En materia de justicia seguimos esperando la resolución del proceso de sentencia de 19 personas, funcionarios de bajo, medio y alto rango. Algunos de ellos sin suficiente razón para ser procesados, proceso guiado por una aplicación desigual de la ley y derivado del poco entendimiento del caso. La justicia en este caso difícilmente llegará sin una gran dosis de voluntad política y sin autoridades judiciales independientes, en específico sin un fiscal totalmente independiente del gobierno en turno, sean cuales sean sus siglas. Duele decir que el actual sistema judicial aún no está totalmente preparado para dar frutos en materia de justicia.

En materia de cuidado de la niñez hay una gran brecha que trabajar, según datos de Julio Cesar Márquez, para de Yeyé, de junio del 2009 a la fecha han muerto más de 52 niños de entre 0 y 4 años en guarderías privadas y particulares en todo el país, la principal causa es por bronco aspiración, cuestión que está relacionada con la capacitación y el manejo de primeros auxilios. El año pasado aquí en Sonora sumamos un número más a esta lista, con la muerte de la pequeña Valentina y no se trata de repartir culpas sino de centrarnos en lo que nos hace falta mejorar. Se tuvo que esperar a que este triste incidente sucediera para que se aprobara de una vez por todas el reglamento de la Ley 5 de Junio en el Congreso del Estado.

Pero donde yo quiero centrarme es en materia de protección civil. A lo largo del estudio en esta materia me he dado cuenta que aún después de la tragedia ABC, sigue siendo un tema de poca trascendencia social. Socialmente no hemos logrado transitar a la cultura de la prevención y me parece que es en parte por una cuestión cultural, tenemos muy poca tradición en planeación y previsión, estamos instalados en la creencia de que no nos va a suceder, incluso aunque ya nos ha sucedido. Suena incoherente, pero así es.

El día 23 de febrero presentamos ante la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados de la XVI Legislatura del Estado de Sonora, integrada por  los Diputados, Rafael Buelna Clark, Iris Fernanda Sánchez Chiu, Jorge Luis Márquez Cázares, Lisette López Godínez, Manuel Villegas Rodríguez, José Armando Gutiérrez Jiménez y Carlos León,  un análisis de la situación de los inmuebles que arrienda la Secretaria de Hacienda en calidad de “Bodegas”, para el uso de sus distintas dependencias en el Estado de Sonora. En el análisis se presentaron y abordaron tres puntos nodales que representan una gran área de oportunidad y mejora:

1. La falta de certeza de que los inmuebles arrendados por la Secretaria de Hacienda en el estado de Sonora, cuentan con las medidas de protección civil a casi 8 años de sucedido el incendio de la guardería ABC, donde murieron 49 niños y cuyo fuego empezó en una Bodega que arrendaba la Secretaria  de Hacienda y que no contaba con ninguna medida de protección civil contra incendios. La mayoría de estas bodegas están ubicadas en colonias habitacionales.

3. La falta de mecanismos y supervisión para hacer cumplir los Artículos 23 y 24, del Reglamento de la Ley 161 de Protección civil del estado de Sonora y el Artículo  6 bis de esta misma ley,  que establecen obligaciones para los servidores públicos estatales y municipales, respecto a la integración de un plan interno de protección civil que aseguraría las medidas necesarias ante eventos no planeados, como incendios y otras catástrofes. Lo más sorprendente es que ante esa falta de mecanismos y supervisión, el cumplimiento de los reglamentos queda a criterio y voluntad del servidor público, exponiendo a trabajadores y habitantes aledaños a los inmuebles. Este análisis también incluyo una serie de recomendaciones para mejorar la situación.

En la reunión se acordó realizar un exhorto a todos los titulares de dependencias y entidades de la administración pública estatal, para revisar y establecer medidas en cuanto a su deber de integrar planes internos de protección civil y se acordó también realizar mesas de trabajo en conjunto con la Secretaría de Hacienda para poder establecer mejoras y cursos de acción a la situación expuesta anteriormente.

Insto a las autoridades y a la sociedad en general a cambiar de paradigma y poner como prioridad nuestra seguridad, trabajar en las medidas y decisiones necesarias para poder avanzar en el asunto. Los invito a no esperar otra tragedia para poder actuar y exhorto a todos los servidores públicos que trabajan en alguna secretaría del gobierno del estado a que exijan a sus superiores las adecuadas medidas y capacitación en materia de protección civil o bien que denuncien a los medios de comunicación esa falta de medidas, su vida podría estar de por medio, porque posiblemente no cuentan con las herramientas necesarias para enfrentar un incendio.

Accede a las investigaciones sobre guardería ABC y PC en: http://lizettesandovalpoliticaycomunicacion.blogspot.mx/?view=magazine

Sandoval.lizette@hotmail.com

@sandovallizette

¿Concesionar será la solución?

Las políticas mixtas, donde participan gobierno y particulares en tareas sociales, al parecer son una de las estrategias a las que le ha apostado el gobierno Federal, principalmente desde la administración de FOX y también algunas administraciones locales. Lo estamos viendo en esta administración municipal, con el tema del alumbrado público y también con el tema de protección civil municipal.

El problema con las políticas mixtas no es que en sí mismo sean negativas, sino que los problemas ocurren cuando la legalidad y las políticas que regulan la intervención de las empresas privadas en la función pública no están del todo claras y se prestan a prácticas de corrupción o negligencia; o bien cuando el diseño de esa política mixta no corresponde al resultado real que se está dando en la práctica. Estos son grandes problemas que generalmente caracterizan las políticas mixtas en México y es por eso que todo intento de política mixta debe analizarse  a conciencia.

Ya hemos tenido malas experiencias, incluyendo la política de subrogación de guarderías del IMSS, cuya adjudicación directa se ha prestado a negocios de empresario y políticos y cuya deficiencia supervisión de la seguridad en guarderías fue un factor clave en el resultado trágico del incendio de la guardería ABC. El resultado de la subrogación fueron socios capitalistas sin ningún tipo de responsabilidad, pero con muy buena retribución de dinero y ese es uno de los principales vicios de las políticas mexicanas que buscan reducir el presupuesto público en detrimento de la labor social.

Malas experiencias en las concesiones

Hoy se busca concesionar la protección civil en Hermosillo y es un asunto hasta la fecha poco discutido por legisladores y sociedad civil. El pasado 24 de noviembre del 2016, el ayuntamiento de Hermosillo, a través de la secretaria del Ayuntamiento y la unidad municipal de Protección Civil dio a conocer la convocatoria para reconocer a profesionistas para titularse y registrarse como Inspectores Externos en Protección Civil. La intención es que los inspectores externos ayuden en la evaluación, revisión de proyectos y la inspección física acorde al proyecto, sólo a petición de partes, o sea cuando los dueños de los inmuebles lo pidan y los inspectores adscritos tendrán, además, la atención de reportes ciudadanos, de siniestros, coberturas de seguridad, notificaciones, aplicación de medidas de seguridad, entre otros. El perfil de los profesionistas convocados, es  Arquitectos, Ingenieros Civiles, Mineros, Industriales, Mecánicos y en Protección Civil, o personas que por su experiencia laboral puedan tener los conocimientos; serán evaluados  por la Universidad CEUNO y el Colegio Mexicano de Gestión de Riesgos en un examen den una sola aplicación.

Convocatoria del H. Ayuntamiento

Esta convocatoria podría estar justificada bajo el argumento de que el personal que labora en la unidad de protección civil es sumamente limitado para cubrir todo el municipio. La unidad cuenta con solo 6 inspectores para cubrir (de acuerdo al mismo Memo Moreno, director de esta unidad municipal), 34 mil 672 unidades económicas. El problema es que el año pasado hubo una reducción del personal que labora como inspectores y un aumento del personal administrativo. El año pasado se registraron, 8 mil 640 servicios atenciones de bomberos, las cuales corresponden solo al 5 por ciento en comercios. ¿Si la falta de inspectores es un problema que se hizo latente desde el 2009, porque no se ha hecho nada al respeto?,¿Por qué no se preparan y contratan más inspectores internos para que el estado puede garantizarnos la seguridad y si aumentan el personal administrativo?.

