Por: Isabel Dorado Auz
En 1991, el sistema neoliberal, usando como marioneta a Manlio Fabio Beltrones, logró imponernos la ley 4 en la Universidad de Sonora, marcando con ese hecho la pérdida de nuestro autogobierno, al incrustar la figura de la Junta Universitaria por medio de la cual los grupos de interés mantienen el control del quehacer universitario.
Algo similar ocurrió en la mayoría, sino es que, en todas, las universidades públicas del país. Por eso, ahora que el presidente dice que “hasta la propia UNAM se volvió individualista y defensora de proyectos neoliberales” surgió la necesidad apremiante de reformar la ley cuatro, barnizarla, para que los mismos grupos de siempre se sigan beneficiando y dar al traste con la ilusión de recuperar la autonomía que nos arrebataron en aquel lejano 1991.
Paradójicamente, las actuales autoridades se cobijan en la autonomía para solicitarle al Congreso del Estado, ser ellas las que lleven a cabo la consulta, esto es, ser juez y parte del proceso que, en teoría, debiera acabar con todos los vicios que generó la ley 4. Entre otros, que un mismo grupo, “los químicos” se quedaran al frente del poder político por décadas y, al mismo tiempo, darle a Sergio Barraza una especie de liderazgo vitalicio en la dirigencia sindical del STAUS. Por eso hoy, autoridad universitaria y dirigencia sindical son los más interesados en mantener las estructuras de control de la ley Beltrones, solo cambiándole de nombre y dándole un mayor control a lo que hoy proponen crear, la Junta Hacendaria, donde la gente externa de la Unison podrá tener poder político y económico.
Según las autoridades universitarias, “las propuestas de cambio de ley orgánica de la Universidad de Sonora deben provenir necesariamente de una amplia participación de la comunidad universitaria y de la sociedad sonorense”. Sin embargo, remarcan que dicha participación debe ser organizada por los órganos colegiados que impuso Beltrones. No solo eso, pretenden legitimar ese proceso incluyendo en las comisiones al actual dirigente sindical del STAUS, con lo que garantizarían un pacto de inmunidad en caso de solo lograr barnizar la ley 4. Cabe decir, que la dirigencia sindical decidió no someter a consulta las dos propuestas que hoy existen de cambio de normatividad: la reforma a la ley 4 propuesta por el MARU, grupo del cual forma parte el actual delegado de bienestar Jorge Taddei, y la propuesta de nueva ley que sometió al Congreso del Estado el grupo Ciencia y Sociedad. Para la dirigencia sindical, esa que busca la democratización de la Universidad de Sonora, solo existe, como propuesta, la ley Beltrones barnizada.
Son tiempos de definiciones políticas. El Congreso del Estado y el mismo gobernador Alfonso Durazo definirán en los próximos meses que Universidad quieren para los sonorenses. Esa Universidad que solo responde a los intereses mercantilistas de la educación superior o una universidad pública que ofrezca educación gratuita, que elimine los exámenes de admisión y que desde una verdadera autonomía ejerza un autogobierno que le permita estar presente en las grandes decisiones de la sociedad sonorense.
El Congreso tiene en sus manos erradicar por completo la ley 4 impuesta por el sistema neoliberal o barnizarla para que llegue al poder político otro grupo que pueda quedarse al frente otros 30 años.
Nosotr@s seguiremos luchando desde adentro por recuperar la autonomía universitaria impulsando la propuesta de nueva ley universitaria del grupo Ciencia y Sociedad.
