Éste gobierno ha demostrado que cuando sesionan los legisladores, nuestros derechos se ponen en juego.
Por: Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa, A.C.
Esta semana se prevé que las y los legisladores federales voten el dictamen que busca desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El INAI es el organismo autónomo que garantiza el cumplimiento de dos derechos fundamentales: el de acceso a la información pública y el de protección de datos personales.
Para el primero, garantiza que cualquier autoridad en el ámbito federal, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y sindicato; o cualquier persona física, moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad te entregue la información pública que solicites.
Para el segundo, garantiza el uso adecuado de los datos personales, así como el ejercicio y tutela de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que toda persona tiene con respecto a su información.
Pero, ¿en qué nos afecta su desaparición si la propuesta del gobierno federal contempla que estos derechos estarán a cargo de la Secretaría de la Función Pública, (SFP) la cual pasará a llamarse “Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno”?
Bueno, hay que tomar en cuenta que toda la información a cargo del INAI pasará a manos del gobierno federal, esto es que la información se centralizará y será controlada desde el poder gubernamental lo que representa que sean juez y parte al mismo tiempo.
Por lo que con su inminente desaparición, además de la falta de independencia gubernamental, nos afectará de la siguiente manera:
* Incertidumbre en la resolución de recursos de revisión por resistencia del gobierno a la entrega de información pública
* Mientras se da la transición de toda la información del INAI a la SFP, experimentaremos un vacío en nuestro derecho de acceso a la información pública (DAIP), ya que no contaremos de manera inmediata con un órgano autónomo e independiente que obligue a los sujetos obligados a que entreguen la información a los ciudadanos al momento de solicitarles información.
* No contaremos con información de interés público de manera oportuna.
A partir de que la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) posiblemente pase a manos de la SFP, tomará bastante tiempo en que esta información sea procesada bajo los nuevos lineamientos y que nuevo personal sea capacitado en la materia. Actualmente el INAI a través de la PNT compila cerca de 15.000 millones de datos, unos 2.500 del Gobierno federal y unos 12.500 de los Estados.
NO PODREMOS DENUNCIAR POSIBLE OPACIDAD.
Una de las bondades que nos ofrece la PNT es la posibilidad de denunciar de manera instantánea casos de opacidad por parte de los sujetos obligados, es decir, que incumplen con sus obligaciones de transparencia al evitar publicar información mínima de oficio.
Además de esta herramienta, recordemos que tanto el INAI como los órganos garantes locales fungen como una ventana para que el ciudadano presente de manera directa denuncias por opacidad; recordemos que en 2022 Iniciativa Sinaloa presentó más de 600 denuncias por opacidad cometida por los Servicios de Salud de Sinaloa
Debido a que ahora la SFP será la encargada de la protección de datos personales y de sancionar el actuar indebido con la información de las personas, será inminente que prevalezca la desconfianza ciudadana hacia la institución con el temor de que dicha información sea utilizada con otros fines, tales como de difamación, estigmatización, entre otras. Esta situación empezó a ocurrir bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien utilizó información de carácter personal que estaba a disposición de sus instituciones para atacar a quienes consideraba sus adversarios.
REALIZAR PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN Y DENUNCIAR CASOS DE CORRUPCIÓN SERÁ MÁS COMPLICADO
El hecho de que no contemos con información oportuna o que con la que contemos esté en manos del gobierno, esto nos impedirá realizar investigaciones sobre posible corrupción tales como la Estafa Maestra; La Casa Blanca de Peña Nieto, Segalmex, Los Contratos otorgados a la SEDENA, etc., ya que será el propio gobierno quien, a través de la SFP, decida qué información otorgar y cuál no, así como cuál será reservada o cuál entregada a medias, etc.
En consecuencia, esto también impactará en las posibles denuncias que se puedan armar con información oficial por posibles actos de corrupción, sea por la vía penal o administrativa.
La desaparición del INAI supone una afrenta y retroceso a nuestro derecho de acceso a la información pública, y con ello al artículo 6to constitucional, además de que se debilitará en gran medida el combate a la corrupción y por ende a la impunidad.
La propuesta de que sea la SFP quien absorba todo el trabajo del INAI, resultará inviable al cabo de tiempo, pues se verá rebasada en sus funciones; si apenas y puede con su tarea que es resolver posibles faltas administrativas graves asociadas a corrupción, ¿en qué momento tendrá tiempo para resolver los miles de recursos de revisión por incumplimiento de transparencia, las denuncias por opacidad o bien, la protección de datos personales?
Y lo más importante, la desaparición del INAI nos afecta porque, a falta de transparencia, ¿cómo podremos auditar al gobierno de López Obrador?, ¿cómo podremos exigir al gobierno de Claudia Sheinbaum que investigue y sancione posibles irregularidades, si el principal órgano autónomo encargado de garantizarnos este derecho será absorbido por el poder en turno para evitar contrapesos?
Éste gobierno ha demostrado que cuando sesionan los legisladores, nuestros derechos se ponen en juego. Pero siempre hay y habrá memoria colectiva acompañada de la historia y será ésta la encargada de juzgar y la cuarta transformación no será la excepción.
Publicado originalmente en Iniciativa Sinaloa