El recurso material es también otro elemento a señalar, pues la unidad cuenta don 6 vehículos para realizar todos sus servicios y de estos solo dos funcionan en óptimas condiciones. Desde la administración de Roberto Copado, no se ha invertido en un vehículo nuevo. ¿Por qué no se le invierte recurso material a una unidad tan importante como lo es la de protección civil?

El registro de inspectores externos presenta por los menos dos problemas inmediatos, el primero es que no hay figura legal que les impute responsabilidad si algo falla en sus dictámenes, además ¿quién certifica que esos dictámenes de seguridad están completos y correctos, si el trato será solamente entre el privado y el usuario? ¿Qué pasará cuando alguno de esos dictámenes no sea realizado de manera correcta, quién será responsable? ¿Otra vez privados con derecho a cobro, pero sin responsabilidad?

El segundo problemas es que no está claramente establecido exactamente que papeles debe exigir un inspector de seguridad a los usuarios para expedirles el dictamen de seguridad. El consultor tanto interno como externo puede disminuir o aumentar a voluntad los requisitos para expedir un dictamen de seguridad. Esta laguna se puede fácilmente prestar de nueva cuenta a prácticas de corrupción y nepotismo, así como a la no prevención de futuras tragedias.

Solo 6 inspectores para el municipio de Hermosillo.

Además ya se advierte una falta de transparencia pues, ya están los resultados de los inspectores externos seleccionados, solo se publicaron en la página de internet y no aparecen los nombres, sino solo códigos y números. ¿Se puede prestar esto para un buen negocio?

Este tema debe discutirse y ser analizado por especialistas y por la sociedad civil, la decisión se está tomando de manera unilateral y debe de ser consensada y analizada, para que se le provea de toda la legalidad correspondiente y todos los mecanismos necesarios para cumplirla. ¿Por qué no aprendemos lo suficiente de las tragedias y las prácticas que ya sabemos alimentan la corrupción?

Sandoval.lizette@hotmail.com

@sandovallizette

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Protección Civil en Sonora

Esta semana presentamos al Diputado Carlos León, Presidente de la Comisión de Protección Civil de la LXI Legislatura, del Congreso del Estado de Sonora y a un grupo de regidores, un análisis y una serie de recomendaciones  en materia de protección civil que intenta regular la responsabilidad de servidores públicos en la integración de medidas contra incendios y otras eventualidades en los inmuebles que utilizan; desafortunadamente después de varios eventos que han sido una dura experiencia colectiva, la lección aprendida no es suficiente y no hemos pasado aún de una cultura de reacción a una cultura de la prevención.

En México en los últimos 6 años se han registrado por lo menos 4 grandes tragedias derivadas de incendios en inmuebles que no contaban con las medidas necesarias de prevención en materia de protección civil y cuyo alto saldo mortal obedeció a este factor; en el 2000 en México DF, el incendio en la Disco Lohobombo, con 22 personas fallecidas, el lugar presentó falta de salidas de emergencia y dispositivos contra incendios; en el 2009 en Hermosillo, el  incendio en Guardería ABC, con 49 niños fallecidos y más de 70 niños afectados, el fuego se inició en la bodega contigua perteneciente a la Secretaria de Hacienda, no contaba con absolutamente ningún dispositivo contra incendios; en el 2011 en Monterrey, el Casino Royal, con 61 muertos, aunque el incendio se catalogó como provocado, el alto saldo de muertos obedeció a la falta de salidas de emergencias y dispositivos contra incendios en el lugar; en el 2015 en Mexicali, el incendio del Asilo Hermoso Atardecer, con 17 ancianos fallecidos, el inmueble no contaba con ninguna medida de protección civil; 149 muertes en total.

Disco Lohobombo en CDMX

Uno de estos casos está directamente relacionado con inmuebles que estaban bajo uso y responsabilidad de autoridades gubernamentales que por apatía, desidia, desinterés o ignorancia nunca pidieron a las autoridades correspondientes ayuda para integrar un plan y una unidad de protección civil. El que un inmueble no cuente con un plan interno de protección civil, significa no contar con medidas adecuadas para hacer frente a eventos imprevistos, como un incendio.

El hecho de que 18 bodegas que arrienda la mismísima Secretaria de Hacienda de Sonora, no cuenten a la fecha con medidas de prevención contra incendios  confirman el nulo aprendizaje. Las bodegas están ubicadas en 8 municipios, Agua Prieta, Hermosillo, Moctezuma, Nogales, Obregón, San Luis Rio Colorado, Navojoa, Magdalena de Kino; 10 bodegas, se encuentran en Hermosillo y casi en su totalidad se utilizan para archivar papel, placas y/ o vehículos, entre otras cosas y se encuentran en colonias que se ubican en las afueras de la ciudad, en colonias de clase baja y media baja, como Quinta Emilia, Privadas del Bosque, amapolas, parque industrial entre otras.

Por el contenido de las bodegas es muy probable que su clasificación de riesgos según la Norma oficial NOM-002-STPS-2000 de la Secretaría del Trabajo y  Previsión Social,  “riesgo alto” y hay por lo menos  tres bodegas , que sirven para depósitos de automóviles, que pueden contener acelerantes de fuego como gasolina.

Hacienda ha respondido mediante una solicitud de información, obligado por el ISTAI con recurso ISTAI-RR-014/2016, que ya “se está trabajando en un plan de protección civil donde se incluirán todas las bodegas en cuestión”. Habrá que hacer un seguimiento a esa respuesta, para ver si en realidad es así.

La semana pasada en entrevista,  Alberto Villa Terán, Coordinador del área de proyectos preventivos de la Unidad Estatal de Prevención civil, expresaba que es muy alta la probabilidad de que la misma situación de los inmuebles se repita en la mayoría de los inmuebles que utilizan otras dependencias gubernamentales, ya que son muy pocos los servidores públicos que se acercan a esta unidad.

La periodista Lourdes Encinas documentó el antecedente de 14 incendios en bodegas bajo el uso del gobierno desde 1995 al 2012. En uno de estos eventos sucedido en el 2002, una bodega arrendada por la secretaria de finanzas del gobierno de Sonora ubicada en Blv. Garcia Morales Km. 1, Colonia el Llano, contenía 40 toneladas de papel y el fuego amenazó con extenderse a un negocio cercano que contenía cubetas con aceites.

Bodega contigua a Guardería ABC

Algunas de estas bodegas incendiadas estaban ubicadas en zonas céntricas de la ciudad o altamente habitadas, como colonia San Benito, Colonia 5 de mayo, Col. Villahermosa, Colonia los olivos, entre otras. 13 de esos incendios se catalogaron como provocados y solo el incendio de la guardería ABC, está catalogado como causa indeterminada.

El costo mínimo de los incendios de estas bodegas representa en promedio más de 10 millones de pesos, sin contar el material que se encontraba dentro, ni el gasto excesivo de agua que se  emplea para apagar incendios en grandes predios.

La principal causa, entre otras de la problemática de falta de medidas contra incendios, es que la petición e integración de un plan interno de protección civil, queda a voluntad de los servidores públicos, aunque este especificado como un deber en las leyes de protección civil, porque no hay incentivos, ni sanciones hacia los servidores públicos para cumplir con la ley.

