peso puso como antecedente que el presidente lo había revelado, agregando los detalles del hecho. El SAT respondió “a cuenta gotas”.

“Entre 2014 y 2021 al menos 220 empresas simularon operaciones con municipios y el Gobierno de Sonora, provocando un daño a las finanzas públicas de 221.15 millones de pesos”, detalla el reportaje de Jesús Ibarra.

Pudo conocer los nombres de las empresas, mismas que facturaron en su mayoría servicios de organización de eventos, construcción, consultoría, entre otros.

“De los 221.15 millones de pesos identificados un total de 185 millones 421 mil 633 corresponde a transacciones efectuadas por los Ayuntamiento y 31 millones 279 mil 903 pesos fueron ejercidos vía adjudicaciones directas estatales y federales.

“También se identificó que 4 millones 413 mil 692 pesos fueron facturados a una red de ‘empresas fantasma’ que se conformó en Hermosillo”, agrega el texto.

Ayuda de algoritmos

Parte de los beneficios que el reportero encontró en el desarrollo del artículo fue la colaboración de Héctor Yeomans, un ingeniero en sistemas informáticos que se ha enfocado en apoyar a periodistas en temas de transparencia desarrollando algoritmos.

“Que nos permiten descargar o consultar en tiempo real grandes cantidades de datos referentes a temas de corrupción, de contratos o presupuestales, entre ellos, las empresas fantasmas.

“Entonces las condiciones se fueron dando poco a poco para articular esto, armarlo, poderlo publicar y tener un sustento jurídico, tener un sustento factual en datos y tener un sustento técnico con los algoritmos que esta persona, Héctor Yeomans nos facilitó en aquel momento”.

Hace 22 años piso por primera vez una redacción cuando llegó a hacer su servicio social al Periódico El Imparcial de Hermosillo. Cubría deportes, pero aprendió a hacer de todo, incluso edición, lo que le dio las bases de su carrera.

También trabajó en el Periódico Cambios, en el Expreso, y perteneció a Comunicación Social de la Universidad; todo ello combinándolo con su faceta de docente de la Universidad de Sonora y algunas universidades locales.

Las becas, un apoyo

Un reajuste de personal que lo dejó sin empleo en pleno inicio de la pandemia lo orilló a cuestionarse si seguir en la profesión o no.

“Me enfrenté a la disyuntiva de continuar o no continuar, retirarme, dedicarme otra cosa. Venía la pandemia, era muy complicado el panorama, no tenía más que las ganas de trabajar, los contactos del Border Hub, las clases en la universidad para salir adelante”.

Encontró el empuje para quedarse. Fue aceptado como becario para desarrollar su primer reportaje en el Border. Ingresó al Programa Adelante de la International Women’s Media Foundation. Aprendió a recuperarse.

“Estoy seguro que me he hecho más resiliente, he vivido un proceso de crecimiento profesional y personal muy importante, muy acelerado los últimos dos, tres años y es gracias al apoyo de organizaciones como Border Hub, ICFJ y como IWMF que apuestan por formar a periodistas y por impulsar el periodismo de investigación”.

Desde entonces es periodista independiente que presta distintos tipos de servicios y cubre diversas asignaciones para medios de comunicación, empresas, organizaciones civiles y universidades.

Destacar el mensaje sobre la primicia es una estrategia que, según la experiencia del periodista Andrés Domínguez, capta lectores puntuales, a la par de que evoluciona las redacciones.

El comunicador por la Universidad Autónoma de Chiapas, editor desde hace un año y medio en Chiapas Paralelo, revela que su inclinación por el medio ambiente, la biodiversidad, cultura e historia de la región, ha sido de interés para visitantes al portal de noticias.

“La agenda que más o menos hemos manejado se ha enfocado justo en una versión diferente. O sea, esto es muy importante, que nosotros no vamos a llegar primero, porque nosotros somos personas que analizamos, que contextualizamos y que, para hacer una nota, pues nos vamos a llevar dos o tres días y que justo es esa agenda que yo he propuesto”, describe Andrés Domínguez.

Temas que le apasionan

Recuerda que desde sus primeras entrevistas fue encaminando su trabajo a temas que a él le apasionan, descubriendo que son también los que sus lectores buscan.

“Muchas veces las notas, y lo hemos ido viendo, que más tienen reacción, son esas notas diferentes.

“(…) Una nota que me habla de cómo identificar una coralillo y veo que, en general, a la gente le gusta y tiene muchas reacciones o en general, cuando de repente muere algún representante de alguna comunidad indígena y le hacemos su nota de porqué era importante”, detalla.

En las páginas de Chiapas Paralelo también se ha dado espacio a información sobre creencias tuxtlecas, leyendas y mitos de ese estado de la república, agrega, temas que son aprobados por el equipo que es dirigido por la periodista Ángeles Mariscal.

Evolución rápida en el periodismo

El comunicólogo se graduó en 2018, pero desde 2014 y con 19 años, se inmiscuyó en los medios apoyando en una redacción de radio. De ahí dio el brinco a Chiapas Paralelo, en 2016.

En este portal encontró grandes coincidencias. Empezó manejando las redes sociales, luego pasó a ser reportero y desde hace un año y medio tiene el cargo de editor.

“Todos estos años, después de que salí de la carrera, sigo con el proyecto porque el proyecto lógicamente como que sigue los mismos patrones que yo quiero, que yo sigo, y aparte es como un método de agradecimiento por mi parte hacia el medio”.

Disfruta ser editor, sin embargo, revela que hace un esfuerzo extra al querer respetar la voz y mirada de quienes escriben y sostener la doctrina del medio.

Escribir sobre una artesana, en lugar de un asesinato, dar a conocer detalles de un parque ecoturístico antes que un tema político y resaltar la diversidad de fauna de la región, ha sido decisivo para el crecimiento del portal.

Dice que es basarse en la idea de qué es lo que a ellos les gustaría leer. Publicar sobre los temas que ellos mismos aman.

“Ése ha sido mi gran triunfo, de pasar de reportero a editor, que le hemos apostado y eso me ayuda mucho con Ángeles, con la permisión de Ángeles, proponer otros temas y los temas de alguna forma han sido bien recibidos”, afirma.

Experimentación multimedia

Esta redacción joven y vanguardista transita por diversas fórmulas de comunicación.

Una de ellas es la transmisión de podcast, que según Andrés Domínguez, ha sido recibido con éxito.

Con grabaciones de una hora, que hasta el momento llevan 17 capítulos, estos audios son la forma en que llegan directamente al público joven con contenidos de medio ambiente y cultura.

“Con algunos ahorros que tenía yo, se compró una consolita, unos micrófonos; tenemos el espacio, unas cámaras que tenemos, chafas, pero la verdad es que con eso lo hemos hecho, y yo estoy re contento con lo que estamos haciendo”, comenta.

El periodismo de investigación

En su carrera de crecimiento profesional, Andrés Domínguez también experimenta la investigación periodística.

A finales del año pasado llegó al taller del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Sur (Border Hub), en donde se invita a los participantes a proponer un tema de investigación.

En un principio tenía la idea de abordar el tema migratorio porque está más enfocado a la línea de investigación de la maestría en Comunicación que actualmente cursa en la Universidad Nacional Autónoma de México.

En su lugar, se decidió por ahondar en cómo la lengua mochó se ha ido extinguiendo al quedar sólo 117 personas que la hablan.

El 17 de marzo de este año publicó “Mochós, los últimos caminantes de la montaña” en el Border Hub y los medios aliados.

Llegar a documentar el tema requirió hacer un viaje a Motozintla, municipio enclavado en la sierra, como a siete horas de Tuxtla.

En cuatro trasbordos de autobús, junto a Salvador Vázquez, pasó por la capital, después por San Cristóbal, Comitán y de ahí a Comalapa, para posteriormente llegar a su destino, en donde permanecieron tres días conviviendo con los lugareños.

Uno de los mayores retos a los que el periodista se enfrentó fue la inseguridad. Es una zona complicada, explica.

“Sabemos que el tema de Comalapa, que es un municipio muy cercano a Guatemala, hay una presencia fuerte del crimen organizado.

“Entonces, yo me acuerdo que la persona con quién contacté me recomendó no ir después de las 5 de la tarde, irme muy temprano de Tuxtla y llegar allá y llegamos como a las 3 de la tarde”, describe.

La población de Motozintla es de la tercera edad, no obstante, con la ayuda de un joven amigo pudo superar la brecha del idioma, además de la generacional

“Él me ayudó mucho porque él ya había hecho lo que yo hice. Él ya había llegado con las personas, se las había ganado y justo yo llegué con la compañía de él y fue mucho más fácil”, agrega.

Dar voz a quienes no la tienen

Asegura que siempre ha visto al periodismo desde un tema de labor social, “no lo he visto como una profesión, no lo he visto como un empleo”.

La investigación de Andrés Domínguez ha sido revelar que la razón del silencio de las comunidades indígenas tiene un trasfondo más allá del español o la globalización, recordando que en México no existe una política para preservar sus culturas.

“Más allá de recordarles y darles voz, que sí también es la intención, es recordarles a las personas que no existe una política cultural, que no ha existido y que, si el día de hoy se está reivindicando, que tal vez no sea la mejor palabra, nos están puntualizando las debidas cuestiones.

“O sea, yo siento que es una política falsa que al final de cuentas sólo logra sobrellevar el tema de los pueblos indígenas, pero que inminentemente se va a perder el mochó, como se van a perder otras lenguas de las que ya se están extinguiendo en estos momentos”, advierte.

En su trabajo diario en Chiapas Paralelo suele realizar reportajes con una técnica propia, sin embargo, con el método del Border Hub pudo conocer nuevas prácticas de trabajo.

Dice que incluir en el equipo a Salvador Vázquez como fotógrafo, José Cruz en video y Daniela López en ilustración, ha sido uno de los mayores aprendizajes.

“Siempre aprendí a trabajar solo y con un fotógrafo, pero mi mentora me explicaba que entre mejor se nutría visualmente el trabajo, era mucho mejor.

“Entonces, el trabajo relacionado con otras personas y tener otras lógicas de trabajo, que no necesariamente la mía era la que tenía que seguir, eso fue muy importante”.

Para el periodista resulta de gran valor haber obtenido el financiamiento para desarrollar la historia, que considera, le dio la oportunidad de combinar distintas pasiones de su vida.

“Me acerqué a mí yo periodista, a mí yo sociólogo, a mí yo antropólogo y la verdad es que esa experiencia con las comunidades siempre vale mucho la pena, y que te den la oportunidad de expresarlo, vale mucho oro y en general, a la población le ayuda mucho más”.

Su personalidad afanosa lo tiene con los ojos puestos en un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con enfoque en Sociología.

Y a pesar del trabajo extra que representa para el equipo que hace el podcast, también apuesta a seguir grabando más episodios.

“La estamos armando, lo estamos haciendo bien y hay que seguirlo haciendo”.

Con el acompañamiento de una mentora durante su investigación periodística, Antonio Cervantes encontró la llave para despejar las dificultades que se presentaron en el trayecto.

El periodista bajacaliforniano asegura que la tutoría de Lorena Lamas fue fundamental en cada paso de la travesía y fueron distintas las ocasiones en que lo animó a retomar la ruta.

“Diciéndote ‘vas por este camino, síguelo’. El poder tener la información importantísima, el poder llegar a lo que tú quieres, no hubiera sido posible sinceramente, porque a veces uno agarra y dice ‘ya’, y como te decía, te trabas y dices ‘ya, hasta aquí llegué, ya no puedo avanzar, ya más información ya no me entra’.

“Y siempre era así, como que me daba este camino, este enfoque: ‘revisa esta información, no te detengas ahí, revisa acá también’”, recuerda Antonio Cervantes.

Si él cerraba una puerta pensando que no había nada más allá, agrega, ella la abría invitándolo a ensanchar su mente y solicitar más información.

La mentoría, un empujoncito

El reportaje “Los Cabos: capital del turismo en pandemia” publicado el 22 de marzo pasado en el Border Hub fue una unión de aptitudes.

“A veces la experiencia de uno mismo no te lleva más allá y creo que es como darte el empujoncito y decir ‘atrévete a hacer esto, solicita esta información, si te atienden esta información, va a ser importante, pero si no te atienden ésta, acuérdate que ya solicitaste esto otro y esto otro va a ser importante, que además de lo que ya traes pidas acá también, mira dale una buscada acá también’”.

Él y su mentora han tenido más coincidencias. Trabajan en el Semanario Zeta, ella desde Ensenada, él desde La Paz. Ambos conocen los temas coyunturales del estado y han hecho trabajo periodístico similar.

“Nos encontrábamos en el día, (enviábamos) mensajitos, lo que sea; compartíamos muchísima información y eso fue lo importante, que a pesar de que estábamos separados por toda la Península, que son muchísimos kilómetros, pues más o menos entendíamos la problemática, que puede ser muy similar”.

El comunicólogo desde hace 13 años por la Universidad Autónoma de Baja California Sur inició en TV Azteca, estuvo 10 años en Megacanal, a la vez que colaboró con Milenio Televisión, Televisa y Telemundo.

Al Semanario llegó como corresponsal y editor de Baja California Sur en 2014. Hace los reportajes de investigación sobre corrupción e inseguridad. También tiene un portal de noticias que maneja él mismo: El Forjador.

El taller del Border Hub

Ya había escuchado hablar del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte y la importancia de sus programas para la formación de periodistas de investigación.

A finales de 2020 se animó a tomar un taller, “lo que me llamó la atención primeramente fue que se brindaba muchísima capacitación a los periodistas en cuestión de seguridad, protección de datos personales, cómo investigar, cómo tratar la nota del diario; no solamente que sea del diario, sino poder generar ahora sí que un reportaje bien hecho”.

Trabajar para Zeta y su portal significa estar de tiempo completo, lo que le impidió terminar la capacitación del Border.

No se rindió y antes de que terminara el 2021 retomó los talleres, agrega, con la firme intención de informar a la sociedad lo que pasaba en la entidad mientras la pandemia por Covid-19 estaba presente.

