Hermosillo cuenta actualmente con mil 467 Zonas SALVA, espacios identificados como lugares seguros para brindar resguardo y apoyo a mujeres que se encuentren en una situación de riesgo.

El Sistema de Atención a la Violencia Familiar y de Género (SALVA), impulsado por el gobernador Alfonso Durazo, informó que estos establecimientos cuentan con personal capacitado para recibir a mujeres que requieran ayuda, evaluar el nivel de riesgo y solicitar apoyo de las corporaciones de seguridad.

En todo Sonora existen actualmente 3 mil 251 Zonas SALVA, como parte de una estrategia implementada por el Gobierno estatal desde 2021 con la participación de empresas, comercios e instituciones gubernamentales.

Cuando una mujer llega a una de estas zonas en busca de auxilio, el personal debe ofrecerle un espacio seguro, brindarle acompañamiento, valorar la situación y, cuando sea necesario, notificar al número de emergencias 9-1-1 para solicitar la intervención de las autoridades.

Las Zonas SALVA pueden identificarse físicamente mediante el logotipo del sistema colocado en el exterior de los establecimientos.

También es posible consultar su ubicación a través de la aplicación móvil Mujeres Seguras, herramienta que permite localizar los puntos de apoyo disponibles.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la red busca ampliar las alternativas de protección para mujeres que enfrenten situaciones de violencia, acoso o cualquier otra circunstancia que represente un riesgo para su integridad.

Con información del SECS

Por: María Moreno  

Viernes 27 de octubre de 2017. Nadia y su madre, Victoria Rosales, caminan juntas hacia la parada de camiones, la rutina diaria para que la joven llegue al bachillerato. Son las 6:55 de la mañana cuando Nadia sube a una combi de la Ruta 5, la cual debía dejarla a solo unos pasos de su escuela. Fue la última vez que su familia la vio. 

María del Carmen Victoria Rosales Camacho o, como la conocen muchas familias buscadoras, Vicky Rosales, se quedó en la acera, viendo cómo se alejaba la combi, sin imaginar lo que iba a suceder. 

Para Vicky, Nadia Guadalupe es un milagro. Después de que ella y su esposo, Javier Morales, lo intentaran varias veces y de que las pérdidas los hicieran desistir, la vida decidió darles de nuevo la oportunidad de ser padres. Aún recuerda su embarazo de riesgo, la batalla que libró con su hija antes de nacer y que habría forjado el carácter inquebrantable de Nadia o Lupita, como le llamaba ella de cariño.

Lupita nació cerca de las fiestas navideñas, un 18 de diciembre de 1999. Su cumpleaños marcaba el inicio de una alegría que antecedía a la Navidad. Desde el primer día de diciembre la casa comenzaba a cobrar vida con las luces del árbol. Para Vicky, su hija era quien traía la música y no permitía que nadie se sentara a la mesa si faltaba uno solo de los integrantes de la familia.

Sin embargo, tras la desaparición de Lupita, aquel viernes 27 de octubre de 2017, el calendario se volvió un enemigo. Vicky se encontró de pronto ante un silencio que no sabía cómo nombrar. Al principio el dolor fue un encierro: apenas podía salir de la habitación de su hija, pasaba los días allí, intentando retener cada aroma y guardando cada recuerdo para que el olvido no ganara terreno.

“Había días en los que solo se encerraba, nadie podía sacarla de ahí. Gritaba, lloraba, rogaba por el regreso de nuestra hija, era muy difícil ver a mi esposa encerrada en el cuarto”, recuerda su esposo Javier con tristeza.

“Me amargué al inicio, a pesar de que mi nieta esperaba una Navidad divertida, creo que la obligamos a crecer muy rápido”, reconoce Vicky. Sandra es la hija mayor de Vicky, y ella le dio a su primer nieta, ambas también forman parte esencial del núcleo familiar. Pero cuando faltó Nadia, sus bromas y su música por todas las habitaciones, un silencio inundó la casa.

Foto: María Moreno

La burbuja 

Antes de que se detuviera el tiempo aquel octubre, la vida de Vicky Rosales transcurría entre el bullicio de los tianguis de Puebla, donde vendía “chacharitas” para completar el sustento de su hogar. Entre juguetes, ropa y el constante regateo de los clientes, Vicky se ganaba la vida. Además, junto a su esposo administraban un pequeño negocio de renta de mesas y sillas. Su mundo era el comercio, las fiestas familiares y la planeación del hogar; un entorno donde la desconfianza no tenía cabida.

“Vivía en una burbuja, yo pensé que nada pasaba. Nunca había escuchado que alguien se había perdido”, dice al recordar esos años en los que se sentía completa.

