Por Gloria Ciria Valdéz Gardea*

La muerte de Emiliano Andrade Covarrubias, mexicano de 56 años, ocurrida el 17 de octubre de 2026 en el Centro de Procesamiento Río Grande del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en Laredo, Texas, constituye un hecho profundamente lamentable que exige esclarecimiento y rendición de cuentas. Su familia ha denunciado que, durante su detención, no recibió los medicamentos ni la atención médica que necesitaba, pese a sus problemas de salud. Mientras se investigan las circunstancias de su fallecimiento, este caso recuerda la obligación de las autoridades de garantizar la vida, la integridad y la dignidad de todas las personas bajo su custodia, independientemente de su situación migratoria. Su muerte, al igual que la de tantas otras personas, no puede quedar sin una investigación exhaustiva y transparente que permita esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

De acuerdo con información difundida por organizaciones de la sociedad civil, entre 2025 y lo que va de 2026, aproximadamente más de 70 personas han fallecido durante persecuciones u operativos del ICE o en centros de detención migratoria en Estados Unidos. La mayoría son hombres latinos. Estas muertes exigen atención pública, investigación y acciones concretas para prevenir nuevas pérdidas de vidas.

Ante esta realidad, el Seminario Niñez Migrante de El Colegio de Sonora invita a la puesta del altar Rostros del ICE: Memoria de quienes no regresaron, que tendrá lugar en el patio central de las instalaciones de El Colegio de Sonora el jueves 29 de octubre a las 12 del día, como un acto de memoria, denuncia y solidaridad con las familias de las personas migrantes fallecidas. Durante el evento se dará lectura a un pronunciamiento internacional y se expondrán fotografías y nombres de personas que perdieron la vida durante 2025 y 2026, con el propósito de honrar sus vidas, visibilizar las circunstancias de sus muertes y exigir verdad, justicia y rendición de cuentas.

Ponerles rostro a los números es devolverles su humanidad

Detrás de cada cifra hay una persona con un nombre, una historia, una familia, afectos y proyectos de vida. Hay madres y padres, hijos e hijas, personas que trabajaron, cuidaron, soñaron y construyeron vínculos. Cada muerte deja ausencias que marcan la vida de sus seres queridos y, en muchos casos, preguntas sin respuesta, incertidumbre y dificultades para acceder a la justicia.

Con este altar, el Seminario Niñez Migrante busca que sus rostros no se pierdan en las estadísticas ni que sus muertes se conviertan en hechos ante los que la sociedad termine acostumbrándose. Nombrarlos, mostrar sus rostros y dedicarles un espacio de memoria es reconocer que sus vidas importaban y siguen importando. Es también una forma de acompañar simbólicamente a sus familias y de recordar que ninguna persona pierde su dignidad por su nacionalidad o situación migratoria.

Este altar no es solamente un espacio para recordar a quienes murieron: es una invitación a mirar, a preguntarnos y a no permanecer indiferentes. Cuando la muerte se convierte en una cifra, corremos el riesgo de olvidar a la persona; cuando recuperamos su rostro y su historia, reconocemos también nuestra responsabilidad frente a su ausencia. La memoria es una forma de resistir la indiferencia y de afirmar que ninguna vida debe considerarse prescindible.

Desde el Seminario Niñez Migrante sostenemos que la defensa de los derechos de las personas migrantes también implica reconocer las consecuencias de las políticas y los operativos migratorios sobre sus familias, especialmente sobre las niñas, los niños y los adolescentes. Las muertes de madres, padres y otras personas cercanas dejan huellas profundas en las infancias. Ninguna política migratoria puede justificar que la dignidad humana quede subordinada a la condición migratoria de una persona.

