Amnistía Internacional (AI) calificó como “preocupante” que el gobierno mexicano niegue la realidad sobre la tortura y deploró la respuesta oficial que el embajador de México ante la ONU, Jorge Lomónaco Tonda pronunció, luego de que el Relator Especial de la Naciones Unidas, Juan E. Méndez, presentó este lunes un informe que indica que todas las fuerzas del orden del país torturan bajo un contexto de impunidad.
“Este informe vital y mordaz de un experto de la ONU sobre la tortura destaca una cultura de la impunidad y la brutalidad a la cual le hemos estado haciendo campaña durante años. El presidente Enrique Peña Nieto no puede alegar desconocimiento sobre este tema. Por el contrario, se debe aceptar y actuar sobre todas las recomendaciones de la ONU establecidas en el informe del Relator Especial”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
A través de un comunicado, el organismo defensor de los derechos humanos subrayó que informe de la ONU describe cómo los funcionarios en México no suelen investigar las denuncias de víctimas de tortura y cómo los médicos forenses que trabajan para el gobierno a menudo ignoran señales de tortura al aplicar los exámenes médicos y psicológicos especializados para casos de tortura de la PGR.
Guevara-Rosas dijo que es cierto que la policía y los soldados recurren a prácticas de tortura para castigar o extraer confesiones falsas. “Con frecuencia, las víctimas se ven obligadas a firmar declaraciones bajo tortura y en muchos casos están condenadas únicamente sobre la base de esas declaraciones”.
Asimismo, menciona que las investigaciones sobre las denuncias de tortura en México están plagadas de defectos y las directrices internacionales acordadas, sobre la manera de investigar la tortura, como el Protocolo de Estambul, son ignoradas rutinariamente y con frecuencia las víctimas tienen que esperar meses o años para ser examinados.
Por ello, Amnistía Internacional cuestiona la actitud formal que el gobierno de Peña Nieto ha mantenido ante los órganos internacionales y regionales en materia de derechos humanos. No obstante, hace un llamado para que acepte las recomendaciones de la ONU y las ejecute.
También solicita, especialmente, que garantice que los médicos forenses realicen exámenes inmediatos, imparciales y exhaustivos a cualquier persona que alega tortura y pide a las autoridades aceptar los informes forenses de expertos independientes como prueba válida en casos judiciales.
Finalmente también solicita a la procuradora General de la República, Arely Gómez González que tome una postura firme sobre la tortura. “Ella debe garantizar que las víctimas tengan acceso a exámenes médicos adecuados, por parte de los expertos forenses oficiales autónomos de la Procuraduría General de la República”, como la ONU lo señaló.
Redacción: Etcétera.
