Padres y Madres de los 43
Normalistas de Ayotzinapa
Presentes
Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2024
Madres y Padres de los alumnos de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” deAyotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014:
Con todo respeto me dirijo a ustedes para informarles sobre la búsqueda de sus hijos y el avance que logramos en este propósito durante el tiempo que me desempeñé como presidente de México.
Como ustedes saben, desde el inicio de mi mandato me propuse con toda convicción destinar tiempo, recursos y voluntad para esclarecer los trágicos hechos acontecidos hace diez años, castigar a los responsables y, sobre todo, encontrar a los jóvenes.
Les aseguro que nunca dejamos en el olvido esta justa y humana misión. Desde Los primeros días confié esta responsabilidad en Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Gobernación, y él contó siempre con todo mi apoyo y respaldo para conformar un equipo de trabajo, establecer relaciones con los abogados de ustedes y con organizaciones de defensa de derechos humanos nacionales y extranjeras.
Asimismo, le otorgué mi confianza para hacer acuerdos con quienes pudieran informar sobre el paradero de los muchachos. De esa forma pudimos avanzar, pues a cambio de detener la extradición a Estados Unidos de Abigael González Valencia, presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo aceptó colaborar en calidad de testigo protegido y como resultado de su participación se logró identificar los restos de dos de los muchachos desaparecidos.
Sin embargo, no ha sido posible avanzar más porque el personaje principal que mencioné, que permanece en la cárcel, no ha mostrado voluntad para seguir cooperando, aun cuando él tiene la comunicación y el contacto con otros integrantes de la organización Guerreros Unidos, policías municipales de Iguala, Cocula y autoridades locales que saben de lo ocurrido o participaron en la desaparición de los jóvenes.
Aquí conviene recordar que desde el principio de estos lamentables hechos se cometieron, consciente o inconscientemente, una serie de errores y omisiones que han complicado el esclarecimiento de lo sucedido en Iguala y conocer el paradero de los jóvenes.
Recordemos que el gobierno anterior quiso dar carpetazo al asunto construyendo la llamada “verdad histórica”, según la cual, los jóvenes habían sido asesinados y quemados en el basurero de Cocula, Guerrero, por los integrantes de Guerreros Unidos, con la complicidad de policías y autoridades locales; esta versión fue sostenida por el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y por Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal. Dicha conclusión fue parcialmente descalificada, en particular lo relativo a la incineración de los jóvenes en ese sitio, pues, como fue probado por peritos en la materia, resultó completamente falsa.
Además de esta irresponsable actitud, por intervención de organizaciones de defensa de derechos humanos, e inclusive, con el beneplácito de los abogados supuestamente defensores de la causa y representantes de las madres y los padres de los jóvenes desaparecidos, se promovió y aprobó una sentencia en el Poder Judicial, la cual, bajo el alegato de que los detenidos habían sido torturados, posibilitó la liberación de 65 de ellos; aunque algunos de los excarcelados habían efectivamente sido víctimas de tortura, otros no, y la mayoría había participado en la desaparición de los jóvenes,
También resulta necesario recordar, en este punto, que extrañamente los encargados de la Fiscalía Especial, ministerios públicos y los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en vez de celebrar la decisión que tomamos de solicitar órdenes de aprehensión contra el procurador y miembros del Ejército, se opusieron rotundamente a dicha medida, hasta el punto que el Fiscal Especial renunció y la mayoría de los miembros de la Comisión de la OEA se retiraron..
Asimismo, conviene subrayar que con el paso del tiempo, y por intereses políticos ajenos a la investigación, tanto del país como del extranjero, empezó a manejarse la versión de parte de los “defensores” de las madres y padres de los estudiantes que los responsables de la desaparición de los jóvenes habían sido miembros del Ejército. Esta conjetura fue impulsada, entre otros, por la seudo periodista Anabel Hernández, quien incluso escribió un libro llamado La verdadera noche de Iguala, publicado en 2016, en el cual se atrevió a afirmar, sin ninguna prueba, como ya se los expresé en la carta anterior, que los estudiantes habían secuestrado sin proponérselo un camión con heroína con destino a Estados Unidos; en un apartado de su libro titulado, precisamente,”Fue el Ejército”, cuenta así esa historia:
La noche del 26 de septiembre de 2014 le informaron a un
narcotraficante con un importante nivel de operaciones en Guerrero,
quien se encontraba en Iguala, que estudiantes de la Normal de
Ayotzinapa iban a bordo de dos autobuses en los que se ocultaba un
cargamento de heroína con un valor de al menos dos millones de
dólares; los normalistas ignoraban que viajaban con la preciada carga.
y que su destino estaba ligado a ella.
