
Tras la revocación ayer del amparo que mantenía dos pozos cerrados por contaminación en el Río Sonora, los Comités de Cuenca del Río Sonora muestran su extrañeza y se pronuncian: “ignoramos que motivó a la ministra Yasmín Esquivel a usar su tiempo para hacer un proyecto que revierte lo ganado por las comunidades en cuanto al reconocimiento de que existen pozos contaminados, también ignoramos qué consideraciones tuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para votar a favor de ese proyecto”.
En agosto de 2017 y promovido por los Comités de Cuenca, el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Sonora falló a favor del amparo 834/2015, el cual reconoce que los pozos de Sinoquipe y La Labor presentaba contaminación por arsénico y manganeso en niveles superiores establecidos en las normas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El significado de este fallo es el reconocimiento de que aún existe contaminación en la región del Río Sonora, a diferencia de lo sostenido por Grupo México y el gobierno federal en ese tiempo. Esa declaratoria suponía una obligación para las instancias de salud de los tres niveles de atender adecuadamente a la población rivereña, misma que se ha visto afectada su vida desde el derrame de agosto de 2014.
Pero la ministra Esquivel argumentó que el juzgador de primera instancia se equivocó en la lectura de los datos: “En efecto, esta Segunda Sala advierte que los valores contenidos en la tabla comparativa del juez de Distrito son inexactos por lo que hace al arsénico, ya que de la lectura a la Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1- 1994,24 se desprende que en relación con el arsénico, en cuanto a su cumplimiento gradual en dos mil catorce, se prevé como límite permisible una concentración de 0,025 mg/l (miligramos por litro)25 , y no así el valor de 0.30 especificado por el juez”, puntualiza el proyecto que fue aprobado el miércoles 27 de agosto. En resumidas cuentas, según el dictamen todos los niveles están dentro de las normas y son inofensivos a la salud humana.

En un pronunciamiento de respuesta, los Comités de Cuenca reclaman: “es evidente lo lejos que están quienes imparten justicia de quienes viven en carne propia las consecuencias de la contaminación de Grupo México. Desde el 06 de Agosto de 2014, la primera exigencia de las comunidades ha sido que se garantice el acceso al agua limpia y suficiente. Seis años después, ese derecho sigue siendo ignorado.”
“La mayoría de los pozos están abiertos, pocos se han clausurado, incluso el pozo de La Labor nunca se ha cerrado a pesar del amparo que ganamos, y en Sinoquipe la comunidad no permitió que se reabriera. No hay planes de saneamiento ni reubicación de esos ni de los otros pozos, en cuya agua no podemos confiar” dice el comunicado.
Apenas en diciembre pasado, en una reunión de varios secretarios de Estado con la comunidad del Río Sonora llevada a cabo en Ures, el titular de la Cofepris, José Alonso Novelo Baeza, admitió que los muestreos de la pozos de la región arrojaban contaminación. La organización Poder accedió a través de plataformas de transparencia a los resultados de esos muestreos, encontrando que todas las muestras que contienen arsénico tienen valores por encima de la referencia de la OMS; 5 de las 44 muestras que tienen datos de plomo están por encima de la NOM en Arizpe, Hermosillo y Ures, mientras que 48 de las 54 muestras están por encima en arsénico. En general, es Hermosillo quien promedia los valores más altos de arsénico y plomo, dos metales bioacumulables que representan un riesgo para la salud.
“No es posible apresurarse a reabir pozos ni generar la falsa seguridad de que no hay contaminación. Es urgente que Cofepris realice monitores de la calidad del agua de los pozos y que las comunidades tengas acceso completo y oportuno a los resultados. Si los pozos tiene que ser reubicados o saneados, las tres instancias de gobierno tienen la obligación de atender esas exigencias”, concluyen los Comités de Cuenca.


