Publicado originalmente en Semanario Vanguardia, difundido a través del Border Hub. Por Jesús Peña.

Cerca de cien comunidades al sur del Estado tienen un factor en común: se están secando y pronto morirán de sed. ¿Cuántas veces es necesario advertir sobre el saqueo del agua para voltearlo a ver?

*Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.


Ejidatarios de localidades asentados en la cuenca del Arroyo San Miguel, que corre 85 kilómetros entre los municipios de General Cepeda y Parras de la Fuente, están en riesgo de quedarse sin agua.

Serían cerca de 100 comunidades de Parras, General Cepeda y Ramos Arizpe bajo amenaza de morir de sed debido a la sobreexplotación que algunas agroempresas de la región dedicadas a la producción de nuez, uva y hortalizas. 

Esta situación ha originado que las fuentes de agua superficial, veneros y manantiales, que alimentan algunas de estas comunidades, se estén agotando.

Cinco ejidos a punto de secarse en Parras de la Fuente: Huariche, San Miguel, Sombreretillo, Seguín y Presa San Antonio. 

Seis más, incluyendo una zona arqueológica, en General Cepeda: Jalpa, Santa Inés, San Juan del Cohetero, Narigua, Porvenir de Jalpa y Pilar de Richardson. 

Campesinos de la organización Custodios del Agua del Arroyo San Miguel, han señalado como los principales responsables del saqueo de los acuíferos, que antes daban vida a los ejidos de esta cuenca, al menos a una docena de agroindustriales entre los cuales figuran: Miguel Guajardo, de la Hacienda Parras el Alto; Arturo Mendel Gruenebaum, de Vinos Don Leo; José Antonio Rivero Larrea, de Agrícola Faroc; la familia Milmo Brittingham, de Casa Madero, y Emilio Arizpe.

Tal parece, coinciden los ejidatarios afectados, que la moda de los viñedos en esta región, se está bebiendo, de un solo trago y hasta el fondo, los manantiales del Arroyo San Miguel.

Mientras que en Coahuila se produce el mejor Cabernet Sauvignon del mundo, estos labradores no tienen agua ni para irrigar una sola hectárea de frijol para autoconsumo y muy pronto, reza una profecía rural, tampoco  tendrán agua ni para tomar.

 Durante décadas los habitantes de la región sobrevivieron de la siembra de granos básicos como maíz, verduras y forrajes, hace unos años todo cambió.

“Todas esas cosas de los vinos a nosotros ni nos preocupan, ¿qué nos interesa? El problema es que lo están haciendo con el agua de nosotros”, recrimina Juan Gamboa Maldonado, integrante del colectivo Sí A la Vida y líder de los Custodios del Agua del Arroyo San Miguel.

Estos campesinos, que durante décadas han sobrevivido de la siembra de granos básicos como maíz, frijol, trigo, verduras y forrajes; así como de la crianza de ganado vacuno y caprino, gracias al agua que escurre a lo largo del Arroyo San Miguel, aseguran que estos empresarios, en contubernio con la Comisión Nacional del Agua, han realizado una serie de perforaciones y extracciones en una zona decretada como de veda, es decir, prohibida por la propia C.N.A., dado el nivel de sobreexplotación que ha provocado un déficit o abatimiento de los mantos freáticos. 

“Estos cuates son buenos para producir dinero para sus bolsillos y les viene valiendo madre el futuro de la tierra”, reprocha José Luis García Valero, coordinador de la agrupación Sí A la Vida. 

Se trata, concretamente, del acuífero General Cepeda – Sauceda que, de acuerdo con información de la Conagua, en 2008 tenía un déficit de 18 millones 916 mil 145 metros cúbicos anuales, para 2020 registraba ya un déficit o disponibilidad negativa de 69.27 millones de metros cúbicos de agua.

En este acuífero, según el Registro Público de Derechos de Agua, (R.E.P.D.A.), se tienen inscritos 216 permisos de agua, con un volumen concesionado de 27 millones 331 mil 539.75 metros cúbicos de agua, para diferentes usos. 

En una consulta efectuada por Semanario en el R.E.P.D.A. se encontró, por ejemplo, que el empresario Miguel Guajardo y su hacienda Parras el Alto, en la que se produce nuez, chile, maíz, tomate, cebolla, alfalfa, entre otros cultivos, disfrutan de un volumen de extracción de agua en la región de 10 millones 800 mil metros cúbicos anuales para uso agrícola.

En Jalpa así como en ejidos cercanos, se dedican a la talla de lechuguilla para ofrecer diversos productos como peines para lavar los trastes y estropajos.

Por su parte Arturo Mendel Gruenebaum, reconocido nogalero e industrial del vino, goza de un volumen de extracción de agua de casi dos millones 700 mil metros cúbicos anuales, para uso agrícola y pecuario, eso sin contar los 210 mil metros cúbicos concesionados a sus hijos Arturo y David Memdel Cordero.

