POR: JORGE TADEO VARGAS

En la década de los ochenta, cuando en Estados Unidos se formalizó la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y se fueron dando todas las leyes que protegían a la naturaleza por sobre algunas acciones antropogénicas, los sindicatos y las organizaciones laborales, vieron estos avances en materia ambiental como una amenaza para sus trabajos. Era comprensible, en esos años, las comisiones o secretarías de medio ambiente no existían a nivel global, muchas de ellas aparecieron como respuesta al surgimiento de la EPA. Existía un miedo de que las empresas cerraran y se fueran a lugares con mayor permisividad en términos ambientales.

Este miedo era justificado, como la historia nos muestra años después, cuando en la década de los noventa y la globalización económica tuvo su cenit con los acuerdos comerciales y los tratados de libre comercio. Esto merece un texto aparte. Lo que quiero resaltar con este repaso es que en esos años, en el inicio de las leyes y secretarías, comisiones, agencias ambientales, las primeras movilizaciones que se dieron fueron de las organizaciones y sindicatos laborales, no encaminadas a detener estas nuevas leyes que protegían a los ecosistemas, sino para encontrar un punto en común; de ahí es que surge el concepto de transición justa, el cual con el paso de los años fue modificando sus objetivos pero que en esa década, como un proto movimiento laboral/ambiental lo que estas organizaciones pedían era que se diera una transición entre los temas ambientales y los temas laborales para que no hubiera una pérdida económica en las comunidades.

Al contrario, la idea o el objetivo era buscar que las zonas de sacrificio – documentadas desde una década antes– se vieran beneficiadas por la protección ambiental, sin que la clase trabajadora perdieran sus empleos. Era el momento exacto para poner un alto a el modelo de producción-consumo basada en sacrificar comunidades y naturaleza, lo cual se logró parcialmente, al menos se logró que se hablara del tema, que tanto activistas ecologistas y laborales dialogaran entre sí para llegar a acuerdos…luego todo se fue al carajo…

En la década de los noventa, con la globalización económica a tope en el cenit del neoliberalismo, el altermundismo tomó fuerza, saliendo a la calle distintas organizaciones y movimientos. En esos años, los sindicatos y ONGs laborales iban de la mano con activistas ecologistas, buscando poner en marcha muchos aspectos de la transición justa, especialmente aquellos que permitan reducir los impactos en las zonas de sacrificio, muchas de ellas se habían movido al Sur Global, precisamente por motivos de flexibilidad en las leyes tanto laborales como ambientales. 

Aquí los tratados de libre comercio y los acuerdos comerciales entre países fueron clave para que esto se diera, pudiéramos incluso suponer que estos respondieron de cierta manera a las alianzas que se iban dando entre distintos sectores de resistencia para buscar proteger tanto a la naturaleza como a las comunidades humanas.

Para el siglo XXI, lo que comenzó a verse fue que hubo un rompimiento entre grupos/sectores, lo cual puede deberse a muchas causas que en su mayoría son supuestos que no me interesa analizar acá, pues el principal objetivo de este ensayo es revisar lo que ha pasado en materia de alianzas que ayuden a avanzar en temas de justicia socio-ecológica, específicamente en justicia climática.

A qué me refiero con esto: a que en un reciente estudio titulado The Left’s Coalition Crisis: Understanding the Massive Divide Between Working Class and College Educated Voters, and How to Bridge it”, escrito por Joan C. Williams y Jared Abbott (basado en los resultados de la encuesta Class Gaps Poll de principios de 2026), analiza la profunda desconexión política y cultural entre la clase trabajadora y los graduados universitarios de ideología liberal o progresista, ofreciendo propuestas clave para construir una coalición política amplia, que aunque lo hace desde las problemáticas que ocurren en Estados Unidos, bien se puede revisar incluso lo que pasa en nuestros países – específicamente en México, que es el caso que mejor conozco -. 

El estudio analiza la desconexión que se da entre personas con un nivel de estudios universitario o de posgrado, que en ocasiones viven en regiones con pocas problemáticas socio-ecológicas si lo comparamos con las zonas de sacrificio que ven en la clase trabajadora, más que una alianza o cooperación, a personas a las que condescendientemente se debe de ayudar –en muchos casos inclusos se las revictimiza o culpabiliza– sin dejarlos ser protagonistas de sus resistencias. En México, hace algunos años, alianzas “manejadas” por académicos e investigadores han sido los espacios desde donde se van cooptando luchas, en muchos casos esto no es el objetivo de estos investigadores, pero las agendas de los grupos al no coincidir tienen mayor peso, quienes tienen mayor influencia, dejando a la clase trabajadora a su merced.

En el caso de la justicia climática – que es muy cercana a las zonas de sacrificio – es más que claro que las políticas, las acciones tanto de mitigación o adaptación no pasan por la clase trabajadora; los motivos son muchos, pero me permito señalar dos: el primero tiene que ver con la falta de una claridad sobre las consecuencias del cambio climático, que si bien presenta causas significativas, estas no siempre son diferenciadas de otras problemáticas causando confusión ante aquellos que no conoce del todo sobre el tema.

Aquí es importante señalar que el calentamiento del planeta y la destrucción del medio ambiente afectan a la clase trabajadora de forma más drástica y de innumerables maneras, desde el aumento de los niveles de estrés por calor para los trabajadores manuales hasta una mayor contaminación del aire en las comunidades obreras y la falta de acceso a alimentos frescos. Por lo tanto la clase trabajadora conforme va pasando el tiempo tiene menos recursos financieros para adaptarse a los impactos presentados por el cambio en el clima y los daños ambientales y ecológicos. 

Las zonas de sacrificio, de servidumbre o de devastación son una parte de los daños que deja este modelo de producción-consumo, la otra cara de la moneda es la clase trabajadora que sufre un racismo ambiental, a la par de un deterioro de la salud ambiental y por lo tanto humana. Aquí es importante señalar que uno de los más grandes fracasos de los movimientos ambientalistas y defensa del territorio es no lograr involucrar a la clase trabajadora en sus luchas. “Uno no patea la cuna que le da de comer” es una frase común en las comunidades al intentar trabajar con los trabajadores de alguna industria contaminante. La incapacidad de hacerles ver como todo está vinculado es un fracaso para lxs activistas.

¿Qué hacemos entonces al respecto?

Necesitamos que la clase trabajadora cree una coalición lo suficientemente amplia y fuerte como para forzar la acción política en defensa de los territorios y por la justicia socio-ecológica.

¿Cómo hacemos esto?

Dándoles mayor protagonismo en sus resistencias y recuperando conceptos como la transición justa desde la perspectiva en la que inició, intentando armar alianzas de trabajo en los distintos sectores.

Esto la derecha lo ha sabido manejar mucho mejor que nosotros, construyendo incluso conceptos o ideas –como la agenda woke– que no hemos sabido contrarrestar. Necesitamos trabajar en una idea que se traduzca en acciones que unan a los activistas por la defensa de la naturaleza y los territorios con los activistas por la defensa laboral.

Judi Bari lo entendía muy bien. Paso muchas horas buscando unir a los trabajadores explotados por las empresas con los activistas ambientales. Estoy convencido de que si ponemos en el punto de la clase trabajadora a los responsables de su precariedad económica, es decir al sistema capitalista y su modelo de producción-consumo, la coalición por una transición justa ira encaminada a superar las zonas de sacrificio y por lo tanto la recuperación ecológica se dará como parte de la recuperación de los ecosistemas.

Desde el (auto) exilio en los bosques de Klatch City

POR: JORGE TADEO VARGAS

Al momento de contabilizar los residuos –basura- que se producen, aquellos que son la merma de artículos/productos que no fueron consumidos y que pasan de los supermercados, tianguis, centros comerciales directamente a la basura. Es decir. Todo aquello que por diversos motivos no se vendió no se guarda en una bodega, termina ya sea en un confinamiento de residuos peligrosos cuando estos son electrodomésticos, pantallas, computadoras, celulares y un largo etcétera. Cuando es comida esta termina en rellenos sanitarios o basureros controlados. Aquí es donde quiero poner mayor atención, no solo porque es una insensatez tirar comida en buen estado, sino porque la merma va más allá de lo que no se vende, sino también está dentro de lo que el capitalismo llama “control de calidad” es decir si algo no cumple con los estándares de venta, se desecha.

Pero previo a hablar de la comida que termina en la basura antes de llegar a la venta, van algunos datos que son importantes de tener en mente. Más del diecinueve por ciento de la comida pasa de los estantes y refrigeradores –no solo de las tiendas sino también de los restaurantes y hogares- a la basura, lo que nos dice que estamos desperdiciando casi el veinte por ciento de lo que se produce o de lo que pasa el control de calidad para el consumo.

