La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en uno de los temas más debatidos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), donde las delegaciones discuten tanto su potencial para ayudar a mitigar los efectos del cambio climático como los impactos ambientales que genera su uso intensivo, especialmente por el alto consumo de agua y energía de los grandes centros de datos.
Aunque no está oficialmente en las negociaciones de la COP30, la inteligencia artificial es motivo de debate en la agenda de los países participantes. El Gobierno brasileño y otros Estados están mapeando las buenas prácticas que pueden acelerarse.
Un ejemplo positivo viene de Laos, donde la investigadora Alisa Luangrath, ganadora del Premio Acción Climática con IA 2025 promovido por la Comisión de la ONU sobre Cambio Climático (UNFCCC), creó un sistema de irrigación en la provincia de Sawannaket, una región esencial para la agricultura del país que sufre escasez de agua y otros impactos del cambio climático.
En conversación con ONU News, Luangrath explicó que la tecnología integra sensores de humedad del suelo, agua subterránea y mediciones meteorológicas con sistemas de inteligencia artificial. Los datos se procesan y se utilizan para hacer proyecciones sobre el estado de la tierra, la disponibilidad de agua y los riesgos de inundación o aumento de temperatura. Los agricultores reciben toda la información en tiempo real a través de una aplicación.
La investigadora espera que su participación en la COP30 ayude a establecer alianzas para llevar esta innovación a otros países y comunidades vulnerables a la crisis climática. Todos los modelos de IA y herramientas de datos estarán disponibles bajo licencias de código abierto, permitiendo su libre reutilización y mejora.
Sin embargo, frente a este uso beneficioso de la IA, surgen preocupaciones por el impacto ambiental que tiene su empleo intensivo. El coordinador de Telecomunicaciones y Derechos Digitales del Instituto de Defensa del Consumidor (Idec), Luã Cruz, advirtió que todos los datos recogidos a través de celulares y computadoras son procesados en grandes centros de datos, los cuales demandan grandes cantidades de energía y agua para su funcionamiento.
“Estos almacenes gastan mucha energía y mucha agua, porque se tienen que enfriar; ocupan un territorio grande, porque necesitan estar en algún lugar, y gastan muchos minerales, porque existen en todos los componentes electrónicos que forman parte de esta gran infraestructura”, señaló.
Cruz añadió que los datacenters “no están respetando los límites planetarios y buscan instalarse en lugares donde hay poca regulación ambiental e incentivos económicos como exenciones fiscales”.
Uno de los desafíos de la COP30 es desbloquear las negociaciones en torno al Programa de Implementación de Tecnologías, que agrupa una serie de iniciativas para salvar vidas en un planeta que se calienta y enfrenta desastres naturales cada vez más frecuentes. Algunos puntos de desacuerdo son la superación de barreras comerciales, incluido el régimen de derechos de propiedad intelectual, y los obstáculos financieros para el acceso a la tecnología por parte de los países en desarrollo.
El representante del Idec mencionó que Brasil, al igual que otros países, está en una carrera por atraer centros de datos. A su juicio, la COP30 representa una oportunidad para aprender de naciones que optaron por el camino inverso y rechazaron este tipo de infraestructuras.
Cruz recordó que los Países Bajos, Chile y Uruguay impusieron restricciones o removieron datacenters debido a su alto consumo de agua y su contribución a la escasez hídrica. En Brasil, el Idec acompaña dos casos: uno en Caucaia, en el interior de Ceará, donde se prevé la instalación de un datacenter de la red social TikTok cerca de un territorio indígena del pueblo Anacé, y otro en Eldorado do Sul, en Rio Grande do Sul, una ciudad que quedó más de un 80% sumergida tras las grandes lluvias que azotaron el estado brasileño el año pasado.
