Nuevos actores pero viejas prácticas que tratar de controlar el debate público y el trabajo periodístico en el contexto electoral
Por Mely Arellano
En marzo pasado un reportero, a quien llamaremos N., envió a su medio una nota donde contaba que Eduardo Castillo López, entonces presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso del estado y militante de Morena, había sido denunciado ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
En la denuncia se le acusaba de actos anticipados de campaña, pues habían detectado la aparición de bardas promocionales en la región de Izúcar de Matamoros, donde había sido nombrado candidato a diputado federal. Así lo consignó N. en su nota.
Al poco rato la nota se publicó en el portal donde trabaja. Luego desapareció. “Supe –cuenta N. en una charla para este trabajo en la que se acordó la reserva de su nombre–, que la nota se bajó a petición de Paola Aguirre”, entonces jefa de prensa en el Congreso local y empleada de Castillo López.
No era la primera vez que le pasaba.
Uno de los personajes más populares del proceso electoral 2023-2024 en Puebla fue la censura. A solicitud de áreas de prensa de candidatos y candidatas, de funcionarios estatales, del órgano legislativo, del gobierno del estado y hasta del organismo electoral se bajaron notas publicadas en medios digitales y publicaciones en redes sociales.
Para esta investigación, Lado B realizó un monitoreo de prácticas de censura a través de redes sociales, documentó denuncias de censura vía entrevistas directas y a través de internet, mediante un instrumento (Formulario de Google) que permitía mantener el anonimato. También se conversó con una decena de directivos de medios, que solicitaron la reserva del nombre.
Otro de los casos que documentamos fue el de una persona periodista que cubrió una rueda de prensa donde el equipo de campaña de Alejandro Armenta criticaba la poca atención que su contrincante del PAN, y ex presidente municipal de la capital, Eduardo Rivera, dio a la violencia de género. Mandó videos del evento que el medio publicó en redes sociales, pero después eliminó; mandó también la nota correspondiente, nunca la publicaron.
No hubo explicaciones, tampoco las pidió.
“Nos enfrentamos a la disyuntiva –dijo otro de los colegas entrevistados– de ejercer la libertad de expresión o tener un ingreso”.
Vigilancia extrema en redes sociales
–¿Qué hacemos con esto? –le preguntó personal del área de comunicación del gobierno del estado a un periodista, al tiempo que le enseñaba un listado de sus publicaciones en X, antes Twitter, señaladas por puntos con los colores del semáforo en donde predominaba el rojo.
–¿Qué hacemos con qué? –respondió el periodista.
Varios de los directivos de medios consultados coincidieron en que había un seguimiento de las publicaciones en redes sociales de periodistas, y se calificaba según su nivel de crítica o neutralidad hacia el gobierno en turno.
“Había un interés específico –cuenta otro de los consultados– por controlar las redes. El control de las publicaciones en espacios informativos ya lo tenían con la reproducción de boletines y bajando lo que les pudiera causar ruido, o que pudiera mostrar un escenario complicado, especialmente en temas de seguridad vinculados a ejecuciones, de cara al proceso electoral”.
Las redes, dice, fueron el escenario a controlar. La discusión en el círculo rojo fue una de las preocupaciones durante la campaña, e incluso desde antes, cuando un nuevo equipo de comunicación política llegó con el gobernador Sergio Salomón, tras la muerte de Luis Miguel Barbosa.
“Sí me han llamado para pedirme que baje publicaciones en redes”. Varias de las personas consultadas coincidieron en que hubo mucha atención y preocupación, “un endurecimiento de la vigilancia”, dijo otro de los entrevistados, sobre lo que se publicaba en X, Facebook e Instagram, principalmente.
Se trata de una tendencia generalizada, pues de acuerdo con el artículo de Gisel Salazar, investigadora del departamento de Ciencias Sociales de la Ibero Santa Fe, “la comunicación política y gubernamental ha extendido su presencia en el ámbito digital, transformando cada elección en una ‘caja de sorpresas’ debido a la innovación tecnológica, la aparición de nuevos actores y prácticas, y el impacto en el comportamiento electoral y en la emisión del voto”.
