Los nuevos hallazgos no sólo muestran las irregularidades del pasado, sino que son una advertencia sobre el presente, en la medida en que son esas mismas Fuerzas Armadas, opacas y propensas a las violaciones a derechos humanos las que han sido fortalecidas por el actual gobierno y participan hoy en la seguridad pública y la investigación de los delitos.
Por: centroprodh.org.mx
El lunes 28 de marzo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) que por mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) coadyuva en la investigación del Caso Ayotzinapa, presentó un nuevo informe sobre su labor. Como es sabido, el GIEI presentó antes dos informes, en 2015 y 2016, para luego ser prácticamente echado del país por la administración de Enrique Peña Nieto, logrando regresar hasta el año 2020 por la exigencia de las familias.
En esta ocasión, el informe del GIEI se centró en analizar documentos y videos encontrados en archivos militares, que arrojan una luz adicional sobre el caso. La conferencia puede consultarse aquí.
Entre otras cosas, el GIEI encontró un video, grabado por una aeronave tipo dron de la Secretaría de Marina, que registra una actividad irregular, hasta ahora desconocida, desplegada en el basurero de Cocula por elementos de esta corporación, quienes se observan deambulando y manipulando el sitio seis horas antes de que el mismo fuera asegurado por los peritos de la Procuraduría General de la República.
Aunque se conocía la participación de la SEMAR y particularmente de la Unidad de Inteligencia Naval en la investigación, pues instancias como la ONU-DH habían documentado casos de tortura de detenidos cometidos por este cuerpo, en más de siete años no había surgido información sobre su presencia en el sitio donde la versión oficial ubicó el supuesto destino de los 43 estudiantes; menos aún videos que mostraran que fueron los primeros en llegar.
El video genera conmoción. Los marinos descienden a la parte baja del basurero y deambulan con soltura, sin adoptar medidas mínimas de preservación del sitio. Pero además, mueven objetos y prenden un fuego, conductas inexplicables que generan respuestas que deben responderse. Como mínimo, el video muestra una negligencia inaceptable desde una perspectiva criminalística; como máximo, habilita -dada la opacidad que sobre este evento prevaleció siete años y en tanto no haya una explicación contundente- cualquier presunción sobre manipulación, alteración e incluso introducción ilegal de evidencia.
Pero el video no es el único contenido del informe. Éste documenta la extensión de la tortura en la investigación, así como otras prácticas de las Fuerzas Armadas contrarias al respeto a los derechos humanos y a un entendimiento democrático de la seguridad ciudadana, como la infiltración de la Escuela Normal por parte del Ejército y la constante vigilancia a la que ésta -lo mismo que las organizaciones de derechos humanos y el propio GIEI- han sido sometidas desde hace décadas. Asimismo, con responsabilidad, humanidad y respeto, las y los expertos hicieron referencia a que no subsiste ninguna línea de investigación sobre algún paradero en vida de los jóvenes, lo que contribuye a que no sean objeto de manipulaciones ni a la creación de falsas expectativas.
Finalmente, el reporte reconoce los esfuerzos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y de la Unidad Especializada en la Investigación del caso de la FGR, al tiempo que denuncia que otras instituciones -señaladamente las Fuerzas Armadas y la propia FGR, en sus áreas sustantivas- no han favorecido el esclarecimiento del caso. Asimismo, insiste el documento en la necesidad de extender la atención gubernamental a más colectivos y víctimas, pues como insistió el experto Francisco Cox: “no sólo nos faltan 43 sino ya casi 100,000”.
Para los padres y las madres de los jóvenes desaparecidos, quienes asistieron a la presentación del informe, esta nueva entrega es dolorosa: nunca imaginaron que se llegaría a un tercer informe del GIEI sin saber el paradero de sus hijos. También es motivo de indignación, pues el reporte confirma que las Fuerzas Armadas, hoy más empoderadas que nunca, han seguido administrando información, pese a la existencia de un decreto presidencial que desde 2018 les obliga a entregar toda la información que tengan sobre el caso, instrumento que el propio general secretario y el almirante secretario firmaron. No obstante, las familias también abrazaron con esperanza el informe pues comprenden que es otro tramo de verdad revelada, que no se habría logrado sin su lucha. En ese sentido, emplazaron al Gobierno a no posponer más el esclarecimiento cabal del caso. Desde estas bases, las familias dieron un mensaje público en el Centro Prodh, acompañadas también por Tlachinollan, Serapaz y Fundar, en el que además agradecieron la solidaridad de tantas familias y colectivos que las han acompañado este tiempo, enviando también un mensaje de solidaridad a todas las familias de desaparecidos y desaparecidas de México, próximo a llegar a los cien mil desaparecidos.
Estos nuevos hallazgos no sólo muestran las irregularidades del pasado, sino que son una advertencia sobre el presente, en la medida en que son esas mismas Fuerzas Armadas, opacas y propensas a las violaciones a derechos humanos las que han sido fortalecidas por el actual gobierno y participan hoy en la seguridad pública y la investigación de los delitos. Si el Ejército y la Marina ignoraron un decreto presidencial que les obligaba a entregar información, no puede dejar de preguntarse a quién obedecen las Fuerzas Armadas y qué puede esperarse en otros casos de graves violaciones a derechos humanos. Por estas prácticas acendradas se justifica la preocupación que muchos y muchas mantenemos frente al proceso de profundización de la militarización en que nos encontramos, misma que como hemos documentado en nuestro Informe “Poder Militar”, supone riesgos para la democracia y los derechos humanos pues las Fuerzas Armadas no han introyectado institucionalmente los principios de subordinación plena a los controles civiles y de respeto de los derechos humanos. Sus reticencias a cooperar en el caso Ayotzinapa así lo muestran.
Ayotzinapa sigue siendo una lucha fundamental, no porque sea más importante que otras, sino porque condensa los grandes problemas de nuestras instituciones de seguridad y justicia. La independencia del GIEI ante el actual gobierno y la firmeza de las familias han dado una lección de dignidad a quienes, injustamente y desconociendo el amor de los padres y las madres, sugerían que esta reivindicación sería cooptada por esta administración.
A la luz de los nuevos reportes, los siguientes pasos serán definitivos pues el tiempo se acaba y las familias requieren justicia y verdad.