El trece por ciento se pierde entre la cosecha y el comprador minorista. No todo aquello que se compra termina en estantes y refrigeradores, mucho de ellos terminan antes en la basura. En promedio en México cada habitante desecha alrededor de ciento cincuenta y cuatro kilos de basura al año, lo que nos arroja más de veinte millones de toneladas de basura orgánica que terminara en la basura contaminando y produciendo metano, que es uno de los Gases de Efecto Invernadero más agresivos. Estos datos son importantes para entender dónde está el problema con estos residuos. Entenderlo desde su raíz, que es la agricultura hasta su disposición que es incorrecta.

Esto tiene una solución muy práctica, pero que dentro del modelo/sistema actual es poco probable que se ponga en práctica. Gente con hambre y supermercados llenos, es una forma de control societal, pero si estamos tirando el veinte por ciento de la comida, mientras millones pasan hambre algo no cuadra del todo en la ecuación. Vivimos en un sistema extractivo, lineal, injusto y criminal que está acabando de a poco con las comunidades más vulneradas y con la naturaleza.

Ahora bien; dicho esto me quiero centrar en aquello que por distintos motivos no cumplen el control de calidad y que ni siquiera llegan a considerarse como merma de productos/comida. Es decir, se quedan como merma de la producción. Hace unos años, trabajando con pepenadores/recicladores en el relleno sanitario de Gómez Palacio Durango, que pertenece a la región lagunera donde las empresas Lala y Chilchota tienen sus fábricas de queso, me tocó ver camiones –decenas de ellos- que llegaban a tirar cajas de quesos empacados que no cumplían con el control de calidad, por lo tanto, no podían salir a la venta. Con lxs compas comí algunos y me llevé a casa varios más ¿La razón por la que los habían desechado? Mal empaque, no eran uniformes por lo tanto no eran “atractivos” a la vista, el sabor y la calidad no demeritaban, solo era como se veían. Lxs pepenadores/recicladores recuperan algunos para el consumo familiar y la venta de boca en boca, pero la cantidad sobrepasa cualquier actividad que quieran hacer con ellos.

De igual forma Jamie Oliver, el reconocido chef de televisión y activista por la comida saludable, produjo y condujo un programa de televisión llamado Figth Food el cual tenía como objetivo poner en evidencia la cantidad –toneladas- de comida que no llegaba a comercializarse solo porque no cumplía con los estándares para eso. Su iniciativa fue buen y aunque duro una sola temporada, al menos trato de incidir más allá. Lamentablemente no tuvo la repercusión, el programa fue cancelado y no sé si Oliver mantiene como costumbre comprar aquello que se desecha, apoyando con esto a los agricultores locales de su natal Clavering.

Si ustedes viven en México, saben de los tianguis que se instalan un par de días de la semana en los barrios. Esta es una costumbre centenaria y que se pueden instalar en los barrios residenciales de clase media y alta como en los polígonos de las zonas industriales. La diferencia de lo que se vende tanto en uno como en otro, no es mucha. Son puestos de verduras, frutas, carnes, huevo, queso y por supuesto puestos de comida.

La diferencia podría están en el precio, pero va más allá. Hace un par de meses me cambie de un departamento en un dúplex dentro de uno de los polígonos industriales más grandes de la ciudad en la que vivo. Ahora estoy viviendo en un barrio histórico de clase media/alta, donde igual se instala un tianguis los martes, jueves y domingos y la gente del barrio va a comprar su comida. Algo importante si pensamos que es una alternativa a los supermercados transnacionales.

También hay una diferencia entre los ´productos. Por ejemplo, en el tianguis del polígono, la fruta y la verdura a comprar en su mayoría es de la merma que no pasa el control de calidad, por lo tanto, no cumple con los estándares para ser “comercializado” excepto en los polígonos donde la clase trabajadora no tiene un poder adquisitivo alto, así que la diferencia es pagar diez pesos por una bolsa con tres pimientos morrón (rojo, verde y naranja) que no se ven “bonitos” a pagar cuarenta por uno que si cumple con esos estándares o pagar diez pesos por una bolsa de jitomate que no se venderá en ninguna tienda y su destino era/es terminar en la basura o veinticinco por un kilo que al final sirve para lo mismo. Al final todo se decide en los estándares de belleza que dicta el sistema. Incluso en la comida. La obsolescencia percibida haciendo lo suyo.

Desde aquí es importante tener en cuenta dos cosas: el sistema alimentario depende por completo del sistema agrícola, sin embargo este último, como muchos de los procesos del modelo de producción-consumo, son invisibles para el consumidor. Tan es así que si le preguntamos a cualquier persona en la calle, cual es la forma en que funciona la agricultura para llevar nuestros alimentos a la mesa nos dirían lo siguiente:  los agricultores cultivan alimentos, los venden a los consumidores y los consumidores les pagan dinero a los agricultores, quienes luego utilizan ese dinero para cultivar más alimento, obviando que hay varios actores entre los agricultores y los consumidores: restaurantes, supermercados, comedores escolares, etc. Todos ellos forman parte del sistema alimentario. Si son realmente competentes, quienes se dedican al sistema alimentario podrían incluso añadir a algunos actores que a menudo se pasan por alto, como las propias empresas de alimentos e ingredientes e instituciones como hospitales y sistemas penitenciarios.

Incluir el sistema agrícola en la discusión de lo que pasa – y cómo se integra – con el sistema alimentario. No solo por lo obvio que es el cómo estamos produciendo, sino por la larga lista de actores que están involucrados en todo este proceso y el cómo este es parte del modelo de producción-consumo lineal y extractivo.

La necesidad de ir reconociendo la agricultura y la alimentación como parte de un mismo sistema es vital para ir avanzado en prácticas distintas, tanto de cultivo, como de alimentación. Prácticas que se basen en enfoques de salud ambiental, ecosistemas sanos, agroecología y cooperativas de consumo y de producción.

Desde el (auto) exilio en los bosques de Klatch City

Profesor, traductor, escritor, exactivista, anarquista y panadero casero.

POR: JORGE TADEO VARGAS, con información del ejercito de los 12 monos.

Hace unos días apareció – finalmente – la licitación para poner en marcha el plan de remediación que tanto urge en la cuenca alta del Río Sonora, región que aunque los reflectores mediáticos – y de investigación y activismo – se han centrado en la emergencia química ocurrida en el 2014 cuando la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, derramó 40,000 metros cúbicos de solución acidulada de sulfato de cobre al arroyo Tinajas, contaminando con esto toda la cuenca, principalmente la alta y media, la problemática socioecológica en esa región es mucho mayor, pues en sus actividades productivas primarias tienen a la minería, la agroindustria y la ganadería extensiva para las principales, tres actividades que generan graves daños a la salud ambiental, en las que hay que mantener un monitoreo constante por los posibles daños. Esto reconociendo que las políticas impulsadas desde los gobiernos no están buscando como cambiar el modelo de producción-consumo, a lo mucho reformarlo.

Hacer un análisis sobre los alcances de este plan de remediación es un ejercicio que implica una revisión más allá de lo que el gobierno esta presentando en esta licitación, por lo que para entrar a ellos es importante ir revisando algunos puntos que debemos de tener claros.

Primero; hablemos de una realidad, yendo de lo general a la particular: Aunque el documento cumple formalmente con enlistar un marco normativo amplio (LGPGIR, NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, LOPSRM), funciona más como un ejercicio teórico o administrativo apresurado que como un proyecto ejecutivo de ingeniería viable.

Pretender sanear más de 280 km de cuenca minera afectada históricamente en 87 días expone a la SEMARNAT a un fracaso operativo inminente, y a los contratistas a sanciones masivas por incumplimiento de un programa físicamente imposible de cumplir conforme a las leyes de la física, la logística y la química ambiental.

Y esto lo vemos desde una serie de irregularidades legales que se presentan en este documento técnico, que como ha sido costumbre en estos tiempos de cuarta transformación, pareciera que las ocurrencias de los funcionarios son más importantes que cumplir la ley, por ejemplo, de llevarse a cabo el plan de remediación conforme a lo que dice el anexo técnico a la licitación estaríamos viendo Incompatibilidad normativa y plazos materialmente imposibles: El documento se sujeta a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) fijando un plazo de ejecución de tan solo 87 días naturales para caracterizar, excavar, tratar y disponer de 100,000 toneladas de sedimentos distribuidos en 5,945 hectáreas y 288.8 kilómetros de cauce, lo cual contraviene los principios de viabilidad técnica y gestión ambiental.

Por otro lado habría un Traslado indebido de atribuciones de la autoridad: Se licita un “Programa Integral” bajo la premisa de que el contratista privado elabore y proponga el Programa de Remediación definitivo conforme a la LGPGIR, invirtiendo el orden legal donde la autoridad ambiental debe aprobar la caracterización y el programa antes de contratar la ejecución, lo que deja al plan en una inseguridad jurídica que no permitirá que los plazos se cumplan de acuerdo a lo pactado en la licitación. De entrada en términos legales no hay como proceder, a menos que sea parte de una simulación gubernamental.