En su artículo “Votar en tiempos de desinformación: nuevos patrones informativos y comportamiento electoral”, Salazar plantea que las nuevas dinámicas de comunicación política “cuestionan tan profundamente los principios clásicos de la comunicación política y del procesamiento de información, que incluso Habermas sostiene que la esfera pública ya no puede entenderse en términos tradicionales. El debate sobre cuestiones políticas se ha fragmentado”.
Por su parte, Martha Tudón, oficial del programa de derechos digitales de la organización Artículo 19, agrega que en el ecosistema mediático no solo son las autoridades de gobierno o electorales quienes ejercer presión para eliminar contenidos incómodos, hay otro actor que se le mira poco: las agencias de comunicación.
“No necesariamente tiene que ser una autoridad la que esté impulsado que se eliminen contenidos de internet, pueden ser otros actores que son contratados para limpiar la imagen de una persona candidata, y para ello usar como estrategia el reportar el contenido como protegido por copyright”.
Las medidas cautelares, un tipo de censura
Esta elección tuvo otro actor político que intervino en el flujo informativo, eliminando, con razón y sin ella, contenidos periodísticos: el Instituto Electoral del Estado (IEE).
En respuesta a una solicitud de información, el IEE reconoció haber dictado medidas cautelares en cinco casos en donde medios de comunicación de Puebla fueron denunciados o involucrados en alguna denuncia.
El IEE sólo proporcionó los número de expediente, pero no los datos puntuales sobre qué medios o periodistas fueron señalados y en qué consistieron las medidas cautelares, con el argumento de que los casos aún seguían abiertos.
Los expedientes son:
- SE/ORD/PAN/036/2023
- SE/PES/LETV/122/2024
- SE/PES/OF/555/2024
- SE/PES/OF/556/2024
- SE/PES/BSG/300/2024
Sin embargo, de acuerdo con las actas de la sesión –disponibles en la página del IEE– en la que la Comisión de Quejas y Denuncias discutió el primero de los expedientes, las medidas cautelares ordenaban la eliminación de publicaciones.
En entrevista para esta investigación, el consejero electoral Arturo Baltazar Trujano, presidente de la comisión citada, explicó que la medida cautelar dictada es una decisión temporal que puede ser o no confirmada por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla.
Ilustración: Conejo Muerto | Jengibre Audio Visual
“Como un elemento temporal le pedimos al medio de comunicación que baje su nota, y el medio podría publicar que baja el contenido en cumplimiento de una medida cautelar dictada por el órgano electoral, para expresar que está en contra de esa situación”, dijo Baltazar.
Para la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), “actualmente la remoción de contenidos instalada en las políticas y prácticas de las redes sociales preponderantes es aplicada a la ligera”, además no es una “práctica transparente, clara, abierta y accesible para las personas usuarias, lo cual deriva en censura”.
De acuerdo con el informe Censura electoral. La remoción de contenidos en redes sociales y las elecciones en México(2023), de la R3D, las autoridades electorales solicitan remociones de contenido de manera irresponsable, sin garantizar el acceso a las información y la libertad de expresión de las personas.
En el análisis de la organización, esto se debe a que “el modelo regulatorio de la libertad de expresión en contextos electorales fue concebido para los medios masivos tradicionales de comunicación. Por ello resulta anacrónica su aplicación en un modelo de plataformas y redes sociales cuya naturaleza escapa al enfoque de los medios tradicionales”.
Baltazar Trujano confirmó que, en efecto, en el pasado proceso electoral las denuncias que recibieron fueron sobre todo contra medios digitales.
Por otra parte, Baltazar explicó que uno de los argumentos más recurrentes para tratar de bajar contenido de medios es la Violencia Política en Razón de Género (VPRG) contra las mujeres, aunque han detectado que “es una estrategia de actores políticos y abogados electorales interponer estas quejas”.
En coincidencia, la R3D señala en su informe que cuando se trate de VPRG en el ámbito digital, la remoción de contenidos es “una medida especialmente lesiva que puede ser mal utilizada por actores con poder político para encubrir hechos de corrupción, ocultar información de interés público y, en última instancia, manipular el debate público de acuerdo con sus intereses personales, económicos y políticos”.
Además, la medida “no resuelve por sí misma los problemas de fondo que causan la violencia digital”, señala el documento.
Aquí vale la pena agregar que entre los testimonios recogidos por Lado B para este trabajo, detectamos un recelo generalizado para abordar temas de violencia política en razón de género, por el temor de una posible denuncia o un linchamiento social, lo que está generando autocensura.
