Colombia marcó un hito ambiental de alcance global al declarar la totalidad de su Amazonía como zona libre de gran minería y actividades de hidrocarburos, convirtiéndose en el primer país de la región en proteger de forma integral su bioma amazónico como reserva natural.
La medida protege más de 483 mil kilómetros cuadrados de selva, equivalentes al 42% del territorio continental colombiano y cerca del 7% de toda la Amazonía suramericana, reforzando el liderazgo del país en conservación ambiental, acción climática y transición energética justa.
El anuncio se realizó durante el Encuentro de Ministros de Ambiente de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), en el marco de la COP30 sobre cambio climático, donde Colombia también lanzó un llamado regional para construir una Alianza Amazónica por la Vida, que coloque a la selva en el centro de la justicia ambiental, la paz con la naturaleza y las políticas climáticas.
Durante su intervención, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, destacó que, aunque Colombia alberga solo una parte del bioma amazónico, decidió protegerlo en su totalidad al reconocer que los ecosistemas no se rigen por fronteras políticas.
La Amazonía colombiana se extiende por los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés, regiones históricamente presionadas por la deforestación, la minería ilegal y la apertura de vías. Con esta declaratoria, se restringe la expansión de nuevas actividades extractivas convencionales y se refuerza la protección de ríos, bosques y territorios estratégicos para la estabilidad climática del continente.
Especialistas subrayan que el bioma amazónico colombiano es uno de los más biodiversos del planeta, al albergar cerca del 10% de las especies de plantas conocidas, además de regular el clima regional, sostener el ciclo del agua y alimentar los páramos andinos que garantizan el suministro hídrico para millones de personas.
Organismos internacionales han advertido que la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad tienen impactos directos en la salud humana y en la estabilidad social, por lo que la decisión colombiana se alinea con la evidencia científica que vincula la conservación con el bienestar y la prevención de riesgos sanitarios.
La medida también reconoce la dimensión social del territorio amazónico, hogar de 1.2 millones de personas, principalmente pueblos indígenas, comunidades campesinas y afrodescendientes, cuyo papel como guardianes del bosque resulta clave para la conservación del ecosistema.
Asimismo, la declaratoria se articula con políticas públicas de largo plazo como el Plan Nacional de Contención de la Deforestación, la NDC 3.0 y la Transición Energética y Ecológica Justa, evitando la activación de 43 bloques de hidrocarburos y 286 solicitudes mineras consideradas de alto riesgo ambiental.
Con esta decisión, Colombia se posiciona como referente mundial al demostrar que es posible priorizar la protección de la vida y los ecosistemas frente a la explotación de corto plazo, enviando un mensaje contundente en un contexto global marcado por la urgencia climática.