Ahora, veremos qué impactos socio-ecológicos no están siendo considerados en este anexo técnico que, cabe resaltar, es el documento que tendrá que cumplir quien se lleve la licitación para poner en marcha el plan de remediación:

• Destrucción de miles de hectáreas de ecosistema ripario en el proceso de remoción y desmonte: El plan no evalúa la pérdida irreversible de hábitats y corredores biológicos derivada del despalme y remoción mecánica masiva en más de 5,900 hectáreas de vegetación nativa.
• Ausencia de consulta y participación comunitaria vinculante: Reduce la relación social a una coordinación administrativa superficial. No establece protocolos rigurosos de consentimiento previo, libre e informado para las comunidades afectadas, ni antes, ni después del derrame.
• Riesgo de contaminación hacia fuentes de abastecimiento urbano en la capital: Omite el análisis de los impactos asociados a la resuspensión accidental de jales metálicos hacia el sistema de presas (El Molinito y Abelardo Rodríguez Luján) que abastecen a la región de Hermosillo. No tiene medidas de mitigación y/o adaptación ante posibles accidentes. El principio precautorio lo dejan en el cajón.
• Afectación crítica a la economía agrícola y ganadera: Ignora las repercusiones socioeconómicas directas sobre las actividades productivas locales, los cultivos de riego y el ganado en los valles de Ures y zonas ribereñas durante los frentes de excavación. Si bien, desde los 12 monos pensamos que esta economía debe mutar hacia la agroecología y la ganadería intensiva, este plan dejará graves impactos inmediatos en la economía local.

No hay planes de mitigación o adaptación que estén contemplando los impactos y costos de llevar a cabo un plan de remediación que tiene más pinta de un plan de mejoramiento del paisaje, ocultando así los impactos que se viven en la cuenca alta ¿Qué queremos decir con esto? Que al plan le faltan al menos cuatro puntos importantísimos para hablar de una verdadera remediación integral y que revisando lo que el propio gobierno pone a disposición, brillan por su ausencia.

Estos cuatro puntos mínimos para hablar de remediación ecosistémica integral son:

• Evaluación de Riesgo Ambiental y a la Salud Humana (ERASH): Carece de modelos dosimétricos y toxicológicos específicos para cuantificar el riesgo real de exposición crónica a arsénico, plomo, cadmio y otros metales en las poblaciones locales. Es decir se necesita tener mayor información de los riesgos de salud ambiental en la cuenca alta, que vayan más allá de la emergencia química del 2014 y respondan a necesidades históricas, actuales y del futuro.
• Pruebas de tratabilidad previas y validadas: el anexo técnico presupone un volumen masivo de 100,000 toneladas para estabilización/solidificación sin incluir los resultados de pruebas piloto de tratabilidad que garanticen la inmovilización geoquímica adecuada para los suelos específicos del Río Sonora. Es decir parten de supuestos que no tienen validez científica, ni respaldo para las acciones que se deben de llevar a cabo, dándole mucha libertad al licitador de llevar a cabo el plan de remediación con o nula información.
• Red de monitoreo post-remediación a largo plazo: Omite el diseño y operación de un programa de seguimiento hidrogeológico y superficial multianual para certificar la estabilidad de los contaminantes tras el cierre de las obras. Si 87 días para comenzar y terminar un plan de remediación son pocos, no planear una red de monitoreo deja al proyecto incompleto, de nuevo pensando que lo único que importa es la emergencia del 2014 y no todo un hilo histórico ecológico de la cuenca.

Hay que puntualizar que en el plazo de tiempo de tres meses aproximadamente, no es posible que el licitador/contratista logre caracterizar, delimitar, excavar, tratar mediante estabilización/solidificación, transportar, disponer y certificar un volumen de 100,000 toneladas de suelo y sedimentos repartidos en 5,945 hectáreas a lo largo de 288.8 kilómetros de cauces de ríos (Bacanuchi y Sonora), además de que mover, tratar y procesar un promedio de más de 1,140 toneladas diarias en terrenos de difícil acceso ribereño, bajo frentes de trabajo simultáneos y dependiendo de tiempos de laboratorio (que el propio anexo fija en hasta 15 o 20 días hábiles para los análisis de metales), hace que el cronograma colapse materialmente.

Ninguna ingeniería ambiental convencional puede movilizar y tratar esa escala con la precisión requerida en menos de tres meses.

Estamos ante la crónica de una fallida remediación, que si todo lo dicho anteriormente no fueran suficiente, se presentan factores hidrometeorológicos que obstaculizan aún más llevar a cabo al plan presentado. Hay que tener en cuenta que el fenómeno climático de El Niño está siendo histórico y que irá en aumento, además de que la cuenca del Río Sonora es una cuenca semiárida sujeta a avenidas pluviales repentinas, ejecutar una obra masiva de excavación de sedimentos sin un sistema robusto de desvío de corrientes e ingeniería hidrológica de protección expone a que cualquier evento meteorológico erosione, lave o re-disperse los materiales excavados y acopiados temporalmente, agravando el pasivo ambiental en lugar de remediarlo.

Más allá de la necesidad – que la hay – de un plan de remediación de la cuenca del Río Sonora, históricamente impactada por las actividades antropogénicas, principalmente la minera, la agroindustria y la ganadería extensiva, es importante revisar los aspectos más técnicos de esta licitación que parece tener mayor interés en capitalizar una problemática y legitimarla que actuar sobre ella.

Desde el autoexilio en los bosques de Klatch City

Profesos, traductor, escritor, exactivista, anarquista y panadero casero

JORGE TADEO VARGAS

Desde hace más de veinte años he buscado responder preguntas socioambientales desde una perspectiva ecosistémica; lo que quiero decir con esto es que mi forma de estudiar – participar – e intentar comprender el mundo, pasa más por la ecología que por las áreas de estudio de las ciencias sociales, de ahí que las problemáticas socioambientales las revise desde esa perspectiva, así como mi entendimiento a cómo las sociedades humanas se comportan con relación a sus entornos ecológicos.

Mi entendimiento de las dinámicas sociales siempre tiene un factor ecológico, por lo que no lo veo desde las formas tradicionales de estudio, sino desde cómo los ecosistemas son los espacios físicos que proteger por sobre cualquier otra acción, dinámica o proceso.

Esto lo hago a sabiendas de que los estudios ecológicos no solo – o no debería limitarse solo – se limitan a las plantas, los animales y el medio ambiente, sino que estudian procesos, sistemas mucho más complejos, donde entran una serie de dinámicas de balance, equilibrio, formas de actuar que nos llevan a hacer estudios complejos de la ecología y donde las actividades antropocéntricas  – tanto para bien, como para mal – son parte de ello y justo desde ahí es que tenemos que estudiar estas actividades, desde la ecología para comprender un poco más cómo es que afectan a todo un macrosistema ecológico.

Esto ha llevado a influir en mi forma de ver y comprender al mundo. Ser biólogo con un posgrado en ciencias sociales, trabajar con comunidades humanas con ciertos grados de contaminación ecosistémica, determina mi forma de pensar en los costos, los riesgos, la recuperación, remediación y/o reparación, así como en la historia y el tiempo. Siempre visto desde la ecología como la forma de estudio transversal a lo que hago.

En estos días donde mi trabajo como profesor de asignatura, pasa por intentar explicarles a estudiantes de diversas ingenierías como el modelo de producción-consumo actual es contradictorio y en el sentido inverso a la ecología y por lo tanto de alto costo para la naturaleza, además de que por cuestiones médicas necesito estar en el mayor reposo absoluto, me he puesto a reflexionar de qué forma podríamos intentar entender el mundo desde la ecología y los procesos ecosistémicos. 

Entenderlo tal vez no para cambiarlo, cosa harto complicada, lo sé, los últimos treinta años de mi vida he participado de forma activa en muchas resistencias socioambientales; pero si ver el mundo – o la realidad actual – desde otra perspectiva usando a la ecología como base desde donde podamos comprender un poco más a las sociedades, la economía, las relaciones entre nosotros y el entorno dentro de un futuro cada vez más incierto.

Desde aquí es que he elaborado una serie de punto a revisar:

·         La naturaleza tiene memoria: las plantas, los animales, los seres vivos en su ambiente prístino, actúan bajo las mismas lógicas que lo que lo hicieron sus antepasados. No han modificado – de forma natural – ninguno de sus comportamientos, exceptuando aquellos que les ayuda a evolucionar, que como sabemos esto es al azar. A esto se le conoce como memoria ecológica. El recuerdo que está inserto en lo que la biota se comporta en un ecosistema. Por otro lado, los seres humanos, nos olvidamos de una generación a otra, comportándonos de forma distinta. A esto se le conoce como el síndrome de las líneas cambiantes que se puede traducir en que cada generación acepta el mundo heredado por la anterior en las condiciones que nos las entregan, normalizando los daños e impactos que las generaciones pasadas han causado. Tener en cuenta que muchas de las problemáticas ecológicas actuales son producto de la mala gestión de generaciones pasadas, que desde la línea cambiante se normalizan y se hacen pocos cambios, viendo las historias de los abuelos desde una idea de No Ficción literaria.