Otra es que las unidades de protección civil tampoco cumplen con los estatutos de las leyes de protección civil, pues la Ley 161 de Protección civil para el estado de Sonora, establece que tanto las unidades estatales como municipales deben tener un Programa Estatal de protección civil y un Programa Anual de protección civil, donde establezcan planes de revisiones en inmuebles, incluyendo los inmuebles del gobierno.

Actualmente y a un año de gobierno estatal y municipal, no se cuenta con ninguno de estos planes, en ninguna de las unidades. Estas cuestiones representan un problema relacionado directamente con el diseño institucional de las leyes de Protección Civil, porque aunque hay obligaciones establecidas en las leyes, no hay mecanismos que obliguen su cumplimiento; como sucede en muchas otras cuestiones en México.

Guardería ABC

Algunas recomendaciones para solventar este problema son, a corto plazo un exhorto público para los servidores públicos que sean titulares de dependencias o entidades de gobierno,  pidan a la UEPC el plan interno de protección civil; modificaciones a la Ley de Protección Civil 161, para que se establezca la obligatoriedad de transparentar anualmente la comprobación y conformación de los planes internos de protección civil, que se establezcan mecanismos de incentivos y sanciones para titulares de entidades públicas; que las unidades de protección civil municipal y estatal, para monitorear el cumplimiento realicen un plan de revisión de inmuebles del estado anualmente y una revisión de la acción de transparentar de las prácticas en materia de Protección Civil, por parte de los servidores públicos; para incluir la participación ciudadana y en papel de un tercero que de fe de las revisiones, en estas que se incluyan a colaboradores de otras entidades públicas que testifiquen la veracidad de las revisiones.

Este tema actualmente no está en la agenda pública, pero es necesario discutirlo porque de no hacerlo nos situaríamos en la espera de otro siniestro que pudiera llegar a tener saldos mortales, debemos pasar de la reacción a la prevención.

Nuestro Legado ABC

“La asociación nace de una inquietud por dar significado a la ausencia de sus pequeños, pero principalmente para buscar una transformación en el cuidado de la niñez en la sociedad sonorense y mexicana y en la manera en la que percibimos los riesgos y la importancia de la protección civil…”

Por: Lizette Sandoval.

¿Cuantas veces tenemos la oportunidad de construir sobre ruinas? ¿De dónde nace la fuerza para dar, después de perder?

El día Jueves 20 de octubre se presentó a la sociedad la asociación civil “Nuestro Legado: ABC”. A partir de ese día las siglas ABC han adquirido un nuevo significado: “A” representa la atención, “B” el bienestar y “C” el cuidado de todos los pequeños que asisten a centros de cuidado Infantil.

La asociación está conformada por Julio César Márquez y Estela Báez, papas de YeYé y por Daniel y Loanna, papás de Danielito; su finalidad principal es disminuir el riesgo de más muertes de pequeños, promoviendo la cultura de la prevención en materia de protección civil y también el respeto a los derechos humanos de la infancia, fomentando que los centros de atención infantil cumplan con la normatividad en la materia.

La asociación nace de una inquietud por dar significado a la ausencia de sus pequeños, pero principalmente para buscar una transformación en el cuidado de la niñez en la sociedad sonorense y mexicana y en la manera en la que percibimos los riesgos y la importancia de la protección civil; dos áreas importantísimas para el desarrollo y la disminución de la situaciones de vulnerabilidad en una comunidad.

El incendio de la guardería ABC, así como el dato que presento Julio Cesar Márquez, que indica que 50 niños han muerto en guarderías privadas y públicas de todos los organismos que administran centros de cuidado infantil, desde el 2008 a la fecha, la mayoría de ellos por bronco aspiración, nos muestra las carencias tanto gubernamentales como sociales en materia del cuidado de la niñez. Desafortunadamente somos un país que no cuida a sus niños como debiéramos hacerlo, pasamos por encima de sus derechos humanos y cosechamos muertes de infantes y adolescentes, diariamente en hogares, centros de cuidado o en la calle. Los derechos en México han pasado a ser parte del discurso político y en contadas ocasiones se realiza un ejercicio efectivo para dar a los niños una seguridad de vida.

Julio Cesar Márquez, Estela Báez y Loanna

Por otro lado la cultura de la protección también es un rubro al que se debe de dar más impulso e importancia. El hecho de que inmuebles que pertenecen a instituciones gubernamentales no cuenten con sus debidos planes de protección civil y de que los organizamos de protección civil en Hermosillo y el estado cuenten con insuficientes recursos materiales y humanos, nos habla de una falta de conciencia por la previsión, entonces esa importancia poco permea entre la cultura de la sociedad civil por impulsar la prevención y revisión de inmuebles.

Nuestro Legado ABC entra directamente a incidir sobre tres ejes fundamentales para el futuro de un país, el cuidado de la niñez, los derechos humanos y la cultura de la importancia de la protección civil. Lo hacen mediante un legado invaluable, de manera gratuita y abierta a quien más lo necesite, principalmente a estancias infantiles que cuentan con pocos recursos económicos, pero van más allá, también trabajarán para ayudar a las casas hogares y a los niños en situación de calle. Una de las encomiendas es realizar un censo de las casa hogares pues a la fecha no se tiene un censo donde estén registradas todas las que operan en el estado.

Capacitación

La asociación tiene un plan estratégico que está compuesto por tres programas fundamentales, Casa Hogar Segura, programa de capacitación y promoción de la cultura y seguridad y el tercero que es Mejor prevenir, cuya finalidad es impulsar cambios en la legalidad para asegurar la inspección de los centros de atención infantil mediante un ejercicio de participación ciudadana con las autoridades estatales y municipales de protección civil, verificar que se cumplan con los estándares legales de seguridad para los menores, exigir que la Ley 5 de Junio se cumpla a la letra e incluso abogar por la posibilidad de que la ausencia de las mujeres por maternidad se alargue con el fin de que madres y bebes puedan pasar más tiempo en sus hogares y disminuir las posibilidades de muerte en las guarderías.

Nuestro Legado ABC es un ejemplo de resilencia, fortaleza y bondad, pero principalmente es un ejemplo de que todos sin importar nuestra situación podemos hacer transformaciones sociales y es un precedente del ejercicio ciudadano incidiendo en el cumplimiento y diseño de las políticas públicas para impulsar el desarrollo y bienestar de grupos vulnerables como los niños, futuro invaluable de nuestro país. La asociación funciona a través de voluntarios, súmate, tu ayuda será la diferencia.

Por: Lizzete Sandoval

No se porque tengo la impresión, de que los líderes políticos parecen no acabar de entender o bien lo entienden y hacen como que no entienden, la realidad social que México vive.

Los discursos de los líderes políticos, parecen hablar de una realidad subalterna, de otra dimensión desconocida. Tratan de crear una imagen recreada que no puede esconder el fondo gris.  Este fondo no puede esconderse porque el discurso político refleja los marcos de interpretación que muestran su forma de ver el mundo y la forma en la que buscan que los demás lo vean. Un discurso refleja cómo se interpretan a sí mismos y también como se construye al adversario; busca producir, reproducir o transformar prácticas sociales, culturales e históricas. Construyen una realidad, con la que buscan persuadir.

Ernesto Ochoa Reza hace un par de días con gran jubilo y sospechoso optimismo aceptó públicamente la dirigencia del CEN del PRI. Lo hizo con un discurso que poco aboga a la realidad que intenta construir, tal como lo hizo Beltrones cuando aceptó el mismo cargo, hace algunos meses. Beltrones en aquel momento centraba su discurso en una “sana cercanía” entre partido y gobierno, como clave de una nueva era para el PRI, con miras a las elecciones del 2016, donde el voto de castigo cimbró al partido; Ochoa Reza centro el suyo, presentando al presidente Peña Nieto como el “mayor activo” del partido, con miras a la elección presidencial del 2018. En ambos discursos el telón de fondo es perpetuar la inexistente brecha entre partido y gobierno, en otras palabras, seguir privilegiando la política, sobre el interés social.