“Que se enteraran que estaban haciendo muchas cosas mal. Creo que eso fue lo primordial que me llevó ahí, desde luego, (también) la importancia de los cursos, los temas tan relevantes que nos sirven mucho a nosotros como periodistas”.

Nuevas destrezas

Con tantos años en el medio ha sumado experiencia haciendo periodismo de profundidad, no obstante, esta investigación le dio destrezas que no había experimentado, como conocer a fondo los beneficios de la Plataforma Nacional de Transparencia y no ir “a ciegas” con lo aprendido de forma empírica.

“El buscar otros mecanismos de llegar a esa información, el poder comprobar documentos que sean reales, creo que son de las partes importantes y más que a nosotros como periodistas nadie nos dice, porque llegas y realizas un reportaje como a uno le da entender, usas un documento y de ahí dices ‘este documento es importante’.

“El principal aprendizaje que tuvimos fue el poder agarrar esas hebritas, irnos en cada hilo de esa información hasta llegar a que los documentos hablen por sí mismos, que sean lo que nos cuenta la historia y tú simplemente los acomodas en la línea del tiempo como quieres que realmente a las personas les sea más fácil entender lo que está ocurriendo”.

Antes tendía un poco al desorden durante el proceso, admite. Ahora conoce las bondades del Master File, que asegura, jugó un papel fundamental para desarrollar la investigación.

Sucede que a veces, apunta el periodista, los reportajes se construyen sin tener un objetivo concreto y se busca confiando en que se hará un hallazgo importante, pero sin tener la menor idea de qué o cómo se logrará.

Advierte que los periodistas saben trabajar, pero muchos se pierden en la desorganización y ello merma en la calidad de su trabajo.

“Simplemente queremos llegar a camino recto y no tomamos esas vertientes, que es donde el periodismo te da esta parte, “la perlita”, como decimos”.

El reportero, que cubre desde Guerrero Negro hasta Cabo San Lucas, tiene claro el valor de los documentos. Dice que siempre se debe presentar una investigación fundamentada.

Cientos de documentos

Su investigación contó con cientos de documentos que solicitó a muy diversas instancias gubernamentales, desde municipales, estatales y federales, además de videos que comprobaban su hipótesis.

Destaca el nivel de seguridad que otorga el Border Hub para el desarrollo y publicación de periodismo de investigación en municipios pequeños, como el que él habita.

“Agradezco el respaldo que me han dado el Border y el Semanario Zeta, creo que son muchísimos mecanismos que me han servido para poder mantenernos, el decir vamos a seguir con el periodismo, a seguir echando todos los kilos y aquí a nivel local, pues, así como que vamos poco a poco, pero allá en las esferas altas a seguirles exigiendo.

“Y sí aquí en lo local no nos van a hacer caso, vamos a tocar puertas más arriba, que es lo importante”, afirma.

Y es que, como en la mayor parte del territorio mexicano, los periodistas de la región han tenido que recurrir a la autocensura para evitar ponerse en riesgo, explica, mientras que si publican en medios nacionales o internacionales se pierden del foco local.

“No podemos tener esa parte de seguridad para nosotros para ejercer periodismo libremente y sin tener represalias, y lo he visto con muchísimos compañeros por acá que, propiamente conmigo mismo, lo he sentido con el propio gobernador.

“Entonces, es muy complicado el poder tener un periodismo libre, como decimos en Zeta ‘libre como el viento’, por acá es muy complicado”.

Antonio Cervantes le apuesta al crecimiento a través de más capacitación, que asegura, lo empodera para blindar los trabajos que entrega a Zeta, y a expandir su sitio de noticias.

Cuando la violencia digital se transforma en otras violencias: intentos de suicidio, amenazas de violación, ‘bullying’ y violencia vicaria. Desde el 2018 y con 151 denuncias en su contra, “Packs de México” continúa en línea. Más de 5 mil mujeres, incluidas menores de edad, se encuentran en su “catálogo” en la Península de Yucatán. Los administradores confían en que no serán atrapados y confirman que tienen contactos en las corporaciones de seguridad

En la península de Yucatán opera “Packs de México”, un sitio web que comercializa la intimidad de miles de mujeres adultas y menores de edad. Las 151 denuncias en su contra no son suficientes para que las autoridades actúen. Ya son casi cuatro años de impunidad y la vida de las víctimas está en riesgo. Las agresiones en el espacio virtual se convirtieron en otras violencias. 

Anabel vive en Quintana Roo y tenía 16 años cuando subieron sus fotografías al portal. Por años, sus compañeros de escuela y conocidos de su comunidad la acosaron. Le daba miedo salir de casa,  la ofendían y amenazaban con violarla.

“Me pasé a suicidar tres veces, la gente me decía cosas en el pueblo, era una burla para todos. No podía salir, estuve casi dos años encerrada en mi casa, de mi casa a la escuela. La Fiscalía no me dio el apoyo. Yo le dije a mi mamá ‘mami ya no aguanto’”, recordó.

Emmy, es de Yucatán y se cambió de escuela en varias ocasiones. Las autoridades educativas no la defendieron del bullying que sufrió a raíz de la difusión de sus imágenes. 

“Tenía 15 años y me acuerdo que tenía que ir a la escuela, y en la escuela todos me veían, me insultaban, me señalaban, hablaban sobre mi cuerpo; hasta los maestros y una parte de mi familia; sentía que se avergonzaban de que yo era parte de su familia”, relató.

Son apenas dos de los testimonios de las más de 5 mil víctimas, cuyos videos e imágenes se pueden contabilizar con ingresar al sitio web. 

De las denuncias contra el portal, entre Yucatán y Quintana Roo, del 2018 al 2021, se acumularon 151, algunas de menores de edad, según datos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Campeche es la única entidad, cuya Fiscalía General del Estado aseguró que nadie se ha acercado a denunciar al portal de internet.

En entrevistas, las Fiscalías de Campeche y Quintana Roo explicaron las acciones que realizan para investigar el sitio web. Se trata de esfuerzos aislados por entidad. No trabajan de manera conjunta para esclarecer un problema que afecta a toda la Península de Yucatán.

El titular de la Fiscalía de Campeche, Renato Sales Heredia se dijo dispuesto a pedir ayuda de la Fiscalía General del República (FGR) y hasta de la Guardia Nacional (GN). Estela Noemí Labastida Rodríguez, vicefiscal de investigación territorial de Quintana Roo, reveló que pidieron la intervención de la FGR. 

En lo que refiere a Yucatán, el estado con más denuncias -136-, el fiscal Juan Manuel León León se negó a hablar del tema. Aunque en febrero de este año, en una comparecencia ante el Congreso del Estado comentó que investigarían si hay personal de la la Policía Cibernética involucrados con Packs de México. Y alegó que ya hay carpetas judicializadas por delitos cibernéticos.

Sus dichos se contradicen con la información obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en donde respondieron que no tienen registros de una sola carpeta judicializada.

La activista que lucha contra la violencia digital en México e impulsora de una reforma, Olimpia Coral Melo calificó a la FGE de Yucatán como una de las más cerradas en transparentar el proceso de justicia con las propias víctimas. 

“Pero desgraciadamente, en una Fiscalía como la Fiscalía Yucatán, en donde por más que hemos mandando mensajes en ruedas de prensa, por más que hemos dado entrevistas, por más que las compañeras del Frente Nacional para la Sororidad han mandado oficios no hemos tenido una solución directa o al menos una mesa de trabajo en donde nos puedan informar el porqué se está parando esta situación ¿no?

“El llamado es para saber en donde se está bloqueando el acceso a la justicia, saber quién lo está bloqueando y por qué se está bloqueando”, declaró.

Otra de las observaciones es que, en otros estados, cuando se denuncia un mercado de explotación sexual de este tipo, como medida de protección se bajan de inmediato los contenidos íntimos de las denunciantes.

“La policía cibernética en coadyuvancia con la Fiscalía se avalan de esta medida de protección de bajar los contenidos, no sabemos si aquí se está haciendo esto”, comentó Olimpia Coral Melo.

Yucatán, con más de 100 denuncias,  las mujeres exigen justicia

Emmy Puerto era menor de edad cuando compartieron sus fotografías. Cursaba la preparatoria y enfrentarlo no fue fácil. No tuvo apoyo de las autoridades educativas de su escuela. Vivió el rechazo de algunas amistades, familiares, incluso, algunos maestros la señalaron.

Años después, cuando tenía 18 años, la amiga de un joven con el que salía, la amenazó con enviar esas fotografías a Packs de México.

A Emmy, al igual que a otras de las víctimas, un usuario desconocido de Facebook la intentó extorsionar. Le pidió dinero a cambio de no subir sus imágenes a Packs. No aceptó porque sabía que de todas formas lo harían – las venderían-  y acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) a denunciar. 

“Voy a denunciar y según la Fiscalía, éste no era un delito porque yo había dado mi consentimiento para mandar las fotografías. Yo no sabía de leyes, tenía 18 años. Me puse a llorar. Me sentía sola con una fiscal que era mujer y me estaba haciendo sentir que era mi culpa que vendieran mis fotografías. Pedí que por favor dejen entrar a mi mamá, no la dejaban porque ya tenía 18”, relató la joven.

La agente de la Fiscalía que la atendió le exigió que se dejara de hacer la víctima. 

“La señora que tomó mi denuncia se desesperó y habló a otra mujer, que era la que estaba viendo los demás casos contra Packs, porque había muchísimas carpetas y me dijo, ‘no Emmy, debes de dejarte de hacer ya la víctima porque de verdad, esto te va a seguir toda la vida’”, comentó.  

Sufrió violencia digital y bullying, motivo por el que se cambió de escuela varias veces. En una de esas ocasiones se reencontró con su agresor, él intentó disculparse, pero como ella no aceptó, él inició de nueva cuenta la violencia en su contra. 

Actualmente, Emmy con 21 años, encabeza el Frente Nacional para la Sororidad en Yucatán. Ayuda a otras mujeres que como ella, son víctimas de violencia digital. “Les invito a cuestionar todo lo que les han enseñado. No tengan miedo, no es su culpa, jamás es culpa de nosotras. Siempre es culpa del agresor y de las personas que comparten”, manifestó.

Las leyes en Yucatán y la violencia digital

El artículo 243 Bis 2 del Código Penal del Estado de Yucatán detalla que se sancionará con prisión de seis meses a cinco años, a la persona que dé a conocer asuntos relacionados con la intimidad personal con el objetivo de causarle daño. En sus incisos señala que se castigará a quien oculte medios técnicos para escuchar, grabar, reproducir actividades interpersonales en un lugar privado. Del 2018 a 2021, se denunciaron 8 casos ante la FGE.

El delito contra la intimidad personal contemplado en el artículo 243 Bis 3 del mismo Código, indica que se castigará con uno a cinco años de cárcel, a quien con la aprobación de otra persona obtenga “imágenes, textos o grabaciones de voz o audiovisuales de contenido erótico, sexual o pornográfico de aquella y las revele, publique, difunda o exhiba sin su consentimiento, a través de mensajes telefónicos, publicaciones en redes sociales, correo electrónico o por cualquier otro medio”. Por este delito se iniciaron 14 carpetas de investigación.

Sofía denunció a su agresor, un fotógrafo vendió sus fotos a Packs de México

Sofía posó en dos ocasiones, una a los 16 y otra a los 17 años, para un fotógrafo llamado Alberto N. Lo hizo bajo coerción, él la presionó para que aceptara.

En el 2019, se enteró que él había vendido las sesiones a Packs de México. Sus amistades y conocidos le enviaron mensajes y llamaron para informarle. Ese día tuvo un ataque de ansiedad, entró en crisis.

“Yo recuerdo que le tuve que decir a mis papás para evitar extorsiones o algo. Y cuando yo les dije, hubo problemas en mi casa, peleas, me querían sacar de mi casa. Con mis amistades no hubo problemas, fueron muy comprensibles”, explicó. 

A partir de ser expuesta, iniciaron otras violencias. Relacionarse afectivamente era difícil; los hombres la veían como un objeto, “como si yo me hubiera vendido”, reprochó.

En la escuela tampoco era la misma, le costaba concentrarse y bajaron mucho sus calificaciones. A tres años de denunciar, en enero de 2021, se realizó un operativo para catear la casa del fotógrafo, sin embargo, no fue imputado ni vinculado a proceso. 

Al igual que Emmy, ella vivió revictimización. Sofía fue sometida a peritajes de fotografías y tuvo que recrear las imágenes delante del personal de la Fiscalía.

“La Fiscalía no tiene tacto. Cuando me tomaron fotos para hacer comparaciones, había como diez personas observando como si nada y yo me tenía que quitar las prendas. El que me tomó las fotos era un hombre, aunque la doctora, la antropóloga y también la abogada se quedaron en ese momento”, recordó.

En Campeche podrían existir denuncias sin carpetas de investigación

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) no tiene denuncias en contra del sitio web. El fiscal Renato Sales Heredia aseguró que ninguna mujer se ha acercado a las autoridades para pedir que investiguen el sitio web.

Otra de las posibilidades, según explicó, es que el personal -antes de su administración- abriera actas circunstanciadas, lo que significa que se tomó constancia del hecho, pero no se inició una carpeta de investigación.

“En Campeche no tenemos una denuncia en específico, entonces, apenas tengamos algún dato actuaremos en consecuencia, pero estamos dispuestos a apoyar las gestiones de Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y de todos los estados en los que tengamos afectación directa o denuncia sobre el tema”, expresó el fiscal.

De lo que no está exenta esta entidad, es de la violencia digital. Entre el 2020 y 2021, se interpusieron 7 denuncias por el delito de violación a la intimidad sexual.  20 fueron actas circunstanciadas, de esto se logró dar certeza por información obtenida vía transparencia.

Sales Heredia anticipó que en tres meses pondrá en marcha una Fiscalía Especializada en Delitos Cibernéticos.Y si registran alguna denuncia contra Packs de México solicitarán apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Guardia Nacional (GN).