Por ello, hacemos un llamado a las autoridades de Estados Unidos y México, a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y a la comunidad internacional para que:

1. Garanticen investigaciones independientes, exhaustivas y transparentes sobre las muertes ocurridas bajo custodia del ICE, durante persecuciones, operativos y otras acciones vinculadas con el control migratorio, a fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
2. Protejan la vida y la integridad de las personas migrantes, mediante condiciones dignas de detención, atención médica oportuna, acceso a representación legal y medidas eficaces para prevenir abusos, negligencia y muertes evitables.
3. Garanticen a las familias el derecho a la verdad y a la justicia, mediante información oportuna, trato digno, acompañamiento jurídico y psicológico, y acceso a los mecanismos de investigación y reparación correspondientes.
4. Revisen las políticas y prácticas de control migratorio que ponen vidas en riesgo y adopten medidas efectivas para prevenir la violencia, los abusos y la deshumanización de las personas migrantes.
5. Fortalezcan la supervisión, la cooperación internacional y la rendición de cuentas, con la participación de organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, para esclarecer las muertes y establecer garantías de no repetición.
6. El gobierno de México asuma un papel activo en la defensa de las personas mexicanas fallecidas en Estados Unidos y de sus familias, mediante gestiones diplomáticas y consulares que contribuyan a exigir investigaciones y explicaciones, brindar asesoría y acompañamiento jurídico, consular y psicológico, y apoyar la repatriación de los restos cuando las familias así lo soliciten. La protección consular debe contribuir tanto a prevenir nuevas pérdidas de vidas como a garantizar verdad y justicia para quienes han fallecido.

Nombrarlos es resistir. Recordarlos es exigir justicia.

*Profesora-investigadora del Centro de Estudios Transfronterizos de El Colegio de Sonora.

Hermosillo, Sonora, 21 de octubre de 2026.— La aproximación del frente frío número 3 al noroeste de México incrementará la probabilidad de lluvias en Sonora y provocará un descenso gradual de las temperaturas durante los próximos días, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Protección Civil estatal.

El sistema frontal se aproximará durante la noche de este miércoles y podría ingresar a Sonora entre el jueves 22 y la madrugada del viernes 23, acompañado por la corriente en chorro subtropical. Su interacción favorecerá lluvias dispersas, rachas de viento y condiciones más frescas en distintas regiones.

Gilberto Lagarda Vázquez, jefe de Meteorología de Conagua en Sonora, explicó que las mayores probabilidades de precipitación se concentrarán en el norte y oriente del estado, aunque también podrían registrarse lluvias en municipios del centro y noroeste.

¿Dónde podría llover?

De acuerdo con el pronóstico difundido por Protección Civil este miércoles, las condiciones previstas para algunas ciudades son las siguientes:

• Nogales: máxima de 28 °C y probabilidad de lluvia del 60%.
• Agua Prieta: máxima de 30 °C y probabilidad de lluvia del 55%.
• Hermosillo: máxima de 35 °C, cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvia del 0% durante este miércoles.
• Guaymas: máxima de 35 °C y probabilidad de lluvia del 10%.
• Ciudad Obregón: máxima de 37 °C y sin precipitaciones previstas para este miércoles.
• Navojoa: máxima de 38 °C y sin lluvias previstas para este miércoles.

Las probabilidades corresponden al pronóstico del día 21 y podrían cambiar conforme avance el frente frío.

Hermosillo podría registrar temperaturas más bajas

Aunque la capital sonorense continuará con ambiente caluroso este miércoles, los pronósticos apuntan a un descenso de las temperaturas máximas durante los siguientes días.

Para el jueves se anticipan valores cercanos a 33 grados y posibilidad de lluvias dispersas, mientras que el viernes las máximas podrían ubicarse entre 30 y 32 grados.

En las regiones serranas, las mañanas y noches serán más frías, por lo que Protección Civil recomienda tomar precauciones ante los cambios de temperatura.

El SMN también mantiene vigilancia sobre una zona de baja presión en el Pacífico, al sur de Oaxaca, con alta probabilidad de desarrollo ciclónico. Sin embargo, este fenómeno es distinto del frente frío que se aproxima a Sonora y no debe confundirse con la causa directa de las lluvias previstas en el estado.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los pronósticos actualizados, especialmente ante la posibilidad de vientos fuertes y precipitaciones localizadas.

Hermosillo, Sonora, 21 de octubre de 2026.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno revisará nuevamente los impactos ambientales del proyecto AMIGO GNL, una terminal de licuefacción y exportación de gas natural prevista en Guaymas, Sonora, cuya construcción permanece detenida por resoluciones judiciales promovidas por organizaciones ambientalistas.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria afirmó que se realiza una revisión para responder al procedimiento judicial y sostuvo que su administración no permitirá una afectación grave al Golfo de California.

«No vamos a cometer una barbaridad de impactar negativamente al Golfo de California», declaró.