¿En que coinciden los discursos de Ochoa Reza y Beltrones?

Beltrones propuso un “sana cercanía” y dijo que el acercamiento con el presidente de la Republica seria “total”, ya que eran… “el partido en el Gobierno y el gobierno era Enrique Peña Nieto. Que a nadie le llame la atención. Ahí estaremos. Aquellos tiempos en los cuales se hablaba de una sana distancia están muy atrás”. ”…..trabajaremos por una unidad de intereses y un apoyo incondicional”. “Esa ‘sana distancia’ nos hizo perder la Presidencia de la República en el 2000 y el 2006, entonces no fue tan sana”.

Ochoa Reza propuso al presidente Peña Nieto “como el mayor activo del partido” y ha dedicado gran parte de su discurso a legitimar las reformas, acciones y resultados del gobierno de Peña Nieto. Propone un  partido que “debe restructurarse, debe ser más democrático, más transparente, vigilante de que los gobierno reflejen las exigencias del ciudadano..”, “…debe ser un vigilante de que sus gobiernos reflejen los ideales y los compromisos sociales y políticos del partido…” Se oye muy bien, lo malo es que no dice como la hará y promete una “autocrítica” alabando al presidente. Por otro lado su “mayor activo”, recibió un rechazo contundente en la contienda electoral, lo recibe todos los días, incluso lo recibe en los países a los que visita (véase la visita a Canadá en youtube). Todos menos él, nos damos cuenta de que ese “mayor activo” está jugando el papel de un “mayor lastre”. ¿Necesitara que se lo expliquen con manzanas?

Aunque son discursos diferentes, reflejan la misma realidad:

1. Ambos intentan normalizar la cercanía entre el partido y el gobierno. Esta cercanía fue uno de los principales elementos que facilitaron la permanencia de tantos años del PRI en el poder. Un distanciamiento entre partido y gobierno no solo es sano, sino también necesario y básico para que las democracias caminen, porque cuando los gobiernos se vuelven apéndices de los objetivos de los partidos, son los objetivos de los partidos los que guían las acciones y decisiones, el bienestar y el desarrollo común quedan muy lejos. Lo pudimos ver en el caso de guardería ABC, donde fueron en realidad los objetivos partidistas electorales los que definieron la respuesta de las instituciones. Si los partidos hablan de democracia tienen que entender que, en realidad no debe haber partidos en el gobierno cuando un candidato a elección popular gana, lo hace para convertirse en un gobierno que aunque fue emanado de un partido, de ninguna manera debe seguir respondiendo a sus intereses.

2. La intención es de nuevo legitimar el presidencialismo, colocando al presidente como un centro de poder, de donde emanan las decisiones y los recursos. En una democracia el gobierno no es una persona, son un grupo de instituciones plurales y lo más importante, para que un gobierno funcione adecuadamente se requiere la participación de la ciudadanía. El ciudadano sigue ausente en el discurso. Ochoa Reza habla de transparencia, pero no habla de mecanismos, habla de rendición de cuentas, pero no las pide al gobierno, no cuestiona incluso el papel de ciertos exgobernadores priistas que están en el ojo de huracán por actos de corrupción, o sea baila con la contradicción.

3. Son discursos que reflejan la ceguera de los políticos cuando no reconocen que son ellos mismos los culpables de su propio declive. Minimizan e invalidan el rechazo social y hablan de una realidad que simplemente no existe. La “sana cercanía” que propuso Beltrones fue una “enferma cercanía”, que en la práctica afecta el ejercicio de los gobiernos y no permite actuar sobre las verdaderas necesidades del país. El “mayor activo” de Ochoa Reza es en realidad una muestra enferma de lealtad incondicional al presidente, que sigue perpetuando “una enferma cercanía”, la diferencia es que Beltrones se veía a él como el “mayor activo” y no al presidente. Las enfermas lealtades y las enfermas cercanías abren las puertas a la impunidad, al nepotismo, a la unilateralidad y cierran la puerta a una verdadera evaluación y una intención de reconocer y trabajar sobre las áreas de oportunidad para mejorar el ejercicio gubernamental. ¿Le sirvió de algo a Beltrones la “sana cercania” en las elecciones del 2016? ¿Este “mayor activo”, servirá para lo mismo en el 2018? Se lo dejo de tarea.

Gobernador de Oaxaca Gabino Cué

Por: Lizette Sandoval.

Los liderazgos políticos no difieren en gran manera de un liderazgo común, ambos requieren de habilidades de comunicación interpersonal, persuasión, negociación y capacidad de movilización; la diferencia reside en que el fallo del líder afecta a toda una comunidad, pueblo o nación y no es solo esté el que pierde credibilidad, sino toda la institución a la que representa. La autoridad del líder político para ser efectiva no debe emanar del cargo sino de sus convicciones, conocimientos y valores.

Desafortunadamente nuestros gobernantes regularmente olvidan que el líder político es un servidor público y debe orientarse por una filosofía de servicio. Es por eso que no todos los políticos son líderes.

El liderazgo Político se define como “…el conjunto de actividades, relaciones y comunicaciones interpersonales, que permiten a un ciudadano movilizar personas de una organización, comunidad o sociedad específica, de manera voluntaria y consciente, para que logren objetivos socialmente útiles”. Un verdadero líder no necesita la violencia para ejercer el poder; si el dialogo y la negociación fallaron en el conflicto con la CNTE en Oaxaca, entonces el liderazgo también y eso no se limita a solo una persona o institución.

Aunque los grupos magisteriales tampoco tienen derecho de afectar la vida del resto de los ciudadanos, la planificación y el orden en las medidas de contención no tendrían por qué arrojar muertos. Aun así hay que reconocer que la reforma educativa es una reforma que más que plantearse el combate al rezago educativo, se plantea una cierta administración de la educación cuyos fines no atacan directamente los principales problemas de la educación en México.

Falta de liderazgo

Para analizar que falló (y falla regularmente) en el manejo de crisis de los gobiernos mexicanos basta con desmenuzar la calidad de los liderazgos políticos. El PRI en México regularmente tiene su propio sello, un liderazgo autoritario y represor forjado en las fauces de la pos-revolución y el asentamiento de los caudillos, la manipulación de una masa trabajadora y analfabeta, posteriormente la represión de movimientos opositores al régimen hegemónico y una guerra sucia debajo del agua contra medios de comunicación y grupos contestatarios.

Cuando se alcanza la alternancia en el sistema de partidos, los gobernantes intentaron utilizar una careta “democrática”, pero el estilo de liderazgo que define al partido nunca cambio, simplemente se sacudió un poco y no por una necesidad de mejora, sino por recuperar votos y poder. El gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, aunque ganó con una coalición de partidos opositores viene de una escuela priista.

Los gobiernos del PAN y PRD también han demostrado que pueden ser autoritarios. ¿Sera el sistema político que los contagia de semejante arbitrariedad? En efecto, es el diseño institucional lo permite y colabora con ello, ni siquiera el relativamente nuevo fenómeno de los gobiernos divididos ha podido consolidar la importancia de la negociación entre gobierno y grupos civiles. Vale la pena también preguntarnos sobre la preparación y educación que tienen los políticos en materia democrática. Si son líderes preparados con estudios de posgrados y la mayoría estudiados en otros países ¿Por qué impera en sus ejercicios la cultura autoritaria?. Habría entonces que preguntarnos sobre los ejercicios democráticos que suceden regularmente al interior de los partidos, si es que lo hay. ¿Son los hilos de los partidos los que mellan la cultura democrática?

Nuño: Imposición

El liderazgo democrático está basado en la negociación y concertación como condición para la inclusión de las mayorías en el sistema político y ciertamente no es fácil, si no te desarrollas en contextos que lo promuevan.

