En portada: Desde 2018, cuando la CNDH emitió la recomendación 10, el gobierno de Coahuila no ha elaborado un plan de reparación integral del daño para las familias de las víctimas ni un censo de las personas que fueron desplazadas por la violencia. (Camelia Muñoz)
Tras la masacre perpetrada en 2011 por Los Zetas y policías municipales, las cifras han oscilado entre 300 y 27 personas. Pese a que la CNDH solicitó en 2018 la reparación integral del daño para las familias de las víctimas, el gobierno de Coahuila solo les ha ofrecido una compensación económica
Por Camelia Muñoz / A dónde van los desaparecidos
A 12 años de la masacre ocurrida en el municipio de Allende, aún se desconoce el número de personas desaparecidas. En un inicio, el exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, estimó 300, y en 2018 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó que eran 38.
Dos años antes, el gobierno estatal reconoció 27 víctimas de desaparición, mientras que el colectivo Alas de Esperanza dijo tener constancia de 45 personas desaparecidas solo en Allende.
Diez esposas, madres e hijas de las víctimas, integrantes del colectivo Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras, fueron convocadas el 16 de mayo al Palacio de Gobierno a una reunión encabezada por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís para presentarles el plan de reparación integral del daño por las desapariciones ocurridas en Allende en 2011, como estableció la recomendación 10 de la CNDH hace cinco años. Pero en lugar de esto, aseguraron, las autoridades se limitaron a ofrecerles una compensación económica, sin precisar el monto ni cómo sería estimado en función del daño sufrido.
En la reunión también estuvieron presentes funcionarios como José Ángel Herrera Cepeda, titular de la Fiscalía para Personas Desaparecidas de Coahuila, y Hugo Morales Valdés, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Coahuila.
La recomendación 10, que investiga las violaciones graves a los derechos humanos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias ocurridas del 18 al 20 de marzo del 2011, documentó la desaparición de 38 personas, incluidos tres menores de edad. La CNDH señala que, en esos días, un comando armado de Los Zetas, en complicidad con la policía municipal, demolió 40 propiedades, y secuestró y asesinó a familiares y empleados de dos miembros de la organización criminal, como venganza por su presunta colaboración con la DEA en los decomisos de droga efectuados contra el grupo.
La cifra de víctimas aún es incierta, ya que la violencia traspasó los límites del pequeño municipio ubicado a casi 60 kilómetros de la frontera con Texas y la autoridad estatal mantiene la versión de que el caso de Allende debe analizarse de forma independiente, sin relacionarlo con otros sucesos de violencia en la región. Por los hechos de 2011, 19 personas se encuentran bajo proceso.
“Esta recomendación no es limitativa. Ahora se habla de que hay 43 víctimas identificadas como desaparecidas, pero reconozcamos que cada núcleo de familia puede llegar a tener más. Esta cifra es tanto de los hechos ocurridos en Allende como en el penal de Piedras Negras”, señaló Ariana Denise García Bosque, abogada del colectivo de familias.
Entre 2009 y 2012, los Zetas tuvieron el control de esta cárcel, en la que se cometieron asesinatos, torturas y la desaparición forzada de cerca de 150 personas, de las que 37 han sido identificadas por la Fiscalía de Personas Desaparecidas.
Ante la imposibilidad de conocer también el número de personas desplazadas por la masacre, la CNDH consideró “una obligación” del gobierno estatal y del ayuntamiento de Allende elaborar un censo, que debería estar listo en septiembre de 2018, pero en la reunión no se presentaron avances.
Las familias salieron molestas del Palacio de Gobierno. Estuvieron casi dos horas escuchando a funcionarios, que hicieron un recuento de los hechos ocurridos en Allende, mientras que García Bosque exponía el incumplimiento de las medidas solicitadas por la CNDH. Las integrantes de Alas de Esperanza no acudieron, pese a que residen en el municipio y representan a la mayoría de las víctimas.
“Nos quedamos con ese sinsabor de la reunión, que parecía institucional, pero empezar con el contexto del caso de Allende es una burla, porque todos lo conocemos y representa para las familias una constante revictimización”, expresó García Bosque.
La intención de Riquelme Solís, quien termina su mandato el próximo 30 de noviembre, señaló la abogada, es dar una indemnización económica a las familias, lo que significa solo una compensación parcial de la reparación del daño, y no la atención integral, que abarca la atención psicosocial de las familias y su acceso a la justicia.
“Dejará una deuda pública y una deuda social muy grande al tomar con ligereza el seguimiento del caso”, advirtió.
Las familias volverán a reunirse el 26 de mayo con el gobernador. Esperan que para esa fecha exista una propuesta concreta para la reparación integral del daño y se pueda tener acceso a la verdad de lo que ocurrió en 2011. Unos hechos por los que el gobierno de Coahuila ha sido denunciado por diversas instancias ante la Corte Penal Internacional de La Haya por delitos de lesa humanidad.
“El gobernador dijo que no era necesario hablar de eso ”, señaló una de las integrantes del colectivo.
“¿A qué vinimos? Pues a verlo cómo estaba en el teléfono; estaba ignorándonos el señor”, dijo otra que no escondía su enojo.
“Ni siquiera tienen completos nuestros expedientes”, indicó una más.
La presidenta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) estatal, Magdalena López Valdez, presente en la reunión, minimizó el malestar de las familias, aseguró que el gobernador atiende la problemática de las desapariciones y que la convocatoria fue para una mesa de trabajo.
“Hubo acuerdos con las distintas autoridades que no puedo informar. Claro que se ha hecho el censo de víctimas , y por parte de la CEAV se tiene conocimiento porque se hicieron las entrevistas con las familias y sí hay identificación de estas; claro que podemos hacer un censo un poco más amplio porque puede ser que familias estén desplazadas o no quieran decir lo que pasó. No presentamos cifras”, señaló.
¿No debieron tener el censo desde hace cinco años, como lo estableció la recomendación de la CNDH?, se le insistió. “Eso va a salir de las mesas de trabajo”, dijo apresuradamente la funcionaria.
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