Por: Isabel Dorado Auz
Hoy en día se debiera estar debatiendo la propuesta de “nueva” ley que dio a conocer el Secretario de Gobierno para la Universidad de Sonora. ¿Por qué no se está haciendo?
Álvaro Bracamontes nos presentó el pasado 10 de noviembre, al grupo de Ciencia y Sociedad, lo que dijo era un documento de trabajo. A pesar del tiempo transcurrido, el documento no ha sido trabajado y el acuerdo de reunirnos con el Secretario, la dirigencia sindical y nuestro grupo de académicos, no se ha concretado.
Lo que es una realidad es que hay dos propuestas concretas, la nuestra y la que dio a conocer el secretario. La pregunta es, ¿Cuándo iniciamos el debate? ¿hay voluntad del Gobierno del Estado para iniciar este debate? Nosotros sostenemos que se requiere verdaderamente una nueva ley, muy distinta a la que nos impuso el modelo neoliberal de la mano de Manlio Fabio Beltrones en 1991.
Es evidente que la ley Beltrones propició el cobro de la educación que se imparte en la Universidad de Sonora, que trajo consigo, también, el cerrarle la puerta a miles y miles de estudiantes al establecer los exámenes de admisión como barrera infranqueable para la inmensa mayoría de los aspirantes, quienes año con año buscan ingresar a alguna de las carreras que ofrece la institución de educación superior más importante del estado.
Esa ley neoliberal nos arrebató la autonomía al crear un órgano de gobierno, la junta universitaria, integrada en gran parte por gente externa que poco o nada conoce de lo que realmente ocurre al interior de la Universidad. Esa ley que creó una estructura burocrática dorada, la que al percibir grandes sueldos fue muy proclive a la implementación del sistema neoliberal, el cual ve a la educación superior como un gasto más que como una inversión. Uno esperaría, de un gobierno que se dice de izquierda, que se diera un golpe de timón y se replanteara el destino de la universidad pública en tiempos de la 4T.
El neoliberalismo, que tanto critica el presidente de la República, se empezó a implementar desde las universidades públicas. Se nombró “gerentes”, en nuestro caso en las direcciones divisionales, quienes atienden las órdenes de quien ocupa la rectoría, quien a su vez atiende los intereses de los grupos oligárquicos de la región. La comunidad universitaria, simple y sencillamente solo es “consultada” sobre lo que ya se decidió en la cúpula.
Todos esos vicios que se han generado están teniendo un impacto muy negativo en las relaciones laborales y en los procesos relacionados con el desarrollo académico. Se ha implementado una programación anual para “gastar” menos, alargando el tiempo de permanencia de un gran número de estudiantes. La contratación de personal académico se ha manoseado de tal manera que “las palancas” se han convertido en el principal mecanismo de contratación, ya sea por designación directa o por convocatorias que ya tienen destinatario.
Eliminar la estructura burocrática creada por la Ley 4 debiera ser una prioridad, por eso no entendemos esa pretensión del secretario de gobierno de querer maquillar la ley Beltronista. ¿Cuál es la prioridad de la 4T hecha gobierno? ¿Que siga el modelo neoliberal en la Unison o darle al Pueblo sonorense la Universidad que realmente merece?