Sin embargo, la controversia va más allá de los posibles daños ambientales. El proyecto también enfrenta cuestionamientos sobre la legalidad de su autorización, la transparencia de la consulta pública y la información proporcionada por las autoridades durante el juicio.

Un proyecto con permisos, pero sin autorización para avanzar en las obras

AMIGO GNL contempla recibir gas natural procedente de Estados Unidos, procesarlo para convertirlo en gas natural licuado y transportarlo mediante buques hacia mercados internacionales, principalmente asiáticos.

El desarrollo está vinculado con la empresa LNG Alliance y la Administración del Sistema Portuario Nacional de Guaymas.

Aunque cuenta con permisos energéticos y una autorización ambiental emitida por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), el proyecto permanece sujeto a suspensiones judiciales.

La organización Nuestro Futuro A. C., acompañada por ARTICLE 19, promovió un juicio de amparo para cuestionar aspectos de la consulta pública y la evaluación ambiental.

Una primera suspensión definitiva fue concedida en mayo. Posteriormente, el 18 de septiembre, se otorgó otra medida judicial que, de acuerdo con los representantes de la organización, impide que la autorización ambiental surta efectos y que comiencen las obras mientras continúa el litigio.

El proyecto está detenido, pero no cancelado.

La autorización ambiental y las contradicciones en el procedimiento

Uno de los aspectos más controvertidos del caso surgió cuando la ASEA informó al juzgado, el 20 de mayo, que no había otorgado una autorización de impacto ambiental.

Sin embargo, posteriormente se conoció que la dependencia había emitido el resolutivo desde el 13 de abril y lo había notificado a la empresa al día siguiente.

La ASEA sostiene que la autorización fue otorgada antes de las suspensiones dictadas en mayo y que el procedimiento de evaluación cumplió los requisitos legales.

También informó que durante la consulta pública, realizada entre febrero y marzo, recibió 4 mil 804 promociones electrónicas.

La dependencia estableció condiciones ambientales para el proyecto, entre ellas limitar a 60 los arribos anuales de buques metaneros, restringir las obras marinas entre diciembre y abril y monitorear posibles afectaciones a mamíferos marinos, tortugas, delfines, tiburones y rayas.

No obstante, las organizaciones promoventes consideran que esas medidas no resuelven los cuestionamientos sobre la viabilidad ambiental de instalar una terminal de estas características en el Golfo de California.

La controversia se profundizó después de que se conociera una resolución judicial relacionada con irregularidades en el procedimiento de autorización ambiental.

El 19 de octubre, la ASEA anunció que impugnaría esa determinación, al considerar que existen antecedentes judiciales que respaldan su actuación.

Por lo tanto, la legalidad de la autorización continúa en disputa y será materia de nuevas decisiones judiciales.

Sheinbaum defiende el proyecto y minimiza su impacto territorial

Durante su conferencia de este miércoles, la presidenta afirmó que la terminal ocuparía apenas el 0.05% de la superficie de la zona de producción de Guaymas y que su operación representaría un incremento aproximado del 4% en el número de embarcaciones que ingresan al área.

También sostuvo que los buques utilizarían rutas marítimas ya existentes.

«No es que sea una zona nueva, distinta, sino es una zona ya impactada y tiene ventajas», señaló.

Estas cifras corresponden a la evaluación presentada por el Gobierno federal y no constituyen, por sí solas, una demostración de ausencia de impactos ambientales.

Las organizaciones opositoras advierten que deben evaluarse los efectos acumulativos del tráfico marítimo, el ruido submarino, la actividad industrial y la infraestructura asociada al transporte de gas.

En particular, han expresado preocupación por las posibles afectaciones a las ballenas y otras especies que habitan o transitan por el Golfo de California.

Científicos y organizaciones cuestionan la evaluación

En Guaymas, especialistas y organizaciones ambientales han insistido en que la discusión no puede limitarse a la superficie que ocupará la terminal.

El biólogo marino Arturo Ramírez cuestionó públicamente la rapidez del procedimiento de evaluación y señaló que un proyecto de esta magnitud requiere un análisis exhaustivo de sus efectos sobre el ecosistema.

De acuerdo con información difundida por Meganoticias, más de cien personas dedicadas a la investigación científica han expresado preocupación por los impactos que podrían generar proyectos de este tipo en el Golfo.