Fiscalización y censura
En julio pasado, Pedro Alonso Benítez, fundador y director del medio Proyecto Cinco, que cubre el área de San Martín Texmelucan, recibió una notificación donde la Junta Distrital Ejecutiva del IEE le requería información sobre las entrevistas realizadas al entonces candidato a presidente municipal de Texmelucan por Morena, Juan Manuel Alonso Ramírez.
El requerimiento se enmarcaba en la denuncia del candidato opositor Abraham Irving Salazar Pérez, contra Alonso Ramírez, por la presunta omisión de reportar gastos de campaña, pues aseguraba que el morenista había pagado 10 mil pesos por entrevista.
En consecuencia, el IEE le pidió al periodista informar los costos de dichas entrevistas, para lo cual le dio un plazo de 48 horas, que de no cumplir lo haría sujeto a una multa por 500 días de salario mínimo.
Pedro Alonso demostró al IEE que se trató de entrevistas con fines informativos y no propagandísticos, que en campaña ofreció exactamente el mismo espacio a los candidatos de todos los partidos, incluido el quejoso, con el único objetivo de informar a la sociedad sobre sus propuestas de gobierno y ampliar el debate, garantizando el derecho a la información, en el marco de la ley electoral.
El asunto terminó ahí, pero para el colega es alarmante que un simple señalamiento sin pruebas, como fue el del candidato opositor, haya sido suficiente para que la autoridad electoral diera por hecho la responsabilidad del medio, y le exigiera probar su inocencia.
“Esto afecta la libertad de expresión, pues llegaremos a la autocensura” ante la posibilidad de sanciones por parte de la autoridad electoral, dice el periodista y agrega: “si no hubiera tenido las pruebas necesarias para mostrar que había imparcialidad, que habíamos hecho periodismo y no cobramos por las entrevistas, prácticamente la sanción hubiera sido para el medio”.
Pedro Alonso pidió al IEE que multara al denunciante por falsedad en sus declaraciones, pero hasta este momento eso no ha ocurrido.
Sobre el tema, la especialista en derechos digitales de Artículo 19 dijo: “si lo que quieren saber es si alguien le pagó a un periodista, por qué no van con el partido político o con el candidato, hay muchísimas maneras de hacer las cosas que no implican un asedio al trabajo periodístico. Hay muchas veces ignorancia sobre a quiénes hay que estar vigilando, no es a los medios de comunicación y periodistas, hay que estar vigilando a los partidos políticos, hay que estar vigilando a las personas que están contendiendo por el poder”.
Censura velada
El 27 de marzo la periodista Berenice Martínez escribió en su cuenta de Twitter: “Aquellos que discriminan a ciertos integrantes de la prensa, no olviden que los cargos públicos son temporales y que la vida da muchas vueltas. #JustSaying.”
La publicación de la periodista se produjo tras enterarse de una rueda de prensa con el equipo de vocería de la campaña del morenista, hoy gobernador electo, Alejandro Armenta a la que ella no fue invitada. No fue la única dice, pero se reserva los nombres de los demás colegas.
El 7 de junio, la reportera Liz Cervantes también publicó en su cuenta de Twitter que en las ruedas de prensa del entonces candidato del PAN a la gubernatura, Eduardo Rivera Pérez, se limitaba el número de preguntas, las solicitaban por adelantado e incluso decidían quién sí podía preguntar y quién no. Como sucedía cuando gobernó la capital poblana.
Martha Tudón explica que la censura y la remoción de contenidos es una de las acciones que atentan contra el derecho de información de las personas que menos se denuncia.
Ilustración: Conejo Muerto | Jengibre Audio Visual
“Cuando se documenta agresiones –explica– generalmente el reporte es porque ya hubo algún tipo de incidente grave, por ejemplo algún tipo de campaña de acoso en redes, algún ataque DDoS a su página de internet, “pero como podrás imaginarte por todas las agresiones que hay en México pues hay una cifra negra impresionante”.
En el gremio hay una normalización sobre este tipo de prácticas de censura, que en ocasiones se aplican de manera velada, obligando a reporteras y reporteros a “adivinar” los intereses, las filias y fobias de los medios.