En tanto que José Amtonio Rivero Larrea, productor de nuez, paladea un volumen de extracción de 383 mil 316 metros cúbicos de agua al año, también para uso agrícola.

Al menos es lo que dice el R.E.P.D.A. 

“Es mucho, si es un acuífero que tiene poca disponibilidad es mucho. Estos acuíferos regionales en realidad no tienen mucha disponibilidad. El problema, principalmente, es que Conagua se ha dedicado a otorgar y otorgar concesiones cada vez más, aún en acuíferos sobreexplotados. La gente que tiene esas concesiones empieza a sacar todo lo que hay ahí y los niveles van bajando y bajando y bajando hasta que se acabe el agua. Nos estamos bebiendo el agua que pertenece a las futuras generaciones”, apunta Gloria Tobón Echeverri, de la Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS).

Gerardo Márquez Tejada, director de Administración del Agua en el Organismo de Cuenca Río Bravo de la C.N.A., afirma que esta dependencia actualmente no está otorgando nuevas concesiones. 

Al respecto, reportes de la misma Conagua revelan que entre 2018 y 2020 este organismo otorgó en el acuífero General Cepeda – Sauceda un total de 22 concesiones, por un volumen de tres millones 495 mil 788.75 metros cúbicos de agua. 

Faltaría considerar los pozos clandestinos que, según los ejidatarios de por acá, han proliferado en esta zona y de los que, por supuesto, el Organismo de Cuenca Río Bravo de la Conagua, que cuenta con un sólo inspector para toda su jurisdicción en Coahuila, no tiene el menor rastro.

“En este asunto de la extracción de agua hay mano negra, porque por un lado están los pozos registrados y concesionados, por otro los pozos pirata que no están ni registrados ni concesionados, luego están los pozos que no tienen medidor…  Hay un enorme desorden en la cuestión de concesiones nuevas y de registro de pozos, pozos sin medidor y pozos no registrados, ¿de qué tamaño es el saqueo?, nadie sabe”, apunta José Luis García Valero, coordinador de Sí A la Vida. 

Fausto Desteneve Mejía, especialista en hidráulica, lo secunda, cuando asevera  que en Jalpa y en Macuyú hay particulares que tienen pozos perforados y en explotación. 

“Vaya usted a la Aurora … Hay muchos lugares en Saltillo donde perforaron pozos ¿Qué autoridad les prohibió que perforanran?”.

Gerardo Márquez Tejada, el director de Administración del Agua en el Organismo de Cuenca Río Bravo, señala que Conagua ha llevado a cabo visitas de inspección y verificación a obras que existen o que se están ejecutando para extraer aguas del subsuelo, y como resultado de dichas visitas se han levantado actas administrativas.

– ¿Cuántos pozos ilegales han encontrado?

– El dato no lo tenemos. Sabemos que se perfora clandestinamente…

Máquez Tejada reconoce que la C.N.A. no tiene la capacidad para dar cobertura, en cuanto a verificaciones e inspecciones, a todo el estado de Coahuila, Nuevo León y el norte de Tamaulipas, estados que abarca su radio de acción. 

Y añade que esta dependencia cuenta únicamente con cuatro inspectores: tres  para Río Bravo y solamente uno para Coahuila. 

Revela además, que en 2020 la C.N.A. recibió alrededor de siete denuncias provenientes del centro y sur del estado,  sobre perforaciones sin autorización u obras que están trabajando sin una concesión.

En lo que va del año ha recibido cuatro quejas. 

En la totalidad de estas denuncias se ha  ordenado la clausura de la obra y se ha emitido una resolución sancionatoria con multas que superan los 100 mil pesos.

“Por lo regular todas concluyen en una resolución sancionatoria, es muy raro que el visitado tenga elementos para desvirtuar la falta en la que está incurriendo”.

La realidad alcanza a los pobladores, cada vez es menor el flujo del agua, sumado a la falta de lluvias, el futuro no luce prometedor.

Parte clave del problema del agotamiento de las aguas superficiales en las comunidades del Arroyo San Miguel, son las cada vez más escasas lluvias en esta región del semidesierto, donde la media de precipitación anual es, de acuerdo con la Conagua, de 400 milímetros anuales. Aunque este año, según cálculos de la Secretaría de Desarrollo Rural de Coahuila, no llovió ni siquiera la mitad. 

“Con el cambio climático no tenemos las lluvias torrenciales que teníamos antes ¿Dónde están los aguaceros de mayo? No llovió en mayo”, expone el experto en hidráulica Fausto Destenave. 

Jalpa, un ejido de General Cepeda donde habitan entre 70 y 80 familia, es quizá una de las localidades del Arroyo San Miguel que más ha padecido la muerte de sus veneros, a consecuencia de la perforación y sobreexplotación de pozos, perpetrada por los agroindustriales establecidos en la parte alta de la cuenca.   