En su hogar, la confianza era una práctica diaria, si sus hijas querían salir de fiesta o verse con sus novios, Vicky lo sabía siempre. No había necesidad de mentiras ni de escaparse por la ventana, porque ella misma se encargaba de llevarlas y traerlas, convencida de que el diálogo era la mejor protección.

“Creí que mi colonia era bien tranquila, pero cuando Lupita desapareció, ya empezaba a escuchar que se habían robado a una jovencita de dos calles más abajo, o justo dos semanas después se había perdido otra”.

La ausencia de Lupita reventó la burbuja y se dio cuenta de que no era una situación aislada, sino una marea de desapariciones que la obligó a dejar su puesto en el tianguis y aprender a caminar por los pasillos de la Fiscalía General del Estado (FGE). No había leyes, ni protocolos de búsqueda, ni expedientes en su vocabulario, pero el vacío la empujó a descifrar un sistema que nunca imaginó conocer.

Para su hija Sandra fue un doble desafío: mientras procesaba la ausencia de su hermana, se vio obligada a convertirse en el refugio y apoyo incondicional para una madre que se desmoronaba. Aprendió a ser la fortaleza de sus padres mientras protegía la infancia de su propia hija, quien crecía viendo cómo la búsqueda se convertía en el nuevo eje de sus vidas.

Hoy Vicky confiesa algo que le aprieta el pecho: se enfocó tanto en encontrar a Lupita que, sin quererlo, el mundo a su alrededor comenzó a desaparecer. “Descuidé a mi hija y a mi nieta, las búsquedas son muy cansadas”, admite con la honestidad de quien ha vivido en carne viva la desesperación.

Foto: Archivo Lado B

La traición

Mientras Vicky recorría calles y oficinas, el miedo se instaló en las paredes de su casa. Sandra vivió los primeros años en una penumbra autoimpuesta; mantenía la casa a oscuras, ocultándose tras las cortinas para que nadie notara su presencia, aterrada con la idea de que los mismos que se llevaron a su hermana volvieran por ella o que alguien más le pudiera hacer daño a ella y a su hija.

“Entiendo a mi mamá, yo extraño a mi hermanita, pero sé que el amor de mis padres no se compara con el mío”.

Sin embargo, en ese abismo de ausencia, apareció una red de contención inesperada que fue fundamental. Vicky recuerda con profunda gratitud el apoyo incondicional de la familia de su esposo Javier. Fueron ellos quienes se convirtieron en el pilar de Sandra, asegurándose de que la joven madre y su pequeña no estuvieran solas.

“Mi familia me dio la espalda, la única que me echo la mano fue mi hermana”, reconoce Vicky con desilusión; es una herida que aún no cierra.

La traición fue profunda, mientras ella buscaba a Nadia, sus propios parientes levantaron un muro imaginario de silencio. ¿La razón? La crueldad dentro del horror, uno de los principales sospechosos de la desaparición de Nadia Guadalupe fue un familiar directo.

Además de indiferencia, su familia permitió la complicidad, eligió el pacto de silencio sobre la vida de una joven de 17 años que hoy, a sus 26, sigue siendo esperada en una casa que ha decidido, finalmente, volver a encender la luz.

La voz que la burocracia no pudo callar

Hoy, a sus 52 años y aún sin rastro de su hija menor, Victoria es pieza fundamental de su propio colectivo “Red en Búsqueda de Personas Desaparecidas”, desde donde ayuda a desmenuzar carpetas de investigación y acompaña a quienes recién comienzan este tortuoso camino.

El aprendizaje forzoso de nueve años, su experiencia en realizar trámites y gestiones ante la Fiscalía y su labor en la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla (CBPEP) le han dado una autoridad que sólo se obtiene con la experiencia diaria.

Vicky no teme confrontar a la burocracia: “Yo no soy licenciada, pero sé defender a mis familias. Si me grita, pues yo le grito”, sentencia con la seguridad de quien ya no permite que la indiferencia gane la batalla. “Antes por miedo o ignorancia, no sé qué nombre ponerle, me quedaba callada y hoy ya puedo decir que no”.

Hoy es una mujer capaz de enfrentar a cualquier institución, pero ya no sólo busca a su “guerrera de diciembre”, hoy busca a todas las personas desaparecidas, y es el escudo y la voz de quienes el sistema insiste en olvidar. Vicky ha transformado su tragedia en una vocación: dedica sus días a guiar a quienes recién empiezan este camino de incertidumbre, una ayuda urgente en un país donde la cifra de personas desaparecidas es una herida que se abre diariamente, y que suman más de 135 mil.

Colectivo Red en Búsqueda de Personas Desaparecidas en Puebla. Foto: Raquel Maroño

La esperanza 

Tras la desaparición de Lupita, Vicky decidió que la esperanza debía tener una forma visible. Cada uno de los tatuajes que hoy marcan su cuerpo tiene un solo origen y nombre: Nadia Guadalupe. En un acto de amor, fue su esposo Javier quien grabó su piel. En la parte superior de su brazo izquierdo, un corazón encierra la frase “Te busca mi corazón”; en el interior del mismo, el nombre de Nadia permanece imborrable.