La coalición ¿Ballenas o Gas? también ha desarrollado una campaña de información sobre los riesgos ambientales asociados con las terminales de gas natural licuado proyectadas en las costas sonorenses.

El futuro de AMIGO GNL sigue en manos de los tribunales

La revisión anunciada por Sheinbaum no elimina las suspensiones judiciales ni resuelve las impugnaciones pendientes.

Por ahora, el proyecto mantiene autorizaciones administrativas cuestionadas judicialmente y no puede avanzar en las obras mientras permanezcan vigentes las medidas que lo impiden.

La controversia plantea dos cuestiones fundamentales: si la evaluación ambiental fue realizada conforme a la ley y si las medidas propuestas son suficientes para proteger la biodiversidad del Golfo de California.

La decisión sobre el futuro de AMIGO GNL dependerá tanto de las resoluciones judiciales como de la capacidad de las autoridades para demostrar, con información pública y verificable, que se han evaluado adecuadamente sus posibles impactos.

Ciudad de México, 21 de octubre de 2026.— La Cámara de Diputados aprobó una reforma para tipificar el reclutamiento de personas por parte de organizaciones criminales y establecer penas de hasta 25 años de prisión cuando se utilicen amenazas, violencia, intimidación o abuso de poder.

El dictamen recibió 419 votos a favor y ninguno en contra durante la sesión del martes 20 de octubre. Modifica la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y fue turnado al Senado para continuar su proceso legislativo.

Uno de los cambios centrales es que todo reclutamiento de niñas, niños y adolescentes será considerado forzado, independientemente de que los menores hayan manifestado su consentimiento para participar en actividades de grupos delictivos.

La disposición busca reconocer que las organizaciones criminales pueden aprovecharse de la edad, la vulnerabilidad económica, la falta de oportunidades o las condiciones de violencia que enfrentan las infancias.

Penas más severas por amenazas y violencia

El proyecto contempla penas de entre 10 y 20 años de prisión para quienes inviten, induzcan, incorporen o recluten personas con el propósito de integrarlas a organizaciones delictivas, mediante engaños o sin ellos.

Cuando se utilicen amenazas, intimidación, coacción, violencia física o moral, o abuso de poder, las sanciones aumentarán a entre 15 y 25 años de cárcel, además de multas económicas.

También se contemplan agravantes cuando las víctimas pertenezcan a pueblos indígenas o comunidades afromexicanas, sean personas migrantes o sufran tortura, violencia sexual, privación de la libertad o tratos crueles.

Las sanciones podrán incrementarse cuando los responsables sean servidores públicos o personas que hayan pertenecido a corporaciones de seguridad o a las Fuerzas Armadas.

Reclutamiento mediante falsas ofertas de trabajo

La reforma también contempla la captación realizada a través de medios electrónicos, una modalidad que ha cobrado relevancia por la utilización de redes sociales y plataformas digitales para atraer a jóvenes mediante promesas de empleo.

Durante la discusión legislativa, el diputado panista Guillermo Anaya recordó que el Gobierno federal había identificado mil 800 cuentas y páginas utilizadas presuntamente para reclutar jóvenes, de las cuales 800 fueron inhabilitadas, según cifras presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los legisladores también señalaron que la ausencia de un delito específico ha dificultado investigar estos casos, pues con frecuencia se procesan mediante otras figuras penales, como corrupción de menores, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada.

La creación de un tipo penal específico permitiría investigar y sancionar directamente la captación de personas para actividades criminales, sin depender exclusivamente de otros delitos.

Miles de menores en riesgo

Durante el debate, legisladores citaron estimaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y UNICEF, según las cuales entre 145 mil y 255 mil niñas, niños y adolescentes podrían encontrarse en riesgo de reclutamiento o utilización por organizaciones delictivas.

Esta estimación corresponde a población en riesgo y no debe confundirse con una cifra de menores efectivamente reclutados.

El problema afecta especialmente a adolescentes expuestos a violencia, pobreza, exclusión social y presencia de organizaciones criminales, aunque el reclutamiento también puede ocurrir mediante amenazas directas o engaños.