·          La naturaleza se regula y se protege a sí misma: bajo un concepto que se llama efecto cartera, la naturaleza, desde la propia diversidad biológica que existe en un ecosistema se está protegiendo contra cualquier tipo de daño que pueda ocurrir, principalmente biológico – los antropocéntricos matan toda la biodiversidad para darle paso a la mono diversidad económica – incorporando acciones de respaldo ante cualquier emergencia – como inundaciones – que se conoce como redundancia funcional. Es básicamente mantener siempre el “stock” necesario de diversidad biológica que permita al ecosistema un balance y equilibrio en sus procesos.

·         Hablar de recuperación, de reparación o remediación como se hace en la actualidad es ir en sentido contrario del que va la naturaleza. Si cambiamos los procesos ecosistémicos estamos cambiando todo un espacio geográfico que no puede recuperarse. A esto se le conoce como histéresis —donde el camino hacia adelante es diferente al camino hacia atrás— nos recuerda que restaurar un sistema requiere más esfuerzo que el necesario para degradarlo. En resumen, romper las cosas suele ser más fácil que volver a unirlas.

·         Los ecosistemas son frágiles: la biota ha evolucionado para adaptarse a un lugar determinado, por lo que cualquier cambio afecta de forma radical en las dinámicas de los habitantes del ecosistema.  Si bien pueden adaptarse a los cambios, la rapidez con los que estos ocurren hoy en día es casi imposible que se adapten, por lo que estamos pasando por desajustes que se traducen con extinciones masivas imposibles de controlar, además de la pérdida de ecosistemas.

·         La historia importa. Y no me refiero a la historia de la humanidad, sino a la ecología a la que determina lo que somos como planeta y a dónde nos dirigimos. La historia importa porque las opciones disponibles hoy son producto de las decisiones y los acontecimientos que ocurrieron con anterioridad.

·         El pasado ya no predice el futuro. Esa idea de que conociendo el pasado podemos darnos una idea de lo que pasará en el futuro ya no es válida. Una suposición más segura en la gestión ambiental era que el futuro se parecería, en líneas generales, al pasado. Esa suposición ahora es errónea. No hay certeza porque los ecosistemas están siendo modificados a un paso imposible de predecir. Muchos modelos, políticas y objetivos de restauración basados ​​en esa premisa deben replantearse desde cero. Nos enfrentamos a nuevos problemas —nuevos tipos de problemas— y debemos empezar a tratarlos como tales.

·         Existe una conexión en todo el mundo. Los ecosistemas están conectados entre si, lo vemos con las cuencas y como una depende de la otra. Algunas poblaciones existen únicamente porque reciben el aporte de individuos procedentes de hábitats más productivos en otros lugares; lo que denominamos dinámica de metapoblación fuente-sumidero. Si se elimina la fuente, la población sumidero colapsa, aunque las condiciones locales permanezcan inalteradas. Lo que importa es la red de poblaciones que se extiende por todo el paisaje, no solo una. El éxito de un ecosistema depende del éxito del ecosistema en su conjunto y de las conexiones entre sus partes.

Concluyendo: con este breve repaso de algunos punto, ideas, apuntes sobre el cómo la naturaleza, el mundo se comporta, podemos ver que los seres humanos estamos yendo en el sentido inverso a ello, por lo tanto, hemos puesto en jaque al mundo en todo su conjunto y si bien, quienes estamos más conscientes de ello, somos la especie que lo provoca, entonces es necesario reconocer nuestros error y enmendar el camino desde los ejes que rigen el comportamiento de la naturaleza desde que el mundo es mundo.

Desde el autoexilio en los bosques de Klatch City

Profesor, traductor, escritor, exactivista, anarquista y panadero.

Imagen tomada de: https://www.facebook.com/explorandoconmanuel

Con información del ejército de los 12 monos

POR JORGE TADEO VARGAS

Una de las problemáticas más comunes en la actualidad, en muchas ciudades del mundo y en México particular, es lo que se conoce como crisis hídrica que en muchos lugares ya alcanzó niveles de tandeo, es decir suministrar agua a la población en determinadas horas, días e incluso semanas, lo que ha llevado a que los ciudadanxs hayan terminado por normalizar vivir de esta manera y no cuestionan – más allá de la infraestructura – las verdaderas razones para que se les suministre agua por tiempos. Mucho menos cuestionan las causas de este estrés hídrico.

Poniendo de ejemplo la ciudad de Hermosillo, Sonora donde las últimas semanas se ido agudizando el tandeo, incluso con colonias y barrios sin agua por semanas, se ha llegado a cuestionar especialmente a las autoridades municipales y al organismo operador de agua potable y alcantarillado, esto pues, en el entendido – y que lleva mucho de verdad – que la red hidráulica que suministra agua a la ciudad es insuficiente, además que el porcentaje de pérdida por fugas supera el sesenta por ciento. Aunque esta situación no es nueva y este organismo ha operado – y así operan la mayoría en el país – con altos porcentajes de pérdidas al menos en los últimos veinte años, lo que nos habla de que la forma en que se distribuye el agua no es sostenible, mucho menos sustentable.

Es claro decir que el organismo operador es la causa/razón o el indicador a tomar en cuenta, es quedarse corto, no es la única causa y hay que ver diversos factores para tratar de encontrar una solución de raíz a la problemática y trasvasar agua de otra cuenca mediante un acueducto no es la mejor forma de buscar solucionarla, pues se crea una dependencia de los flujos hídricos de una cuenca externa, además de todos los otros problemas que se puedan acumular en el propio trasvase – como tener daños en el acueducto por ejemplo – y que se resienten en la ciudad que recibe esta agua, en este caso, en Hermosillo.

Aquí, con el acueducto tenemos una solución de final de tubería que ya se cuestionó cuando fue propuesta como parte del Plan Sonora SI en la administración estatal de Guillermo Padres. Al final lo que tenemos es una externalización del estrés hídrico a otra cuenca – en este caso la del Río Yaqui – que ya comienza a vivir sus propias problemáticas con respecto a la disponibilidad de agua, tanto verde como azul.

Antes de escribir sobre las alternativas y/o estrategias que podrían funcionar para recuperar la cuenca, me gustaría dar un par de datos, de dos instituciones que si bien se quedan en lo que podría ser políticamente posible, son muy clarificadores para entender lo que se está viviendo en la capital de Sonora, en pleno desierto, un ecosistema de lo más delicado al momento de pensar en sus ecosistemas de cuenca y el cómo manejarlos.

En el 2015, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC), en el informe publicado ese año hace mención que el noroeste de México, principalmente el estado de Sonora, con énfasis a la cuenca del Río Sonora, tendrá el cenit de su estrés hídrico en el 2030, alcanzando una falta de agua azul de más del sesenta por ciento, es decir, la mala gestión que se ha hecho del agua verde – cuencas – dejaría con una disponibilidad de agua para las actividades humanas del cuarenta por ciento del que se tenía en ese año – 2012 -. Este informe, que es público, que lo puede consultar cualquier persona y que en tiempos de crisis climática debería ser el eje rector de muchas políticas públicas con perspectiva socioambiental, pasó de noche para el gobierno en los tres niveles, con los resultados que ya todos conocemos. A cuatro años de alcanzar el deadline que da el IPCC, no hay una verdadera política de recuperación de la cuenca encaminada a estabilizar el agua verde y garantizar el agua azul.

Para el 2018, la Comisión Mundial de Represas publicó un reporte donde se menciona que para los ecosistemas áridos y semiáridos, así como aquellos que tengan un nivel de explotación mayor al cincuenta por ciento de sus acuíferos, no sólo no se deben de proyectar la construcción de más presas de ningún tipo – hidroeléctricas, de abastecimiento, control de avenidas, etc. – además que se debe de ir proyectando la eliminación de las ya existentes, con el propósito de recuperar el cauce del río, para reparar los ciclos del agua afectados e ir recuperando todo el ecosistema, desde los sistemas riparios, de corredor, el propio caudal de los ríos y todo aquello que mantiene la dinámica de este macro ecosistema funcionando de forma correcta. 

Aquí vemos, con estos dos datos que las políticas hidráulicas – no hídricas – que el gobierno en sus tres niveles ha venido promoviendo como solución, no sólo no son los correctos, sino que de continuar con esa tendencia, los riesgos de disponibilidad de agua paras las actividades humanas seguirán en aumento entrando en un momento civilizatorio histórico, el cual es muy complicado proyectar de hacia dónde se dirige, pero lo que se vive actualmente es poco alentador como indicador de lo que sigue.

Ahora bien, las noticias pueden ser un tanto pesimistas, pero si existen alternativas que aunque pueden leerse un tanto radicales – el propio sistema es radical cuando se habla de acción que atentan contra la naturaleza y las comunidades más vulneradas – no son más que medidas o estrategias que deben de ponerse en marcha o de lo contrario no hay como resolver la crisis hídrica, claramente sus políticas hidráulicas no han funcionado, es momento de pensar en otras acciones más allá de la tecnología.