Aunque el capo estaba acostumbrado a traficar varias toneladas de
heroína, la cantidad que transportaban los autobuses no era menor y
no se podía permitir ese robo aunque fuera accidental; si lo toleraban,
se perdería el orden en la plaza.
‘Si se mata por veinte mil dólares, ¿por dos millones? Es una manera
de operar. La recuperación de la mercancía era un tema de dinero y
un tema de autoridad, si se permitía ese robo después habría más’,
explicó un informante de credibilidad comprobada, con quien se
sostuvieron varias reuniones a lo largo de quince meses durante esta
investigación.
El narcotraficante en cuestión tenía al menos ocho años trabajando
en la entidad; primero como colaborador de Arturo Beltrán Leyva,
con el que traficaba droga a Estados Unidos-no como un subalterno
sino como un socio minoritario que con el tiempo adquirió más poder,
aunque logró mantener un perfil discreto-, pero su nombre nunca se
ha mencionado en las causas penales de otros integrantes de ese
cártel, como Édgar Valdez Villarreal, Gerardo Álvarez Vázquez o
Sergio Villareal Barragán. En 2009, cuando ultimaron a Arturo Beltrán
Leyva en Cuernavaca, el capo decidió seguir con sus propias:
operaciones usando Guerrero como base: para el control de la zona
tenía en su nómina a militares del 27 y 41 Batallones de Infantería,
policías federales, policías ministeriales de Guerrero, policías
federales ministeriales, policías municipales de Iguala y diversas
autoridades de los municipios cercanos, así como en la sierra donde
se siembra la amapola y se procesa la heroína.
Cuando reportaron la pérdida de su valiosa carga, el capo habría
hecho una llamada al coronel de infantería José Rodríguez Pérez,
comandante del 27 Batallón, para pedirle que recuperara la
mercancía a como diera lugar. El Ejército era la fuerza de seguridad
que tenía mayor autoridad en la ciudad; tal vez el narcotraficante no
dimensionó la magnitud del operativo para recobrar la droga.
‘Quien encabezó la operación para rescatar la droga fue el mismo
Ejército’, señaló la fuente de información enterada de los hechos.
[…]
De acuerdo con esta versión, en el momento en que los militares
rescataban la droga de los autobuses, los normalistas a bordo se
habrían dado cuenta de lo que estaban extrayendo de los
compartimientos, imprevisto que detonó súbitamente la necesidad
de desaparecerlos para no dejar testigos.
[…..]
Según habría contado el capo a sus conocidos de confianza, su gente
no intervino en la operación, dejaron todo en manos de los militares.
El mismo personaje desconocería el paradero final de los normalistas,
pero alguien le informó que supuestamente habían llevado al menos
a un grupo de estudiantes a las instalaciones del 27 Batallón de
Infantería.
‘Mi intención nunca fue que mataran a tanto cabrón, se excedieron,
de haber sabido que iba a pasar eso…’, se habría quejado el capo,
quien irónicamente no es ninguno de los detenidos por la PGR
vinculados a la desaparición de los 43.
[…]
En la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas elaborada por
la DEA, se afirma que la mayor parte de la heroína que se consume en
Estados Unidos proviene de México y en menor medida, de Colombia.
[…..]