Falta la aprobación del Senado

Aunque el dictamen obtuvo el respaldo unánime de la Cámara de Diputados, las nuevas sanciones todavía no pueden aplicarse, ya que el proyecto debe ser revisado por el Senado y completar el procedimiento legislativo correspondiente.

La propuesta también establece un plazo de 180 días naturales, a partir de su eventual entrada en vigor, para que los congresos estatales que tengan previsto este delito armonicen sus disposiciones.

La reforma representa un intento de cerrar vacíos legales frente al reclutamiento criminal. Sin embargo, su eventual aprobación no resolverá por sí sola las condiciones que permiten a los grupos delictivos captar a menores de edad.

La prevención, la protección de las víctimas y la investigación de las redes responsables serán fundamentales para que el cambio legal tenga consecuencias reales.

Texto y fotos: Camilo Ocampo

CIUDD DE MÉXICO. – El 6 de octubre, una jornada comunitaria de salud sexual en el Hotel Maga, ubicado en Tlalpan, terminó en agresiones contra personas trabajadoras sexuales, mujeres trans y personal de Médicos Sin Fronteras (MSF).

La actividad contemplaba atención médica para la población LGBTIQ+, pero, de acuerdo con las denuncias de las participantes, la intervención fue obstaculizada por el dueño y sus trabajadores; el resultado fue varias personas agredidas.

La organización humanitaria condenó los hechos y sostuvo que todas las personas deben poder recibir atención médica de manera segura, sin temor a sufrir violencia o discriminación. Dos días después, hizo pública su postura frente a lo ocurrido durante la jornada.

Sin embargo, las agresiones no quedaron ahí.

La escalada de la represión

El 9 de octubre, integrantes de colectivas trans y personas trabajadoras sexuales acudieron a la Fiscalía de la Ciudad de México para exigir justicia.

Después marcharon a la alcaldía Cuauhtémoc, encabezada por Alessandra Rojo de la Vega, para solicitar una reunión con la funcionaria y reclamar respuestas por la violencia que habían sufrido sus compañeras, así como la implementación de medidas urgentes para combatir lo que denunciaron como una «mafia hotelera».

Frente al edificio, las manifestantes encontraron una respuesta que consideraron insuficiente.

Como parte de las acciones para presionar a las autoridades, algunas rompieron mobiliario, realizaron pintas y prendieron una fogata. La confrontación escaló cuando un hombre con el rostro cubierto apareció con un extintor y lo roció contra las manifestantes. Ellas respondieron con jalones.

Entonces, desde el interior del edificio salió un grupo de entre 50 y 60 hombres embozados, algunos con logotipos de la alcaldía. Con palos, tubos metálicos y extintores comenzaron a golpear a varias de las mujeres.

Las manifestantes corrieron para alejarse mientras los hombres las perseguían. Los videos que circularon después muestran parte de la agresión. El saldo denunciado fue de más de 13 personas heridas, algunas con fracturas en la nariz y contusiones severas en la cabeza y el rostro.

Frente a los hechos, las colectivas presentaron denuncias contra quienes resulten responsables y exigieron al Congreso de la Ciudad de México investigar a Alessandra Rojo de la Vega y destituirla, al acusarla de utilizar grupos de choque contra mujeres trans. Se reportó la apertura de 16 carpetas de investigación por lesiones e intento de transfeminicidio.

Pero la problemática es más grande de lo que parece. La protesta no solo buscaba una respuesta por las agresiones ocurridas durante una jornada de salud sexual. Las colectivas también exigían medidas contra la violencia que enfrentan las personas trans y trabajadoras sexuales en la capital, incluida la que denuncian en establecimientos de hospedaje, donde se han registrado casos de trata de personas, explotación sexual y feminicidios.

Hoteles, trata y violencia contra las mujeres

Antes del Mundial de Futbol de 2026, el Gobierno de la Ciudad de México reconoció la problemática y anunció la suspensión de 15 inmuebles de alojamiento por presuntos riesgos vinculados con la trata de personas, así como la detención de 19 personas relacionadas con este delito.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que la administración capitalina reforzó los operativos de supervisión y prevención ante los riesgos de explotación sexual, laboral y comercial asociados con eventos masivos. Sin embargo, las colectivas exigen que la respuesta no se limite a operativos temporales y que se atiendan también las violencias que viven las mujeres trans y las personas trabajadoras sexuales.