Cada marca es una etapa de su duelo y su transformación. Uno de los tatuajes más representativos es el de Harley Quinn, el personaje favorito de Lupita, una conexión directa con los gustos y la alegría de su hija. En su omóplato, Vicky lleva tatuada un ave fénix, el símbolo de su propio resurgir: la prueba de que, tras años de encierro y oscuridad en los que no lograba superar la ausencia, pudo levantarse para guiar a otras personas.

Hoy esa misma mujer que regateaba en el tianguis se ha vuelto un referente para otras familias buscadoras en Puebla, y hace tiempo decidió que la luz volviera a su casa. Junto a Javier, quien llama con orgullo a su hija “guerrera”, un título que hoy define la identidad de Lupita, ha transformado su hogar.

Con la ayuda de artistas locales emergentes, pintaron un mural en la pared de su casa: el rostro de Nadia Guadalupe posa junto a sus perritas, una señal clara y colorida en su colonia. Dentro, Vicky ha vuelto a poner cortinas claritas y cada diciembre enciende el árbol esperando el regreso de su milagro.

* Estudiante de la Licenciatura en Comunicación de la Ibero Puebla 

Foto de portada tomada de FB
Publicado originalmente en Lado B – https://www.ladobe.com.mx/

La muestra fue inaugurada este viernes 4 de septiembre a las 13:00 horas, en las salas temporales del museo, como parte del programa de Fotoseptiembre 2026 en Sonora.

Integrada por 13 fotografías de gran formato en blanco y negro, la exposición reúne parte del trabajo que Platt Torres ha desarrollado a través de caminos y territorios vinculados con diversos pueblos originarios de Sonora.

Su lente se aproxima a integrantes de comunidades cucapá, tohono o’odham, comcáac (seri), kikapú, o’ob (pima), macurawe (guarijío), yoeme (yaqui) y yoreme (mayo), además de extender la mirada hacia otros pueblos originarios y comunidades migrantes de distintas regiones del país.

Más que una colección de retratos, “Somos Luz y tierra” propone un acercamiento a la identidad, la espiritualidad, las memorias culturales y el paisaje social de una región marcada también por la frontera entre México y Estados Unidos.

Cada imagen captura un rostro, pero detrás de esa mirada hay una historia, una memoria familiar y una relación con el territorio que atraviesa generaciones. La exposición plantea así una reflexión sobre las pertenencias, los desplazamientos y aquellos elementos de la condición humana que pueden reconocerse más allá de las diferencias culturales.

La propuesta adquiere un significado especial dentro de Fotoseptiembre, al colocar en el centro de la imagen fotográfica a las personas y sus historias, recuperando instantes que permiten acercarse a la diversidad étnica y cultural que forma parte de Sonora y de México.

La apertura de “Somos Luz y tierra” será este viernes 4 de septiembre a las 13:00 horas en el Museo Regional de Sonora, ubicado en la Antigua Penitenciaría, en la colonia La Matanza de Hermosillo.

La exposición permanecerá como parte de las actividades conmemorativas por el 41 aniversario del recinto.

El Congreso de Sonora analiza una iniciativa para establecer atención integral a mujeres y familias que enfrentan la pérdida de un hijo durante la gestación o después del nacimiento, con protocolos específicos para atender el duelo perinatal.

La propuesta, presentada por la diputada Deni Gastélum Barreras (Morena), plantea reformas a la Ley de Salud y a la Ley de Salud Mental del estado para incorporar conceptos como muerte fetal y duelo perinatal, además de establecer mecanismos de acompañamiento psicológico y seguimiento especializado.

Uno de los puntos centrales es evitar que las mujeres que atraviesan una pérdida permanezcan en las mismas áreas hospitalarias que madres con recién nacidos vivos, una medida orientada a reducir situaciones que puedan profundizar el impacto emocional del duelo.

La iniciativa también propone incorporar el llamado “Código Mariposa”, un mecanismo para identificar habitaciones y expedientes de pacientes que atraviesan este tipo de pérdidas, con el propósito de que el personal hospitalario pueda reconocer su situación y brindarles un trato adecuado.

A esto se suma la creación de la “Insignia Ginna”, mediante la cual se reconocerá a las instituciones de salud que cumplan con los protocolos de atención establecidos. El planteamiento contempla además capacitar al personal médico y de salud para ofrecer una atención ética, respetuosa y humana a las mujeres y familias afectadas.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Salud del Congreso estatal para su análisis y eventual dictaminación.

