Por Isabel Dorado Auz.
Desde la implementación del sistema neoliberal, que enfrentó con éxito el presidente de la República, empezó a cobrarse la educación, que debiera ser gratuita, a través de “cuotas voluntarias” que terminaron por ser una enorme carga para los bolsillos de los sonorenses y ha impedido que miles de estudiantes puedan continuar sus estudios.
La cuarta transformación y especialmente el presidente han sido muy enfáticos en que no se debe cobrar la educación y que, además, deben desaparecer los exámenes de admisión. En mi percepción, se abre una esperanza de que tales cosas ocurran en un futuro cercano, dado que hay funcionarios en el ámbito educativo que en el pasado tuvieron como bandera política a la educación gratuita cuando participaron en movimientos sociales.
Aarón Grajeda, el actual secretario de educación y cultura, participó en aquella famosa marcha “Del desierto al Zócalo” en contra de la imposición de la ley 4 que llevó a cabo Manlio Fabio Beltrones, la cual no solo le arrebató la autonomía a la Universidad de Sonora, sino que trajo consigo la implementación del cobro de cuotas en la educación universitaria. El movimiento estudiantil, de aquellos tiempos luchó por preservar la gratuidad de la educación y fue referente importante en la lucha estudiantil nacional que, de esa forma, expresaban su rechazo al modelo neoliberal. Punto y aparte, no se entiende entonces, que hoy un grupo de maestros quieran reformar la Ley 4 y se niegan a darle un nuevo marco normativo a la Unison donde no debiera quedar un solo rasgo de la ley que impuso Beltrones.
Arturo Rosas, ahora director general del Colegio de Bachilleres, Cobach y Gracia Anduro, directora general del Cecytes, tienen una larga trayectoria de lucha asociada a la izquierda. Se esperaría, entonces, que tomen cartas en el asunto y permitan que los estudiantes sonorenses no tengan el impedimento económico para que puedan continuar sus estudios. Se comenta, incluso, que Armando Moreno Soto, quien ha sido un defensor a ultranza de la educación gratuita, podría llegar a dirigir la Universidad Estatal de Sonora. No solo eso, dentro de la Unison son cada ves más las voces que exigen un nuevo marco normativo para la máxima casa de estudios de Sonora y, claro está, se pretende que quede claramente establecido en esa nueva normatividad la gratuidad de la educación superior que imparte nuestra alma mater.
Alfonso Durazo, gobernador del estado, solo debe atender este viejo reclamo popular y tiene a los funcionarios apropiados para hacer el trabajo que se requiere para llevar a cabo un cambio radical, desde el ámbito educativo, en el sistema político y terminar de enterrar ese lesivo sistema neoliberal que “gobernó” al país por más de 30 años. Entiendo, que deberá tomarse su tiempo, dado que es un asunto que está asociado con el presupuesto del estado, pero si el presidente está haciendo rendir los recursos de la nación, algo similar tiene que hacer el gobierno del estado al someter al Congreso el Presupuesto del próximo año.
La educación gratuita es una obligación moral de la izquierda. La educación es una de las puertas abiertas que deben tener los de abajo para mejorar sus condiciones de vida y, no menos importante, es también la puerta abierta para ser más libres.