En el ejercicio del liderazgo conviven las capacidades del líder y las condiciones históricas Dicho de otro modo, en el liderazgo político contemporáneo confluyen los valores sociales imperantes y las capacidades o aptitudes personales para encarnarlo. De la habilidad que tenga el líder para poner sus condiciones naturales y sus capacidades aprendidas al servicio de los fines de la sociedad de que se trate, dependerá que ese liderazgo sea legítimo y eficaz. Si la historia, el diseño institucional y la formación de los líderes apuntan al autoritarismo, no podemos esperar prácticas democráticas de calidad.

El problema es que muchos de los procesados siguen siendo personas de medio y bajo rango, inclusive se encuentran entre ellos funcionarios con poca relación con el funcionamiento de las guardería, como los es Jesús Davis Ozuna. Hay todavía muchas cuestiones irresueltas alrededor de esta propuesta de justicia. Una propuesta de justicia que aunque presenta un avance con algunos de los procesados, no deja de ser una burla con otros, y que nos muestra una aplicación desigual de la Ley.

¿Por qué se siguen procesando a personas de medio y bajo perfil, que paso con los otros dos socios de la guardería exonerados? ¿Por qué están siendo procesados trabajadores de la secretaria de Hacienda que también estaban expuestos ante la falta de medidas de seguridad en la bodega y bomberos, cuyas herramientas de supervisión no eran las adecuadas? ¿Por qué a casi 7 años del incendio no se han logrado conocer las causas y no hemos aprendido la lección, pues no se han logrado los cambios esperados en materia de guarderías y proteccion civil? ¿Por qué en la lista de procesados faltan los nombres de los de los exsecretarios de Hacienda, Guillermo Hopkins, Ernesto Vargas Gaytán y Gilberto Inda Duran, que nunca pidieron revisiones de la bodega donde se inició el incendio a protección civil? ¿Por qué no están por parte del IMSS Karla Rochin, directora de la coordinación de guarderías y su superior el Jefe de Prestaciones Económicas y Sociales, Sergio Antonio Salazar, quienes a su cargo tenían la supervisión de la seguridad de las guarderías, entre otros? Faltan también las máximas autoridades en proteccion civil municipal y estatal, el exalcalde Ernesto Gándara y el exgobernador Eduardo Bours.

El ex Gobernador Eduardo Bours

Parte de las respuestas a estas preguntas van mucho allá de las cuestiones que en este momento no se discuten y son todavía producto del manejo del evento a lo largo de estos años. Algunas de esas cuestiones van ligadas al diseño institucional, la evasión de la responsabilidad, el juego de la culpa, los mecanismos para diseñar y llevar a cabo las políticas públicas y la relación entre gobiernos, procuradurías y objetivos partidistas. Pero vamos por partes, te presento en este artículo elementos de análisis para poder entender un poco más la resolución del juez primero de distrito, las fallas que no se discuten, que personas tienen menos elementos para estar en la lista de procesados y quien faltaria de ser procesado

¿Qué es y como se ha manejado el juego de la culpa en el caso ABC?

El juego político o juego de la culpa, se centra en culpar a ciertos actores, así como en reacciones, en pos de objetivos gubernamentales o partidistas. Gran parte del juego político residirá en las causas que se determinen como origen del evento, porque en base a eso se dirigirá la responsabilidad, pero cuando las causas no se determinan a ciencia cierta, las responsabilidades suelen ser difusas. Cuando los actores políticos buscan escapar de la culpa, utilizan excusas para librarse de ella, este esfuerzo no será sólo un esfuerzo individual del líder, sino que será necesario el apoyo de grupos al interior de la organización, y tal vez de otros grupos políticos al exterior. Algunas de las estrategias del manejo defensivo son, el rebote, que consiste en revirar la responsabilidad a cualquier otro actor o actores, mientras sea factible; la respuesta tardía, que consiste en retardar la entrega de expedientes, documentos y cualquier tipo de papel que sea indispensable para la explicación de las causas de la crisis; la fabricación de datos, que consiste en elaborar, alterar y modificar documentos para que la institución no aparezca como responsable, o para librar de culpa a ciertos integrantes de la misma; y por último la omisión de datos, que consiste en ocultar cualquier tipo de información que pueda relacionar con la responsabilidad.

Cuando recién sucedió el incendio de la guardería, los líderes y los actores políticos se preguntaban por qué un accidente se había convertido en una tragedia; cuestionaban por qué un evento que debió haber sido controlado sin mayor percance, había alcanzado uno de los saldos más trágicos en la historia de México.

Hacienda y su vinculo con el incendio

La respuesta, independientemente de las causas del incendio, son que el saldo trágico obedeció a dos factores principalmente: primero, las fallas en la supervisión de las medidas de seguridad de la Guardería ABC como producto de las deficiencias del sistema de evaluación del IMSS a las guarderías subrogadas, y como producto también de las deficiencias de las inspecciones a las guarderías por parte de Protección Civil.

Segundo, porque la bodega de la Secretaría de Hacienda no contaba con absolutamente ninguna medida de seguridad, producto del incumplimiento de funcionarios de la Secretaría de Hacienda. La cacería se ha centrado en dictar responsables de bajo perfil pero poco en ver más allá de las verdaderas causas y de lo que aún se puede mejorar.

Gran parte de la dirección de las responsabilidades reside en la construcción de las causas, ambas partes implicadas en la responsabilidad gobiernos priistas y panistas, buscaron realizar un enmascaramiento de las fallas del régimen de la subrogación de guarderías y de las deficiencias en los programas de protección civil, mediante la personalización de la responsabilidad, la razón principal, evitar costos electorales en el 2009. Mediáticamente poco se abordaron estos temas, por eso poco se habló de las causas. En un inicio federación e IMSS, buscaron personalizar la culpa en hombros de Eduardo Bours, se construyó una versión de las causas de la tragedia que apuntaba solamente a las negligencias del Gobierno del Estado y no se dirigió la culpa a altos funcionarios de Hacienda porque no era necesario, ya se tenía un depositario. La personalización de la culpa era factible para poder librarse de la responsabilidad, pero también para asestar golpes electorales. Para librarse de la culpa, Daniel Káram negó su responsabilidad en todo momento y recurrió a un manejo defensivo y la respuesta tardia; las instituciones los utilizan solamente cuando la responsabilidad es inminente y equipara a llevar a cabo acciones deshonestas. El enmascaramiento de las fallas requería que personal de bajo rango fuera quien cargara con la responsabilidad legal y así los estamos presenciando, nunca el IMSS ha aceptado públicamente las deficiencias en la supervisión de seguridad de las guarderías subrogadas.

Por su parte Eduardo Bours y el exProcurador Abel Murrieta, con un discurso desorganizado y reactivo, reviraron la responsabilidad hacia el IMSS. Cayeron en la omisión de información clave para la comprensión de las causas del incendio con el fin de proteger al exsecretario de Hacienda, que había firmado el último contrato de arrendamiento de la bodega, Ernesto Vargas Gaytán, quien era candidato a presidente municipal por Cajeme y a los dueños de la guardería. Evitaron en todo momento y a toda costa hablar de las causas del incendio, las consideraban como “no importantes” y nunca aceptaron que a la bodega de la Secretaría de Hacienda no se le habían hecho revisiones, ni se evidenciaron las fallas y limitaciones de la Unidad de Protección Civil local y Estatal. Evitar hablar de las verdaderas causas y de las fallas también requería y sigue requiriendo depositar la culpa en personal de bajo rango.

