Por Priscila Cárdenas • mayo 23, 2025
La noche del 26 de septiembre de 2014, desaparecieron 43 jóvenes que estudiaban magisterio en Ayotzinapa, un pequeño pueblo del sur de México.
La verdad sobre lo sucedido tardó años en descubrirse, y para reconstruir el misterio fueron cruciales los periodistas de investigación que, utilizando las leyes nacionales de transparencia, esclarecieron lo ocurrido esa noche.
Zorayda Gallegos Valle, colaboradora de El Universal, uno de los periódicos más importantes de México, solicitó documentos relacionados con el caso a través del Instituto de Transparencia de México. Tras su solicitud, la organización obligó a la entonces Procuraduría General de la República a entregar un expediente de más de 52,000 páginas, incluyendo documentos que revelaban graves fallas en la seguridad de la escena del crimen.
El periodismo venció el silencio y, un año después de la tragedia, el gobierno se vio obligado a poner el expediente a disposición de los medios.
Si bien los documentos no aportaron todas las respuestas, ayudaron a descubrir los detalles de cómo los estudiantes de la escuela normal rural se convirtieron en víctimas tanto de la policía local, como de organizaciones criminales y de las fuerzas de seguridad, y revelaron que la versión oficial contada por las autoridades no coincidía con lo que constaba en registros.
Fin de una era
El organismo clave para la divulgación de los documentos del caso se denominaba oficialmente Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Si bien el caso Ayotzinapa fue uno de los más importantes en México en los últimos años, periodistas y ciudadanos han utilizado el INAI durante años para investigar irregularidades en todo el país.
Con la desaparición del INAI, el acceso a documentos, archivos e información clasificada, claves para visibilizar los problemas estructurales de corrupción, impunidad y opacidad del país, se ve amenazado.
Pero el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador argumentó que el INAI se había convertido en una carga financiera cada vez mayor, y en marzo, tras un largo debate y bajo la supervisión de su sucesor, el organismo fue eliminado.
Con la desaparición del INAI, el acceso a documentos, archivos e información clasificada, clave para visibilizar los problemas estructurales de corrupción, impunidad y opacidad del país, se ha visto amenazado.
El gobierno insiste en que la disolución del organismo no limitará la transparencia: «La desaparición del INAI no significa que la transparencia en el gobierno vaya a desaparecer», declaró recientemente la actual presidenta Claudia Sheinbaum.
Sin embargo, la medida ya mantiene a los periodistas de investigación en alerta, lamentando lo que podría perderse.
Una garantía perdida
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se promulgó en 2002, y el INAI, como organismo autónomo, ofreció garantías de independencia respecto de los intereses del poder ejecutivo. A través de plataformas como Infomex y la Plataforma Nacional de Transparencia, cualquier ciudadano, periodista o no, podía solicitar información a las instituciones públicas.
Con la desaparición del INAI y las reformas constitucionales relacionadas, ahora será el propio gobierno, a través de la recién creada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, quien decida si proporciona o no la información solicitada.
Periodistas y especialistas en transparencia han calificado esto como un grave revés, temerosos de que la adopción interna de decisiones y autorizaciones en materia de transparencia afecte la independencia y obstaculice los mecanismos diseñados para garantizar la rendición de cuentas.
“Es probable que cuando alguien solicita información y esa dependencia tenga que intervenir, sea una intervención parcial o en contra del solicitante”, advierte la reportera Zorayda Gallegos Valle, quien en 2016, junto con Silber Meza Camacho, ganó el Premio Nacional de Periodismo por su reportaje sobre el caso Ayotzinapa.
Gallegos Valle señala que otra preocupación importante es que el umbral para solicitar documentación ha cambiado. Si bien antes esto permitía la divulgación de información relacionada con corrupción y graves violaciones de derechos humanos, ahora se ha elevado el nivel de exigencia.
“Ahora tendrán que existir ‘actos de corrupción verificables’ y sentencias firmes para que entreguen la información”, afirmó. “En países como México, donde la impunidad es del 98% y las condenas por corrupción son poco frecuentes, esto representará un gran impedimento para acceder a documentos que antes podíamos obtener”.
En 2024, con el apoyo de la organización Quinto Elemento Lab, Gallegos Valle publicó el informe “Jueces sin castigo”, que documenta cómo, durante dos décadas, los miembros del poder judicial mexicano no sancionaron a jueces y magistrados implicados en corrupción, acoso sexual y otros delitos. Todo esto fue posible gracias a cientos de solicitudes de acceso a la información. Realizar ese tipo de investigación hoy en día sería casi imposible, afirma.
“La información que se podía solicitar a la Procuraduría General de la República sobre investigaciones de corrupción, como contratos, debía ser entregada”, dijo bajo el antiguo régimen. “Pero con las reformas a la ley, es muy improbable que lo hagan”.
Investigaciones suspendidas
Valeria Durán, periodista de investigación de la organización de la sociedad civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, también está preocupada por la desaparición del INAI.
Desde 2016, se ha dedicado a investigar feminicidios en México, y gran parte de la información que requiere para su trabajo proviene de archivos y documentos legales obtenidos mediante solicitudes de transparencia.
Para su informe, “El Limbo de los Feminicidios: Los Muertos Invisibles”, elaborado con el apoyo de Connectas, accedió a información pública de todas las fiscalías de México.
“Sin acceso a la información pública, nunca habría obtenido las cifras de las fiscalías, ni habría sido posible averiguar cuántos asesinatos de mujeres se clasificaron como homicidios dolosos”, afirmó.