También reportó la capacitación de más de 19 mil personas para prevenir, identificar y denunciar posibles casos de trata, así como la formación especializada de 400 servidoras y servidores públicos. También se impulsaron acciones de coordinación institucional para detectar posibles casos de explotación y atender a las víctimas.

Los hoteles y moteles de la capital han sido escenario de asesinatos de mujeres. Una investigación sobre feminicidios en estos establecimientos documentó que, entre 2015 y marzo de 2020, las autoridades reconocieron 28 casos. Una revisión adicional identificó otros 11 que podrían corresponder a la misma categoría, para un total de 39 mujeres asesinadas en 34 establecimientos.

De acuerdo con ese recuento, la alcaldía Cuauhtémoc concentró 19 de los casos identificados. La investigación también señaló deficiencias en los registros de huéspedes y la falta de protocolos para prevenir la violencia o facilitar la identificación de posibles agresores.

A estos antecedentes se suma que, entre el 1 de enero de 2019 y el 15 de agosto de 2025, 15.2 por ciento de los feminicidios registrados en la Ciudad de México ocurrió en espacios privados no domésticos, categoría que incluye hoteles y moteles.

Estas cifras no significan que todos los establecimientos estén relacionados con delitos, pero sí evidencian la necesidad de contar con mecanismos eficaces de prevención, supervisión e investigación, sobre todo cuando existen denuncias de violencia sexual o explotación.

La exigencia de las colectivas en el Congreso

Las denuncias de las personas trabajadoras sexuales y las mujeres trans exigen que las autoridades atiendan las violencias que enfrentan en distintos espacios de la ciudad. No buscan criminalizar el trabajo sexual, sino que se investiguen las agresiones, se combata la trata y la explotación y se garantice el acceso a la salud sin discriminación ni intimidaciones.

El 15 de octubre, representantes de las colectivas se reunieron con diputadas y diputados del Congreso capitalino para establecer seis acuerdos: verificar administrativamente el Hotel Maga; proponer una comisión especial que investigue las agresiones del 9 de octubre en Cuauhtémoc; impulsar la discusión legislativa sobre hoteles seguros para trabajadoras sexuales; transparentar el programa de apoyo en salud para personas LGBT+ de la alcaldía; exhortar a las 16 alcaldías a evitar la violencia y persecución contra la población LGBTTTIQ+; y solicitar a la Fiscalía una investigación diligente de los hechos.

Las colectivas buscan que estos acuerdos se conviertan en acciones concretas, investigaciones y cambios legislativos que atiendan la violencia contra las personas trans y trabajadoras sexuales y eviten que las agresiones denunciadas queden impunes.

Publicado originalmente en https://piedepagina.mx/

La escasez de fondos ha obligado al Programa Mundial de Alimentos (PMA) a recortar en aproximadamente un tercio la asistencia a las familias hambrientas de la Franja de Gaza, una medida que afectará a unas 500.000 personas a medida que se acerca el invierno, según anunció este lunes la agencia de la ONU.

El PMA señaló que su ayuda alimentaria “ha sido un salvavidas para hasta el 90 % de las familias de Gaza” en los últimos tres años. Desde el acuerdo de alto el fuego de octubre de 2025 entre Israel y los combatientes de Hamás, los equipos han llegado mensualmente a unas 1,6 millones de personas con paquetes de alimentos, harina de trigo, pan, comidas calientes, apoyo nutricional, meriendas escolares y asistencia en efectivo.

“La mejora del acceso humanitario y de la entrega de asistencia desde octubre de 2025 ha ayudado a reducir la inseguridad alimentaria, pero estos avances siguen siendo frágiles y podrían revertirse rápidamente si la financiación humanitaria continúa disminuyendo”, advirtió la agencia.

Raciones, efectivo y comidas calientes reducidas

Este mes, el PMA está apoyando a 1,1 millones de las personas más vulnerables del enclave devastado por la guerra, frente a los 1,6 millones de septiembre. 

Las raciones se han reducido a la mitad, lo que significa que las familias recibirán ahora un paquete de alimentos en lugar de dos, y una bolsa más pequeña de harina de trigo. 

También se ha reducido el valor de la asistencia en efectivo entregada a 75.000 familias, mientras que el número de comidas calientes distribuidas a diario en toda Gaza caerá de 250.000 a 150.000.