¿De qué fallas se ha evitado hablar todos estos años?
Las fallas en las política de subrogación y protección civil pocos las conocen porque poco se ha hablado de ellas en estos años, lo que han hecho los gobiernos y las instituciones de justicia es personalizar la culpa y esto ha traído algunas consecuencias, que han evitado que la crisis se internaliza, profundizar en las verdaderas causas y los verdaderos responsables. Entonces resulta que los responsables en este México del revés, no son las cabezas, si no los de abajo.
¿Qué fallo en la política de subrogación? ¿Quién falló?

Las fallas en la política de subrogación comenzaron con cambios realizados desde el gobierno de Vicente Fox. Ante la incapacidad de atender la demanda de las madres trabajadoras y reducir costos para no desequilibrar las finanzas públicas, se decidió realizar varios cambios y modificaciones a la subrogación de guarderías entre los años 2001 y 2003, cambios consolidados por Juan Molinar Horcasitas, exdirector del IMSS en el gobierno de Calderón; se propuso un programa de expansión del servicio de guarderías, la propuesta era ampliar a cualquier grupo de personas que se registraran como persona moral, a través de la constitución de una empresa particular, la facultad de poder administrar guarderías y éstas se adjudicarían de manera directa, sin ningún proceso de licitación (Leal, 2010). El problema empezó cuando ante el crecimiento de las guarderías, la supervisión de las mismas no tuvo la misma capacidad de atenderlas. Esto abrió una gran brecha entre en el diseño y el resultado de la política de subrogación. Esta brecha expuso fallas en los contratos, la operación, pero principalmente en los lineamientos de seguridad, que fue una de las fallas claves en la magnitud de la tragedia. Las principales fallas en seguridad fueron:

a)Los formatos de supervisión de seguridad de las guarderías no correspondían con las disposiciones de previsión de incendios de la Norma Oficial Mexicana, NOM-167-SSA1-1997, para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores, que establece disposiciones generales de seguridad para las guarderías, entre ellas el contar con puertas de emergencia con su disposición necesaria (botón de pánico que se abra hacia afuera, aunque no precisa sus medidas), contar con alarmas sonoras conectadas a tableros luminosos, el uso de materiales de construcción no inflamables, diseño arquitectónico para desalojo en caso de siniestros, detector de humo instalado en el techo, colocación de extintores en lugares estratégicos y evaluaciones de Protección Civil. Había algunos elementos que dificultaban la supervisión y observancia de estas medidas.

b) El IMSS no contaba con un departamento que se dedicara a supervisar las medidas de seguridad y, según el informe de la Suprema Corte de Justicia Nacional, los formatos con los que las coordinadoras zonales realizaban las supervisiones no estaban diseñados para hacer cumplir las disposiciones de prevención de incendios de la norma NOM-167, dichos formatos sólo contenían un apartado de seguridad e higiene, cuyos lineamientos de seguridad solo pedían rellenar una casilla si la guardería contaba con puertas de emergencia (no mencionaba especificaciones), extintores, detector de humo y nada más; no contemplaban la revisión de materiales de construcción, ni de detalles en el equipo de seguridad.

c) Se determinó que estos formatos no eran herramientas operativas suficientes para que las coordinadoras de zona realizaran un control efectivo sobre aspectos de seguridad y protección civil, por la falta de lineamientos concretos a observar, pues no estaban diseñados para hacer cumplir la disposiciones de prevención de incendios (Encinas, 2014, p. 76). En otras palabras las guarderías aprobaban las revisiones, más no la normatividad en materia de seguridad.

El IMSS para la supervisión e inspección de las guarderías utilizaba, a partir de 2007, los formatos llamados Directrices para la supervisión-asesoría en guarderías y guías técnicas de supervisión de la operación en guarderías. Estos manuales fueron emitidos por la coordinación de guarderías cuya dirección de 2007 a junio de 2009 ocupó Karla Rochín Nieto y por su superior, el Jefe de Prestaciones Económicas y Sociales, Sergio Antonio Salazar. ¿Por qué estos personajes no han sido procesados? Karla Rocín se rumora es amiga de la ex-pareja presidencial Calderón-Zavala.

d) Además había una nula capacitación de supervisoras en materia de seguridad, un desfase entre lineamientos de seguridad IMSS y Protección Civil local. Aunado a esto por la flexibilización de los requisitos un gran cumulo de funcionarios y empresarios pudieron adquirir guarderías y esto dio lugar a una discrecionalidad en el cumplimiento de los requisitos de los contratos. ¿De quién fue la responsabilidad de esta brecha entre el diseño y el resultado de la política y de las deficiencias en la supervisión de la seguridad? ¿Dónde están las cabezas mayores?

¿Y Protección Civil?

¿Qué fallo en las políticas de protección civil?

De nuevo se presentaron deficiencias en el sistema y diseño de instrumentos de Protección Civil Estatal y municipal. Respecto a la guardería ABC, esta debía ser regulada por la Ley 161 de Protección Civil para el estado de Sonora, el reglamento de la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora y el Reglamento para la prevención de incendios y Protección Civil del Municipio de Hermosillo. Esta norma que promulgó Willebaldo Candiani Alatriste, Director de la Unidad de Protección Civil Estatal en el periodo del 2003 al 2009, emite disposiciones para la Unidad Estatal de Protección Civil y para la Unidad Municipal; según esta norma la guardería entraba en la competencia directa de Protección Civil Municipal, sin embargo, el artículo 43 de esta ley también faculta a la Unidad de Protección Civil Estatal a realizar visitas de inspección a establecimientos, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones en la materia. Estas inspecciones para las que estaban facultadas, tanto la unidad municipal como la estatal, suponían ser extras a las solicitudes llamadas de “parte” que establecía la misma Ley 161 en el artículo 37, y también las establecía el Reglamento de la Ley Municipal de Protección Civil en el artículo 8, donde se señalaba que los usuarios de los inmuebles debían solicitar una inspección a Protección Civil Municipal cada año; inspección que si fue solicitada por los socios de ABC y fue realizada por Protección Civil Municipal, aprobando todas las condiciones de la inspección. Algunas dudas surgen ante estos hechos, en primer lugar ¿por qué no se le hicieron a la Guardería ABC visitas extras a estas inspecciones de “parte”, y en segundo lugar? ¿por qué las revisiones a petición de “parte” realizadas por Protección Civil Municipal eran aprobadas, si las autoridades judiciales evidenciaron que la guardería no contaba con las medidas adecuadas de seguridad?

De nuevo, las fallas en el sistema, el diseño de los reglamentos aunado a la falta de recursos humanos son la respuesta. Aunque la Ley 161 establecía que Protección Civil Municipal sí podía realizar inspecciones a la guardería y aplicar sanciones si ésta no hubiera cumplido con lo establecido en el reglamento, no establecía que estas revisiones debían de ser permanentes a todos los inmuebles, pues no había una disposición jurídica que lo obligara, por lo cual Protección Civil no lo hacía, no era un uso costumbre cumplir con esta disposición. Además, según los argumentos que Roberto Copado utilizó para defenderse, por la capacidad y personal de Protección Civil Municipal hubiera resultado materialmente imposible realizarlas a todos los establecimientos dedicados al cuidado de niños de forma permanente.

Por otro lado, la guardería aprobaba las revisiones de Protección Civil por que se presentó el mismo problema que en la aplicación de la normatividad del IMSS, los formatos de revisión no estaban diseñados para hacer cumplir las disposiciones del Reglamento para la prevención de incendios y Protección Civil del Municipio. Roberto Copado evidenció que el municipio no tenía un marco jurídico donde se pudieran regular las guarderías específicamente, pues la Ley Municipal no hacía mención específica sobre medidas en guarderías infantiles, las cuales si especificaba la NOM-167, del Seguro Social. Esta norma sí establece que, aparte del IMSS, están obligados a cumplir sus especificaciones la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federales dentro de su competencia, pero el problema es que no existe un marco legal para su cumplimiento. ¿De quién era la responsabilidad de esas deficiencias? ¿No es el alcalde la máxima autoridad responsable en materia protección Civil Municipal?

