Reconozco que mi particular postura es la del rechazo total de cualquier tipo de convenio con los poderes públicos, pues en las regulaciones para estos convenios impera la discrecionalidad, sin los mecanismos pertinentes y necesarios para regular el reparto de los recursos de manera equitativa y transparente en los medios de comunicación. Ello ha arrojado resultados muy visibles de lo servil que ha sido gran parte del periodismo y los medios de comunicación con dichos poderes, en perjuicio de nuestra sociedad, una sociedad con aspiraciones y ansias de una real y eficiente democracia.
Pero más allá de mi posición personal, los convenios publicitarios con el poder público, ni son delictivos ni son corruptos ni ilegítimos, per se. El gestionar y obtener recursos para los medios de comunicación mediante estos convenios es tan legal y en algunos casos hasta legítimos, que el Congreso autoriza partidas presupuestales para ese ejercicio y el poder ejecutivo las aplica. Eso no tiene vuelta de hoja.
El gran problema es cuando la firma de estos convenios está ligada a la perversa y añeja máxima del “no te pago para que me pegues” y el medio de comunicación o periodista se somete gozoso a los factores de poder dominante por la remuneración económica de tal sometimiento.
La semana pasada se dió a conocer una lista de periodistas y sus empresas de comunicación junto con los montos que recibieron del gobierno de Enrique Peña Nieto a través de convenios publicitarios. En esa lista se pueden observar algunos excesos remunerativos para voces y plumas muy entrelazadas con los anteriores poderes gubernamentales y al statu quo y adversos al actual gobierno, excesos que no tienen justificación específica porque además, resulta ahora indispensable acotar a su máxima expresión la publicidad gubernamental. Esta publicidad no es necesaria ni justificable, excepto para anunciar campañas de servicios que presta el Gobierno a la sociedad o alertas y disposiciones de emergencias por fenómenos naturales, pero no necesitamos que cada 20 minutos en los medios de comunicación nos recuerden que los gobiernos están trabajando por nuestro bienestar y pidiéndonos “palomitas”, la gran mayoría ni se los creemos.
Es grotesca la cantidad de dinero que se mal invierte en esa publicidad que en el fondo lo que menos importa es dar a conocer sus avances de gobierno, sino el control de la comunicación. ¿Cuántos hospitales, escuelas, espacios recreativos públicos, inversión científica y un sinfín de beneficios para la ciudadanía se pudieran desarrollar con ese recurso?
La ventilada de esta lista es un estremecimiento necesario para cierto sector del periodismo que durante décadas ha permanecido unido y sometido a las ruedas del poder público y poderes fácticos, sobre todo el empresarial de élite de gran injerencia política.
Mientras no haya una reforma que cambie el modus operandis de los grandes medios de comunicación en México, no podremos tener procesos políticos democráticos y confiables, porque los medios de comunicación aliados del poder en turno, se convierten en filtros de la opinión pública (la opinión de la sociedad), en diseñadores, controladores y distorsionadores de la realidad, manipulando la percepción social a través de noticieros, encuestas, analistas, conductores de programas, que se amafian para presentar una percepción que no corresponde a la realidad de lo vivido en la sociedad mexicana.
Cuando el Presidente llamó a una parte del gremio periodístico, “Hampa del periodismo”, desató la indignación de una buena parte de este gremio, pero en términos muy generales y en segmentos muy identificados, ¡vaya que es un hampa!
Que mejor que como lo explica el periodista Julio Hernández: “El hampa es el conjunto de maleantes que tienen alianzas y métodos, para practicar actos ilegales. Maleante deviene de malear y lo maleado es aquello que está echado a perder, que ya no sirve y este sistema periodístico como el que hasta hoy ha prevalecido, está maleado, tiene maleantes que forman un hampa”, y yo le agrego, que venden sus plumas, voces o silencio en beneficio y/o detrimento de alguien.
Sería muy oportuno que nos arribara un efecto domino en que el Gobierno del Estado y los municipales replicaran al actual Gobierno Federal en esta apertura de datos para transparentar y detallar su relación comercial con los periodistas y medios de comunicación locales y foráneos. En el 2017 el presupuesto para comunicación social aprobado para el Gobierno del Estado por el Congreso local fue de 84 mdp, pero terminaron gastando 178 mdp, es decir, 112% más de lo aprobado.
Sería sumamente provechoso para los ciudadanos sonorenses, saber cómo, a quienes y por qué se les destinó tal presupuesto tan estirado para comunicación social.
Con toda esta efervescencia mediática desatada por las nuevas formas y (tal vez) fondos de relacionarse el recién gobierno de López Obrador con los medios de comunicación, es pertinente reconocerle que está abriendo lo que por siempre se había mantenido hermético y aunque era un secreto a voces, hoy los ciudadanos podemos palpar con mayor precisión que tanto, para que, en qué y en quienes se destinan nuestros recursos y así contar con mayores elementos para forjar con mayor certeza juicios de valor sobre periodistas y medios de comunicación.
Podrán o no satisfacernos algunas formas de como se están aplicando todas estas acciones por parte del gobierno federal y de que faltan perfeccionarlas y formalizarlas, eso sin duda, pero también es indudable que, esto que hoy se da a conocer de la manera que haya sido, es mucho mejor y más cercano a una verdadera democracia que, el sotto voce que nos aplicaban en estos álgidos temas los gobiernos anteriores.
Por: Aarón Tapia Tw @NARANJERO75
Director de La Tertulia Polaca.