Primero: hay que entender, especialmente y con mucho énfasis los tomadores de decisiones, que para mantener el flujo de agua azul, se debe garantizar un flujo equilibrado y constante de agua verde, lo que solo se puede lograr con un ecosistema saludable, equilibrado en todas sus dinámicas y todos los factores bióticos y abióticos que lo componen. Es imposible garantizar agua para las actividades humanas si la cuenca está dañada, tiene que haber un equilibrio que primero garantice la salud del ecosistema y así tenemos garantizada el agua para las comunidades humanas.

Segundo: es una realidad que la infraestructura hidráulica utilizada para proveer de agua a los habitantes de una ciudad, está en crisis y es más que claro que ya no funciona. La tecnología de entubar el agua para darle cauce es obsoleta, por lo tanto hay que buscar otras formas de recuperar las cuencas urbanas y así, desde la hidrología regenerativa y los sistemas de Keyline, mismo que parten de diseñar las ciudades desde el reconocimiento del ecosistema son una guía que nos va a permitir que el agua llegue a todxs los habitantes con la menor merma posible, de hecho no hay merma cuando se habla de un ecosistema sano, lo que se puede recuperar, recuperando los ríos urbanos. Esto implica modificar el organismo operador de agua potable y alcantarillado, pero a mediano plazo se puede recuperar hasta los ciclos del agua, aumentando las precipitaciones y disminuyendo los riesgos de inundaciones.

Tercero: este punto es el más importante, porque se trata de recuperar algo que hemos perdido con la llegada de la modernidad y el encementar las ciudades, represar los ríos y otras acciones de este modelo/sistema y tiene que ver con la visión de cuenca, pero no como un discurso vacío, demagógico como el que dan actualmente, sino como una acción real de recuperación y reparación de todo el ecosistema, por lo que es importante comenzar a trabajar en estrategias que nos lleven a recuperar el pequeño ciclo del agua, mediante la hidrología regenerativa, la pro-forestación – ya basta de ver la recuperación de los bosques desde la lógica mercantil – una verdadera transición justa que nos lleve de la agroindustria a la agroecología, prohibir actividades extractivas – como la minería, el fracking, etc. – priorizando el paisaje sobre las políticas hidráulicas y sobre todo entender que el balance, el equilibrio entre la salud ambiental de la cuenca y el uso del agua para actividades humanas siempre debe de prevalecer. Una cuenca que da más del noventa por ciento de su agua verde para que haya agua azul está condenada a desaparecer.

Históricamente hemos priorizado una visión antropocéntrica cuando se trata del manejo del agua, así en abstracto, agua y no ríos o cuencas, es como se piensa cuando se habla de ello y así es que venimos desarrollando la tecnología hidráulica. Esta ha sido la tendencia histórica, más allá de modelos económicos, políticos y de producción-consumo.

Esta visión ha venido agravando los daños a la cuenca, que actualmente se traduce en una crisis hídrica sin precedentes y no solo se refleja en el agua, vivimos una crisis socioecológica que si bien los ríos son los más afectados – necesitamos agua para todas nuestras actividades, incluido vivir – por lo que es importantísimo cambiar no solo la forma en que nos relacionamos con el agua, sino con todo el ecosistema, esto es vital para nuestra supervivencia más allá de modelos socio-económicos y políticos. Es un acto de recuperar nuestra relación con los ríos y todo lo que ellos significan en nuestras vidas.

Desde el autoexilio en los bosques de Klatch City

Profesor, escritor, traductor, exactivista, anarquista y panadero casero.

Foto principal: Río Sonora, Cañada Mazocahui/Libera Radio

POR JORGE TADEO VARGAS

Hace unos años me tocó ir a una charla que dio Mario Molina (+) en el senado, donde hablaba sobre cambio climático y transición energética, donde su perspectiva es la de muchos investigadores: las renovables aún están en pañales, por lo tanto los combustibles fósiles deben de verse como parte de esta transición y aquí el gas natural es el caballo de batalla de estos investigadores, además de muchos gobiernos que como es el caso del gobierno mexicano actual, quieren convencer a la ciudadanía de que este energético no solo es limpio, sino que nos puede dar la tan cacareada soberanía energética de la que se viene  hablando en estas dos administraciones federal con MORENA y los chiqui-partidos controlando las políticas públicas en el país.

No me voy a detener a hablar de lo absurdo de su soberanía energética y el como sus propias acciones las contradicen. Esto es algo de lo que ya se ha hablado. En esta columna quiero hablar del fraude del gas natural como el camino hacia la transición energética y el como por décadas nos han venido vendiendo una idea, una mentira que por fin salió a la luz.

En un reciente informe publicado por el Center of Climate Integry, titulado The Fraud of “Clean” Natural Gas, muestran una investigación que documenta cincuenta años de estrategias elaboradas por la industria del petróleo y el gas para posicionar el gas natural como un combustible limpio y de transición. Estrategias que involucran entre otras cosas, gastarse millones de dólares en medios, investigadores y ONGs para asegurar que este discurso fuera aceptado como una verdad absoluta, haciendo que muchos gobiernos apostaran por este combustible, lo que ha generado impactos socio-ecológicos en muchos ecosistemas y territorios.

Más allá de eso hay que mencionar que el gas natural tiene en el metano el principal componente, un gas que desde la década de los sesenta se sabía del impacto en la atmósfera. Documentos internos revelan que corporaciones como Shell (1966) y el American Petroleum Institute (1968) ya sabían que las fugas de metano de sus campos petroleros eran masivas y que este gas tenía un impacto de calentamiento global muy superior al dióxido de carbono. Estos datos, la industria decidió ocultarlos y construir una narrativa que iba en dirección contraria de lo que la ciencia estaba observando con respecto a los daños del metano, llevando a que en la década de los setenta, organizaciones como la American Gas Association y la agencia de publicidad J Walter Thompsonm armaran toda una campaña para vender la idea de que este combustible no solo era la mejor opción para la transición energética, sino que es amigable con los ecosistemas, el medio ambiente y las comunidades. Promovieron el gas como el “puente” ideal hacia un futuro renovable, invisibilizando el impacto de su producción, transporte y fugas.

Una vez que la maquinaria mediática comenzó a trabajar a favor del fraude, se tenía que dar un “respaldo científico” fue así que crearon centros de investigación como el Gas Research Institute para generar estudios con apariencia de objetividad científica, citando selectivamente a investigadores para contrarrestar la evidencia sobre el calentamiento global, con esto presionaron y colaboraron estrechamente con reguladores (como la EPA en EE. UU.), aprovechando la falta de recursos técnicos independientes de las agencias para evitar normativas sobre emisiones de metano. En México y gran parte de Latinoamérica, el Centro Mario Molina es quien más ha trabajado para ocultar la verdad de este fraude, incluso apoyando prácticas como la fractura hidráulica, que ha llevado a que se cree un discurso donde no solo se dice que el gas natural es un buen combustible de transición, sino que la fractura hidráulica es un procedimiento sustentable y amigable con los territorios y los ecosistemas.

Este reporte deja muy clara la inversión millonaria que ha hecho la industria del petróleo y el gas para ocultar las verdades del impacto y el riesgo que se genera con el gas natural, inversión que no solo se ha usado para crear una campaña mediática, sino que ha pagado a investigadores, ONGs, activistas para que sean ellos los principales cabilderos de esta idea de transición energética basada en el gas natural. Saca a la luz cincuenta años de fraudes que si los comparamos con la realidad que estamos viviendo con una crisis climática histórica, lo único que nos deja en claro es que este retraso en políticas globales para frenar la crisis siempre ha tenido en la propia industria al principal enemigo, lamentablemente es la industria quien se ha encargado de callar las voces disidentes.

La importancia de este informe para México es que en la actualidad con la cantidad de proyectos que se tienen planeados para aumentar el uso de gas natural bajo el pretexto de combustible de transición, de soberanía energética, los riesgos de seguir contribuyendo a las injusticias climáticas y ecológicas van en aumento. Los datos del informe son claros y de ser ignorados por el gobierno federal, específicamente por la SENER y la SEMARNAT los convierten en cómplices del colapso que tenemos enfrente.

Me gustaría pensar que este reporte servirá para que las comunidades en resistencia echen abajo los proyectos relacionados con el gas natural, lamentablemente, la industria hará lo imposible por continuar con su campaña de que el gas natural es lo mejor que nos pudo haber pasado.

Desde el autoexilio en los bosques de Klatch City

Profesor, traductor, escritor, exactivista, anarquista y panadero.

POR JORGE TADEO VARGAS

En diciembre del 2025, 287 científicos multidisciplinarios de 82 países y con la contribución de más de 800 revisores, se dieron a la tarea de trabajar en la séptima edición de El informe Perspectivas del Medio Ambiente Mundial, Séptima Edición: Un Futuro Que Elegimos, donde dan una serie de datos que son importantes revisar.