En Jalpa hace ya un año que el manantial, que antes rebosaba 20 pulgadas de agua cristalina por segundo, se secó y ahora es apenas un hilillo de agua de dos pulgadas por segundo que no sirve, dicen los campesinos, ni para regar un hectárea de maíz. 

“Por ejemplo, se nos acababa el agua de la presa, pero teníamos agua en el manantial para sembrar en invierno y ahorita no tenemos agua para sembrar en invierno. Ese manantial era el único que quedaba, ya este año no regamos con él. Ahorita aumentó un poquito, pero ya no estamos regando. Terminándose el manantial, cada vez va a haber menos posibilidades de vivir acá…”, declara Juan Gamboa Maldonado, integrante del colectivo Sí a la Vida y líder de los Custodios del Agua del Arroyo San Miguel.

Juan advierte que la devastación de las fuentes de agua, que antes brotaban a pelo de tierra en estas comunidades, algunas de las cuales tienen más de 400 años de existir, está siendo provocada por las agroempresas que más recientemente han venido a instalarse en la zona. 

Dice que no son más que industrias extractivistas que acaban con el agua de las localidades y luego se van. 

Pone de ejemplo a Villa de Arizpe, en San Luis Potosí, a donde llegaron las tomateras de Sinaloa, encontraron un lugar virgen para la producción, sin plagas, un clima adecuado, muchos pozos de agua, y se pusieron a sembrar tomate. 

Entonces hubo un gran auge del tomate en Villa de Arizpe. 

De pronto los pozos se secaron y las tomateras huyeron, abandonaron la tierra exhaustas, y la gente del pueblo migró a otro lado… por falta de agua,

“No les interesa dejar tras de sí una tierra arrasada, su propósito extractivista es sacar utilidades, dividendos de muy corto plazo y cuando aquí ya no haya manera porque ya no hay agua, porque la tierra está muerta, se van a joder prójimos a otro lado y la gente que sí es de aquí, queda en absoluta miseria, en absoluta indefensión”, resume José Luis García de Sí A la Vida.  

Juan relata que los caudales de los ejidos localizados en la cuenca del Arroyo San Miguel, comenzaron a bajar a principios de la década de los ochenta, cuando una cooperativa abrió la zona agrícola de Parras el Alto, que actualmente pertenece al empresario Miguel Guajardo.

“Se acabó el agua de Presa San Antonio, de Seguín y otros ejidos. El de Seguín y Presa San Antonio era un caudal más fuerte, se hizo más intermitente y el agua de Jalpa disminuyó un poco, sin que se acabara, pero disminuyó”.  

Hoy con la incursión de los magnates de la vid y el nogal, los verdaderos dueños del agua en esta región, se debilitan cada vez más y más los caudales de la cuenca.

“Mira, esto es lo que queda del agua”, dice Juan señalando un delgado hilo de agua, que antes fuera una abundante acequia en los límites del pueblo de Jalpa.

Cualquiera que estuviera parado sobre esta acequia deshidratada y polvorienta, creería que aquí en otros tiempos, había peces, las mujeres venían a lavar la ropa y los críos se la vivían en los charcos todo el día.

“Podías venir a pescar acá. Había carpa, bagre. Aquí pasamos toda la infancia. Todos nos bañábamos en el río, echamos clavados, nadie se bañaba en la casa, el agua para tomar la agarrábamos de acá”, cuenta Juan con la emoción a flor de labios.

– ¿Y no cree que todo esto es en beneficio del desarrollo?

-Sí, pero el desarrollo para quién, el desarrollo para unos cuantos. No, así no funciona la vida.

Animales de los pobladores forman parte de las primeras víctimas de la sequía.

Candelario Torres, ejidatario de la comunidad de Presa San Antonio, en Parras, recuerda cuando en esta comunidad donde, hasta hace algunas décadas, hervían los campos forrados de trigo, maíz, frijol, cebada y avena. venían a vivir familias de todo lados.

Era la época de la abundancia, en que el agua sobraba. 

“Por donde quiera venía agua tirada, era mucha agua, metías el agua a tu labor y en una hora o dos regabas… Había mucha agricultura”.

Candelario, 57 años, tenía 10 cuando la cuenca del Arroyo San Miguel, de tanta agua que llevaba, semejaba un río grande.

Pero a raíz, sentencia Candelario, de la sobreexplotación que han hecho agroempresarios de la región como Miguel Guajardo, con su hacienda Parras el Alto, es que las aguas de la zona se han ido extinguiendo, no sólo en Presa San Antonio, sino en otras localidades del municipio.

“Pensamos que a consecuencia de estas perforaciones que se han hecho, se han secado los veneros”.