De manera personal, consideró que México debe suscribirse al Convenio de Ciberdelincuencia de Budapest, el cual busca perseguir los delitos informáticos y de internet para armonizar las leyes nacionales, así como aumentar la cooperación entre las naciones.

Maritza no denunció. Nadie hace nada contra Packs de México

Las fotos de Maritza se encuentran en el catálogo del sitio web, cualquier persona que se suscriba puede tener acceso a su intimidad. En esas imágenes ella tenía 14 años. No entiende cómo alguien puede pagar para ver fotografías de una niña. Le da asco imaginarlo

“Cómo hay gente que te consume, tú ni siquiera aprobando eso y aunque lo apruebes, no tendría porqué estar consumiéndose y menos, menores de edad. He escuchado testimonios de otras mujeres que han tratado de hacer algo para tratar de detener la página y no pasa nada”, acusó.

Ir a denunciar no es fácil. La revictimización es uno de los factores que prevalecen en el paso de las víctimas por las fiscalías. Por este motivo, muchas coincidieron en que no quieren acercarse a las autoridades. La mayoría manifestó con enojo, que de todas formas nadie hace nada.

“Se sabe y es público, que hay gente de poder que está protegiendo a las personas que están detrás de todo eso y por eso no podemos hacer nada”, comentó Maritza.

“Porque tan fácil que debería ser denunciar y que esa persona que compartió mis fotos quede tachada, pero pues, mis fotos no se van a quitar de ahí, por mas que quiera hacer algo, a menos que se pueda bajar toda la página y aunque yo se que se puede quitar, tienen miles de respaldos, entonces, es como tener que aceptar eso y vivir con eso”, lamentó.

Maritza describió que la página de internet intenta conseguir más información de las mujeres que vulnera cuando publica sus contenidos íntimos. Más datos de las víctimas representan más ganancias para quienes las envían. El día que publicaron sus fotografías una usuaria de Facebook desconocida intentó obtener su número telefónico.

Quintana Roo

Anabel tenía 15 años de edad cuando compartieron sus fotografías íntimas. Nunca pensó que unas fotografías transformarían su vida, al punto de intentar suicidarse en tres ocasiones. Salir con sus amigas y ser feliz como cualquier adolescente dejó de ser su preocupación. En cambio, tuvo que luchar por sobrevivir a la violencia digital y sus consecuencias. 

Vive en un pequeño poblado, ubicado en el municipio de José María y Morelos en Quintana Roo, en donde los habitantes rápidamente se enteraron de sus imágenes. Ella supo lo que ocurría porque unos conocidos le preguntaron del tema. Ese mismo día confrontó a su exnovio y él aseguró que no las compartió, que tal vez fue su hermanito. 

Una semana después, un tío de Anabel le dijo a su familia que las fotografías estaban circulando en el pueblo. Al día siguiente, su mamá fue interponer la denuncia por pornografía infantil.

“Mi mamá fue a poner una denuncia por pornografía infantil en la agencia de Morelos, le habían dicho que como soy menor de edad, no va violencia digital. Siendo menor de edad me dejaron sola con la fiscal cuando no debió de ser, se debió quedar mi mamá para escuchar”, explicó que al igual que otras mujeres se enfrentó a un sistema sin perspectiva de género.

Antes de que las fotos de Anabel aparecieran en Packs de México, una persona del pueblo las vendía por 100 pesos a quien se las pidiera. La vida de la adolescente cambió por completo, el miedo, la pena y la intranquilidad se volvieron parte de su cotidianidad.

Por vergüenza dejó de compartir el transporte con unos maestros con los que viajaba todos los días hasta su escuela en Peto, Yucatán. Se encerró en casa por casi dos años, solo salía para ir a clases.

“Era una burla para el pueblo, no podía salir, estuve casi dos años encerrada de mi casa a la escuela. Yo perdí el apoyo de mis papás, me  llegaron a decir que era una ofrecida, incluso mi familia se separó. Sin embargo, mi mamá se dio cuenta que yo necesitaba el apoyo de alguien porque estaba yo sola. Ella iba todos los días a la fiscalía y le decían que no hay nada que hacer que porque yo era la culpable por enviar las fotos. Me revictimizaron”, relató.

En el 2019 recibió una llamada de extorsión, le advirtieron que si no enviaba más fotos subirían sus imágenes a Packs de México. No aceptó. Cumplieron con la amenaza y también colocaron sus  datos personales, incluido su número celular. En ese punto, la violencia contra Anabel aumentó. El primo de su agresor estaba en la misma escuela y amenazó con violarla.

“Me llamaba puta, me decía que si él quería, en la misma escuela me podía agarrar para hacerme algo y yo le llamaba a mi papá para decirle lo que estaba pasando.  Mi mamá estaba enferma de cáncer y no podía decirle, no quería que se altere. Cuando viajaba en el autobús con él (primo) me insultaba y se tocaba los genitales”.

Para Anabel en aquellos momentos su padre era su fortaleza. La rescató en varias ocasiones de los ataques en el autobús y para evitar que la lastimaran la empezó a llevar y recoger de la escuela todos los días.

Él falleció el año pasado y otra vez comenzaron a molestarla sus compañeros. “Me preguntaron qué haría ahora que no está mi papá y se empezaron a burlar de que había muerto”, dijo con lágrimas en los ojos.

La joven y su madre lograron la vinculación a proceso contra el que distribuyó sus fotografías. Además, hicieron otra denuncia por acoso y, como era servidor público en el municipio de José María y Morelos, lo destituyeron de su cargo. Pero contra Packs de México nada ha pasado.

En Quintana Roo, la primera denuncia contra Packs no fue por violencia digital

En el 2020,  la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo recibió la primera denuncia contra el portal Packs de México. El delito de violencia digital aún no estaba tipificado en el Código Penal de esa entidad. Se encuadró, según sus características, en violación a la intimidad personal.

Cabe mencionar que la Fiscalía de Quintana Roo se divide en dos zonas; la sur y la norte, que está en el municipio Benito Juárez y es donde se concentran el mayor número de carpetas de investigación por violencia digital. Es la única que cuenta con un fiscal especializado en este delito.

“Posterior a la reforma se iniciaron 11 carpetas de investigación relacionadas con esa página web, de las cuales, siete se encuentran en la zona norte y cuatro en la zona sur. Si bien, es cierto que cada denuncia tiene una conectividad en relación a la página web, son hechos separados, cada una constituye un delito y por cada hecho es una sanción”, abundó la vicefiscal de Investigación Territorial, Estela Noemí Labastida Rodríguez

Las vicefiscal informó que ya solicitaron la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la división de la policía cibernética. Reconoció el trabajo de los policías de investigación que pertenecen a la unidad de inteligencia del estado, pero también admitió que no es suficiente para cerrar Packs de México.

De las denuncias de delitos digitales -no contra el sitio web- Labastida Rodríguez aseguró que ya judicializaron cinco carpetas de investigación y cumplieron dos órdenes de aprehensión contra los agresores. De los tres estados de la Península, Quintana Roo tiene el mayor número de denuncias por delitos digitales, con 261.

Las denunciantes no solo son víctimas de violencia digital: violencia de género y acoso laboral

Anahí es mujer policía y recuerda muy bien la fecha que subieron sus fotografías íntimas, ese día falleció uno de sus compañeros del trabajo. A ella la exhibieron en una presunta página de noticias de Facebook. Intentó contactar a los administradores para pedirles que bajaran sus imágenes, pero la tenían bloqueada.

La pareja de Anahí logró ubicarlos y le dijeron que fueron hackeados. Sin embargo, horas después una persona de nombre Roberto lo contactó y confesó que él había vendido las fotos a este medio de comunicación. Le pidió 2 mil 500 pesos para recuperar su inversión y no seguirlas difundiendo. 

Lo convencieron de que el pago se efectuara mediante una transferencia. La tarjeta de débito a la que hicieron el depósito estaba a nombre de un reportero del mismo medio que la violentó. Con esta prueba interpuso la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

“Me siento mal porque no veo que le tome interés la Fiscalía. No me hacen caso de lo que estoy pasando, no saben lo que se siente. Como mujer policía estaba ahí encerrada con varios compañeros que te están viendo, burlándose, acosándome y que te están viendo de otra manera, que te dicen ‘si están tus videos es porque eres una puta’; así me tratan en el trabajo”, afirmó.

La carpeta de Anahí no avanzó hasta que en noviembre del año pasado intervino una abogada y activista que aún la acompaña en el proceso de demanda.  A consecuencia de la violencia digital que vivió renunció a la corporación donde trabajaba, para ya no ser acosada por sus compañeros. 

Teresa, la violencia digital se convirtió en violencia vicaria. La separaron de su hija menor de edad

Teresa regresó a Quintana Roo después de que nació su segunda bebé, ya que su mamá le ayudaría en el postparto. El 17 de enero del 2021, una mujer llamada Daniela le escribió para decirle que el papá de su segunda hija y pareja tenía una relación sentimental con ella.

Se sintió engañada y pensó que debía ser solidaria, pues ambas eran víctimas de una mentira. Acordaron intercambiar pruebas de la relación que tenían con el mismo hombre. Por accidente envió unas capturas de pantalla en donde estaban sus fotografías íntimas. Las mismas imágenes que difundieron posteriormente.

Supo que sus fotos empezaron a circular en Facebook porque su hermano le avisó.

`Pusieron cuatro fotos mías , dos dónde está mi cara y estoy vestida y dos donde no, y ponen como si él (usuario de Facebook) tuviera una relación conmigo. Escribe que me extraña y otras groserías. Me etiquetaron a mí y 50 personas, pero como mi muro tiene privacidad y no se veía nada, se lo enviaron a mi mamá, hermanos, mi expareja, su esposa y mi ex suegra. Hasta lo subieron a un grupo de ventas”, comentó sorprendida.

El 27 de enero del 2021, Teresa interpuso una denuncia por el delito de violencia digital en contra de quien resulte responsable. Aunado a esto, su expareja y papá de su primera hija, aprovechó el momento delicado que vivía ella para quedarse con la niña. Ninguno de los dos tenía la guarda y custodia de la menor, habían acordado la convivencia sin un juicio de por medio.

“Daniela empezó a hablar mal con la esposa de mi expareja, se unieron y me empezaron a llegar mensajes de que quería perjudicar al papá de mi primera hija, le dije que nunca haría eso. La niña siempre ha vivido conmigo, yo nunca se la he negado, pasa navidad con él, se va una semana o dos semanas”, lamentó. 

Teresa denunció por sustracción de menores al papá de su hija y expareja. Lo que más le lastimó es que usaron sus fotografías íntimas para poner a la pequeña en su contra. Reclamó que no tenían porque exponer a una menor a esos contenidos.

“Me han enviado mensajes diciendo que van a destruirme. La niña está muy fría y distante conmigo. No la vi del 31 de julio hasta enero que fue la audiencia inicial. Saben que mi hija es mi debilidad, tengo miedo ahora que estoy acá haciendo todo por recuperarla, se ensañan con ella. Era una niña feliz con una vida tranquila y todo ha cambiado”, finalizó.

Elizabeth, lo virtual se convirtió en hostigamiento laboral

Elizabeth es maestra y renunciará a su plaza porque ya no soporta los acosos que recibe por sus colegas, tanto hombres como mujeres. A ella una expareja la engañó para iniciar una relación sentimental, al punto de decirle que era viudo y que su esposa estaba muerta.

“Las maestras pasaron las fotos a un grupo, a una red social con apoyo de mi ex, porque al momento de darse cuenta que su matrimonio se acabaría, me quiso ridiculizar y ponerme como si fuera una prostituta. Muchas veces me lo insinúo, me dijo que yo me visto como prostituta porque usaba vestidos pegaditos, que yo me maquillo muy exagerado y siempre hacía críticas hacia mi persona, es en ese momento que me alejé de él por completo”, narró.

El hombre compartió sus fotografías con un grupo de maestras para acosarla. Cree que su objetivo era hacerla renunciar. 

“Supuestamente son mis fotos que yo compartí con mi pareja, que era mi novio y por enojo, por rabia y complot con las maestras, subieron mis fotos al grupo. Me enteré de que mis fotos estaban circulando, por los acosos y agresiones que recibí en la calle. Quiero denunciar a las mujeres que pasaron mis fotos sin mi consentimiento”, reiteró.

La violencia digital visibiliza la corrupción en Quintana Roo y México

Para la maestra en derecho y representante del Colectivo Xtabay y la Red de Víctimas Quintanarroense, Ariadne Song Anguas, la revictimización que sufren las mujeres al momento de ir a denunciar deja claro que el personal de la Fiscalía de Quintana Roo no está capacitado.

Manifestó que el personal de la Fiscalía cree que sólo si se comparte algo en Facebook es violencia digital. Tampoco siguen el protocolo con perspectiva de género del Código Nacional de Procedimientos Penales. Todo lo anterior permite la impunidad y en consecuencia, la corrupción para que los agresores digitales continúen delinquiendo. 

“No cuentan con técnicos en informática para hacer las inspecciones en las páginas de internet y (así) realmente dar con el IP, el correo electrónico, el nombre de usuario de Facebook, de Instagram o de Whatsapp, los números telefónicos y no mandan oficios a las compañías telefónicas para acceder a los datos, o incluso los estados de cuenta donde las víctimas de violencia digital depositaron dinero para no ser exhibidas. No los están investigando”, recriminó.

Debido a la falta de interés de la Fiscalía, las víctimas de violencia digital son constantemente agredidas, vulneradas en el espacio virtual. En tanto, los agresores continúan libres e impunes.

“No le dan la atención psicológica y médica de forma inmediata, incluso los asesores victimales por parte de las comisiones ejecutivas de atención a víctimas de todos los estados, no le piden el registro de víctima o no le piden al fiscal la calidad de víctima en el delito de violencia digital, lo cual hace que la víctima se sienta sola, aislada”.

