“Sectaria, ilegal e injusta, además de politiquera”; así es como se refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la decisión del juez que le prohibió hablar de la senadora Xóchitl Gálvez.
Por su parte la secretaria de Gobernación, María Luis Alcalde, acusó a Martín Santos Pérez de extralimitarse en el uso de sus facultades; este es el juez Octavo de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México; Alcalde asegura que la determinación violenta la libertad de expresión del presidente de México; así como el derecho a la información de las y los mexicanos; afectado así la democracia.
Alcalde Luján aseguró que Xóchitl Gálvez, quien contiende por la precandidatura a la presidencia, es asesorada por abogados del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, siendo algunos de sus miembros Gustavo de hoyos, Claudio X. González, Miguel Carbonell, Lía Limón y Fernando Gómez Mont.
“Por supuesto que presentaremos los recursos necesarios, pero sí hacemos público nuestra preocupación que este juez se extralimita afectando nuestra democracia y pretendiendo a través de este amparo silenciar al presidente de México”, dijo Alcalde.
López Obrador comentó que presentará los antecedentes de como el juez ha actuado de maneta “sectaria, ilegal e injusta, además politiquera”; esto lo hará de manera formal por medio de un escrito que enviará al al Consejo de la Judicatura.
“Sí voy a denunciarlo […] por todos los antecedentes y por lo que está haciendo en mi contra […] se supone que el Consejo de la Judicatura tiene que actuar en estos casos y no hace nada”, informó el presidente.
Todo esto se ha dado luego de que el día de ayer el juez Martín Santos Pérez le ordenó a López Obrador abstenerse de “cualquier discurso de odio hacia la quejosa, así como eliminar de todas las cuentas oficiales las declaraciones y comunicados que la aludan en particular hace referencia a las conferencias matutinas del 3,4,5,6,7 y 14 de julio”.
Este juez ha sido señalado por la secretaria de Gobernación de haber ordenado la suspensión del acuerdo que pertmitía a las fuerzas armadas realizar labores de seguridad pública hasta 2024; suspendió el programa piloto de la SEP para aplicar el Plan de Estudios para Preescolar, Primaria y Secundaria (2022 a 2023); suspendió la prohibición a la venta de cigarrillos electrónicos; otorgó la suspensión para la prohibición a restaurantes para fumar en sus instalaciones; y también había suspendido la prohibición de utilizar personajes infantiles en productos chatarra.