¿Por que no se habla de la bodega de Hacienda?

¿Y en la bodega de Hacienda?

La bodega nunca se inspeccionó porque las autoridades de la Secretaría de Hacienda, durante los 6 años de operación, no informaron de su existencia a la Unidad Estatal de Protección Civil. Al no informar de su existencia, nunca se pidió una revisión. Según el artículo 37, de la Ley 161 y el artículo 17 del reglamento de la misma, las autoridades de la Secretaría de Hacienda eran responsables de pedir la revisión de las condiciones de seguridad de la bodega. Si la bodega no contaba con ninguna medida de seguridad, los trabajadores que tenían acceso a ella se encontraban también en un estado de vulnerabilidad frente a cualquier contingencia, a causa del descuido de sus superiores, no era su obligación pedir revisión a Protección Civil sino de los usuarios legales, que fueron los encargados de firmar los contratos y las altas autoridades de Hacienda. Por la extensión de la superficie y la cantidad de papel almacenada, a la bodega le correspondía una clasificación de “alto riesgo” de incendio, por lo que debía de contar con algún sistema de prevención cada 200 metros cuadrados, un sistema de energía y agua autónomas, detectoras de humo, alarmas contra incendio y puertas de emergencia. A pesar de no haber cumplido con ninguna disposición de seguridad, dos contratos de arrendamiento se renovaron. El primero bajo la dirección de Guillermo Hopkins, el segundo bajo la dirección de Ernesto Vargas Gaytan, quien en Enero del 2009 renovó el último contrato de arrendamiento y cuando este renuncia a la Secretaria de Hacienda para ir a contienda electoral, entra Gilberto Inda Duran. ¿Dónde están en las lista de procesados?

Al mismo tiempo se hicieron evidentes las omisiones, vacíos legales y mal diseño de las políticas de supervisión de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), que Eduardo Bours nunca abordó, según la Ley él es el máximo jefe de protección civil. Según el artículo 13, fracción VIII, de la Ley Estatal de Protección Civil, se le prevén de atribuciones a la Unidad Estatal para dictaminar y autorizar programas internos, planes de contingencia, señalización y sistemas de alerta. En la fracción XIX, incisos i), j) y k) la faculta para realizar inspecciones y comprobar la constitución de unidades internas en la materia de oficinas públicas y privadas, bodegas y depósitos. El problema que señaló Willebaldo Candiani Alatriste, Director de la UEPC, es que, al igual que en las revisiones a las guarderías, no había obligatoriedad de revisiones a las bodegas por parte de la Unidad de Protección Civil, pues las atribuciones otorgadas por la Ley 161, no obligan a la a la realización de visitas permanentes de inspección. También que, técnica y operativamente, las revisiones constantes a las bodegas eran imposibles, pues no existía ni departamento, ni personal suficiente en la Unidad de Protección Civil específicamente designado a la revisión de las bodegas mayores de 1000 metros; en 2009 se contaba solo con 31 integrantes para cubrir 20,000 establecimientos del Estado de Sonora, y sólo dos de ellos eran inspectores dictaminadores.

Muchas preguntas pero sin respuesta

¿Quién era responsable de estas deficiencias en protección civil estatal? ¿No es el gobernador la máxima autoridad en protección civil estatal, encargado de brindar todos los recursos para el óptimo funcionamiento de la institución?

¿Por qué se exonero a Marcia Matilde del Campo, pariente no solo de la esposa del ex-presidente Felipe Calderón, sino también prima de la esposa de Eduardo Bours? ¿Por qué se exonero a Gildardo Urquidez, pariente del ex-candidato a gobernador Elías Serrano? ¿Ser socio capitalista exime de la responsabilidad? ¿Para que se delegaron guarderías a personas cuyo perfil no correspondía al cuidado de los niños y que ni siquiera se ocuparían de ello directamente?

Disculpen la existencia de tanta pregunta en el artículo, pero son preguntas que no deben dejar de abordarse. Al parecer la historia de la justicia en el caso ABC seguirá parcial, incompleta y menguada hasta que no se acepten las verdaderas fallas, las verdaderas responsabilidades, se haga una aplicación igualitaria de la Ley.

Extracto de la investigación. “La construcción y explotación de la crisis de la guardería ABC, en el contexto electoral del 2009”. Colegio de Sonora, 2016.
Lizette Sandoval es Maestra en Comunicación Política, Maestra en Ciencias Sociales. Comunicologa, Consultora y académica.

Por: Lizette Sandoval.

El principal proveedor de servicios de guarderías para menores de entre cero y cuatro años en México es el IMSS. El régimen de la subrogación de guarderías nació con el objetivo de cubrir la demanda de las necesidades de padres y madres trabajadoras en la década de los 80’s.

El esquema consiste en que el Estado, a través del IMSS, cede las funciones a un particular para la prestación de un servicio de guardería a los derechohabientes conforme a las requisitos expedidos por el Consejo Técnico del mismo Instituto, según el cual se subroga la función, mas no la responsabilidad. Mediante un contrato entre las partes se establecen las obligaciones que los particulares contraen tales como los términos del servicio, los pagos, las obligaciones de ambas partes, entre otras cosas.

A los pocos años de iniciado el programa de subrogaciones de guarderías en México, tuvo presencia internacional por sus modelos de guarderías, debido a la atención de calidad que se ofrecía en ellas, incluso países como Chile se inspiraron en el modelo mexicano (Leal,2010).

Sin embargo, ante la capacidad de atender la demanda de las madres trabajadoras y reducir costos para no desequilibrar las finanzas públicas, se decidió realizar varios cambios y modificaciones entre los años 2001 y 2003, a propuesta del entonces director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Santiago Levy Algazi (2000-2005), avalado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, y aprobado por el gobierno de Vicente Fox. Los cambios eran parte de una reorganización corporativa del IMSS, que tenían como objetivo principal reducir costos y cubrir la demanda de manera eficiente (Serna, 2010). Antes del 2001, según la constitución los únicos aspirantes para administrar guarderías eran los “Patrones” que contaban con instalaciones adecuadas para establecer guarderías. Para ampliar el espectro de subrogantes, en el 2001 se propuso un programa de expansión del servicio de guarderías, la propuesta era ampliar a cualquier grupo de personas que se registraran como persona moral, a través de la constitución de una empresa particular, la facultad de poder administrar guarderías y éstas se adjudicarían de manera directa, sin ningún proceso de licitación (Leal, 2010).

¿Quien administra las guarderías del IMSS ??

El número total de guarderías subrogadas en el País, pasó de 757 a mil 565 de 1997 al 2007 (Staab & Gerhard, 2010) Los cambios de la política de subrogación no tuvieron mucho eco en los medios de comunicación, ni se les informaron a los derechohabientes que hacían uso de estas guarderías. Inclusive, algunos padres que perdieron a sus niños en el incendio ignoraban que la Guardería ABC era administrada por particulares, y no de manera directa por el IMSS.

La discrecionalidad de los contratos por licitación, y su flexibilidad en los requisitos, hizo posible que muchos empresarios, políticos y servidores públicos pudieran adquirir guarderías como un negocio “extra” a sus actividades, alrededor de la república. Entre el 2001 y 2003, gracias a los cambios realizados en el proceso de licitación, un amplio sector de subrogantes sin un perfil deseable en el área de la educación, pudo tener acceso a la participación en la subrogación de guarderías. Así se descubrió en el 2009, que políticos activos de PRI, PAN, PRD, empresarios y/o sus familiares formaban parte de los socios subrogantes de guarderías del IMSS por lo menos en 17 estados de la república, Sonora, Durango, Coahuila, Michoacán, Chihuahua, Sinaloa, Campeche, Hidalgo, Veracruz, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Morelos, Quintana Roo, Zacatecas, Yucatán, Morelos. Como ya es sabido entre los socios subrogantes están exdiputados, exsenadores, ex gobernadores, expresidentes municipales, exfuncionarios, así como familiares de estos.