Respecto al sitio web Packs de México, Ariadne Song reveló que colaboran con el Frente Nacional para la Sororidad, fundado por la activista Olimpia Coral Melo para hacer “safaris nocturnos”, en donde descubrieron que el portal cada mes actualiza el catálogo en donde cosifican los cuerpos de las víctimas. 

Lamentó que, aunque existen cientos de denuncias, la Policía Cibernética no ha firmado un convenio de colaboración con otras plataformas digitales para rastrear el IP (origen) de la página.

“Las excusas de los fiscales o vicefiscales, de todas las fiscalías de la República Mexicana es que ellos no hacen las leyes, que sólo se limitan a ejecutarlas. Las fiscalías de toda la República Mexicana no tienen un protocolo para que las víctimas puedan denunciar. Muchas de ellas desconocen que sus fotos están en Packs de México y por eso no lo refieren en la narración de hechos o no piden como acto de investigación que el perfil o link de esta página sea investigado”.

Packs de México y sus aliados: Las autoridades

A la pregunta expresa de si tienen alguna relación o protección directa con la Fiscalía estatal, Fiscalía Federal o policía cibernética; uno de los administradores de Packs de México dijo que no podía revelarlo “No puedo darte mucha información, ya que gracias a los contactos es que podemos mantener algunas cosas”, se lee en el correo a través del cual contestó una serie de preguntas a manera de entrevista, luego de negarse a otorgarla en cualquier otra modalidad.

Tampoco creen posible que los encuentren, de hecho, está convencido de que en México no cometen un delito. “Tener el sitio en otro país donde no está penado nuestro rubro , no hay problema”, mencionó.

Redujo el daño que causa a miles de mujeres en un negocio en donde debe satisfacer a los clientes. De cómo obtienen el material explicó que la mayoría ya está en las redes circulando y ellos solo van de “pesca”.

El equipo, según el administrador, lo integran cinco personas de forma directa y tres vía remota, en total son ocho. La mayoría vive en Yucatán y otros pocos en el norte y centro del país.

El número de suscriptores que mantienen es de 4 mil 500 en promedio, es decir, que las ganancias, cobrando una membresía de 150 pesos por mes, es de 675 mil pesos, podría ser más. Detalló que el número  de personas que se suscriben varía, sube de a poco, nunca va a la baja.

Para cobrar el dinero de las membresías utilizan diversas tarjetas de débito, las cuales cambian constantemente. Existe la posibilidad de que los titulares de las cuentas no sepan que sus datos son usados para delinquir.

“Algunos documentos oficiales los obtenemos del mismo sistema, sea del INE o de Bancos, ya que tenemos el poder de entrar a sus sistemas y obtenerlos, algunas cuentas las obtenemos comprándolo de los dueños y no les importa su uso o fin”, describió en el correo.

En este punto, en el 2021 durante el desarrollo de esta investigación, una mujer del municipio de Tekax,Yucatán descubrió que existía una tarjeta a su nombre que era utilizada por Packs de México. Acudió a interponer su denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y por temor a represalias pidió guardar el anonimato.

El número de mujeres, incluidas menores de edad, que son explotadas en esta página web es de mil 700 en línea y de más de 5 mil sin subir aún. “Nos llegan entre 3 a 5 por día, por lo general nos envían de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Veracruz y Chiapas.

De la responsabilidad de explotar a menores de edad mencionó no ser consciente. Aun así, dijo, podría existir la posibilidad de bajar este contenido si lo comprueban. 

“Lo desconocemos, ya que es difícil saber sin un documento oficial ya que las chicas están muy desarrolladas hoy en día, sin embargo cuando nos hacen llegar algún acta de nacimiento, damos la posibilidad de poder eliminar a la chica”, apuntó. 

Los efectos de la violencia digital en las mujeres que la sufren, van más allá de lo virtual. Las agresiones pasan a ser físicas y tienen repercusiones a nivel psicológico y emocional. Afecta su vida personal, familiar, laboral y académica. En tanto, así como los administradores de Packs de México, sus agresores se esconden detrás de una computadora o celular, sin pagar por su delito ante la justicia.

La comunidad indígena Ndee en el estado de Chihuahua resurge para contar su historia, organizarse y encabezar un movimiento para que se reconozca a su pueblo, porque ‘oficialmente no existe’

Martín Cristóbal Rojas Guevara es descendiente de la comunidad Ndee, N´nee, Ndé, perteneciente a la etnia a la que coloquialmente se le conoce como apache, una comunidad indígena que, asegura, ha existido en lo que hoy es el estado de Chihuahua desde antes que llegaran los españoles al continente americano.

“Los libros de historia oficial siempre marcan a nuestro pueblo como un pueblo invasor y siempre le dan un origen más al norte, y que llegamos a esta tierra invadiendo o siendo desplazados por otras tribus, pero la verdad es que nuestro pueblo siempre ha estado presente en estas tierras”, afirma Martín Cristóbal, de 49 años, en entrevista para La Verdad.

En diciembre de 2021, la comunidad Ndee, N´nee, Ndé, envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que solicitaban su intervención ante el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), para que se les reconozca como pueblo originario, pues aseguran, cuentan con todas las pruebas para comprobar cómo se les ha invisibilizado de la historia. La petición aún no ha tenido respuesta.

“Buscamos reivindicación moral. Que se haga un estudio antropológico a fondo, que se revise la historia del país, que se conozca realmente la historia tal como es, y que se sepa que nuestro pueblo ha permanecido en estas tierras, en estos lugares”, señala Martín Cristóbal, respecto a la carta enviada al presidente.

La petición es respaldada por integrantes de la comunidad Chiricahua también perteneciente al pueblo Ndee, descendientes de la nación Ndee, N´nee, Ndé. Su representante es Martín Javier Tafoya Domínguez, comerciante de 52 años nacido en Ciudad Juárez.

Al igual que Rojas Guevara, Martín Javier también busca el reconocimiento para los Ndee, tanto a nivel local, como estatal. Ambos comparten las mismas costumbres y la misma lucha de reivindicación moral y reconocimiento.

“Hay una petición que no se ha hecho formalmente, yo se lo hice llegar informal al presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, para que nos ayudará a declarar área natural protegida atrás de lo que es el Cerro Bola; ahí hay una planicie muy bonita. Tratamos de que se nos cediera, para cuidarla y reforestarla, y hacer un área natural igual en Samalayuca”, comentó Martín Javier, de 52 años.

A pesar de que sus comunidades se encuentran registradas ante la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas (COEPI), tanto Tafoya Domínguez como Rojas Guevara expresan que no se les ha tomado en cuenta porque “oficialmente no existen”.

Jesús Vargas, director de la COEPI, ha declarado que para que ellos puedan reconocer que existe una comunidad indígena, es necesario que un grupo de personas se reúnan, compartan costumbres y que se autoadscriban a un grupo indígena.

“Sé que hay una lucha por lograr el reconocimiento de su comunidad, y que incluso sea reconocida como uno de los grupos originarios del estado de Chihuahua, junto con los rarámuris, pimas, guarijíos y los tepehuanos del norte”, dice Vargas.

El director de la COEPI también comenta que ha estado en una de las reuniones de los Ndee, en una ceremonia de agradecimiento por la cosecha durante noviembre, y menciona que, aunque ellos ya no se dedican a cosechar, todavía mantienen esa costumbre.

Los apaches se denominan a sí mismos “Ndeh”, “Ndee”, “N’de”, “Dišnë”, “Tišnde” o “Inde”, según la tribu a la que pertenecieran. Quiere decir “la gente”, “hombre” o “el pueblo”, de acuerdo con investigaciones como la realizada por el historiador Gorka Alonso.

Martín Cristóbal Rojas Guevara y Martín Javier Tafoya Domínguez se reconocen como Ndee por la herencia cultural de sus familias, quienes siempre les hablaron de su ascendencia.

“Mi madre pertenecía al clan Golgalné o gente de las planicies, y mi padre al clan Chihene o gente pintada de rojo”, comenta Rojas Guevara. En el caso de Martín Tafoya Domínguez, él dice que sus abuelos paternos de quien proviene la sangre Ndee.

Actualmente se tienen registradas 25 familias de la comunidad Ndee, N´nee, Ndé, comenta su representante, lo que equivale a 250 personas en el estado de Chihuahua.

Martín Tafoya declara que en la ciudad de Chihuahua se han contabilizado 15 familias, aunque todavía no han terminado con ese proceso. Estas cifras solo incluyen a la gente que tiene ascendencia Ndee y se han reconocido como tal.

Rojas destaca un factor que tienen en común todas las familias Ndee que han encontrado e investigado a través del tiempo: el antecedente de las contratas de sangre efectuadas en Chihuahua a partir de 1839.

En aquél entonces se ofrecían recompensas económicas por las vidas de las personas de su pueblo, con el fin de despojarlos de sus tierras, recorda.

“En 1880 1885 ya no se pagaba, pero no era penalizado. Tenemos ejemplos de 1930 a 1940 donde todavía se asesinaba a nuestra gente y no se castigaba como un delito de asesinato, era como un deporte, como la cacería”, explica Martín Cristóbal, y asegura tener las pruebas documentadas de aquellos crímenes perpetrados en Chihuahua y Sonora.

Marzo de 1930 Nacori Chico Sonora, Cabelleras de Apaches “Cazados” Fotografía del libro “los diarios apaches: un viaje de padre e hijo de Greenville Goodwin y Neil Goodwin

Fue precisamente por aquel exterminio que actualmente se ignora lo que ha ocurrido con su pueblo. Explica que, para los gobiernos del estado, invisibilizar toda aquella cultura fue la opción más viable ante el derramamiento de sangre y el despojo; a pesar de aquello, menciona que representan una cultura que “nunca se fue aquí, nunca desapareció”.

Mantener un bajo perfil se convirtió en la única alternativa a la que el pueblo Ndee pudo aferrarse para sobrevivir durante el siglo pasado y antepasado, pero aquello implicaba ocultar su lenguaje, su vestimenta y a practicar sus costumbres a puerta cerrada, en situaciones controladas dentro de círculos familiares, sin gente que no perteneciera a su etnia.

“Tenemos mucha población descendiente que perdió su identidad cultural, algunas personas lo conocen, otras conservaron únicamente algunos restos de su cultura”, agrega Martín Cristóbal.

Rojas y Tafoya mencionan que hasta 1930 en Estados Unidos, a las personas Ndee se les consideraba prisioneros de guerra, a diferencia de México, donde si se mantenían ocultos, podían casarse, formar familias, trabajar y estudiar.

Fue a partir de las décadas de 1970 y 1980 que las comunidades Ndee comenzaron a resurgir para contar su historia y volver a organizarse lentamente, comenta Rojas. “Creo que hemos avanzado bastante desde los años 80”.

Las redes sociales, explica Rojas Guevara, han jugado un papel fundamental para unificar las causas de distintas familias Ndee dispersas en Chihuahua. “Teníamos personas en Guerrero, Chihuahua, personas en Casas Grandes, personas en Juárez, donde cada uno tenía su lucha por separado”.

Martín Cristóbal relata que durante los últimos 7 años han logrado identificar una gran cantidad de personas que persiguen el mismo objetivo. Aunque fue entre el 2007 y 2008, años en los que fallecieron sus padres, cuando emprendió su búsqueda para conectar con más personas de ascendencia apache, y comenzó con la familia de su madre. Fue a través de ellos que se le dio reconocimiento en una comunidad Ndee en Arizona.

Luego de ser reconocido por sus parientes de lado materno, participó en varios foros de historia, a través de los cuales conoció más personas con las que compartía la misma herencia cultural, incluido al representante de la comunidad Chiricahua, su tocayo y amigo, Martín Javier Tafoya Domínguez.

Más allá de las peticiones aún sin respuesta hacia los representantes de los tres niveles de gobierno, Rojas Guevara y Tafoya Domínguez también se enfrentan constantemente a otros retos que tienen que ver con instituciones gubernamentales, con las que deben lidiar en su búsqueda de reconocimiento en la historia oficial de Chihuahua y México.

Algunos de las situaciones con las que los representantes Ndee deben tratar, son derivadas de malentendidos y del desconocimiento de su cultura. “Cuando nos acercamos a las oficinas de gobierno a solicitar reconocimiento o la apertura de espacios, nos quieren dar despensas, y nosotros no vamos a pedir despensas. A lo mejor hay gente de nuestro pueblo que si llegan a necesitar ese apoyo, pero no es lo que estamos buscando”, relata Martín Cristóbal.

“Cuando nos llegan a invitar a mostrar un poco nuestra cultura”, expresa Martín Cristóbal, “lo primero que hacen es preguntarnos por nuestras artesanías o qué comida vendemos. Nos quieren ver como las demás etnias”.

El representante Ndee considera que el asistencialismo que el gobierno ofrece a las tribus indígenas resulta incluso perjudicial para estas, porque para él y otros miembros de su comunidad, no son más que formas de sobornarlas ante “necesidades verdaderas”, como la inclusión y la educación.

En el estado de Chihuahua, oficialmente se reconocen 4 grupos originarios: los rarámuris, los pimas, los tepehuanes del norte y los guarijíos, y a pesar de que el pueblo de Martín Cristóbal se encuentra registrado ante la COEPI, todavía no se les reconoce como pueblo originario, y es ese el eje central de su lucha.

Martín Tafoya y Martín Cristóbal aseguran que no pararán hasta que el pueblo Ndee recupere lo que históricamente les corresponde, algo que es intangible, la cultura, la lengua, sus tradiciones, el reconocimiento y una disculpa por el exterminio al que fue sometido su pueblo en dos siglos distintos.

No buscan tierras, beneficio económico o puestos gubernamentales. Para ellos, como grupo indígena, ser reconocidos como grupo originario de Chihuahua es una cuestión de honor y de preservación cultural.

Sonora es uno de los estados con más homicidios del país en proporción a su población y Yucatán es una de las entidades más seguras del país. En ambas regiones las fiscalías investigan sólo un fragmento de las desapariciones y fosas que se han registrado en los últimos años.