“Cuando me contrataron me dijeron ‘acá no hay intocables’, pero sí los había –dice otro de los testimonios recogidos por Lado B–, poco a poco comenzaron a aparecer. Después de dos o tres veces que no me publicaron la nota, decidí dejar de escribir sobre ellos o sobre cosas que les podrían incomodar, no tenía caso, no me las iban a publicar”.
Pero a veces la censura sí es una orden directa. Varios directivos de medios confirmaron que durante el proceso electoral hubo reuniones con el equipo de comunicación del gobierno del estado, para plantearles que el convenio comercial con la administración de Sergio Salomón incluía “la protección” al candidato de Morena al gobierno municipal, José Chedraui Budib. Que el personaje era “intocable” pues era el candidato del mandatario y que había que protegerlo. Es decir, que los medios podían o no cubrir su campaña y publicar notas de ella, pero no podían criticarlo (golpearlo en el argot) y publicar notas negativas.
Zonas de silencio
A mediados de marzo de este año se hizo oficial lo que circulaba como rumor en algunos círculos políticos: Antonio Valente Martínez Fuentes, alias Toñín, había conseguido, una vez más, una candidatura para uno de sus familiares, en este caso su hija. Una publicación de Guadalupe Martínez en su perfil de FB, posando con su registro como candidata abanderada por el partido local Pacto Social de Integración, lo confirmaba.
La hija de alguien que ha sido señalado de manera insistente, incluso por autoridades de seguridad, como la propia Secretaría de la Defensa Nacional o la Fiscalía General del Estado, como líder del robo de combustible en el municipio de Quecholac y su zona de influencia en los municipios del Triángulo Rojo era nota para la prensa poblana, y los medios comenzaron a publicar la información. Algunos medios con más tiento que otros.
Tras la primera oleada de notas sobre el hecho, Martínez Fuentes anunció en una transmisión de FB, su red de comunicación favorita, que habría denuncias contra medios. La Jornada de Oriente recogió sus palabras: “Mi hija está limpia y nada que ver con toda la bola de corruptos que existen; están violando su presunción de inocencia, sus derechos y se van a denunciar; ya no vivimos los tiempos del Barbosismo” (…) “Haremos responsables a los medios y a los que están detrás, a quien resulte responsable; yo creo que mi hija tiene que poner las denuncias correspondientes”, amagó.
Reporteros que cubrieron la campaña contaron que en los breves encuentros que tuvo con la prensa hubo intimidación por parte de los acompañantes de la candidata. Poco a poco el tema de la candidatura y posterior triunfo de la hija de quien las autoridades presumen se dedica al robo de combustible dejó de aparecer en la prensa.
Prensa y poder
“Se lo digo con toda honestidad y toda franqueza (presidente) que tuve un acercamiento con uno de los integrantes del equipo de comunicación de Alejandro Armenta –gobernador electo–, y en corto, off the record, él me dijo que conocía a los directores de los medios donde colaboraba, y que si él me quería afectar lo podía hacer, pero que no había hecho, dicho nada, ni acusado con nadie, sin embargo, de la nada hace unos días me despidieron de dos espacios donde trabajaba.”
El 28 de junio de este año, Jaime López –reportero poblano que se ha caracterizado por su línea crítica–, logró sentarse en la segunda fila del encuentro diario que el ex presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador instauró como política de comunicación en su sexenio: “la mañanera”.
Ahí, además de la denuncia pública de su caso, planteó la necesidad de cambiar la relación entre la prensa y el poder, por una relación que no esté definida por aquellas famosas palabras del ex presidente José López Portillo sobre su relación comercial con la revista Proceso: “no te pago para que me pegues”.
Jaime le preguntó al ex presidente: “Cuál sería el llamado (a gobernadores) para que realmente se respete al periodismo que no se ajusta a los convenios (publicitarios), y ojalá se entienda que los convenios (no son para) hablar bien de los gobernantes en turno”.
AMLO le contestó como acostumbraba: “Sí, pero aquí nosotros no hacemos eso. Y por eso son los ataques, porque en el gobierno anterior nada más facturados eran como 20 mil millones de pesos al año. Y eso se terminó”.
La de Jaime fue una voz que la audiencia de los medios donde trabajaba perdió.
Este documento se ha realizado con la ayuda financiera de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Lado B y no refleja la posición de la Unión Europea.
Publicado originalmente en LadoBe