Durante la misma sesión, la diputada Rebeca Irene Silva Gallardo (NAS) hizo un reconocimiento a las profesoras indígenas de Sonora, en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, que se conmemora el 5 de septiembre.

La legisladora destacó el papel de las docentes en la preservación de las lenguas originarias, la educación intercultural y la transmisión de conocimientos y tradiciones.

Por su parte, el diputado René Edmundo García Rojo (PT) se refirió al segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y destacó los resultados que, según expuso, se han alcanzado en materia de salarios, bienestar, vivienda, salud, educación, seguridad e infraestructura, así como la coordinación entre los gobiernos federal y estatal.

La próxima sesión del Congreso de Sonora está programada para el martes 8 de septiembre a las 11:00 horas.

«Las desapariciones no dejan de ocurrir porque no se mencionen. Las agresiones contra periodistas y personas defensoras no desaparecen por afirmar que existen libertades. La violencia contra las mujeres no se resuelve sólo con nuevas leyes», señaló AI tras la presentación del informe, a dos años del inicio de la administración de Sheinbaum.

La organización destacó que, si bien fue «relevante» la mención de una iniciativa de Ley General sobre feminicidio, las reformas legales deben traducirse en prevención, investigación, justicia y reparación efectivas, ante la persistencia de la violencia feminicida.

Asimismo, manifestó su preocupación frente a la militarización y la consolidación de la Guardia Nacional como uno de los pilares de la estrategia de seguridad, e insistió en que «México necesita avanzar hacia un modelo de seguridad pública de carácter civil y respetuoso de los derechos humanos».

Finalmente, Amnistía Internacional reiteró que es necesario que desde el gobierno se reconozcan las crisis de derechos humanos que atraviesa el país, pues este es «el primer paso para enfrentarlas».

«Los derechos humanos también deben formar parte de las cuentas que se rinden al país», concluyó la organización.

A continuación el comunicado completo:

En su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó avances y resultados de su administración, pero quedaron fuera de su balance algunas de las crisis de derechos humanos más graves que enfrenta México.

No se habló de la crisis de desapariciones, ni de las violencias y riesgos que enfrentan las mujeres buscadoras. Tampoco de las agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, ni de la criminalización y estigmatización que siguen restringiendo el espacio cívico.

La mención de una iniciativa de Ley General sobre feminicidio es relevante, pero frente a la persistencia de la violencia feminicida, las reformas legales deben traducirse en prevención, investigación, justicia y reparación efectivas.

También preocupa que se presente la consolidación de la Guardia Nacional como uno de los pilares de la estrategia de seguridad. Como advertimos en Promesas en marcha, derechos en riesgo, México necesita avanzar hacia un modelo de seguridad pública de carácter civil y respetuoso de los derechos humanos.

Las desapariciones no dejan de ocurrir porque no se mencionen. Las agresiones contra periodistas y personas defensoras no desaparecen por afirmar que existen libertades. La violencia contra las mujeres no se resuelve sólo con nuevas leyes.

A dos años del inicio de esta administración, reiteramos nuestro llamado al Gobierno de México: reconocer las crisis de derechos humanos es el primer paso para enfrentarlas. Los derechos humanos también deben formar parte de las cuentas que se rinden al país.

Foto: Xolotl
Publicado originalmente en Desinformémonos – https://desinformemonos.org/

Más de una década después del derrame que contaminó los ríos Bacanuchi y Sonora, el caso vuelve a la agenda internacional justo cuando los gobiernos federal y estatal han anunciado nuevas acciones de saneamiento, salud y abastecimiento de agua.

El informe de Marcos Orellana, Relator Especial de Naciones Unidas sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de sustancias y desechos peligrosos, documenta una serie de pendientes que permanecen desde el desastre de 2014: contaminación persistente, deficiencias en la atención sanitaria, falta de información y participación efectiva de las comunidades y una reparación que, a juicio del relator, todavía no puede considerarse integral.

Orellana visitó México del 9 al 20 de marzo de 2026 y recorrió, entre otros sitios, la cuenca del Río Sonora. El informe A/HRC/63/27/Add.1 fue fechado el 3 de julio y está dirigido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dentro de su 63 periodo de sesiones que inicia el próximo lunes 07 de septiembre.

El relator reconstruye en su informe la historia posterior al derrame de agosto de 2014, cuando un derrame masivo de lixiviado ácido procedente de las instalaciones de Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, afectó la cuenca del Río Sonora.

En 2014, la Profepa y Grupo México establecieron un fideicomiso para atender las consecuencias del desastre. El mecanismo fue terminado en 2017 bajo el argumento de que las reparaciones correspondientes ya habían sido cubiertas.

Sin embargo, en 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las comunidades afectadas no habían sido convocadas a participar en el convenio administrativo mediante el cual se creó el fideicomiso y ordenó realizar consultas con ellas.