 Desde 2018 y hasta 2021, Sonora sumó 2 mil 399 personas con reporte de desaparición, pero sólo existen ante la Fiscalía seis carpetas de investigación, mientras que Yucatán -hasta la publicación de este reportaje- tiene 522 personas bajo el estatus de desaparecidas y no localizadas. En el caso de Sonora, las carpetas de investigación representan apenas el 0.0025% del total de las personas con reporte de desaparición.

 A nivel nacional e internacional, Yucatán es el estado más seguro de México. Estudios de la American Chamber of Commerce y del Índice de Competitividad Urbana 2021 del IMCO, le dieron el título. Sonora, en cambio, pasó del décimo al séptimo sitio a nivel nacional en homicidio doloso entre 2015 y 2021, de acuerdo con datos del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En esta entidad no existe una certeza de cuántas personas permanecen ausentes de sus hogares hasta antes del 17 de enero de 2018, día que entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. Fue a partir de ese año y hasta noviembre del 2021, que se registró a mil 207 personas como no localizadas y nueve como desaparecidas, la información se obtuvo gracias a una solicitud de transparencia que se pidió en noviembre de 2021. Cabe aclarar que corresponde a un dato acumulado, es decir, engloba también a aquellas que sí fueron encontradas.

En el mismo sentido, datos de la base pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, no Localizadas y Localizadas, de 1968 hasta la publicación de este reportaje, en esta entidad, 522 personas permanecen en calidad de desaparecidas y no localizadas. Sin embargo, la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS) -que hasta enero del 2021  tenía entre sus funciones atender los reportes de las personas desaparecidas- declaró a través de una solicitud de transparencia “la inexistencia de la información” de 1968 al 2017.

El 3 de febrero del 2022, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán creó la Unidad Especializada en la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

De las fosas clandestinas, en Yucatán hay una, del hecho dio constancia el Informe sobre Fosas Clandestinas y Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas del Gobierno Federal. 

Mientras que a 3 mil 365 kilómetros al norte, en  Sonora, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) reveló en una solicitud de información que entre los años 2016 y 2021, encontraron en 10 municipios 419 fosas clandestinas.  

El 88% (233) de las fosas encontradas entre los años 2016 y 2020 (369) se localizaron en Cajeme, Caborca, Nogales, Hermosillo, Magdalena de Kino, Navojoa, Guaymas, Cananea, San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco.

Yucatán, una fosa clandestina, dos mujeres desaparecidas y la deuda de la justicia

En 2017 se encontró en los montes del municipio de Tekax la única fosa clandestina de la que existe un registro oficial. La lentitud de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán por esclarecer su origen se registró en la carpeta de investigación F2-F2/000552/2017 por el delito de homicidio.

Pasaron cinco años desde que giró el oficio para la obtención del perfil genético -toma de muestras de las osamentas-, para enviar el estudio al laboratorio. El esclarecimiento del delito se quedó atorado entre las carpetas de un escritorio. 

 Se logró conocer qué diligencias realizó la FGE a través de una solicitud de transparencia que se interpuso el 12 de mayo del 2021. Se averiguó que comparecieron siete personas, tres mujeres cuyas iniciales son MEACC, WADM y VDM y cuatro hombres MLG, IDM, EMDM, y VMDM.

 El 24 de abril del año 2017 comparecieron el ciudadano MLG y la ciudadana MEACC. El 13 de mayo acudió dos veces ante la autoridad investigadora WADM. Ese mismo día también fueron IDM, EMDM, VDM y VMDM.

 Del perfil genético, del 15 de mayo del 2017, se giró oficio al departamento de genética forense, a fin de que realice la obtención.

El 17 de mayo del 2021, la Fiscalía envió otro oficio al departamento de genética y química del instituto de ciencias forenses, para que procediera al estudio de perfil genético de las muestras recolectadas. Dieron la instrucción dos días después de que se solicitará la información a través de transparencia. La FGE recibió los resultados el 15 de julio del 2021. 

 No existen más detalles de los avances de la investigación y de la identidad de las dos mujeres a las que pertenecen las osamentas. En este punto, es importante mencionar que en Yucatán no existe un banco de ADN para contrastar las muestras extraídas a los cuerpos enterrados en la fosa común. 

En una entrevista -realizada durante un evento de Gobierno- el titular de la FGE en Yucatán, Juan Manuel León León, negó la existencia de una fosa clandestina, pese a que se encuentra en un informe del Gobierno federal y que la pregunta expresa de la solicitud de transparencia que respondieron hace referencia a las “diligencias para conocer la identidad de las víctimas encontradas en la fosa clandestina hallada en Tekax en el 2017”.

Las mujeres encontradas en la fosa clandestina de Yucatán están en calidad de desconocidas, pero su familia asegura que sí las identificaron

María Susana Monforte Colli, de 55 años, y Magdalena Durán Monforte, de 32 años, eran  madre e hija. Desaparecieron en 2013 y existía una denuncia por este hecho. Sus cuerpos fueron encontrados en 2017, en una cueva del municipio de Tekax. Su familia reconoció sus osamentas, pero nunca les entregaron sus restos, ni sentenciaron al asesino confeso.

El hallazgo de los cuerpos fue posible porque el presunto responsable, de nombre Felipe, reveló la ubicación y su crimen, sin embargo, las autoridades lo dejaron ir.  Eran la madre y hermana de José Durán Monforte.

“El licenciado Freddy, que era el titular de la Fiscalía de Tekax en aquella época, nos citó y nos dijo que esa persona había declarado y que habían encontrado osamentas de personas, que nosotros vayamos a  identificar los huesos”

“La verdad es que eran sus huesos, por ejemplo, mi hermana tenía una peculiaridad, era alta, pero tenía unos piecitos muy pequeños, usaba zapatos de dos y medio a tres no más y se miraban sus piecitos. Tenía un diente que era una coronilla y lo tenía. Y pues mi mamá el pelo era rústico, negro y grueso. A parte esta persona había confesado detalladamente cómo había  asesinado a mi mamá. Él dijo que la golpeó con algo duro en la cabeza cuando pasaban en la moto y los cráneos tienen rajaduras, así como había confesado”, narró con tristeza.

Freddy, a quién José Monforte señaló como encargado de la investigación y de la agencia de la FGE en Tekax, le aseguró que los cuerpos de sus familiares le serían entregados después de realizar las pruebas de ADN. A casi cinco años de distancia, esto nunca ocurrió. Tampoco comprende qué leyes dejan libre a un asesino confeso. 

“Lo que yo no entiendo a veces y probablemente por mi ignorancia en las leyes, es cómo dejaron libre a esa persona después de haber confesado, no sé qué ley es esa. Al otro día ya estaba suelto. Incluso pasaba acá en la esquina porque iba a leñar y yo lo veía. Le confieso que tuve la intención de vengarme , pero  ya  después se me pasó, no tengo porque mancharme con la sangre de un asesino”, expresó José.

El presunto asesino vivía a 30 metros de la parcela de las dos mujeres en el ejido Plan Chac Pozo Dos , en Tekax. Las asesinó porque María lo denunció por robo ante el consejo de la parcela y lo expulsaron. Actualmente, Felipe está encarcelado por otro crimen. 

José Monforte quiere justicia para su madre y hermana. Intentó reabrir el caso y en medio de la pandemia acudió a la Fiscalía de Tekax. Acusó que nadie le hizo caso.

En Sonora, son sus madres quienes buscan a los desaparecidos, no la Fiscalía

Información emitida por la FGJE de Sonora a través de su Unidad de Transparencia, reporta que entre los años 2015 y 2021 solamente se han abierto seis carpetas de investigación por el delito de desaparición forzada de personas y/o desaparición cometida por particulares.

La información proporcionada a través de una solicitud de información contrasta con los datos ofrecidos por la fiscal, Claudia Indira Contreras Córdova, en una rueda de prensa el pasado 7 de febrero de 2022, donde dijo que de 2019 a la fecha se identificaron 538 cuerpos por comparativa genética de ADN, de los cuales 288 corresponden a personas reportadas como desaparecidas ante la Fiscalía estatal.

Declaró también que en 2020 se localizaron a 838 personas con vida y 128 sin vida; en 2021 a 886 personas con vida y 109 sin vida, y en 2022 (al 7 de febrero) 69 personas habían sido localizadas con vida y siete sin vida.

Por mencionar un ejemplo: en Cajeme el grupo Rastreadoras de Ciudad Obregón ha encontrado 112 cuerpos u osamentas de 2019 a noviembre de 2021, según su representante Nora Lira, de los cuales hay cero carpetas de investigación, según información de la FGJE proporcionada a través de una solicitud de información. Patricia Flores, del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, dijo que, de acuerdo con sus registros, han encontrado más de 800 personas sin vida y casi 700 con vida en los últimos tres años.

“Nosotros como colectivos no pedimos justicia ni venganza, ni nos interesa saber quién lo hizo, pero justamente creo que las autoridades tienen que hacer ese trabajo y en lo particular en mi caso no ha habido responsables, no ha habido un avance en lo que pasó”, declaró Nora Lira.

La activista reportó como desaparecida a su hija Fernanda, de 17 años, en octubre de 2018 y la encontró luego de incesantes búsquedas justo dos años después. Asegura que ella llevó datos e información a las autoridades, pero el caso no prosperó.

“Tengo la duda de qué fue lo qué sucedió, creo que las autoridades tienen que citarme para decirme. Pero no quiero mover sentimientos y mover todo otra vez; así que me quedo con el orgullo de que yo la encontré, que cumplí  esa promesa y no me interesa saber quién la mató”, consideró.

Cecilia Delgado, líder del Colectivo Buscadoras por la Paz Sonora aseguró que luego de que su hijo Jesús Ramón desapareció, ella prácticamente integró la carpeta de investigación con información, datos, videograbaciones y otros elementos que consiguió para que dieran con los responsables del hecho.

“Di todo para que pudieran detener a las personas que se llevaron a mi hijo junto con otro muchacho y no han hecho nada. Fueron policías estatales, les di el  número de patrulla. A mi hijo lo encontré en una fosa clandestina y aún no hay justicia, ni detenidos y ni nada”, enfatizó.

Yucatán y los no localizados: 28 hombres y 3 mujeres fueron hallados sin vida

Del 2019 al 2021, tres mujeres reportadas como no localizadas fueron encontradas sin vida. Todas fueron vistas por última vez en Mérida; una fue hallada en diciembre de 2019 y tenía 51 años; otra 39 y la encontraron en junio de 2020; en abril del año siguiente ubicaron a la tercera de apenas 20 años. La información se obtuvo vía transparencia.

Y de enero del 2018 a noviembre del 2021, se reportó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán a 615 mujeres en calidad de no localizadas. 612 aparecieron con vida. Del total, solo en tres casos manifestaron haberlas ubicado en sitios lejos de la capital yucateca, tales como el estado de Quintana Roo, Tabasco y el municipio de Conkal.

El mayor número de reportes están relacionados con mujeres adolescentes de 13 a 17 años y adultas de 18 a 20 años. En ese lapso de 2018 a 2021 se reportó a 33 de 13 años, 48 de 14 años, 71 de 15 años, 79 de 16 años, 53 de 17 años, 28 de 10 años, 16 de 19 años y 17 de 20 años. 

Al igual que las mujeres, son los hombres adolescentes de 14 a 18 años quienes llevan la delantera con las denuncias de no localizados.

Llama la atención que en comparación a las mujeres registradas como no localizadas, son más los hombres bajo ese estatus quienes son encontrados sin vida. En tres años, localizaron a 28 de ellos muertos. Se desconocen las causas precisas de los decesos o si se realizó un proceso legal para determinar la responsabilidad.

Yucatán: ¿Dónde está Alex Koyoc? 

El niño que desapareció en el monte y regresaría convertido en un brujo Maya

En Mayo del 2005, en el municipio de Tetiz, desapareció Alex Koyoc Cuytún de 10 años de edad, ese día fue a la parcela en compañía de su hermano, tío y abuelo. Su papá Luis Koyoc narró que  cuando regresaban a casa, el pequeño se quedó atrás en el camino y ya nadie volvió a verlo. 

La familia dio aviso a las autoridades e interpusieron una denuncia por la desaparición. Se formaron brigadas de búsqueda donde participaron militares, policías y voluntarios. 

“Hicieron un operativo de búsqueda de tres meses, vinieron policías judiciales, soldados, ahí vivían; día y noche estaban caminando y nada. A las tres semanas de la búsqueda del niño un policía dijo que había que traer unos perros entrenados porque donde esté el niño lo van a encontrar. Uno de los perros murió en el lugar”, relató su padre.

A 17 años de su desaparición, su padre se consuela con las palabras de un brujo Maya -Hmen- , quien le pidió no perder la esperanza, ya que a Alex, los aluxes (duendes mayas) se lo llevaron para convertirlo en un brujo como él.

“Me dijo que desde que Alex fue la primera vez a la parcela se enamoraron los aluxes porque su pelo es como pelirrojo. Iba a irse con ellos nomás nueve días, pero como trajimos una bruja que los insultó ya no lo regresaron”, comentó.

El padre de Alex tiene fe en que su hijo regresará a casa. Desconoce si la búsqueda de la FGE de Yucatán continúa vigente, después de ese año ningún oficial regresó a su casa para darle seguimiento al caso. 

Ruby Aracelly desapareció hace 10 años en Yucatán, su familia aún la busca 

En Mérida, Ruby Aracelly Madera Chan tenía 17 años cuando salió a buscar trabajo y no regresó a casa, todavía era menor de edad. Un día después de no saber nada de su paradero, la familia interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán.

Su madre, la señora María Chan, recordó que no querían recibir la denuncia en la Fiscalía porque no habían pasado 72 horas tras la desaparición de su hija. Las primeras especulaciones de las autoridades eran que Ruby se había ido con el novio.