Por ejemplo, el informe dice que el cambio climático podría reducir un 4% el PIB global anual en 2050, y hasta un 20% a finales de siglo. Desde la perspectiva económica esto es importante a tener en cuenta para las actividades productivas que realiza cualquier país.

Otros datos para considerar son: Los fenómenos meteorológicos extremos de los últimos 20 años dejaron una factura estimada de 143,000 millones de dólares anuales; la contaminación del aire, por su parte, provocó en 2019 daños sanitarios valorados en 8.1 billones de dólares, el 6.1% del PIB mundial. 

Y ni hablar de la tierra: entre el 20% y el 40% del suelo global está degradado, afectando a más de 3,000 millones de personas. La crisis de la biodiversidad también es grave, con una de cada ocho especies de mamíferos amenazada de extinción. 

Este es el panorama si optamos por mantener este modelo de producción-consumo. Cabe mencionar que, a la fecha, ninguna acción de final de tubería a funcionado para al menos ralentizar esta problemática.

Pero aunque lo parezca el informe no es una lista de tragedias, sino que intenta manejar una serie de alternativas que van más allá de salvarnos del colapso, sino convertir esta crisis socio-ecológica en una oportunidad de fortalecer el sistema. 

El reporte nos dice que Invertir en un clima estable, una naturaleza y unos suelos saludables, y un planeta libre de contaminación puede generar beneficios macroeconómicos que alcanzarían los veinte billones de dólares anuales a partir de 2070. 

Y no solo eso: para 2050, se podrían evitar nueve millones de muertes prematuras, sacar de la malnutrición a casi docientos millones de personas y sacar de la pobreza extrema a más de cien millones.

Para lograrlo, se necesitan enfoques integrales de toda la sociedad y de todo el gobierno que transformen los sistemas de economía y finanzas, materiales y residuos, energía, alimentación y medio ambiente. 

Ello requiere una inversión anual de unos 8 billones de dólares hasta 2050, una cifra que palidece ante el costo de la inacción.

Básicamente lo que este informe nos dice es que, o comenzamos a invertir en recuperar los ecosistemas que se han perdido, dejar de contaminar o el colapso que estamos viviendo se agravará aun más y aquí es donde entro en contradicción con el informe. 

Es claro que se necesita invertir más en proyectos de restauración, de reparación y remediación de ecosistemas dañados, incluso tomando en cuenta las cifras que manejan en el reporte State of Finance for Nature 2026 la situación es complicada.

Recordemos que este informe, también elaborado por el PNUMA, dice que por cada dólar que se gasta en cuidar la naturaleza, treinta se gastan en proyectos extractivos y contaminantes, entonces esto no se trata solo de dinero, sino también de un cambio radical de sistema, basado en otras formas de relacionarnos entre nosotros y los ecosistemas.

El informe Perspectivas del Medio Ambiente Mundial, Séptima Edición: Un Futuro Que Elegimos asegura que si a nivel global se invierte en programas de cuidado de la naturaleza – iniciando en el 2027 – para el 2070 esto generaría una ganancia de veinte billones anuales, entre muchas otras virtudes ya mencionadas.

Lo que no explica es como hacerlo sin modificar el modelo de producción-consumo, peor aún dejando fuera las soluciones de finales de tubería que solo maquillan de verde proyectos de extracción y zonas de sacrificio. 

Ejemplos de esto los tenemos en los proyectos actuales de Basura Cero y sus parques de economía circular, planes de restauración de cuencas – plantas tratadoras de agua incluidas – y muchos otros que solo contribuyen a maquillar la explotación de los ecosistemas y las comunidades humanas vulneradas.

El culpable del colapso socio-ecológico es claro: se llama sistema de clases y tiene al capitalismo tardío como su máxima expresión en esta mutación hacia un tecnofeudalismo que estamos viviendo.

Por tanto, estos informes se quedan como un ejemplo de lo que sabemos y lo que deberíamos de estar haciendo y esto es precisamente ir en la dirección contraria, mucho más cercanos al cooperativismo, el comunalismo, el apoyo mutuo y no a mantener esta idea de unos sobre otros, con la naturaleza siempre pagando el alto precio de lo que ellos llaman progreso y desarrollo.

Desde el autoexilio en los bosques de Klatch City

Profesor, escritor, traductor, exactivista y panadero

POR: JORGE TADEO VARGAS

Esta semana el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) presentó su informe State of Finance for Nature 2026, y el diagnóstico es desolador: mientras el mundo invierte 220,000 millones de dólares anuales en soluciones basadas en la naturaleza, la maquinaria económica global destina 7.3 billones a actividades que la destruye.

Básicamente lo que dice este reporte es que por cada treinta dólares que el modelo de producción-consumo invierte en mantenerse funcionando, se invierte un dólar en buscar soluciones para maquillarse de verde so pretexto de salvarnos.

Estamos ante una guerra, un genocidio ambiental donde la naturaleza y las poblaciones humanas más vulneradas están pagando los costos de esta. Vivimos en una injusticia socioambiental. Que lo diga el PNUMA lo hace aún más preocupante, pues seguramente sin el maquillaje de lo políticamente posible, el escenario es mucho más catastrófico.

Veamos las cifras desde la estadística y la matemática: El informe desglosa esta cifra con claridad: 2.4 billones en subvenciones públicas ambientalmente dañinas —combustibles fósiles (1.13 billones), agricultura industrial (0.41) y agua (0.40)— y 4.9 billones de capital privado canalizado hacia sectores como servicios públicos, industria, energía y materiales básicos.

Es el mismo capital que luego se lava la cara con bonos verdes y fondos de biodiversidad, mientras sigue financiando la extinción. La hipocresía alcanza cuotas grotescas cuando el informe revela que las inversiones privadas en soluciones basadas en la naturaleza apenas alcanzan los 23,400 millones, el 11% del total.

El grueso lo pone el dinero público, 190,000 millones en gasto doméstico y 6,800 en ayuda internacional. Los datos del informe muestran que, hasta ahora, el mercado privado tiene un papel marginal en estas inversiones.

Pero el PNUMA no se limita a constatar el desastre. Propone un marco para lo que denomina el Gran Giro hacia la Naturaleza (Big Nature Turnaround). La Curva de Transición de la Naturaleza es su hoja de ruta: un doble movimiento de fases —eliminar progresivamente las finanzas negativas para la naturaleza mientras se amplían las inversiones en soluciones basadas en ecosistemas. Suena bien sobre el papel, pero choca con el muro de los grandes intereses creados. Las grandes corporaciones no pueden apostar por cambiar el modelo, eso significa un cambio de sistema, lo cual no están dispuestos a hacer.

El informe advierte que, para cumplir los objetivos de los Convenios de Río y los Acuerdos de París,  la inversión en soluciones basadas en la naturaleza debe aumentar más de dos veces y media hasta 2030, hasta los 571,000 millones de dólares, esto a la par de la reducción en el gasto del modelo extractivo, es decir debe ser un movimiento de dos bandas, por un lado el crecimiento de soluciones reales a las problemáticas socioambientales y ecológicas y por el otro una reducción del gasto/inversión del modelo de producción-consumo, piedra angular de todas las problemáticas, es decir, hay que desmontar el motor del capitalismo extractivista y reconstruirlo sobre bases ecológicas. Una tarea colosal que exige liderazgo político determinado, reformas fiscales y, sobre todo, una valentía que escasea en las cúpulas del poder o sencillamente no escasea, sino que los gobiernos, especialmente en el Sur Global, región que pone la mayor cantidad de daños, son cómplices del deterioro y el maquillaje verde.

En México uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, el gasto público para proyectos basados en la naturaleza apenas alcanza el veinte por ciento, una cantidad irrisoria para las problemáticas socioambientales a las que nos enfrentamos, al contrario de los proyectos extractivistas y privatizadores, donde el gasto público y la inversión privada es considerablemente mayor, solo hay que sacar la cuenta, por cada dólar que se invierte en proyectos basados en la naturaleza, treinta se invierten en proyectos extractivos, hay que mencionar que más del noventa por ciento de los proyectos basados en naturaleza, sólo lo son de maquillaje, es decir que a largo plazo mutan a proyectos que ponen en riesgo ecosistemas enteros.

Las subvenciones a combustibles fósiles (7,500 millones) y agricultura (2,500) superan con creces esa cifra. La conclusión es implacable: sin reforma de los subsidios, sin eliminación de los incentivos perversos, cualquier inversión verde es un parche mediocre en un barco que se hunde.