Según la DEA hasta 2015 Guerrero seguía siendo una plaza que
controlaba el cártel de los Beltrán Leyva y sus socios, con una
pequeña presencia del cártel de Sinaloa. Es significativo que en el
reporte de esa agencia no existe una sola línea dedicada a Guerreros
Unidos ni a los llamados Rojos, los únicos grupos en los que se enfocó
la PGR en su investigación sesgada. El informante explicó que si bien
las células criminales de Los Rojos y Guerreros Unidos tienen
operaciones en Guerrero, son de poca escala y están por debajo del
nivel de poder del capo en cuestión. (La verdadera noche de
Iguala, pp. 323, 324, 325 y 326)
Esta señora, que maneja mucha información de la Administración de Control De Drogas (DEA), falsa o verdadera, según se lo ordenan, participó como testigo en un tribunal de Estados Unidos para defender la solicitud de asilo del juez municipal, Ulises Bernabé, quien sostuvo que supuestamente esa noche los jóvenes nunca fueron llevados a la Comandancia de Iguala, cuando hay testimonios que aseguran lo contrario; es decir, que policías de Iguala los sacaron en patrullas de esas instalaciones hacia lugares desconocidos.
No obstante, esa declaración dolosa fue aceptada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el cual gestionó el asilo a dicha persona; a la irresponsable aceptación como verídicos de los testimonios de Ulises Bernabéy de Anabel Hernández de que el Ejército Mexicano estuvo presente durante los ataques y desaparición de los estudiantes, se sumó la siguiente aseveración textual de esa autoridad estadounidense: «resulta inverosímil que un departamento de policía municipal tenga la influencia política y los recursos necesarios para organizar un intrincado encubrimiento y la desaparición de 43 estudiantes mexicanos. Es mucho más plausible que el gobierno federal mexicano y la Policía Federal fueran los responsables de este horrible incidente». (Sentencia de la Corte de Inmigración del Departamento de Justicia de Arizona, Estados Unidos).
Es importante aclarar que aun cuando no existe ninguna prueba de que el Ejército haya participado en la desaparición de los jóvenes, hemos actuado en contra de los militares que pudieron haber cometido los delitos de vinculación con la delincuencia organizada, o de omisión al no haber actuado para evitarlos actos de violencia en contra de los jóvenes.
Cabe señalar que en toda la investigación realizada hemos contado con elapoyo de las Fuerzas Armadas, cuyos mandos y oficiales han coincididoconmigo en que la violación de derechos humanos y la impunidad no puedentolerarse en ninguna circunstancia; porque, entre otras razones, los actosilegales cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas no pueden mancharel prestigio de una institución creada para la defensa nacional, que debe serun baluarte del Estado democrático, justo, libre y soberano de nuestra República.
En consecuencia, por la presunta participación en la desaparición de los jóvenes se han procesado 151 personas, de las cuales 134 son civiles, 16 militares, incluidos dos generales y 1 elemento de la marina, asimismo se encuentra pendiente de ejecutar tres órdenes de aprehensión más en contra de militares. Destaco que en nuestro sexenio el número de encarcelados se incrementó de 59 a 120 personas.
Con todo, lo más importante ha sido la búsqueda de los jóvenes, tarea a la que he dado mucha atención; por ejemplo, les informo que en los últimos dos años,prácticamente he tomado la coordinación de este lamentable suceso y una vez por semana me reúno con el Gabinete de Seguridad para estar pendiente de la investigación. Puntualmente les informo también que las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública, Luisa María Alcalde Luján y Rosa IcelaRodríguez Velázquez y el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, han estado dialogando en las cárceles con los involucrados; hemos ofrecido recompensas, enviamos al Congreso una Ley de Amnistía que fue aprobada destinada principalmente a garantizar protección y apoyo a informantes; sin embargo, hasta ahora ha sido poco lo alcanzado, aunque existe el ofrecimiento de quienes ahora están detenidos de aportar, en un futuro cercano, información para encontrar a los estudiantes desaparecidos.
Añado que durante nuestro gobierno la búsqueda en campo ha sido permanente; hemos explorado en 858 sitios con la participación de 270 personas de las distintas instituciones y con el equipo tecnológico más apropiado. Les expreso que hasta el último momento de mi gobierno continuaremos buscando a los jóvenes. Y considero que este vergonzoso y lamentable asunto no debe cerrarse nunca; es un expediente abierto y si nosotros no podemos esclarecerlo, deseo de todo corazón que lo logre la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer de principios, convicciones y partidaria de la justicia,
En el informe y los anexos que les hemos entregado viene una relatoría más detallada y datos que consideramos de interés para ustedes y para el pueblo de México.
Los abrazo.