“La pregunta que me hicieron era si se había ido con el novio y les dije que no, porque el novio estaba en la casa con nosotros ¡y me preguntaron si no tenía otro novio, que si no se había ido con otro!”, señaló sorprendida.

Las últimas personas que vieron a Ruby fueron su hermana y una amiga. Se despidió de ellas y se dirigió al centro de Mérida. Se supone que fue a una tienda por el rumbo de la estación de autobuses de ADO a pedir trabajo.

María intentó buscar a su hija de muchas formas. Impulsada por la abuela de Ruby acudió con un “brujo” en un pueblo y también a una asociación llamada Lester, ambos le pidieron dinero. 

“Me empezaron a pedir dinero y dinero y nada, me decía ese señor que si no le entregaba la cantidad de dinero que me decía, me entregarían el cuerpo de mi hija muerta. Solo me robaron. En los pueblos me decían: ‘tráeme una gallina, flores, que íbamos a hacer tal cosa y va a regresar’”, relató.

En el caso de Ruby, los agentes de la FGE regresaron una sola vez a visitar a María. Intentaron coaccionarla para que les “confesara” que sabía la ubicación de su hija. “Que yo sabía de ella. Les dije que no: ‘no se quién les dijo eso, pero les mintieron’”.

María sueña que se reúne con su hija y que todos conviven en familia como antes. Tiene la esperanza que la encontrará pronto.

Las denuncias registradas no reflejan la realidad de Sonora y Yucatán

En Sonora, desde el año 2010 y hasta el primer semestre de 2021, el número de personas desaparecidas aumentó. Contrasta con el número de carpetas de investigación abiertas y de sentencias condenatorias a culpables directos o indirectos de estos hechos.

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), desde el año 2010 el crecimiento ha sido constante y se ha multiplicado.

Por ejemplo, en ese año, 2010, el reporte es de 171 personas desaparecidas; para 2018 aumentó a mil 44 personas, lo que representa un alza de 510.5%. En la entidad suman 6 mil 27 personas con reporte de desaparición entre 2010 y 2021.

A diferencia de Sonora, en la Fiscalía en Yucatán del año 2018 a 2021 solo se abrieron ocho carpetas de investigación. 

Se levantó la denuncia por tres mujeres de 27, 33 y 53 años de edad; a dos las vieron por última vez en el municipio de Mérida y una en Umán. En el caso de los hombres, se reportó a cinco bajo esta categoría; dos de 24 años, 31, 35 y 41 años de edad. El último paradero de dos de ellos dos fue Umán. Todos fueron encontrados con vida.

Yucatán sin Comisión; la de Sonora, con escaso personal

A cuatro años de la publicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas -que indica que todos los estados del país deberán tener una Comisión Local de Búsqueda-, en Yucatán no existe tal. En abril de este año se publicó la convocatoria para postular a personas que puedan ser candidatos para presidirla. Pero será el gobernador Mauricio Vila Dosal quien elegirá al o la directora de este organismo desconcentrado.

El 5 de febrero del 2020 se publicó el decreto para su creación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.  Un año después, el sábado 30 de enero del 2021, modificaron el decreto. Justificaron que debido a la pandemia no se podría cumplir con el plazo, ni contaban con la liquidez presupuestal. En tanto, para cumplir nombraron a una encargada de la dirección. 

Además, aunque no existe una obligación para decretar una ley local en la materia, las familias enfrentan obstáculos como la invisibilización de sus búsquedas. Más aun en los municipios del interior del estado. 

En Sonora, la Comisión Estatal de Búsqueda que dirige José Luis González Olivarría comenzó a operar en 2020 y a finales de 2021 contaba con 16 personas en su plantilla de personal, número que, a decir de los líderes de colectivos de búsqueda, son insuficientes para atenderlos.

Datos otorgados vía la Plataforma de Transparencia señalan que la Comisión ejerció un presupuesto de 40.2 millones de pesos en 2020 y de 38.7 millones en 2021, que en su mayoría se ejerció en la compra de tecnología para las búsquedas como un georadar, drones, autos, bienes informáticos, mobiliario y otros suministros, además del gasto corriente.

Para González Olivarría, la disparidad en los datos entre el Registro Público de Desaparecidos, la Fiscalía Estatal y los grupos de buscadores depende del tiempo en que se procesa y se integra la información.

“Las estadísticas en la plataforma continuamente se están actualizando y esto va a depender de los aportes que hagan las fiscalías generalmente porque ellos son los que procesan las escenas y diariamente no lo están subiendo, creo que lo suben por tiempos”, consideró.

Afirmar que el fenómeno de las desapariciones va al alza o a la baja, expuso, es difícil, sobre todo si existe la creencia de que las desapariciones están relacionadas con los hechos delictivos violentos.

“A pesar de que en el Estado hay mucha violencia, haciendo un análisis no es tanta la desaparición. Sí hay, y muchos; pero derivados propiamente de la delincuencia, pues también los hay por ausencias voluntarias, las extorsiones, los secuestros exprés, la trata, incluso, la desaparición por trabajo forzoso, eso también cuenta, no debemos ir a la cargada con un solo rubro”, enfatizó.

En Yucatán, María hizo a mano las fichas de búsqueda de su hijo y logró encontrarlo.

El 5 de diciembre del 2021 María Baas encontró a su hijo Walter deambulando en el Centro de Mérida. Desde hacía más de dos meses estaba desaparecido. Lo encontró porque todos los días viajaba de su municipio Hunucmá a la capital del estado. No tenía dinero, pero a pesar de sus limitados recursos logró reunirse con él. 

Había interpuesto la denuncia por su desaparición, pero la FGE de Yucatán nunca generó una ficha de búsqueda. 

“Ya no podía ni dormir, pedía a Dios que le mande ángeles a su alrededor, porque no sabía si ya comió, si ya desayunó, y pensaba que ‘aunque sea alguien que le regale un bocado’. Yo aunque bajo lonitas, pero aquí lo tenía. Pensaba si tenía un techo donde estar y esa era mi desesperación: me levantaba a medianoche y no podía dormir, solo lloraba pensando dónde estaba”, recordó.

En tres ocasiones recibió noticias falsas del paradero de su hijo. Una vez se fue de noche al municipio de Umán y no tenía dinero para regresar a su casa, ni había transporte. Por fortuna, un policía la ayudó con dinero para ir a casa de su nieta que vive en Mérida.

El reporte de las muestras de ADN. Fallan la identificación 

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, a través del Laboratorio de Genética Forense, informó vía la Plataforma de Transparencia respecto al número de personas reportadas como desaparecidas que han sido identificadas por medio de muestras de ADN y entregadas a sus reclamantes.

Durante 2020 se reportó oficialmente el hallazgo de 114 fosas clandestinas con 128 cuerpos, de los cuales 82 no fueron identificados y 46 fueron identificados por genética. Durante 2021 en 110 fosas se reportaron 209 cuerpos, de los cuales 153 no fueron identificados y 56 sí, vía genética.

La dependencia informó respecto a las muestras generales de ADN por año que han sido tomadas en el laboratorio, las cuáles fueron en aumento desde 2015, al igual que el número de personas desaparecidas.

En 2015 el número de muestras tomadas de ADN por el laboratorio de la Fiscalía de Sonora fue de 270. Para 2018 el número creció a mil 29, y para 2020 fueron 3 mil 26 muestras. Mientras que en 2021 se contabilizaron 2 mil 401 pruebas. El aumento entre 2015 y 2021 fue de 789%.

Patricia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, con sede en Hermosillo, señala que una de las principales fallas está precisamente en la identificación.

“Es el problema que tenemos, que las personas que estamos buscando en campo y están en una fosa común, están tardando hasta dos meses para entregarlo a la familia, cuando no tendría que durar eso. Una exhumación de un cuerpo puede tardar una semana en lo que dan los oficios para que se exhume, pero lamentablemente con su burocracia y sus protocolos, nos vienen a fregar a las familias”, aseveró.

En Yucatán existe una sola fosa común, la cual desde 1982 -año que se creó el panteón Xoclán- a 2007 fue administrada por el Gobierno del Estado. No existen registros de cuántos cuerpos fueron enterrados antes de esa fecha.

Lo que hay son discrepancias entre los datos de la Fiscalía, que envía los cuerpos, y el Ayuntamiento de Mérida que los entierra. Tampoco coinciden los años documentados. La FGE proporcionó información a partir de 1991; declaró que de ese año a 2021 envió 1 mil 145 cuerpos; mientras que el municipio, de 1982 a abril del año pasado, enterró a mil 820 personas. 

Al igual que Sonora, en esta entidad al sur del país también se toman muestras hemáticas de los cadáveres, pero no se realizan exámenes de ADN. La Fiscalía estatal señaló que no existe una base de datos para hacer la confronta. Aunque según reportan, tienen más de mil muestras de sangre de los cuerpos depositados en la fosa común.

Se ignora si fueron abandonados en hospitales públicos, si tenían un reporte de desaparecidos; de no localizados; de encontrados en la carretera o de víctimas de algún delito. La única certeza es que más de mil personas no regresaron con sus familias.

Sonora sin sentencias

Derivado de escasas investigaciones e integración de carpetas, de acuerdo con los mismos datos de la Fiscalía, son pocos o casi nulos los casos donde se llega a dictar sentencia por el delito de desaparición forzada de personas.

Información del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora (STJE), solicitada a través de la Plataforma de Transparencia, da cuenta que desde el año 2010 a la fecha sólo se han dictado tres sentencias condenatorias por esta causa.

En 2015, y bajo el sistema penal inquisitorio, fue cuando un juez dictó dos sentencias por quince años de prisión a dos personas que resultaron culpables de la desaparición de un hombre.

En el año 2020 y bajo el sistema penal oral hubo una causa con un imputado -por el caso de desaparición forzada de una mujer- cuya condena resultó suspendida por apelación. En 2021, por la desaparición de una persona, se abrió otra causa, la cual se encontraba en trámite.

A las autoridades no les interesan los desaparecidos, dicen especialistas

Expertos en el  tema coincidieron en que el aumento de las personas desaparecidas y  no localizadas en el país son el reflejo del desinterés de la autoridades por brindar verdad y justicia a quienes son víctimas de este delito. 

Aunque reconocieron que  el contexto entre Sonora y Yucatán no es el mismo, ven que tienen en común la falta de interés de las autoridades por investigar en dónde están las y los desaparecidos. Aclararon que este fenómeno es el resultado de una convergencia de múltiples violencias.

“México es signatario de múltiples tratados de derechos humanos en los que asume responsabilidad internacional y el Estado mexicano es todo, no importa si es Sonora o Yucatán o si es el municipio de Mérida. La responsabilidad es del conjunto del Estado”, consideró la  investigadora principal del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México, Karina Mariela Ansolabehere Sesti.

La experta reiteró que a pesar de la división de competencias por niveles de Gobierno, la responsabilidad de esclarecer las desapariciones es de las autoridades que -por ley- están obligadas a garantizar los derechos de la población. 

Para Raúl Benítez Manaut, profesor e investigador experto en Seguridad Nacional y Crimen Organizado, el tema debería ocupar a todos los estados del país, incluido Yucatán, ya que basta con que haya uno o dos desaparecidos para ponerse a trabajar sobre el tema. 

Un solo caso podría destapar el crecimiento de este fenómeno y si no se investiga se genera  una espiral de impunidad que hará que a futuro no existan resultados positivos para brindar  justicia a las víctimas. Comparó la burbuja de seguridad y paz de Yucatán con el  caso de Guanajuato, una de las entidades más peligrosas.

“Uno de los estados clasificados como los de más violentos hoy en día, Guanajuato, hace cinco años era un estado parecido a Yucatán. Había una paz social bastante bien lograda, había un buen trabajo de las policías municipales, acudieron industrias a ubicarse para invertir, y tenía índices de violencia social, política y de crimen organizado muy bajo”, comentó.

“¿Qué pasó?, que el desmantelamiento del Cartel de los Caballeros Templarios, la reducción del poder del Cártel de Sinaloa generó muchos sicarios sueltos, y el crecimiento del Cartel de Jalisco y la falta de control de este gran crimen que es el huachicoleo pues llegó a que Guanajuato sea de los más violentos del país. Lo que te estoy señalando es: que ahora sea estable Yucatán o que tenga bajos índices de homicidios, no quiere decir que es una garantía de que en el futuro se va a mantener así, sobre todo si hay impunidad policíaca y protección de criminales por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)”, explicó.

La paciencia y confianza han sido condiciones importantes que la periodista Angélica Ochoa fue adquiriendo en su paso por el plan de investigación del Border Hub.

Vivió un proceso de crecimiento que asegura, provocó un cambio drástico en su visión del ejercicio periodístico, pero también en lo particular. 

“La paciencia, de verdad que esta investigación me ayudó, o sea, tanto como periodista como en lo personal, yo creo que a superarme, porque yo soy una persona que se estresa mucho, tengo una ansiedad loca que a veces necesito que la fuente me responda ya y quiero tener todo bajo mi control.

“Y veces era que el PNT (Plataforma Nacional de Transparencia) te pide una prórroga y (responden) ‘sabes qué, estos datos no te los podemos pasar’ y pues búscale por otro lado; entonces, la paciencia y pues, a tener confianza en mí. Fue algo que empecé a desarrollar más”, recuerda la reportera del periódico El Norte en Monterrey, Nuevo León.

Explica que conforme pasaron las semanas de su capacitación en el taller del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte (Border Hub) que culminó en diciembre pasado, la idea de emprender un proyecto se fue fortaleciendo y el miedo a fallar desapareció 

“Llegué yo creo a dudar de mis capacidades como reportera, porque decía, ‘es que esto es más avanzado’, entonces cuando me dicen que tengo la beca, dije ‘¿qué voy a hacer?’, o sea, me dio mucho miedo. Hubo un momento en el que dije ‘pues les voy a decir que muchas gracias, pero no’, hasta que ya me empecé a animar y dije, ‘sabes qué, es un reto’”, afirma.

