Estoy convencido de que el fuero debe permanecer para asegurar la independencia de los legisladores, diputados y senadores, sin temor a represalias y creo que la ley de seguridad interior no es ninguna garantía de que se acabará con el problema de inseguridad que actualmente padecemos. Por ello, es importante analizar estos dos tropiezos que ha dado el poder legislativo en nuestro país-
Dice Diego Valadés que la reforma aprobada en la Cámara de Diputados para eliminar el fuero a los servidores públicos, incluido el Presidente de la República, es una decisión precipitada, irresponsable y que puede conducir a la ingobernabilidad.Agrega que es una de las mejores medidas que se podrían tomar si se quiere inmovilizar al próximo mandatario. Lo cual es cierto si la derecha mexicana conserva todo el poder que experimenta en la actualidad, pero también podría ser de gran ayuda a AMLO si, una vez presidente, desea meter a la cárcel a gobernantes en activo que se interpongan en su camino. Estoy pensando en los Yunes, Silvano Aureoles y uno que otro diputado federal o senador que intenten contrarrestar el poder presidencial. Esto es, quienes han visto en el Peje a un Hugo Chávez, podrían ser los mismos que le estarían facilitando en estos momentos la fortaleza que requiere el hoy enemigo número uno de la mafia del poder.
No olvidemos que el fuero se podía perder si se le iniciaba un juicio político a cualquier funcionario o legislador en funciones. Claro está, se requería de verdaderos políticos que tuvieran la convicción firme de hacer pagar legalmente a quienes estuvieran esquilmando de una u otra manera a nuestro país sin distinción de colores partidistas. Así, el mecanismo para llevar a la cárcel a todos esos personajes que han sido tachados de corruptos hubiese sido más eficiente y se hubiese evitado el saqueo que se experimentó en varios estados de la República. Seguramente Emilio Lozoya ya estuviera en la cárcel y Peña Nieto no hubiera terminado su mandato después del escándalo de la Casa Blanca y la sospecha, cada vez más creíble, de que está haciendo un gran negocio con la licitación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
En cuanto a la ley de seguridad interior, Aguilar Camín dice que la redacción de la ley es confusa, pero su propósito es claro. Busca darle un marco legal a la decisión federal de usar las fuerzas armadas para combatir al narco y al crimen organizado. Esto es lo que autoriza la ley de seguridad interior en curso: que el gobierno federal pueda dar esas órdenes sin sombra de duda legal. Quienes realmente se preocupan por los Derechos Humanos piensan que puede usarse al Ejército y a la Marina para contener la protesta social. No es acaso esto lo que se cuestiona en el caso de Nicolás Maduro, quien supuestamente está usando a las fuerzas armadas para combatir la “protesta social” auspiciada por la derecha venezolana. Podría ser, entonces, que la derecha mexicana le esté dando un arma muy poderosa al Peje, en caso de que no puedan contenerlo y salga triunfador en la jornada electoral.
Por: Isabel Dorado Auz