El informe señala que, mediante el Plan de Justicia para Cananea, se establecieron mesas de diálogo con la población afectada, pero sostiene que esas acciones todavía no habían materializado soluciones prácticas suficientes y que las comunidades no habían tenido una participación plena.

El agua: el dato de las 16 plantas requiere una explicación

El informe de Naciones Unidas señala que al relator le fue informado que las autoridades se habían comprometido a construir más de 30 plantas y que solamente 16 “están en pie”. Pero todo indica que esa frase se refiere a que son 16 plantas las que los gobiernos estatal y federal han dicho recientemente que se instalarán.

Sobre este tema, investigaciones académicas sobre la recuperación del desastre muestran una historia mucho más problemática.

Un estudio publicado en 2025, con trabajo de campo realizado en 2023 y 2024, señala que de las seis plantas fijas instaladas después del derrame ninguna funcionaba adecuadamente a finales de 2023. Una de ellas había operado durante ese año, pero fue cerrada temporalmente por problemas relacionados con reactivos, costos de electricidad y adeudos a operadores. Las cuatro plantas móviles, por su parte, permanecían almacenadas y desconectadas.

El mismo estudio encontró que, entre las 33 localidades visitadas, solamente San Felipe de Jesús y San Rafael de Ures contaban entonces con una planta potabilizadora.

El nuevo Plan de Justicia contempla construir 16 plantas potabilizadoras, instalar 16 sistemas de desinfección y adecuar cuatro plantas que ya operan. Pero se trata de infraestructura prevista dentro del nuevo programa, no de 16 plantas actualmente funcionando.

Más aún, durante su visita a Ures del 12 de agosto, la propia secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, reconoció que todavía habría mesas de trabajo para definir con claridad cuántas plantas potabilizadoras y tratadoras se requieren y cómo se atenderá el problema de las descargas.

El hospital ya tuvo su primera piedra

El informe señala como motivo de especial preocupación la falta de atención a la salud de las personas afectadas y pone como ejemplo el edificio abandonado que estaba destinado a funcionar como clínica especializada en toxicología.

Para el relator, esa situación, combinada con la exposición a metales pesados y la falta de transparencia, coordinación institucional y participación efectiva de las comunidades, mantiene vigente la vulneración de derechos.

Pero en agosto el escenario comenzó a cambiar.

El 5 de agosto se colocó en Ures la primera piedra del Hospital de la Región del Río Sonora, como parte del Plan de Justicia. El proyecto contempla atención médica para la región y servicios relacionados con la problemática derivada de la contaminación, incluidos estudios de metales pesados. El gobierno federal informó que la obra deberá concluirse en 2027.

La ceremonia, sin embargo, estuvo lejos de ser un momento de algarabía para la población: no es la primera vez que se anuncia un hospital para atender a los afectados.

Los Comités de Cuenca recordaron que en 2015 también se colocó simbólicamente una primera piedra y aquella obra nunca fue concluida. Por ello, aunque reconocieron el nuevo proyecto como un avance, señalaron que el verdadero reto será que se termine, se equipe y opere con personal especializado.

Activistas y residentes reclamaron la reducción de la capacidad hospitalaria anunciada en enero por la presidenta Claudia Sheinbaum, contrastada con lo anunciado al colocar la primera piedra.

Mientras que en enero se anunció un nosocomio de segundo nivel equipado con 60 camas y un enfoque de hospital-escuela, el arranque oficial de la obra acotó esa capacidad a un total de 32 camas, divididas en apenas 14 censables para hospitalización y 18 no censables para áreas de urgencias y recuperación.

A pesar de este ajuste, el plan definitivo conservó compromisos críticos como la inclusión de especialidades médicas y un laboratorio especializado en metales pesados y toxicología para monitorear los efectos crónicos del desastre ambiental en los más de 60 mil habitantes de la cuenca.

La diferencia ahora es, en todo caso, que existe una nueva estrategia federal y estatal; pero la prueba pendiente será convertirlo en un servicio médico funcionando, sufiente para toda la población de la cuenca y con un servicio de alta calidad.

Otro plan de remediación

El otro cambio ocurrido después de la visita de Orellana es la puesta en marcha de una nueva fase de remediación.

El 12 de agosto, Alicia Bárcena estuvo en Ures junto con el gobernador Alfonso Durazo para presentar la segunda etapa del programa de remediación de suelos y sedimentos del Río Sonora.

La Semarnat anunció una inversión de 654 millones de pesos para esta fase, cuyos trabajos se programaron para iniciar en septiembre y concluir en diciembre.

La dependencia explicó que los estudios realizados durante los meses anteriores identificaron zonas que requieren intervención y que el proceso contempla el saneamiento y disposición final de los materiales contaminados, además de una etapa posterior de monitoreo.