¿Qué sucede en Sonora?

Aunque en los cambios que implementó el IMSS después de la tragedia de la guardería ABC, incluyeron un nuevo proceso riguroso de licitación, las guarderías que estaban en manos de funcionarios y empresarios no cambiaron de dueños. En Sonora la mayoría de las guarderías subrogadas del IMSS tienen como socios a funcionarios, empresarios de otros ramos o ambos. Según la lista de guarderías subrogadas del IMSS presentada públicamente por este instituto en el 2009, Sonora cuenta con 71 guarderías subrogadas; de acuerdo a la lista de este sitio, se realizó una búsqueda por internet de todos y cada uno de los socios de las guarderías subrogadas en Sonora, para determinar su ocupación. 62 guarderías del IMSS en el estado, o sea el 87%, tiene como socio a algún funcionario o empresario prominente o bien a alguno de sus familiares o trabajadores. El 33% (24) de las guarderías subrogadas del IMSS en Sonora, tiene como socios a funcionarios del PAN y PRI o sus familiares y el 39% tiene como socios a empresarios renombrados de la localidad o sus familiares. En muchas de las guarderías, empresarios y funcionarios son socios en conjunto.

De las 71, 10 tienen como socios subrogantes a funcionarios del PAN y 16 a funcionarios del PRI (ver ilustración 1). Empresarios que han figurado como presidentes o integrantes de cámaras de comercio, son muy notorios entre los socios de guarderías subrogadas. En otros casos los socios son expresidentes municipales o familiares, como es el caso de la única guardería de Benjamín Hill, donde el expresidente municipal, Mario Alberto Rodríguez Pinales (2003-2006), aparece como socio, y en Agua Prieta, dos de las tres guarderías existentes pertenecen a la hermana de la exalcaldesa del PRI de Agua Prieta, Irma Villalobos Rascón (2000-2003) y 2012-2015); la tercera pertenece a un prominente empresario del ramo ganadero.

La presencia de socios subrogantes que son funcionarios públicos o miembros de familias poderosas y prominentes es más notoria en los municipios pequeños, por ejemplo, en el municipio de Caborca, las tres guarderías existentes pertenecen a funcionarios panistas en sociedad con empresarios; en Cananea, la única guardería pertenece al hermano de Juan Molina Álvarez, secretario privado del gobernador Guillermo Padrés, y candidato panista a la alcaldía de Cananea en 2015; en Guaymas y empalme mayoría de las guarderías están en las guarderías están en manos de socios relacionados con las maquilas Tetakawi y con las familias, Tonella y Luken, familiares de Marcia Matilde (ex dueña de la guardería ABC); Javier Seldner, socio del Papá de Marcia Matilde tiene dos guarderias. Entre los socios de Guaymas están familiares de la Familia Zaragoza, una de las familias más ricas de Guaymas, Victor Hugo Gonzalez Castro, ex Supervisor de Reclutamiento y Selección de Maquilas Tetakawi, Elizabeth Rodriguez Bueno, ex titular de Personal del Ayuntamiento de Empalme 2012-2015.

En Obregón 4 guarderías están en manos de familiares de Eduardo Bours, y son socios de guarderías Francisco Willis Alcantar, Empresario y exdirector de Oomapasc (Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme 2009-2012), Gustavo Almada Bojorquez, ex candidato a la alcaldía de Obregón en las elecciones del 2015, Cuqui Montelongo,ex Coordinadora del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural Municipal de Obregón (2012-2015).

Guarderías subrogadas

Eh Hermosillo están los exfuncionarios Eduardo Arturo Abril Martínez, Subdirector de recursos humanos de Radio Sonora (2009-2012); Sergio Iván Reyna de la Madrid, Asesor de la Unidad General de Administración en Auditoria Superior de la federación de la cámara de diputados, Antonio Sheleske, ex titular de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS de la cual depende la Coordinación Nacional de Guarderías, encargada de los convenios de subrogación, entre 2001 y 2004, cuando adquirió todas sus guarderías y esposo de María de los Angeles Felix Bours (Sobrina de Eduardo Bours); German Arturo Loera, nominado a ser Diputado de la alianza Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Verde Ecologista por el Distrito cinco, en Hermosillo en Sonora, entre muchos otros. Puede consultar la lista completa en: http://lizettesandovalpoliticaycomunicacion.blogspot.mx/

La siguiente ilustración muestra qué guarderías son administradas por funcionarios, servidores públicos, empresarios, familiares y amigos cercanos. La ilustración muestra un código para entender las siglas.

Ilustración 1. Mapa de Socios de guarderías subrogadas del IMSS en Sonora por municipio, que pertenecen a empresarios o servidores públicos, sus familiares, amigos o trabajadores.
Fuente: elaboración propia.

En la lista de socios subrogantes están también dos funcionarios que enfrentan procesos legales por fraude. Un caso es el de Gabriela Josefina Maytorena Uribe, socia de Jesús Javier Seldner Romo (socio de negocios del papa de Marcia Matilde Gómez del Campo) en la Guardería Nemo, S.C. en el municipio de Guaymas. Gabriela pertenece a una familia de empresarios, ella y su hermano, Francisco Uribe fueron demandados por sus propios familiares, por malos manejos en las empresas familiares y expulsados del consejo que administra dichas empresas. Su Hermano es cercano Colaborador del exalcalde de Guaymas, Otto Claussen. Otro caso es el de Ramón Soto López, socio de la guardería Caminito Feliz en Hermosillo, quien fuera Director Administrativo de DIF en el sexenio del exgobernador López nogales (1997-2003) y fue Inhabilitado por 10 años en el 2008, por presunto fraude a ese mismo Instituto, el cual provocó al gobierno un daño patrimonial de más de 4.5 millones de pesos entre el 1 y el 31 de diciembre del 2003, cuando ya era socio de la guardería. A la fecha aparece junto con sus hermanas como socio integrante de la Guardería. Otro caso en el que se observan irregularidades es en la guardería Dulce Despertar, donde el señor Ernesto Fabián Abril Fimbres aparece como socio, pero según un obituario del periódico Expreso del 27 de mayo del 2014, aparece como finado.

No se trata de satanizar el hecho de que funcionarios y empresarios de otros ramos sean socios de guarderías que brindan un servicio público, ni este hecho significa en si mismo una mala administración de las guarderías, el problema son las cuestiones irresueltas que giran alrededor; las guarderías como negocios rentables que empresarios y funcionarios con nula preparación en el área de la educación adquirieron con poca inversión y cuya responsabilidad generalmente se relega a la directora del plantel, en el afán de no descuidar las otras actividades profesionales y que sea posible manejar una guardería sin tener que estar inmiscuido directamente en la responsabilidad del cuidado y eso pone en entredicho la calidad del cuidado de los infantes. Este argumento fue precisamente una razón importante para exonerar a dos de los socios de la guardería ABC. La defensa legal de los mismos, argumento que por ser solamente socios capitalistas, al no estar involucrados en la administración de la guardería, no tenían responsabilidad, hecho que muestra que el diseño de la subrogación permite, tener una ganancia redituable, sin mucho esfuerzo y responsabilidad (Encinas, 2014). El hecho de que funcionarios, empresarios y familias prominentes sigan administrando guarderías deja la puerta abierta para que en futuros incidentes los socios “capitalistas” puedan volver a escapar de la responsabilidad y no solo eso, sino también para la laxidad, la opacidad, corrupción y tráfico de influencias, hábitos que en nuestro país los cambios a la política de la subrogación no logran erradicar.