Isabel Dorado Auz.
Todo indica que el gobernador Alfonso Durazo decidió darle continuidad a la ley impuesta por el sistema neoliberal en 1991 en la Universidad de Sonora, haciéndole unos pequeños retoques.
Quienes se beneficiaron con la Ley 4 ya empezaron a tener espacios mediáticos, como en aquellos tiempos, para pedirle al ejecutivo que evite cualquier posibilidad de un verdadero cambio a través de un nuevo marco normativo. En lo que pareciera un exceso, dicen rechazar la propuesta de ley maquillada que presentó en noviembre el Secretario de Gobierno y que permanece en su esencia, según nos dijo en reunión celebrada el pasado viernes 3 de febrero. Resulta irónico que Jorge Luis Ibarra Mendívil, el rector impuesto por Manlio Fabio Beltrones, ahora advierta que “una solución que se impone, a la larga no funciona”. Revivieron las voces de Marco Antonio Valencia, el rector que favoreció la imposición de la ley 4; de Rubén Flores Espinoza, aquel personaje sumamente cuestionado en los tiempos convulsos cercanos al año de 1991 y también parecen estar en la misma línea Ramón Pacheco y Miguel Ángel Vázquez.
Resulta extraño que aquellos personajes que cuestionaron severamente la imposición de la Ley 4 y que ahora forman parte de la estructura de gobierno guarden un silencio muy sospechoso. María Luisa Rivera, Lupita González, Arturo Rosas, Armando Moreno, Aarón Grajeda, Jorge Luis Taddei y el propio Álvaro Bracamontes, hoy comisionado por el gobernador para que redacte la iniciativa de ley, debieran ser los principales promotores del recate de la Autonomía, desapareciendo la Junta Universitaria y trayendo de regreso al Consejo Universitario como Máxima Autoridad.
El presidente López Obrador ha cuestionado las burocracias doradas creadas durante el periodo neoliberal, pero la propuesta actual del Secretario de Gobierno lejos de desterrar ese problema mantiene las mismas estructuras burocráticas y solo les cambia de nombre. Tampoco vamos a encontrar en la propuesta de iniciativa un compromiso firme de desaparecer los exámenes de admisión y la eliminación del cobro de cuotas en la Universidad, a pesar del discurso presidencial cuestionando esa imposición durante el periodo neoliberal.
Es evidente que la actual ley 4 favoreció que la Universidad se volviera elitista, donde alguien que provenga de la clase baja difícilmente tendrá acceso a la educación superior, situación que, si se permitía previo a la imposición Beltronista, bastantes estudiantes que proveníamos de la pobreza logramos obtener un título universitario gracias a la gratuidad de la educación y a que no teníamos la barrera de los exámenes de admisión.
Que solo unos cuántos tomen las decisiones importantes en relación al quehacer académico ha provocado una serie de problemas: se viola constantemente el Contrato Colectivo de Trabajo, la programación de cursos se define en la dirección de planeación en lugar de que esas decisiones las tomen los departamentos. La contratación de personal va acorde a filias con el grupo en el poder, que ya lleva más de 30 años, más que a respetar lo que en esencia está establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo.
Hay mucho más que decir, pero tendremos que ser los propios universitarios quienes subamos la voz para ser escuchados. En tiempos de la cuarta transformación no caben iniciativas que pretendan alargar el legado de imposición de Manlio Fabio Beltrones, se requiere un verdadero compromiso con los que menos tienen, “Por el Bien de Todos, Primero los Pobres”, diría el clásico, y lo mismo aplica en el caso de la Universidad de Sonora.
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