Por Victoria Laphond
Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists
Han pasado 16 años desde que el Gobierno del Estado de Chihuahua, creó la Subcomisión para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Aunque la incidencia ha crecido un 21.4% y las quejas de grupos vulnerables se incrementaron, no hay intenciones de ponerla a funcionar.
“¿Por qué abusar?, ellos (el gobierno municipal) saben en qué condiciones vive cada una de las familias de nosotros los discapacitados, no se puede tolerar esto. Vamos a seguirle hasta las últimas consecuencias y no vamos a permitir que se cobre un cinco más a nadie”, expresó Benjamín, una presunta víctima de discriminación.
Él junto a otros adultos mayores con discapacidad, se apostaron afuera del edificio del Ayuntamiento por el cobro injustificado del gimnasio adaptado destinado a esta población. Pese a que estaban bajo los rayos del sol, no fueron recibidos por personal del Municipio de Chihuahua.
Estos eventos de protesta suceden de manera constante en Chihuahua mientras la Subcomisión para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que es dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de Gobierno del Estado, está deshabilitada.
La responsabilidad actual recae en la gobernadora Marú Campos Galván, emanada del Partido Acción Nacional (PAN).
“La subcomisión que se integró en el año 2015 no contaba con presupuesto, ya que únicamente sesionó para efectos de su instalación y toma de protesta de los integrantes; mientras que en la actual administración, dicha Subcomisión no ha sido instalada, razón por la cual no cuenta con un presupuesto destinado para su funcionamiento”, respondió el titular Rafael Loera Talamantes, a una solicitud de información para conocer los motivos de la disfuncionalidad del organismo.
“En la actualidad no se cuenta con la propuesta del Programa Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, razón por la que no se han previsto las partidas y montos en el presupuesto de egresos”, reiteró.
A pesar de que la Subcomisión nunca fue presupuestada, el 23 de noviembre de 2021 en el decreto DJCP/17/2021 del H. Congreso del Estado de Chihuahua en su Artículo Décimo Octavo se mencionó: “La Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, tiene a bien designar como representante de esta Alta Representación Popular ante LA SUBCOMISIÓN PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN, al Legislador: Gustavo de la Rosa Hickerson.”
Al buscar al diputado, para preguntarle sobre su representación en la Subcomisión, su asesora Francia Aragón respondió, “Seguimos esperando respuesta por parte de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común respecto a la convocatoria de esta Subcomisión.”
Según información de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno Municipal, en 2023 se entregaron tres mil becas de discapacidad en la ciudad, con un monto de cuatro mil pesos cada una, un total aproximado a los 12 millones de pesos. De ese dinero, el grupo de personas vulnerables tiene que pagar el gimnasio, es decir, devolver un porcentaje al Gobierno Municipal.
El gimnasio adaptado para personas con discapacidad, es un inmueble inaugurado en 2014. En aquel momento, era el segundo gimnasio a nivel nacional exclusivo para personas con discapacidad y el primero a nivel estatal. Este espacio cuenta con rampas para el acceso de sillas de ruedas, señalamientos en braille y alberga una cancha principal para básquetbol, voleibol o goalball. Además de un área destinada a la rehabilitación física de las personas.
“Ustedes saben lo que significa cuatro mil pesos al año, más cuando tienes necesidades especiales. A esas mismas personas que se vieron beneficiadas y que estaban en el gimnasio adaptado sin pagar absolutamente nada, en septiembre (2023) hacen unas modificaciones a sus cálculos y deciden que ya la consulta con una terapista es de 350 pesos y que cada terapia física es de 160 pesos”, contó Luz María la líder del grupo.
Subcomisión en papel, mientras la incidencia va a la alza
Han pasado los gobiernos de José Reyes Baeza, César Duarte Jáquez, Javier Corral Jurado y de la ahora gobernadora María Eugenia Campos Galvan, sin embargo, la incidencia por discriminación en Chihuahua se mantiene al alza, tan sólo de 2017 a 2022 aumentó un 21.4% según cifras de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022.
Estos números sitúan a la entidad en 19.6% de discriminación un rango mayor que la media nacional de 17.6%, lo que significa que alrededor de 50 mil personas de 18 años en adelante fueron afectadas durante este periodo.
Hasta el 2 de octubre de 2023, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió 584 quejas, 75 fueron por discriminación, lo que representa 12.8% del total de quejas recibidas. Al finalizar el año fueron 95 por esa causa.
Tan sólo en contra de la Secretaría de Educación y Deporte hubo 50 casos el año pasado, destacando: “discriminación basada en la condición de salud”, “orientación e identidad de género” y “por el origen étnico”.
Le sigue con 17 quejas la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, donde las “violaciones al derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación”, son la principal demanda ante al organismo.
Así también, con ocho casos, está el Ayuntamiento de Chihuahua, entre las quejas se menciona la “reincidencia en la discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género”, “origen étnico” y “personas con discapacidad”.
Para el año de 2022 se recibieron 681 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de las cuales, 52 fueron por discriminación, un 8.7% del total de casos recibidos. De igual manera, la Secretaría de Educación y Deporte fue la que recibió más quejas con 24 registros.
Siguió la Secretaría de Salud con 8 casos y el Municipio de Chihuahua con 5; en ambas instancias la mayor cantidad de quejas fueron por “violaciones al derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación”.
Durante 2021 y 2020 la incidencia se mantuvo a la baja con 34 y 44 casos respectivamente, pero en 2019 se enlistaron 96 quejas por discriminación. Aunque hubo una reducción durante la pandemia por COVID 19, las cifras han regresado al nivel que tenían hace cinco años.