El curso en línea

Angélica Ochoa trabaja desde hace siete años en la sección de Bienes Raíces y su ámbito de cobertura abarca temas notariales, de construcción, Infonavit y desarrollos inmobiliarios, entre otros.

La dinámica del área en que se desenvuelve es muy distinta a las demás secciones del periódico, aclara, y conforme sus compañeros de la sección local, quienes cubren la nota diaria, publicaban sus investigaciones con el apoyo del Border, los admiraba esperando un día poder estar en su lugar.

Se decidió a inscribirse en el taller para, cuando menos, aprender cómo lo hacen ellos.

“Yo dije voy a entrar, voy a inscribirme a ver si me aceptan, primero, nada más para ver, porque yo nunca he hecho esto y yo lo único que quiero es saber cómo le hace, porque, o sea, llevar la diaria y toda la información que tienen y cómo se organizan.

“Entonces dije nada más voy a ver si quedo y a ver qué es lo que hacen, yo nada más quiero aprender, es todo”, relata.

Cumpliendo el sueño

Angélica Ochoa revela un sueño cumplido, al contar que es licenciada en Ciencias de Lenguaje con acentuación en traducción e interpretación por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), pero que siempre quiso ser reportera.

Lo decretó cuando empezaba a leer a los 5 ó 6 años. Mientras repasaba las páginas del periódico El Norte les dijo a sus padres que un día sería parte de esa casa editorial.

Al graduarse en 2013 tomó el curso de periodismo que imparte el medio de comunicación regiomontano buscando nuevos talentos. No quedó en la primera vacante que se presentó.

Entre tanto, trabajó haciendo traducciones y dando clases de inglés en la UANL.

En 2015 le ofrecieron trabajar en Bienes Raíces del área financiera de El Norte y desde entonces, le ha sucedido un proceso de aprendizaje continuo.

Desde su llegada encontró en su editor, Rogelio De la Rosa, a un gran maestro, asevera, a la vez que coincidió con grandes aliados en sus compañeros, entre ellos, la finada periodista, Alicia Díaz, quien nunca la dejó de asesorar y apoyar cuando necesitaba de alguna fuente o dato desconocido para ella.

Haciendo periodismo de investigación

Ha ido aprendiendo con los años, pero le faltaba dar ese paso que tanto deseaba: hacer periodismo de investigación.

Emocionada narra que fue atrapada por la fascinación desde las primeras sesiones del taller del Border. Estaba conociendo valiosas herramientas

“Para serte sincera, yo nunca había utilizado el PNT, o sea, yo nunca lo he utilizado, todas mis entrevistas y había sacado cosas muy padres y que se iban a la portada de El Norte y todo, pero siempre eran de mis temas de construcción, información que me daban las fuentes, pero yo no había utilizado la Plataforma Nacional de Transparencia; no sabía de muchas otras herramientas digitales que ahí comentaban.

“(De) la organización, yo decía, ‘híjole, está bien porque hasta llevan el calendario’, o sea, estar poniendo qué vas a hacer cada día”, describe.

Fue un área de oportunidad que aprovechó al máximo, asegura, pues desde entonces, lleva un orden cronológico en cada trabajo que hace, así como en el resguardo de archivos en sus dispositivos.

El pasado 13 de marzo fue publicado el reportaje “Construcciones sin control impactan a La Huasteca” bajo su autoría, tanto en El Norte como en el Border Hub y medios aliados.

El reportaje

La investigación reveló que existen cientos de construcciones en proceso o ya terminadas en la zona protegida de Nuevo León conocida como Parque La Huasteca, una reserva natural que ha perdido más del 30 por ciento de sus áreas verdes debido a obras de construcción no autorizadas.

El lugar es un área protegida desde noviembre del 2000 y en una solicitud de información por transparencia a la Profepa, Angélica Ochoa obtuvo información que detalla que del 2014 a octubre del 2021 fueron 81 las denuncias recibidas por conductas que infringen la ley en esa área natural protegida.

También pudo conocer que del 2015 al 2021 se hicieron 78 visitas de inspección a predios de la zona, que se encuentra en el Parque Nacional Cumbres.

Admite que en el proceso fue apoderada por el estrés. Tanto su mentora, Lorena Lamas, como el director, Jorge Luis Sierra le demostraron que estaba dentro de un sistema cuya única finalidad era beneficiarla.

“En el momento en que yo les decía ‘es que estoy muy estresada’, (decían) ‘a ver tranquilízate, esto es una plataforma para que ustedes se desarrollan no es para meterles más estrés’ y yo ‘wow’, o sea, estando en un mundo del periodismo que a veces es ‘lo quiero para ayer’, es difícil de creer”, agrega.

Se siente orgullosa y lo dice. No obstante, prevé que en un futuro haría una investigación en equipo.

“Al final sí estoy contenta con el resultado, pero no haber decidido trabajar en equipo, creo que fue algo más de lo más difícil, porque a veces sí necesitas el apoyo de otro compañero para que, a lo mejor tú haces unas peticiones, mientras el otro compañero hace otras; tú haces un recorrido, mientras él va a entrevistar a alguien.

“También he estado pensando en eso, en que si vuelvo a presentar otra hipótesis, tal vez sí lo haría con un compañero o compañera”.

María Guadalupe Onofre llegó a la ciudad de Torreón en 1968 proveniente del Estado de México. Su madre y sus seis hermanos estaban en busca de mejores oportunidades después de que su padre falleciera. 

Recuerda que después de viajar por distintas ciudades por camión o en tren, arribaron a la ciudad buscando refugio debajo de los vagones del tren donde dormían.

“Es mucha tristeza de donde veníamos nosotros antes, mucho sufrimiento, aquí nos quedamos en la estación, mi mamá tenía cobijas, un hule. Es un sufrimiento que yo no le deseo a nadie”, comentó Maria Guadalupe.

La señora es perteneciente a la comunidad de los Mazahuas y vive en Antigua Aceitera, una de las cinco colonias de Torreón que cuentan con población indígena.

Aunque en México hay 150 Oficinas de Representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) ninguna se encuentra en Coahuila, pese a que hay cerca de 5 mil 527 hombres y mujeres que pertenecen a pueblos originarios.

Debido a esto los recursos obtenidos para el apoyo de las comunidades dentro del territorio, tienen que ser enviados a la oficina de representación en Chihuahua, para después hacerlos llegar a las comunidades en el estado.

De acuerdo con datos obtenidos mediante acceso a la información pública de 2015 al 2019 el INPI entregó 486 mil 19 pesos, pero únicamente a las comunidades índigenas de los Negros Mascogos y Kikapú, quedando exentos de este beneficio los Mazahua y los habitantes etnia-nación Lipán Apache o Ndé.

Buscando mejores oportunidades

En la colonia Antigua Aceitera en Torreón es habitual ver a las mujeres secando semillas de calabaza que después venden en los cruceros; otros más pueden ser vistos vendiendo cubrebocas en el centro o con puestos de chicles, papitas y dulces en las esquinas. 

En 2015 la señora María Guadalupe Onofre acompañada de su yerno el licenciado en derecho César García, crearon la Organización Civil Mazahua Región Laguna A.C. 

La organización fue creada después de que en el municipio de Torreón se desalojara a los comerciantes de la Avenida Hidalgo dónde vendían y percibían sus ingresos, reubicándolos en puestos. 

Muchos vendedores no lograron adaptarse por el costo de la renta o por que la afluencia de personas no era la misma por lo que tuvieron que brindarles apoyo legal y hoy cuentan con un grupo de abogados que ayudan consiguiendo otros beneficios para la comunidad.

En Torreón es común que se dé el nombre de la señora María Guadalupe a los comerciantes que vienen desde distintas partes del país como el Estado de México, Chihuahua, Oaxaca y Nayarit.

Ella se ha convertido en un punto de referencia en una ciudad desconocida donde se les brinda alimento y un lugar donde dormir, “lo único que hace es encomendarse a Dios, ya lo demás es por añadidura”, agregó César García. 

A la casa de María Guadalupe Onofre han llegado donaciones de maestros, estudiantes universitarios y de la población en general, pero del gobierno no. 

La mujer comentó que la única institución que ha brindado apoyo a la Asociación ha sido el Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), por ejemplo con leche para bebé, sillas de ruedas y operaciones médicas

El Artículo 7 de la Constitución Política de Coahuila, se reformó el 30 de septiembre de 2020 a favor de los ciudadanos pertenecientes a cualquier comunidad indígena, reconociendo como pueblos originarios del estado a la tribu de los Negros Mascogos y los Kikapú, habitantes de El Nacimiento en Múzquiz. 

Sin embargo, aunque en el Artículo se indica que se reconocen a todos los pueblos indígenas asentados en el territorio –sin importar su origen o la época en que iniciaron su residencia– poder obtener los apoyos necesarios para la conservación de su cultura y todo lo que conlleva no es fácil.

Si me cierran las puertas yo ya no quiero repetir

Dentro de las reformas que se realizaron a la Constitución, se agregaron cuatro párrafos al artículo ya mencionado, mismos que fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en enero de 2021, aún así, se encuentran vigentes a la fecha.

En el caso de los Mazahuas en 2014 se realizó el Diagnóstico sobre la situación de las mujeres de la comunidad Mazahua, se creó una Mesa Interinstitucional de Atención para la Comunidad Mazahua en 2015 y se abrió una guardería infantil. 

Sin embargo, al cabo de esos años las comunidades volvieron al olvido, explicó María Guadalupe Onofre quien hizo hincapié en que también ha sido víctima de discriminación cuando se acerca a alguna entidad pública para pedir apoyo, ya que no ha sido recibida de la mejor manera.

“Es que a veces me cierran las puertas y yo ya no quiero repetir. Yo soy una persona que si me rechazan, yo no voy a ir dos veces. Sí me duele mucho porque mucha gente te mira como poquita cosa”, agregó María Guadalupe.

Saben que existimos, pero prefieren no visibilizarnos

Iván Alexander de León es miembro de la etnia-nación Lipán Apache o Ndé, una comunidad proveniente de la Sierra de Sangre de Cristo, entre Colorado y Nuevo México. 

Actualmente se encuentran esparcidos entre el noreste de Chihuahua y Coahuila, dentro de la región norte, carbonífera y en municipios como Arteaga y Saltillo. 

Según Iván, no es posible decir un número exacto de las personas pertenecientes a la comunidad, tiene noción de un poco más de 300 personas en Coahuila, aunque ya trabajan en un censo con más estructura. 

La comunidad ya cuenta con el reconocimiento del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas (INALI) y su lengua forma parte de su catálogo, pero eso no es suficiente. 

El viernes 18 de febrero de 2022, un grupo de representantes de la comunidad N’DEE-N’NEE-NDÉ pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que se les apoyara para obtener su reconocimiento como pueblo originario en México. Ya que son nativos de los estados de Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila. 

“Esta es la tercera carta que se le entrega al presidente. Ya estamos trabajando con el gobierno federal y con el INPI en el reconocimiento, y en la cultura, y en que se nos visibilice”, aseguró Iván.

Iván Alexander de León detalló que han recibido apoyo por parte del municipio de Arteaga, donde habitan algunas familias, pero al acercarse al estado, no obtuvo la misma respuesta. 

“Es de hecho un proceso que es difícil, dado a que Coahuila por mucho tiempo ha ignorado a los grupos indígenas y a grupos minoritarios”, comentó el joven.

También mencionó que en 2017 pidió apoyo al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís por medio de una carta, pero no recibió respuesta, por otro lado, en Chihuahua sí recibieron el apoyo.

Iván dijo que debido al nulo apoyo por parte del estado, es más difícil acercarse a las personas Ndé en el centro y norte de la entidad, pues no hay noción del trasfondo histórico de la nación.

“Cuando yo le pedí ayuda a Riquelme en 2017,porque yo estoy estudiando allá en Chihuahua, me dijeron que no. Que si yo quería ayuda le pidiera ayuda a Chihuahua, Coahuila se lavó las manos básicamente, siendo que yo soy de aquí de Coahuila”, dijo Iván.

Luego de una búsqueda exhaustiva en los últimos seis Presupuestos de Egresos del Estado de Coahuila no se encontró ninguna partida destinada a los pueblos indígenas. 

Únicamente se identificó que en 2018 se contaba con la partida debajo del apartado de Desarrollo Social, con el nombre de indígenas, mismo que ya no puede ser localizado en los presupuestos siguientes. 

De la misma manera, se hizo la búsqueda correspondiente dentro de los indicadores del Plan Estatal de Desarrollo, pero tampoco se encontró nada.

Por su parte, la Secretaría de Finanzas de Coahuila respondió en una solicitud de información que los programas sociales del estado son implementados para atender a la población en general. 

Debido a esto no cuenta con información financiera enfocada a pueblos indígenas, dirigiéndonos a la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, misma que comentó por transparencia, que no existe ningún programa en específico para dicho grupo.

“Muchas veces el gobierno piensa que nosotros vamos a pedirle dinero, algún tipo de asistencialismo, pero nosotros lo que queremos es que se preserve nuestra cultura, que se nos visibilice y que se nos dé el lugar como Ndé aquí en el estado, porque aún existimos aquí” señaló Iván Alexander de León.

 ¿Es suficiente?

La tribu afromexicana de los Negros Mascogos de El Nacimiento en Múzquiz lograron hasta el 2017 obtener su reconocimiento como grupo étnico en Coahuila, al mismo tiempo, comenzaron un proceso de reconocimiento frente a la federación que los denominó como Mascogos con la finalidad de poder participar en programas, dirigidos a las comunidades indígenas y afrodescendientes.

Mientras que la comunidad buscaba su reconocimiento, el estado quería nombrar al municipio de Múzquiz como Pueblo Mágico, tomando como ventaja la existencia de estas dos comunidades en la región. 

De acuerdo con Carlos Manuel Valdés, doctor en Historia de la Universidad Autónoma de Coahuila –quien por varios años se ha mantenido trabajando cerca de las comunidades de El Nacimiento– el reconocimiento de los Mascogos ha sido un proceso largo y que hasta hace poco se ha podido reflejar dentro de la comunidad que estuvo inmersa en el abandono por mucho tiempo, y que hoy, aunque el turismo es lo que ha rescatado su permanencia, también ha estereotipado su cultura.

