Con 10 ejecuciones extrajudiciales cometidas en contra de personas defensoras de derechos humanos, Oaxaca es el estado más peligroso para defender los Derechos Humanos.
Pedro Matías | Foto: archivo Página 3
Oaxaca, Oax. (página3.mx).- Con 10 ejecuciones extrajudiciales cometidas en contra de personas defensoras de derechos humanos, Oaxaca encabezó la lista de las entidades del país con el mayor número de víctimas en el 2022, siendo el estado más peligroso para defender los derechos humanos. Sobresalió en el informe del Comité Cerezo México.
“Oaxaca, bajo el gobierno priista (de Alejandro Murat Hinojosa), se destaca con el mayor número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales con diez casos. Le sigue Puebla bajo el gobierno del recién fallecido gobernador de Morena (Miguel Barbosa) con tres casos y Michoacán, también con gobierno de Morena (Alfredo Ramírez Bedolla) con dos casos”, resalta el documento.
Hace hincapié que en el cuarto año del presidente Andrés Manuel López Obrador, 22 Personas defensoras de Derechos Humanos fueron ejecutadas extrajudicialmente en el 2022. 10 se cometieron en el estado de Oaxaca.
En la lista se encuentra Néstor Iván Merino Flores (20-03-22); Luciano Pérez Martínez (12-05-22); Humberto Valdomino Fuentes (23-05-22); Crispín Reyes Pablo (14-07-22); Pedro Vásquez Ramírez (14-07-22); Álvaro Sebastián Ramírez (19-07-22); Mariano Cruz García (08-08-22); Filogonio Martínez Merino (26-10-22); Jesús Manuel García Martínez (27-10-22); Ana Cristina Martínez García (20-12-22).
El documento hace referencia a la grave violación a los derechos humanos durante lo que va del sexenio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que inició el 01 de diciembre de 2018.
Aclaró que como organización de derechos humanos “no documentamos los homicidios cometidos por particulares. Solo incluimos las ejecuciones extrajudiciales cometidas en contra de personas defensoras de derechos humanos que han sufrido esta grave violación a los derechos humanos como respuesta a su trabajo de defensa de los derechos humanos”.
Oaxaca se convierte en el estado más peligroso para defender los Derechos Humanos
Explicaron que “una ejecución extrajudicial ocurre cuando miembros del Estado, por comisión o por aquiescencia (cuando mandatan a particulares), cometen una privación ilegítima de la vida; por lo tanto, se define como un “homicidio doloso perpetrado o consentido por personas cuya ilegítima actuación se apoya, de manera mediata o inmediata, en las potestades del Estado” (ONU, 2005).
Recordaron que hasta antes de la entrada de AMLO a la presidencia, los gobiernos del PAN, a partir del 2006 y del nuevo PRI, usaron principalmente la estrategia de control social mediante el terror para profundizar la política económica neoliberal en México, sin que esto quiera decir que dejaron de usar la estrategia de represión política y la estrategia contrainsurgente.
Y Con el gobierno actual ya no es la estrategia de control social por medio del terror el método principal. Ahora se intenta el control social mediante programas sociales masivos, sin que esto quiera decir que no se usen las otras dos estrategias.
El gobierno federal permite y tolera la estrategia de represión política; por ello que ésta se implementa por medio de los gobiernos estatales y municipales de todos los partidos políticos, incluido Morena.
Este hecho tiene como consecuencia la continuidad en el cometido de ejecuciones extrajudiciales, incluso en los territorios gobernados por Morena.
Mencionó que de las víctimas del 2022, el principal derecho humano que defendían las personas defensoras es el derecho al Territorio: con siete víctimas; nuevamente en segundo lugar están cinco personas que defendían derechos humanos relacionados a la Vida digna, tres a la libertad de expresión, dos a defender los derechos humanos y los restantes tres a Ser buscado, a la integridad personal y a la protesta.
Sobre el porcentaje de ejecuciones extrajudiciales en contra de personas defensoras de derechos humanos por sexo, en este periodo, las mujeres representan un 18%, con 4 víctimas, mientras que el resto, 18 víctimas hombres, representan el 82% restante del total de víctimas.
En 8 casos, se conoce que las víctimas eran personas defensoras de derechos humanos que pertenecían a un pueblo indígena. De otros doce casos, eran mestizas; en uno solo, afrodescendiente y en uno más no pudimos determinar la pertenencia o no a un pueblo indígena de las víctimas.
El número de víctimas de ejecución extrajudicial que pertenecen a un pueblo indígena siempre ha representado un porcentaje elevado, si se mira desde una perspectiva proporcional al número de habitantes indígenas con respecto a la población en general en México.
En 12 casos, el PRI gobierna los municipios donde sucedieron las ejecuciones extrajudiciales. En 8 casos gobierna Morena, y en uno respectivamente el PAN y el PES.
Concluyeron que “se mantiene la práctica de la ejecución extrajudicial en nuestro país. No en los niveles de Peña Nieto, ya que las cifras de, hasta su cuarto año eran de 96 casos, en comparación con los 79 que lleva AMLO en su sexenio. Solo disminuyeron en dos casos con respecto al año pasado”.
“Los beneficiarios de esta grave violación a los derechos humanos siguen siendo los gobiernos priistas y ahora, en segundo lugar, los de Morena. Sigue el mismo patrón respecto a los autores de las ejecuciones extrajudiciales, en la mayoría de los casos se desconoce el perpetrador. En segundo lugar están los grupos paramilitares como responsables; en tercer lugar, las policías estatales«.