Bárcena sostuvo que la remediación se realizará con base en evidencia técnica y que las comunidades tendrán acceso a información y participación en el proceso.

Los Comités de Cuenca, por su parte, plantearon dudas sobre la selección de los sitios, la profundidad de los muestreos y la manera en que se dará seguimiento a las zonas intervenidas.

Para Orellana, la respuesta al Río Sonora no puede reducirse a retirar sedimentos contaminados o instalar infraestructura.

En su informe advierte que construir plantas de tratamiento que no sean capaces de enfrentar la carga tóxica de un río contaminado puede resultar insuficiente y convertirse en una “solución falsa” si no se ataca la fuente del problema y no se restaura el ecosistema.

El relator plantea que el Estado debe privilegiar la prevención de la contaminación y la restauración ambiental.

En el caso específico del Río Sonora, también cuestiona la información disponible sobre la calidad del agua. Señala que recibió información según la cual la Conagua no habría realizado determinados análisis de agua, pese a estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México que habían identificado metales pesados en los sedimentos.

Y coloca la salud en el centro del problema.

El Estado, sostiene, debe garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los responsables de violaciones a la legislación ambiental y asegurar una reparación integral para las víctimas.

La nueva etapa, está por verse qué tan nueva

El informe de Naciones Unidas llega a Sonora en un momento distinto al que encontró el relator durante su visita.

En marzo, Orellana encontró una región donde todavía estaban presentes problemas que se arrastraban desde 2014.

En agosto, el gobierno federal anunció 654 millones de pesos para una nueva etapa de remediación; se colocó la primera piedra de un hospital en Ures y se confirmó un programa para construir nuevas plantas potabilizadoras, instalar sistemas de desinfección y rehabilitar infraestructura existente.

El problema es que anunciar y comenzar obras no equivale todavía a demostrar una reparación integral.

La remediación tendrá que comprobar que los contaminantes son efectivamente retirados y dispuestos de manera segura. El hospital tendrá que terminarse, equiparse y proporcionar atención especializada. Y el nuevo sistema de agua tendrá que demostrar que garantiza un suministro seguro y permanente a las comunidades.

También queda pendiente una de las principales exigencias planteadas por el relator: que las comunidades participen de manera efectiva en las decisiones y tengan acceso a la información sobre los trabajos, los recursos y los resultados.

La propia historia de las potabilizadoras muestra por qué ese seguimiento será importante. Décadas de anuncios, modificaciones de proyectos y equipos que terminaron sin operar dejaron una infraestructura muy distinta de la que originalmente se había prometido.

La nueva etapa, por tanto, no borra el diagnóstico de Naciones Unidas.

Más bien coloca al gobierno frente a una oportunidad para demostrar que las observaciones del relator pueden convertirse en acciones concretas.

Porque para las comunidades del Río Sonora, la medida definitiva del avance no será el número de anuncios, presupuestos o primeras piedras.

prepárate para un bombardeo.

No solo eres responsable de las flechas que disparas,

también lo eres de las que armas.

Solo un ser humano puede reconocer a otro ser humano

en las tinieblas o en la oscuridad.

Solo quien es como yo

puede ser otro yo.

En el desierto abundan los espejismos.

En la carencia abundan los errores.

Quitad el agua a un ser humano

y beberá fantasmas.

Iosu Moracho. La nebulosa del cangrejo. Ed. 4 de agosto, 2024

 Voces Del Extremo (source) 

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE determinó que el asunto corresponde al ámbito local debido a la calidad de gobernador de la persona denunciada, por lo que será la autoridad electoral de Sonora la encargada de analizar los hechos y determinar si existen elementos que constituyan alguna infracción.

La queja fue promovida por Movimiento Ciudadano después del mensaje que Durazo publicó en redes sociales en respuesta al discurso de Colosio Riojas durante la sesión del Congreso General con motivo del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, calificó la actuación del gobernador como “inmoral” e “ilegal” y difundió la carátula de la queja presentada ante la autoridad electoral, en la que se señalan como motivos el presunto uso indebido de recursos públicos y la vulneración de los principios de imparcialidad y neutralidad.

Del enfrentamiento político a la autoridad electoral

La controversia comenzó después de que Colosio Riojas utilizara la tribuna para cuestionar distintos aspectos del gobierno federal. Aunque reconoció el carácter histórico de que Sheinbaum sea la primera mujer en ocupar la Presidencia, criticó problemas de seguridad, servicios públicos y el desempeño de instituciones, además de cuestionar la concentración de poder y la desaparición de organismos autónomos.

Un día después, Durazo respondió públicamente al senador. Aunque inició su posicionamiento señalando el afecto que le tiene, cuestionó duramente su experiencia política.

“Luis Donaldo tiene mucho futuro, pero éste no le ha llegado todavía. Tiene mucho aún por aprender y mucho más aún por madurar”.