A parte de que en Presa San Antonio, donde la población bajó de 60 a 30 familias en los últimos años, ya no llueve como antes y la mayor parte de las siembras de los campesinos se echan a perder.

Datos de la Secretaría de Desarrollo Rural a nivel federal, indican que durante el ciclo primavera – verano del año agrícola 2021, de las tres mil 300 hectáreas de maíz que se cultivaron en General Cepeda, sólo se cosecharon 300, es decir ni el 10 por ciento.

Lo mismo sucedió con Parras, pues de las dos mil 702 hectáreas sembradas con maíz, sólo se lograron 672, esto es el 24.8 por ciento. De esta magnitud es el desastre.

El abatimiento de las aguajes en Presa  San Antonio ha provocado además la muerte de vacas y cabras.

La Secretaría de Desarrollo Rural de Coahuila no cuenta con cifras sobre la mortandad de ganado registrada en 2020 y  lo que va de 2021.

Candelario dice que en meses pasados estuvo lloviendo en la comunidad y que por eso la prensa, que este año fue rehabilitada, agarró un poco de agua que les ha permitido a los ejidatarios establecer unas cuantas hectáreas de sorgo.

Pero el agua de la presa, que además está azolvada y apenas y tiene 25 centímetros de profundidad, aguanta, si bien les va, hasta el 15 de diciembre y no más.

Dice que el agua de pie, el agua rodada, o sea la que sale de los veneros, ya se ha agotado.

Canelario comenta que en algunas localidades como Hauriche y Sombreretillo, municipios de Parras, los ejidatarios han estado vendiendo tierras a gente con plata que luego ha perforado pozos a gran profundidad para extraer agua, y eso ha estresado más al acuífero. 

“Gente que a lo mejor trae dinero y perfora hondo buscando extraer no una pulgada ni dos de agua, mínimo 15 pulgadas y por eso mismo se están agotando los mantos”.

Hasta antes de la pandemia los comisariados de Seguín, Presa San Antonio, Jalpa, Santa Inés, Porvenir de Jalpa, Pilar de Richardson y San Juan del Cohetero, que conforman la organización Custodios del Agua del Arroyo San Miguel, se reunían cada mes para sacar acuerdos que tenían que ver con la defensa y cuidado del agua de la cuenca. 

La idea era que cada comisariado llevara la información que recibía en esas asambleas al ejido y que la gente se empapara del problema del agua, “de lo que estaba pasando, que a largo plazo vamos a batallar porque, a como se está viendo, el agua se está acabando y se están secando algunos aguajes donde salía el agua a pelo de  tierra, para que la gente hiciera consciencia, apoyara, se sumara a la lucha. Hay mucha gente que no cree, que todavía no les cae el 20”, dice Candelario. 

Dos de los principales convenios que  derivaron de estas reuniones fueron la rehabilitación integral de la cuenca del Arroyo San Miguel y la revisión de las concesiones de las comunidades de la cuenca para checar su vigencia y, en caso de que alguna estuviera pendiente, tratar de regularizarla.

Pero el Covid lo echó todo por tierra. 

Aunque los pozos clandestinos han proliferado en la zona y el único inspector del Organismo de Cuenca Río Bravo de la Conagua no ha podido documentar; sus efectos quedan a la vista de visitantes.

El recuerdo más vivo que María Guadalupe Rodríguez, Rodríguez, una lugareña del ejido Seguín, municipio de Parras, tiene de cuando en el rancho había agua, es el de su padre llegando a casa con la carreta repleta de mazorcas de maíz. 

“Y toda la gente, mucho frijol, mucho chile, tomate, mucha cosecha que se cosechaba antes. Se veía muy bonito que trajeran las carretas llenas de maíz, unas mazorcas bien bonitas”, narra.

Hasta que el manantial que surtía de agua a esta comunidad, por donde atraviesa el Arroyo San Miguel, se secó y se secó el tanque de donde bebían 10 huizaches que a la postre se secaron también y todo en el rancho se secó.

Dejó de llover y luego los pueblos de por aquí se empezaron a erizar de papalotes, de esos con los que sacan el agua de los pozos, y esa fue la perdición de Seguín. 

De San Juan del Cohetero, municipio de General Cepeda, otra de las comunidades acabadas por la escasez de lluvia y la sobreexplotación del acuífero, se cuenta que en sus mejores tiempos venía acá gente de la Laguna a rentar las tierras, inundadas de agua, para la siembra de algodón. 

Eran los años de la abundancia del Cohetero.

Hoy sus manantiales simplemente  ya no existen, se los chupó “el desarrollo”, y sus presas son como bocas sedientas en medio del desierto infinito.

“El agua se fue acabando, acabando, acabando, hasta que se acabó”, dice con nostalgia campesina don Juan Torres Gámez, un ejidatario.