El informe termina con una pregunta incómoda: ¿qué sociedad queremos construir? Si seguimos en esta ruta, el colapso ecológico no es si va a pasar, es cuándo. El tiempo se acaba y los números no mienten, más que contestar la pregunta que nos deja el PNUMA como reflexión, seria importante entender que nos estamos enfrentando a un colapso que puede cambiar la geopolítica global y eso ya se convierte en un problema mayor que afectará el cómo se relacionan los países entre ellos; sin embargo el problema mayor al que nos enfrentamos es al cambio radical de la naturaleza, la pérdida de ecosistemas, extinción masiva de biodiversidad, nuevos límites planetarios, es decir un cambio en las dinámicas poblacionales, en los factores bióticos y abióticos que no han ocurrido nunca en la historia de la humanidad y presentan retos que es muy difícil que podemos sobrellevarlo. Ni la tecnología, ni el regreso al feudalismo nos preparan para lo que se viene de continuar perpetuando un modelo de producción-consumo y un sistema de clases que solo busca el beneficio de unos cuantos, poniendo en jaque a la naturaleza y las comunidades humanas más vulneradas.

Desde el autoexilio en los bosques de Klatch City

Jorge Tadeo Vargas es profesor, traductor, escritor, exactivista, anarquista y panadero casero.

POR JORGE TADEO VARGAS

En el 2005, la empresa El Paso Energía (a través de su filial Sonora Pacific México) presentó un proyecto con el que por un lado se pretendía construir una planta regasificadora para recibir gas natural licuado (GNL) transportado por barco, y un gasoducto de más de 500 kilómetros para surtir combustible a estados del noroeste de México y exportar una parte a Arizona, Estados Unidos. Este proyecto estaba pensado para realizarse en la comunidad de Puerto Libertad, Sonora, dentro del Golfo de California y el cual podría afectar de manera considerable este ecosistema,

Ese año, me tocó participar en la resistencia desde la Red Fronteriza de Salud y Ambiente. Participamos en las dos consultas públicas – las que por ley debe hacer SEMARNAT y no las que hace ahora de votación a ver quienes quieren o no algún proyecto – por lo que al equipo de la RFSA nos tocó leer la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y movernos hasta la comunidad para hacer nuestras observaciones. Sin presumir, dejamos muy mal parado el proyecto, luego se sumó la que se hizo en Hermosillo para ver lo del gasoducto, donde hubo mayor participación – incluida el pueblo yaqui – y en pocos meses de resistencia se logró detener este proyecto. La razón y la ley estaban de nuestra parte.

En el 2018, la empresa Mexico Pacific Limited, presenta ante SEMARNAT la Manifestación de Impacto Ambiental para el proyecto Saguaro Energía GNL que tiene como objetivo construcción de una planta de licuefacción de gas natural licuado (GNL) en Puerto Libertad, Sonora, así como un gasoducto de aproximadamente 800 kilómetros que transportará gas natural desde la Cuenca Pérmica en Texas (Estados Unidos) cruzando Chihuahua y Sonora, con el objetivo final de exportarlo hacia los mercados de Asia, aunque cambian un poco los objetivos el proyecto es muy similar.

En el 2022 el proyecto se presenta oficialmente y comienza con todo el proceso de construcción de la planta; no es sino hasta tres años después de que la resistencia comunitaria cobra fuerza, incluso con una demanda histórica de la colectiva Nuestro Futuro que pretende impugnar los permisos otorgados. En este momento se libra una resistencia que deja claro que no hubo un proceso transparente en la aprobación de este proyecto.

Si bien se reconoce, incluso por parte de algunos funcionarios del gobierno en sus tres niveles los impactos negativos que este proyecto va a dejar en el Golfo de California, incluso con una orden de la Suprema Corte de detener todo el proyecto, este sigue avanzando al menos en la construcción de la planta y del gasoducto, del cual incluso en el 2024 se obtuvieron los permisos transfronterizos, esto por medio de la empresa Saguaro Connector Pipeline. Es decir que a pesar de todo el proyecto sigue caminando.

Ahora, ¿cuáles serían los impactos de un proyecto de este tamaño en una región que de entrada es de alto riesgo por sus propias características ecosistémicas? En términos biológicos se pone en riesgo a toda la fauna marina, con la entrada de los grandes buques para transportar el gas, siendo las nueves especies de cetáceos las que corren un mayor riesgo, por su tamaño y porque entrarían en competencia desleal con los grandes buques en el recorrido marino, en el tema de sonido y lumínicos también se corren riesgos; el ruido submarino de baja frecuencia generado por los motores de los grandes cargueros altera los sistemas de ecolocalización, comunicación y rutas de migración de los mamíferos marinos, provocando desorientación y estrés crónico en las especies endémicas.

En aspectos socioeconómicos relacionados con el ecosistema, la pesca tradicional ya afectada por el turismo de sol y playa cercano se vería muy afectada pues – de nuevo – hay una competencia desleal con la entrada de este proyecto.

Saguaro Energía GNL, aunque es con capital privado, forma parte de todo este discurso de soberanía energética que se viene manejando desde la administración federal pasada y para lo cual el gobierno intenta hacer circo, maroma y teatro para ocultar los impactos negativos del proyecto.

Aunque la resistencia está dando resultados parciales, donde se ha obligado – de forma legal – a que algunas partes del proyecto pasen por una buena revisión, me permito este espacio para poner en la mesa, esa parte del gobierno de jugar con la ley de forma bastante cínica. Estos proyectos deben de ser anunciados desde la presentación de la MIA y no solo subir el documento a la gaceta ecológica y esperar que alguien la revise, pues de esta forma se podría informar a las poblaciones afectadas y que estos conozcan todas las implicaciones de algo de tanta magnitud como una regasificadora o planta de licuefacción y gasoductos.

En un poco más de veinte años se han propuesto dos proyectos similares en la región, específicamente en Puerto Libertad,  esto sin contar la propuesta de regasificadora de la empresa Sempra en Ensenada en el 2004, la cual también se logró detener, pero que deja muy claro que el Golfo de California es estratégico para este tipo de plantas, por lo que no basta con que el Proyecto Saguaro se detenga, hay que buscar los mecanismos de que el Mar de Cortéz sea considerado en su totalidad, no como una Área Natural Protegida, sino como un santuario donde las actividades antropogénicas tengan regulaciones más estrictas, donde no se permitan proyectos que pongan en riesgo los ecosistemas y el patrimonio biocultural de toda la región.

Desde el autoexilio en los bosques de Klatch City

Profesor, traductor, escritor, exactivista, anarquista y panadero.

Con información del Ejército de los 12 Monos

POR JORGE TADEO VARGAS

Mientras que la resistencia en Topolobampo, Sinaloa contra la planta de Amoniaco (NH3), propuesta por la empresa de origen alemán Proman por medio de su filial Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) se mantiene con amplia – y justa – difusión mediática, en el estado de Durango, específicamente en el municipio de Lerdo, se autorizó la construcción de una planta productora de Urea (CO (NH 2) 2), lo que generará grandes impactos socio-ecológicos en la región.

Esta planta está proyectada para ser la mayor productora de Urea en Latinoamérica, produciendo más de un millón de toneladas de este compuesto químico al año, lo cual la convierte en un proyecto de riesgo mayor, no sólo en términos de utilización de bienes estratégicos tanto para las poblaciones humanas como para la cuenca del Río Nazas, sino también por el riesgo de emergencias químicas que podrían causar daños a más de cuarenta y cinco kilómetros cuadrados a su alrededor. Ese es su radio de impacto ante una emergencia química.

El pasado domingo catorce de junio, las comunidades que serán afectadas por la construcción de esta planta salieron a manifestarse con una sola consigna: la cancelación del proyecto por los graves impactos que causará en la región, misma que tiene una relación directa con el área natural protegida del Cañon de Fernández, que es sitio RAMSAR y por lo tanto tiene doble protección, la cual implica que debe haber un círculo de varios kilómetros cuadrados en los cuales las actividades industriales y extractivas no deben de llevarse a cabo.

Ante esta situación, desde el Ejército de los 12 Monos hicimos un rápido análisis de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), para sacar los vacíos que tiene este proyecto y las mentiras que tanto el gobierno en sus tres niveles y la empresa promovente han dicho con respecto a los riesgos.

La primera de estas mentiras se refiere a lo que han repetido hasta el cansancio, dada la influencia mediática del proyecto en la Bahía de Ohuira y se relaciona con la producción del Amoniaco. Su argumento de que no es una planta de producción de amoniaco no se sostiene, pues, este compuesto químico es el principal insumo para la producción de Urea, por lo tanto, incluso si la planta no fuera a producir amoniaco, como lo han declarado, lo necesitan, así que o lo transportan – lo cual aumenta el riesgo de emergencias químicas serias – desde una planta productora o para eficientar la producción, se produce en el sitio, lo cual la propia MIA reconoce que van a hacer ¿Cuál es el impacto con esto, que es lo que implica? Primero es que el aumento del uso del agua es mayor. Son dos procesos de producción – amoniaco y urea –. Segundo, los riesgos de emergencias químicas de carácter socio-ecológico se disparan. Ante un derrame, la posibilidad del efecto dominó aumenta, por lo que se tendría una emergencia que involucra a ambos compuestos de gran impacto.