El mandatario sonorense sostuvo además que “la retórica, por buena y efectista que sea, no puede superar jamás a la experiencia”, y afirmó que comprender la complejidad de gobernar un estado o el país es ajeno “a la capacidad de un principiante”.

Durazo fue más allá al afirmar que Colosio “carece de la autoridad moral imprescindible” para cuestionar las deficiencias del gobierno de Sheinbaum, pues, según el gobernador, dejó “una estela de rezagos y desaciertos” durante su gestión como alcalde de Monterrey.

También recordó que el senador llegó a la Cámara alta por el principio de primera minoría, después de que la fórmula de Movimiento Ciudadano quedara en segundo lugar en Nuevo León en 2024, y lanzó otra de las frases más fuertes de su posicionamiento:

“No le alcanzaron su excelente oratoria, su fama ni su merecidamente reconocido apellido”.

Colosio Riojas fue alcalde de Monterrey de 2021 a 2024 y actualmente es senador por Movimiento Ciudadano.

La queja no implica que Durazo haya cometido una infracción

La presentación de la denuncia no significa que se haya acreditado un uso indebido de recursos públicos ni una violación electoral por parte del gobernador. Esos son los señalamientos formulados por Movimiento Ciudadano.

Hasta ahora, la decisión del INE se refiere a qué autoridad debe conocer el caso, no al fondo de la acusación: consideró que corresponde al ámbito estatal y remitió el expediente a Sonora para su análisis y eventual resolución.

Por Karen García / @karen_gdlt

En la década de los 70, el estado de Guerrero sufrió uno de los episodios más atroces del México contemporáneo, pues ahí el gobierno mexicano implementó una política de terror generalizada para reprimir cualquier articulación social y popular, siendo Atoyac de Álvarez, uno de los pueblos más asediados por este “terrorismo de Estado”; en el que las personas eran víctimas de violencia sexual, desaparición forzada, ejecuciones arbitrarias, tortura y el desplazamiento forzado interno.

A 50 años de este suceso, Guerrero, Atoyac y los descendientes de las víctimas no olvidan.

Como un acto de memoria ante los asedios, el historiador Rafael Tepec, en una labor para su doctorado, creó el cuento “Rosendo y su guitarra”, una historia ilustrada por Luis Armando Alarcón y, con la revisión y aportación de Tita Pacheco, hija de Rosendo Pacheco, un luchador social de Atoyac, el cual fue víctima de desaparición por parte del Estado.

“Rosendo y su guitarra” es un cuento ilustrado para “niños y no tan niños”. Así lo señala la introducción de esta historia, que retrata a Rosendo, un hombre que desde pequeño tuvo una conexión y amor por la música. A través de ella, componía y contaba lo que veía, sentía y oía que pasaba en otros pueblos: la pobreza, la salud, la falta de educación. Hasta que a sus oídos llegó la noticia de un grupo de hombres y mujeres que se organizaban para luchar por un mundo mejor.

Sin embargo, las personas ricas, quienes querían completo control y poseían una milicia de lagartos gigantes con pieles verde oscuro, seres robustos de colas largas y garras afiladas, estaban atacando al grupo de guerrilleros. Les mantenían cautivos, les daban coletazos y los arrastraban a sus oscuras cuevas, de donde nadie salía.

Tras su ausencia forzada, sus objetos más preciados fueron cobrando vida para buscarles. En el caso de Rosendo fue su guitarra.

Natalia Pérez Cordero -investigadora del Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de FUNDAR, Centro de análisis e investigación- quien formó parte de este acompañamiento y edición del cuento, junto a Artículo 19 y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), expresó para ZonaDocs que este es un trabajo de memoria que intenta que todas las generaciones puedan entender este suceso a través de una historia de “ficción” basada en hechos reales, ayudada de las metáforas que hacen referencia al ejército con la milicia Sauria.

“Es un cuento para todas las edades. El uso de la narrativa del cuento intenta poner como ficción hechos que ocurrieron en la realidad, a través de ilustraciones, de jugar con los personajes. Esto permite de forma amena, llevar la historia del terrorismo de Estado ya no solo a las personas adultas, sino a cualquier persona.”, expresó Natalia.

Si bien, el cuento de Rosendo y su guitarra ya había tenido una primera edición, con un tiraje de 50 ejemplares; esta segunda edición se distingue por la intervención de Tita Pacheco, quien quiso añadir al cuento más nombres de personas desaparecidas y de sus familias que los buscan.

Además, Natalia señaló que lo enriquecedor de este cuento es que hay dos visiones y acercamientos en la historia, puesto que Luis Armando Alarcón, quien lo ilustró desde un lugar completamente voluntario, tiene familia que fue víctima de las represiones. Mientras que Rafael, le agrega una visión académica, de una manera en que la historia puede ser entendible para cualquier persona.