Durán también publicó una investigación que detalla cuántos asesinos de mujeres en México fueron liberados a pesar de haber sido procesados por este delito.
“Hubo actos de corrupción que se revelaron gracias a los periodistas que presentaron solicitudes de acceso a la información, y el INAI nos ayudó a abrir toda esa documentación”. — Lilia Saúl Rodríguez, periodista de investigación de OCCRP
“Pudimos acceder a las carpetas de investigación de casos que ya estaban cerrados; eso no habría sido posible sin acceso a la información pública. Ahora hay una enorme incertidumbre sobre cómo va a funcionar, sobre qué sigue. Estamos paralizados, porque cuando enviamos una solicitud, no pasa nada”, afirmó.
Lilia Saúl Rodríguez, reportera de investigación del Proyecto de Informes sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP), también lamenta la desaparición de la agencia de transparencia de México, que según ella fue fundamental para obtener documentos que prueban la malversación de fondos públicos.
Usó la agencia para obtener informes sobre los desembolsos multimillonarios que el gobierno realizó durante las celebraciones del bicentenario de la Independencia de México, encontrando contratos con numerosas irregularidades.
“Hubo actos de corrupción que se revelaron gracias a los periodistas que presentaron solicitudes de acceso a la información, y el INAI nos ayudó a acceder a toda esa documentación”, dijo.
Pero incluso en 2011, ganó el Premio Nacional de Periodismo por su reportaje “La Secretaría de Seguridad Pública paga 118 millones de pesos por una serie de televisión”, una investigación publicada en El Universal que reveló que el gobierno mexicano había gastado aproximadamente 6 millones de dólares en la grabación de una telenovela.
“El momento álgido fue cuando solicité información sobre los contratos que el gobierno había hecho con Televisa para crear propaganda y promover todo lo que hacían en su lucha contra el crimen organizado, [y encontré] esta telenovela financiada con fondos públicos para elogiar la labor del gobierno”, dijo la periodista.
La pregunta en boca de muchos periodistas: ¿Estará el gobierno dispuesto a revelar documentos similares cuando ambos sean objeto y juez de solicitudes de transparencia?
Cerraduras a la información
Para el politólogo Héctor Sebastián Arcos Robledo, analista de datos de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la decisión de cerrar el INAI representa un revés significativo.
Esto tiene un impacto significativo en el periodismo. Este cambio supone un duro golpe para los periodistas que ejercen sistemáticamente su derecho de acceso a la información para realizar investigaciones, verificar datos y ejercer su labor de supervisión de las autoridades públicas.
Arcos Robledo argumenta que México ha pasado de tener un organismo autónomo, colegiado y especializado a tener una secretaría cuya dirección será designada directamente por la presidencia de la República.
“¿Cómo podemos confiar en una institución que reporta jerárquicamente al mismo poder que se supone debe supervisar? Es imposible; existirá un incentivo perverso que compromete gravemente la imparcialidad de las decisiones y facilita la subordinación a intereses políticos”, afirmó.
“La nueva ley amplía las causales de retención de información pública; introduce conceptos vagos y subjetivos como ‘paz social’, ‘actos de corrupción comprobados’ o ‘lesionar los intereses del Estado’”. — Politólogo Sebastián Arcos Robledo
También expresa su preocupación por las reformas a la ley de transparencia aprobadas junto con la disolución del INAI y la inclusión de causales para que el gobierno oculte información que antes era pública.
“La nueva ley amplía las razones para retener información pública; introduce conceptos vagos y subjetivos como ‘paz social’, ‘actos de corrupción comprobados’ o ‘perjuicio a los intereses del Estado’”, afirmó. “Estos términos ambiguos servirán para denegar discrecionalmente el acceso a información que resulta incómoda para el gobierno”.
Soledad Durazo Barceló, periodista y profesora de la Universidad de Sonora, coincide en este punto: las mismas agencias potencialmente investigadas participarán en la decisión sobre la procedencia de compartir archivos.
En febrero publicó un libro sobre este tema, “Periodismo persistente: Qué sucede tras la negativa a proporcionar información”, en el que analiza cómo la labor del INAI fue crucial para que los periodistas de investigación pudieran acceder a datos, documentos, archivos e informes.
Los mecanismos de transparencia garantizados bajo el antiguo régimen, afirmó, permitían que “cuando a los periodistas de investigación se les negaba el acceso, podían recurrir a medios legales para atender sus solicitudes, y el INAI los obligaba a abrir los archivos”.
En el pasado, señaló, el gobierno había “agotado” numerosas vías para intentar evadir la provisión de información, por lo que es improbable que las mismas agencias se conviertan repentinamente en promotores de la información abierta, sugirió.
O, dicho en sus propias palabras: “Dudo mucho que el estado se dispare a sí mismo”.
Priscila Cárdenas es periodista de investigación y docente, radicada en Sonora, México. Se especializa en temas de acceso a la información, rendición de cuentas y transparencia. Fue editora del Border Hub, es responsable del periodismo de investigación en la plataforma digital Proyecto Puente y supervisa el Observatorio de Acceso a la Información Pública de Sonora. En 2019, ganó un premio nacional de periodismo en México y recibió una mención honorífica de la Sociedad Interamericana de Prensa por una investigación publicada por Connectas, Proyecto Puente y Aristegui News.
Publicado originalmente en: https://gijn.org/stories/mexicos-transparency-institute-helped-reporters-uncover-corruption-wrongdoing/