Ahora bien, desde una revisión a la Manifestación de Impacto Ambiental veamos las razones por las que este proyecto tuvo que haber sido suspendido:

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en sus artículos. 28 y 30; además en su Reglamento en materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA), en su artículo 11, es muy clara que cualquier proyecto petroquímico con las magnitudes que presenta FERMACHEM, no puede ser presentado en modalidad de MIA particular, sino esta entra en la categoría de MIA Regional ya que genera impactos regionales acumulativos sobre acuíferos sobreexplotados y redes viales interestatales. Al presentarse de forma aislada, incurre en la fragmentación de impactos (segmentar un megaproyecto para ocultar su huella real). Debió evaluarse bajo una MIA Regional (MIA-R), ya que afecta de manera directa a la cuenca hidrológica compartida de la Comarca Lagunera y zonas de influencia que trascienden el predio rústico de 153 hectáreas.

Por otro lado en la parte de la Crítica en la Evaluación de Riesgo (ERA vs. QRA), el documento menciona que el Estudio de Riesgo Ambiental (ERA) se incluye de forma cualitativa o mediante un Análisis Cuantitativo de Riesgos (QRA) compacto dentro del Capítulo V.

El amoniaco es una sustancia altamente tóxica e inflamable con un umbral de reporte sumamente bajo – este compuesto está presente en todo el proceso de producción de la Urea, más allá de si se va a producir o no en el sitio -. Integrar el análisis de riesgo como un simple apartado o apéndice de una MIA Particular, en lugar de presentar un Estudio de Riesgo Ambiental de Nivel 3 (por producción y almacenamiento a gran escala) debidamente vinculado a Programas para la Prevención de Accidentes (PPA), incumple los lineamientos de la Dirección General de Gestión de Calidad del Aire y RETC de la SEMARNAT. De nuevo estas son omisiones que deberían de revisarse antes de aprobar el proyecto y no se hizo.

Aunque me parece que esto ya se corrigió – si no se ha hecho es una violación directa a la ley agraria – es importante que el proyecto se aprobó desde una situación incierta con respecto al derecho de la tierra. La MIA es clara cuando admite que el terreno rústico cerca de la comunidad de La Loma era de origen ejidal y que “se ha privatizado antes de la presentación o está en proceso de privatizarse a medida que se presenta esta MIA”.

Ingresar un procedimiento de evaluación de impacto ambiental con una condición jurídica de propiedad “en proceso” es una violación procedimental. El promovente debe acreditar la propiedad o posesión legal definitiva del predio al momento de la solicitud. Si el proceso de adopción del dominio pleno ejidal no estaba inscrito ante el Registro Agrario Nacional (RAN), el trámite carece de validez de inicio.

De ahí revisamos el tema de uso de suelo que presenta un vacío con respecto a Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), en sus artículos 93 y 94; además de los artículos de la LGEEPA 28, Fracción VII. Aquí el promovente  describe lo siguiente: “es un terreno rústico de agostadero sin uso actual”, el área de Lerdo y el poblado de La Loma presentan vegetación de matorral xerófilo (micrófilo y megatilo) y mezquitales. La remoción de esta vegetación para desplantar 59 hectáreas de infraestructura permanente constituye legalmente un Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales. El promovente intenta evadir el trámite unificado (MIA + CUSTF) o argumentar que es suelo puramente agrícola/rústico, lo cual invalida la caracterización real de la línea base biótica.

Esta revisión rápida del documento más importante para aprobar cualquier proyecto da una claridad de la ilegalidad con la que se aprobó. No hay argumentos suficientes para que esta MIA fuera aprobada, mucho menos se pusiera la primera piedra. En términos legales estrictos, a lo menos se tuvo que aprobar con observaciones, algo que no se hizo, además de ignorar por completo el principio precautorio básico para proyectos considerados como riesgos de emergencias químicas.

Ahora bien, hablemos de los impactos socio-ecológicos y ambientales:

• ·       La producción de amoniaco y urea mediante el reformado de gas natural es un proceso altamente intensivo en el uso de agua (torres de enfriamiento, vapor de proceso, sistemas de lavado). El proyecto se localiza en la Comarca Lagunera, una de las regiones con mayor estrés hídrico de México, donde el Acuífero Principal de la Región Lagunera sufre una severa sobreexplotación crónica y problemas de concentración de arsénico. En esto la propia MIA incurre en una serie de omisiones como no presentar un balance hídrico riguroso de largo plazo (para los más de 40 años de vida útil proyectados) ni define con claridad la fuente de abastecimiento (¿extracción de pozos profundos, derechos de agua agrícola comprados al ejido, o agua residual tratada?). No evalúa el impacto sinérgico de restarle volumen a la recarga de la cuenca. Hay que recordar que el balance hídrico nos sirve para saber cuánta agua azul podemos usar con respecto al agua verde, si hay un desequilibrio el proyecto en cuestión debe ser rechazado. Algo que claramente ocurre aquí, incluso considerando en que sólo se usará agua tratada. Una cuenca sobreexplotada necesita recuperar su agua.
• ·       Por otro lado, el riesgo de emergencias químicas para poblados y comunidades cercanas es latente, por lo que debe considerarse – y el proyecto no lo hace – lo que establecen los modelos de dispersión de gases tóxicoss en plantas de amoniaco los cuales deben contemplar escenarios de fallas catastróficas (ruptura de tanques de almacenamiento atmosférico o esferas de presión). Un radio de 7 km es vulnerable ante la formación de nubes de amoniaco anhidro bajo condiciones de inversión térmica o vientos dominantes hacia el norte/noreste. El estudio minimiza el impacto del transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas adyacentes a vías de comunicación clave para la conectividad del norte del país.
• ·   Si bien las emergencias químicas están presentes, en el tema de la huella de carbono y los supuestos planes contra el cambio climático, hay puntos que decir, para eso hagamos una pequeña clase de química: Para producir urea (CO(NH2)2), primero se debe sintetizar amoniaco (NH3) utilizando gas natural como materia prima. Este proceso libera enormes volúmenes de dióxido de carbono (CO2) como subproducto del reformado, el cual posteriormente se “fija” para reaccionar con el amoniaco y formar la urea. Por lo que no se alinea con las metas estatales y nacionales de mitigación del cambio climático en una zona ya propensa a sequías extremas y olas de calor que exacerban las reacciones químicas secundarias en la atmósfera (formación de ozono troposférico).
• ·   Para concluir este análisis es importante mencionar que durante los cuarenta y ocho meses de la etapa de preparación del sitio y construcción, el flujo de trabajadores modificará drásticamente la dinámica local de comunidades pequeñas como La Loma. Por lo que no existe un análisis de la capacidad de carga municipal de Lerdo para proveer servicios básicos (vivienda, salud, gestión de residuos sólidos urbanos y de manejo especial) a la masa laboral atraída. Tampoco se evalúa el riesgo de accidentes viales por el incremento crítico del transporte pesado de carga (materia prima e insumos de construcción) sobre las carreteras federales que delimitan el predio.

Terminando con este – de nuevo – rápido análisis y conclusiones directamente desde la revisión a la Manifestación de Impacto Ambiental lo que intenta procesar un megaproyecto petroquímico de alto riesgo mediante un formato simplificado (Particular), asumiendo el sitio como un terreno rústico aislado.

Al omitir la crisis hídrica de la Comarca Lagunera, la fragilidad regulatoria de las tierras ejidales en transición, las emisiones masivas de gases de efecto invernadero y la vulnerabilidad de las poblaciones cercanas ante fugas de amoniaco, el estudio incurre en omisiones técnicas y metodológicas que deberían de haber sido suficientes para que la autoridad ambiental dictaminara una resolución negativa.

Lo que vemos con este proyecto que de pronto parece entrar dentro de estos “planes b” que tiene el gobierno federal es que se presenta como una alternativa ante la posibilidad de que la presión nacional e internacional que se ha dado en la Bahía de Ohuira lo eche abajo. Lo vimos con su parque de economía circular y esta parece ser la tendencia. Hay que estar vigilante de estos proyectos, pues en la zona de Veracruz se está proyectando uno similar aunque no de las magnitudes de este en Lerdo, Durango.

Por otro lado, resulta claro que en tiempos de transformaciones el campo mexicano no figura en planes orientados a transitar hacia proyectos agroecológicos; por el contrario, la agroindustria gana cada vez más fuerza, más allá del discurso prohibitivo de los transgénicos, estos proyectos son un claro ejemplo de que la industria agrícola y sus graves impactos en la salud ambiental – y humana – es algo que se mantendrá, sino es así ¿Para qué necesitamos aumentar la producción de agroquímicos?

¡Aquí no! dice la consigna que defienda la Bahía de Ohuira; ¡Acá tampoco! dicen los pobladores de Lerdo y la Comarca Lagunera, entonces resulta importantísimo comenzar una resistencia en conjunto que demuestre que ante todo las comunidades están unidas por la defensa total del territorio y no solo por aquello que parece ser más vendible mediáticamente hablando; Ni aquí, ni allá, ni en ningún lugar debe ser la consigna.

Desde el autoexilio en los bosques de Klatch City

Profesor, escritor, traductor, exactivista, anarquista y panadero