El Estado mexicano compareció este jueves en Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Atenco, en el que 11 mujeres denunciaron abuso sexual por parte de policías.
Los ataques ocurrieron entre el 3 y 4 de mayo de 2006 en “detenciones y traslados”, y aunque en 2013 el Gobierno mexicano aceptó los señalamientos, no ejecutó las recomendaciones que se le hicieron.
El Estado mexicano está acusado de “alegadas violaciones” a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
La audiencia del jueves empezó a las 09:00 horas locales (mismo tiempo del Centro de México). La de este viernes será de las 08:30 a las 11:00.
La sentencia se espera para 2018, con medidas de reparación y demás reclamos de las denunciantes.
En esta ocasión, la sentencia es de obligatorio carácter vinculante para México.
Roberto Caldas, preside el proceso, acompañado por los jueces Elizabeth Odio, Patricio Pazmiño, Humberto Sierra, Eugenio Zaffaroni y Eduardo Vio Grossi.
Las presuntas víctimas son Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, Ángela Patricia Torres Linares y Romero.
En una versión inicial de la comparecencia, algunas de las víctimas dieron su testimonio, en el que describieron una serie de atrocidades y torturas cometidas por los policías mexicanos.
Las once mexicanas son representadas por las abogadas Florencia Reggiardo, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), instancia hemisférica no estatal, y por Stephanie Brewer y Araceli Quirós, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, de México.
La contraparte del Estado mexicano es numerosa y, entre otros, están el embajador de México en Costa Rica, Melquiades Morales, la jerarca de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Patricia Colchero Aragonés, y el fiscal general del estado de México, Alejandro Gómez Sánchez.
La Comisión, además de May Macaulay, es representada por Elizabeth Abi-Mershed, secretaria ejecutiva adjunta, y Silvia Serrano, asesora. El proceso fue llevado en septiembre de 2016 a la Corte por la Comisión.
El caso se centra en un desalojo policiaco ocurrido en San Salvador Atenco y Texcoco, en mayo de 2006.
Tras los operativos policiales -ocurrido cuando era Gobernador del Estado de México, el actual Presidente Enrique Peña Nieto-, al menos 31 mujeres detenidas denunciaron agresiones sexuales tanto al momento de la detención como en su traslado al penal y a su llegada a éste.
Fuente: elmananerodiario.com