“Les comentaba que no es posible, teniendo todas esas carencias cuando a veces pierdes todo por la salud y además se les esté cobrando. Si suman, esa persona tendría que pagar 12 mil pesos al año, cuando nomás les dieron (el Municipio) 4 mil pesos; no es posible que puedan pagarlo”, declaró Luz María en entrevista el 30 de noviembre de 2023.
“Entonces me hablaron unos compañeros y me dijeron. Oye Luzma, ¿qué podemos hacer? Pues hay que sentarnos a la mesa, claro, nos sentamos a la mesa quedando formalmente de no cobrar, pero a la vuelta de una semana les volvieron a decir ‘“tienes que dar algo, lo que sea, pero dar, ¿qué te parece si das 200 pesos en lugar de 350 pesos por la consulta o en lugar de 160 pesos das 140 o 120 pesos por la terapia física?’”, explicó Luz María, ella junto con sus compañeros son parte de la organización “Discapacidad con Dignidad”, la cual vela por las personas con discapacidad en la ciudad de Chihuahua.
“La Comisión Estatal de Derechos Humanos formaba parte de este organismo, pero nuestra participación, pues era un miembro más de asiento. Toda la función ejecutiva la tenía designada esta persona dependiente del secretario de Desarrollo Social,” comentó el expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz.
“Creo que ahí fue un error, dejarla (la Subcomisión) únicamente como dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social y hubiera tenido un impacto mayor si se hubiera establecido como un ente quizás como un organismo descentralizado,” afirmó el ex funcionario.
En búsqueda de mayor información, Alejandro Ali Méndez Díaz, abogado de la Asociación Civil México Igualitario mencionó que en el estado de Oaxaca sucedió un caso parecido al de Chihuahua.
“Tenemos en Oaxaca una situación similar, desde 2010 tenemos una ley que crea una Dirección General de Derechos para Prevenir Eliminar la Discriminación. Llevamos desde 2010 a la fecha sin que eso sea instalado. Se ordenaba que tuviera presupuesto y demás, entonces, es la misma situación de Chihuahua. Nosotros (México Igualitario) el 17 de mayo de 2023 presentamos un juicio de amparo, en el que reclamamos al Congreso que no se haya asignado el presupuesto”, mencionó el abogado.
Al preguntarle por las Responsabilidades Administrativas por no tener operando este organismo, dijo, “lo veo un poco más complicado porque quien resuelve la administrativa es la propia, o sea, el propio Gobierno del Estado porque es tu propio órgano de control.
“En Oaxaca, por ejemplo, hicimos este mapeo de qué responsabilidades administrativas hay por no instalar la Comisión, lo que queremos hacer en un mediano plazo es demandar a un conjunto de instituciones en el Estado, es decir, que sean todas las autoridades que deben estar haciendo algo para prevenir los crímenes de odio y la violencia hacia la población y que no están haciendo nada”, agregó Alejandro Ali Méndez Díaz..
Los esfuerzos mencionados aquí por parte gobierno del estado de Chihuahua han sido insuficientes, debido a la alta incidencia por discriminación que existe, y ésta es una de las 11 entidades que se han negado a firmar el convenio con el Gobierno Federal para dar una beca a la población con discapacidad.
En el 2022 la dependencia recibió 405 millones 571 mil 906 pesos, sin embargo, al final de ese año esta cantidad se amplió a 689 millones 276 mil 634 pesos. De la misma forma, el apartado de “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas” recibió la mayor cantidad de presupuesto, con 312 millones 552 mil 148 pesos.
Con este monto, en 2022 beneficiaron a 8 mil 039 personas con el programa: 1S027A1 (Atención a Sujetos Prioritarios por Situación de Vulnerabilidad: Personas Mayores) y distribuyeron 7 mil 496 apoyos a personas con discapacidad, según información obtenida a través de transparencia.
En total, la institución otorgó 78 mil 416 apoyos a través de los diferentes programas, aunque no se especificó la cantidad de dinero destinada en cada apoyo.
En la cuenta pública de ese año, el monto económico destinado a las ayudas sociales, en general, fue de 279 mil 616 pesos con 966 centavos, de acuerdo al titular de la dependencia, Rafael Loera Talamantes, quien respondió a una solicitud de acceso a la información.
En el Proyecto de Egresos 2023 le fueron autorizados a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, dependencia encargada de dar atención a grupos vulnerables, un presupuesto de 557 millones 470 mil 552 pesos. Al final del año la dependencia ejerció 637 millones 641 mil 673 pesos, de los que, para el apartado de “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”, le fueron asignados, ya con el aumento, 385 millones 472 mil 266 pesos, siendo el rubro con mayor cantidad financiera.
Ese mismo año, la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, redujo la cantidad de apoyos a 75 mil 001, pese a tener un aumento monetario en la cuenta pública, de 302 millones 886 mil 148 pesos para ayudas sociales. En ese periodo apoyó a una mayor cantidad de adultos mayores, en total fueron 8 mil 396 personas beneficiadas, sin embargo, los apoyos a personas con discapacidad se redujeron a 6 mil 629 apoyos.
Las personas con discapacidad piden apoyo integral que realmente les dé un beneficio profesional y personal y no depender de pequeñas ayudas que no aportan a su futuro.
“Nuestras necesidades no son sólo una despensa, necesitamos trabajo que nos permita ser productivos con sueldos competitivos y con prestaciones de ley (…).
“Las autoridades de los tres entes de gobierno deben escucharnos y darnos las oportunidades de crecimiento, no estamos pidiendo dádivas ni limosnas”, mencionó Laura Fuentes, representante de la Asociación Unión de Discapacitados de Chihuahua.
Créditos
Victoria Laphond
Imágenes: Virginia Covarrubias León
Publicado originalmente en: https://www.borderhub.org/es/noticias-especiales/el-estado-de-chihuahua-deja-en-papel-subcomision-para-combatir-discriminacion/