La memoria se siembra con las infancias, para que sigan exigiendo justicia en un contexto en el que la desaparición forzada siga estando presente.

“Abuelita, abuelita, lo que me di cuenta es que tú eres la guitarra de Rosendo y tú eres la que lo está buscando, ¿no?. Pero te falta tu cuerda.”, recordó Natalia, sobre cómo el nieto de Tita, de nueve años, le expresó a su abuela después de leer el cuento.

Las infancias también son víctimas indirectas de las desapariciones forzadas, por lo que este cuento también funciona como un acompañamiento, una forma de resistencia a sus luchas diarias y a entenderlas.

“La búsqueda de justicia y verdad no solo se lleva en los tribunales o frente a los ministerios públicos, sino que, también hay muchas formas de ir reclamando, construyendo memoria de la mano de las familias y de las víctimas que han sufrido esos estragos. Y no solo construir memoria, sino pensar que esa memoria servirá para acercar a las nuevas generaciones a conocer estos temas.”, concluyó Natalia.

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Puedes leer Rosendo y su guitarra aquí. 

Publicado originalmente en Zona Docs

La denuncia fue presentada el 28 de agosto ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción y deriva de la auditoría de cumplimiento forense número 67 de la Cuenta Pública 2022.

Uno de los principales hallazgos corresponde a los recursos que Conade entregó a la Federación Mexicana de Taekwondo para organizar el campeonato mundial celebrado en Guadalajara.

La Federación recibió alrededor de 73.5 millones de pesos y pagó 73.475 millones a 13 proveedores. La ASF concentró su revisión en nueve de ellos, que recibieron 65.668 millones de pesos, equivalentes al 89.4 por ciento de los recursos ejercidos.

Servicios millonarios que no pudieron acreditarse

La fiscalización encontró deficiencias para comprobar la realización de servicios relacionados con arbitraje, transporte, alimentación, hospedaje, videograbación, escenografía, decoración, limpieza y seguridad privada, entre otros.

Parte de la documentación entregada no contenía información suficiente para demostrar cantidades, características o lugares en los que supuestamente se prestaron determinados servicios.

La auditoría encontró además un dato particularmente llamativo: algunas de las empresas contratadas no contaban con personal suficiente para realizar los trabajos que les habían sido asignados.

Entre ellas aparecen VPN Options y Comercio al Por Mayor Punta Coyote, que tenían registrado un solo trabajador, pese a haber sido contratadas para prestar servicios que incluían internet, videograbación, generación de señal televisiva, limpieza y seguridad. Ambas recurrieron a subcontrataciones, pero tampoco se presentó documentación suficiente para acreditar la ejecución de los trabajos observados.

La revisión también detectó gastos superiores a los autorizados en servicios para jueces, médicos y personal multidisciplinario, alimentación, ceremonias oficiales y adquisición de material deportivo.

Sonora también aparece en la auditoría

La fiscalización no se limitó al Mundial de Taekwondo.

Entre otros recursos revisados aparecen contratos por 21 millones de pesos del Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte, 11 millones del Instituto del Deporte de Tlaxcala y nueve millones de la Federación Mexicana de Voleibol.

Y aquí tenemos un dato especialmente pertinente para Libera: la auditoría también señala una entrega irregular de tres millones de pesos a la Comisión del Deporte del Estado de Sonora.

Cinco denuncias y alrededor de 544 millones bajo observación

La denuncia presentada en agosto es la quinta promovida por la ASF por presuntas irregularidades ocurridas durante la administración de Guevara.

Las cinco acciones penales derivan de cuatro auditorías forenses correspondientes a las cuentas públicas de 2019, 2020 y 2022, en las que quedaron aproximadamente 544 millones de pesos en irregularidades que no fueron aclaradas durante los procesos de fiscalización.

La primera denuncia fue presentada en 2023, dos más en 2024, otra en 2025 y la quinta el pasado 28 de agosto.

En revisiones anteriores, la Auditoría documentó problemas relacionados con contratación de servicios, entrega de apoyos y comprobación del ejercicio de recursos públicos. Entre ellos figuran apoyos económicos otorgados a 428 entrenadores que, según la fiscalización, no formaban parte del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte.

Ana Gabriela Guevara encabezó la Conade entre 2018 y 2024 y durante su administración rechazó reiteradamente las acusaciones de corrupción y defendió el manejo de los recursos del organismo.

Las denuncias de la ASF no constituyen por sí mismas una determinación de responsabilidad penal contra Guevara ni significan que los 544 millones de pesos hayan sido acreditados judicialmente como un desvío cometido personalmente por ella. Corresponde ahora a la FGR investigar los hechos, identificar eventuales responsabilidades individuales y determinar si existen elementos para proceder penalmente.