“Cuando empezó el movimiento eran las mujeres las que más funcionaban. Ellas le exigían al gobierno, primero estatal y luego federal. Yo creo que también les ha hecho daño que los han folklorizado. Ellos tienen sus tradiciones, pero no es folklore, esa es su cultura y es hermosa”, expresó el especialista.

Para la doctora en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, Cristina Martínez,  la migración a otros municipios cercanos a la región es una de las opciones más comunes para los Mascogos, pues el acceso a la educación se ve limitado cuando buscan estudios superiores u otras opciones se ven obligados a abandonar su hogar. 

Otro problema recurrente en el lugar es la escasez de productos de uso diario. “Si tu quieres tener artículos, si no los siembras o produces dentro de tu comunidad tienes que trasladarte (…) no hay gasolineras, no hay un servicio médico, servicios primordiales que hacen falta” agregó Cristina Martínez, quien tiene más de diez años trabajando de cerca con las comunidades.

El Nacimiento de los Negros cuenta con un kinder, una primaria y una secundaria donde también imparten clases de preparatoria; una tienda y un centro de salud que desde hace seis meses no cuenta con doctor y donde es difícil obtener medicamento.

De acuerdo con “Carmen”, una de las trabajadoras del lugar que pidió omitir su nombre real durante la entrevista, cuando hay una emergencia es necesario trasladar al paciente en una ambulancia, misma que va desde Múzquiz hasta El Nacimiento, “o en el auto de alguno de los habitantes”.

Laura Herrera es dueña de El Maná Cielito, uno de los pocos restaurantes establecidos en la comunidad, lugar que abrió a sugerencia de su hija Dulce Robles, actual regidora étnica.

Laura recordó que cuando se les ofrecieron recursos por parte de la Secretaría del Bienestar del gobierno federal, al llegar a la universidad donde se haría el proceso del registro, era complicado llenar los cuestionarios, ya que se utilizaba un lenguaje técnico al que no estaba acostumbrada. 

Debido a esto se salió de la reunión y comenzó a llorar de impotencia, pidiendo a los organizadores su colaboración para continuar con el proyecto, por lo que después de esta experiencia, buscó asesoramiento para conocer los procesos y el lenguaje técnico de las convocatorias.

Todos estos apoyos comentó Laura, fueron después de que se les reconoció como pueblo originario en el estado, y también cambió la manera en la que se les trataba, aseguró que el gobierno federal ha brindado un gran apoyo.

Dentro del INPI, son lanzadas distintas convocatorias en las cuáles pueden participar los ciudadanos mexicanos pertenecientes a las distintas comunidades indígenas del país. 

Entre 2018 y 2021 se registraron 51 programas a favor de los pueblos indígenas, como el Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, los Programas de Derechos Indígenas y el Programa de Apoyo a la Educación Indígena.  

En el caso específico de Coahuila, según información brindada por medio de una solicitud de información, se recibieron 486 mil 19 pesos que beneficiaron a 22 personas en cuatro años, es decir 5 mil 522 pesos por año a miembros únicamente de la comunidad Mascogo y Kikapú.

Karla Rivera, antropóloga social y voluntaria en El Nacimiento, comentó que las convocatorias por parte del INPI utilizan un lenguaje especializado, haciéndolas incomprensibles para la comunidad. Agregó que los habitantes han solicitado su apoyo para realizar estos procedimientos.

“Qué bueno que ahora estas convocatorias salgan para las comunidades afromexicanas pero no tiene ningún chiste si lo hacen incomprensible para ellos”, dijo Karla.

Tras la reforma al Artículo 7 de la Constitución Política de Coahuila, la comunidad afromexicana de los Negros Mascogos y los Kikapús obtuvieron el derecho a elegir representantes, pero nuevamente, el lenguaje jurídico de los documentos brindandos por el estado, fueron un obstáculo para que la comunidad lograra ejercer su derecho de representación en un primer momento. 

Rivera mencionó que no recibieron asesoría para realizar el proceso y cuando la tuvieron, no fue brindada de la mejor manera. “No es suficiente con las políticas públicas, sino que es necesaria una sensibilización”, aseguró la antropóloga.

La información obtenida por transparencia menciona que la comunidad de los Negros Mascogos obtuvo dinero para la creación de la Herbolaria Mamá Guechu y los productos pueden comprarse en la tienda dentro de El Nacimiento y en otras locaciones que cuentan con una lona que promociona el producto.

Sin embargo Múzquiz no cuenta con ninguna partida dentro de su presupuesto destinado para el apoyo y preservación de los pueblos indígenas, pese a que el Artículo 7 de la Constitución Política de Coahuila  hace mención de la obligación de incluirlos dentro de sus presupuestos.

Por otro lado, la reciente llegada a la presidencia municipal de Tania Flores trajo también la promesa de un corredor turístico que atraviese la comunidad de los Negros y los Kikapú.

“De hecho ya vinieron, trajo (la presidenta municipal) algunos empresarios del extranjero para mostrar qué es lo que hay que ofrecer y a algunos presidentes municipales de algunos municipios cercanos” comentó Laura Herrera.

Para esta investigación periodística se buscó concretar una entrevista con Tania Flores. Hasta el 30 de marzo de 2022 no se había obtenido respuesta. 

En su lucha por obtener la visibilización, permanencia y desarrollo de sus orígenes y cultura, las comunidades de los Negros Mascogos, Kikapú y Ndé han hecho la petición de una oficina de representación para la atención de las comunidades que habitan en el estado con el fin de ser orientados pero no han obtenido respuesta, por lo que al no recibir apoyo por parte del gobierno en Coahuila, han tenido que buscarlo en organizaciones no gubernamentales o estados vecinos. 

Claudia Arriaga Durán obtuvo el primer lugar del Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Sur, un reconocimiento a su compromiso de profundizar en la cobertura de temas sociales e ir más allá de sus asignaciones diarias como periodista.

La reportera yucateca de 34 años –que el pasado 4 de abril recibió el reconocimiento en su edición 2022, por su reportaje Packs de México, la impunidad de un mercado en línea de explotación sexual en el sureste de México–, defiende con entusiasmo la inversión de tiempo y el esfuerzo extras que la investigación periodística requiere.

 “Al final del día, creo que no es tanto por la empresa, sino por nosotros. Creo que esa es la parte que no hay que dejar de perder y que tampoco nos quiten esa pasión que uno tiene por hacer las cosas”, dice en entrevista.

Trabaja como reportera en MVS y como corresponsal de Milenio TV y la Silla Rota en Yucatán, pero además se toma el tiempo de participar en otros proyectos periodísticos.

Reconoce que la falta de tiempo y la precarización de la profesión son un argumento en contra de la investigación, pero insiste en que nada debe vencer el ímpetu y el poder que significa el periodismo para la sociedad.

“Porque creo que cuando uno ingresa los medios de comunicación, a veces queremos salvar al mundo o cambiarlo, y creo que eso no hay que perderlo; tal vez con los pies más firmes en la tierra y siendo conscientes de las posibilidades que tenemos de hacer cambios, porque sí los tenemos, es una realidad, a diferencia de otras profesiones. Tenemos también la ventaja de poder visibilizar estas cosas”, afirma la también fotoperiodista.

El pasado 11 de marzo publicó su primera investigación en el Border Hub como resultado de un trabajo de más de tres meses de investigación.

En el reportaje detalla, con datos y entrevistas, cómo es que un sitio web comercializa la intimidad de miles de mujeres adultas y menores de edad de la Península de Yucatán, a pesar de que desde el 2018 la página acumula 151 denuncias en su contra.

 “Más de 5 mil mujeres, incluidas menores de edad, se encuentran en su ‘catálogo’ en la Península de Yucatán. Los administradores confían en que no serán atrapados y confirman que tienen contactos en las corporaciones de seguridad”, revela el artículo.

Desde que Claudia se graduó en 2011 de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, en Mérida, ha ido más allá de la nota diaria.

Para ella, el secreto para que un periodista o fotoperiodista ponga empeño y dedicación adicional a sus asignaciones, está en enfocarse en temas que brinden autosatisfacción, porque se refuerza el beneficio esperado.

“También creo que no hay que dejar de lado que, para hacer reportajes, tenemos que, creo yo, elegir temas que realmente nos apasionan. Tomar un compromiso que realmente vamos a cumplir nosotros como personas y también con las otras partes.

“Ya sea, si es corrupción, si es gobernanza, política pública, defensa del territorio. O sea, creo que hay muchos temas, pero tenemos que tratar de trabajar sobre temas que realmente nos apasionen para no dejar que nos gane el tiempo de la nota del día”, recomienda.

Predica con el ejemplo. A lo largo de los años, el trabajo de Claudia Arriaga se ha enfocado principalmente en revelar casos de violencia de género, derechos humanos y defensa del territorio.

 Se ha capacitado arduamente para hacer un periodismo con perspectiva de género y Derechos Humanos.

En el 2021, cursó el diplomado de Derechos Humanos para Periodistas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ha participado en el programa “Respaldando nuevas alianzas para erradicar la violencia contra las mujeres en política y medios” de la IWMF y el National Democratic Institute (NDI).

 Fue en 2020 que recibió una beca del proyecto de periodismo judicial Cosecha Roja y Proyecto Anfibia, especializado en “Violencia de género, crímenes de odio y ataques contra la comunidad LGTTBI”.

En el 2019 obtuvo una beca de la Fundación Thompson Reuters en periodismo de “Trata de personas y esclavitud moderna” para la producción del reportaje “’Packs de México’, la red de pornografía ilegal en la península de Yucatán”.

 Y ese mismo año, fue beneficiaria de la primera convocatoria del Fondo Municipal para la Cultura y Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, que le permitió producir la serie de cortos “Meridanas ante el espejo de la violencia” y en 2017, realizó el proyecto de fotoperiodismo documental “Feminicidio: Justicia a Medias”, el cual fue exhibido en varios puntos de la capital de Mérida, Yucatán.

Lamenta que exista la necesidad de abordar ese tipo de contenidos, pues afirma, eso no sería necesario si las fiscalías cumplieran la ley.

Entretanto, tiene el compromiso de seguir con esa agenda. Ese trabajo incluye el respeto y la empatía. “Porque creo que al final del día se trata de que, cuando uno toma un tema y se compromete a trabajar, lo tiene que hacer con el respeto y también con el trato digno que uno espera que le otorguen, si estuviera en sus zapatos.

“Nunca hay que dejar de lado el hecho de ser empáticos y pensar que, en algún momento dado, no sabemos cuándo vamos a estar de ese lado”.

 Después de tomar el taller de periodismo de investigación en Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Sur, Claudia Arriaga postuló el tema que deseaba investigar, sin embargo, ya tenía un reportaje en curso en el Border Hub de la Frontera Norte, junto a otro compañero periodista.

 “Hice las dos simultáneas, tanto en el norte como en el sur y afortunadamente en las dos me fue bien en el aspecto de que sí nos dieron el apoyo de producción”, explica.

Esto, aparte de su trabajo en los medios de comunicación en donde presta sus servicios.

La ventaja de ser corresponsal, aclara, es que organiza su tiempo y planea los temas en los que trabajará durante el día.

Es así que consiguió, además, recibir la mentoría que brinda el Border Hub para reforzar el desarrollo de las investigaciones, incluso, aun en un periodo que se contagió de Covid.

Entusiasta y echada para delante en sus propósitos, cuenta que en su trayectoria ya figuraban los reportajes de investigación, no obstante, aclara, esta vez hubo un amplio margen de mejoría en el proceso.

“Nunca había hecho la construcción a partir de tantas solicitudes (de información) de una base de datos, de comparar, pues los números, de darle una mejor lectura y forma. Si bien, sí las había hecho antes porque, pues sirve para sustentar lo que uno pública, no lo había hecho a este nivel, siento yo, de profundidad”, detalla la reportera.

 Las técnicas de organización utilizadas, asegura, fueron “como una puerta mágica”, aunque al principio le pudieron provocar cierta pereza, “cuando ya lo empiezas a hacer te das cuenta de que es necesario y de que te facilita todo el proceso”.

Durante el desarrollo de la investigación viajó a distintos municipios de los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Iba y venía en su automóvil para recoger los testimonios de las mujeres que fueron vulneradas en su intimidad.

Es usual para ella hacer coberturas fuera de su ciudad, principalmente cuando sus contactos en otros municipios le llaman para denunciar temas de Derechos Humanos, género, justicia y problemas del campo. Siendo freelance, toma la iniciativa de proponer el contenido y si es aprobado, hace el reporteo.

Enseguida de la publicación del reportaje “Packs de México”, una persona de Yucatán relacionada con la distribución de contenido fue aprehendida y vinculada a proceso.

“Durante el desarrollo del reportaje a esta persona todavía no se le giraba la orden de aprehensión, pero sí se había hecho un cateo que después de más de dos semanas resultó finalmente en un arresto. Creo que es un primer pasito al menos para quienes agreden”, explica.

Por otro lado, dice, desde el Poder Legislativo se ha prometido dar seguimiento al caso y las denunciantes ya han exigido tener acceso a sus carpetas de investigación.

“Entonces, vemos que al menos en el tema de visibilizar y de exigir, creo que poco a poco, y lento tal vez, no tan rápido como ellas quisieran o como uno quisiera, pero se está haciendo algo”.

Asegura que ya se sentía ganadora desde que le fue otorgado el apoyo del Border Hub para la investigación y posterior publicación, por lo que dice, con el Premio está doblemente feliz.  

A quienes tienen “la espinita” de hacer investigación, insiste en que se animen, primero definiendo la vía por la que quieren especializarse, para dar el paso a la capacitación.

“No podemos estar en todo y creo que esa es una de las cosas que consideró yo que sí que me ha ayudado, el hecho de tener claridad hacia dónde quiero ir”, puntualiza.