“Las familias que viven en zonas de difícil acceso, incluidas las cercanas a la ‘línea amarilla’ de control militar israelí, recibirán una comida caliente cada dos días en lugar de a diario”, señaló la agencia.

Por ahora, el PMA puede seguir apoyando a las panaderías que cubren un tercio de las necesidades de pan de Gaza, proporcionar asistencia nutricional a 300.000 mujeres y niños y entregar meriendas escolares saludables a 200.000 estudiantes.

Hambre en niveles de crisis

Los recortes llegan en un momento crítico en Gaza, donde más del 80 % de la población está desempleada, lo que deja a muchas familias sin poder permitirse productos frescos o alimentos ricos en proteínas, incluso cuando están disponibles. 

Alrededor del 67 % de los gazatíes —unos 1,4 millones de personas— sufren inseguridad alimentaria aguda en niveles de crisis o peores. Aunque esta cifra ha bajado desde el 77 % de finales de 2025, “la mejora sigue siendo modesta y frágil”, según el PMA. 

Unas 200.000 personas permanecen en condiciones de emergencia y necesitan asistencia alimentaria inmediata para evitar que mueran de hambre. Mientras tanto, solo uno de cada cinco niños consume una dieta suficientemente diversa, y el acceso a la atención sanitaria y otros servicios esenciales sigue siendo limitado.

Necesidades críticas de financiación

El PMA subrayó que, a medida que se acerca el invierno, se necesitan urgentemente recursos adicionales para mantener la asistencia alimentaria de emergencia, proporcionar apoyo técnico crítico y prevenir la desnutrición entre los niños pequeños y las mujeres embarazadas y lactantes. 

La financiación para sus operaciones en Palestina en 2026 asciende a menos de la mitad de la recibida en años anteriores, y la agencia necesita urgentemente 450 millones de dólares para mantener sus operaciones críticas en Gaza y Cisjordania hasta marzo.

El PMA señaló que la escasez de fondos también ha afectado a sus operaciones en Cisjordania, donde el número de personas que reciben asistencia se redujo a la mitad, de 400.000 a 200.000, en septiembre.

Publicado originalmente en https://news.un.org/es/

El Gobierno de Sonora reportó la recuperación de 638 espacios públicos en 11 municipios del estado, como parte de la Jornada Permanente por la Paz, estrategia que busca mejorar las condiciones de convivencia y contribuir a la prevención del delito mediante la participación vecinal.

De acuerdo con información del gobierno estatal, las acciones se realizan desde 2022 a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con instituciones de los tres niveles de gobierno y habitantes de las colonias intervenidas.

Los trabajos incluyen limpieza, rehabilitación de parques, canchas deportivas y áreas verdes, así como actividades para fomentar la convivencia comunitaria, la recreación y la activación física.

Hermosillo concentra el mayor número de espacios recuperados, con 136, seguido de Nogales, con 96, y Cajeme, con 85. En Caborca se reportan 70; Guaymas, 53; Empalme, 43; Navojoa, 41; Cananea y San Luis Río Colorado, 38 cada uno; Huatabampo, 26, y Puerto Peñasco, 12.

La estrategia se desarrolla principalmente en sectores identificados por su incidencia delictiva, mediante acciones de proximidad ciudadana, reconstrucción del tejido social y recuperación de espacios para el uso comunitario.

Como ejemplo, el gobierno estatal mencionó la intervención reciente en el parque Los Tobosos, de la colonia Luis Donaldo Colosio, en Nogales, donde vecinos, personal del Centro Estatal de Prevención del Delito y elementos de la Guardia Nacional participaron en labores de limpieza, retiro de maleza y pintura de gradas, porterías y canastas.

La Jornada Permanente por la Paz se coordina con la estrategia nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Según el planteamiento estatal, el objetivo es ofrecer espacios adecuados para niñas, niños y jóvenes, fortalecer la organización vecinal y contribuir a reducir los factores asociados con la violencia.

Con información del SECS

Hermosillo ¿Cómo Vamos? y el Ayuntamiento de Hermosillo lanzaron la primera convocatoria del Fondo de Impacto Emprendedor, que ofrecerá apoyos de entre 50 mil y 150 mil pesos a proyectos tecnológicos en etapas iniciales, además de asesoría especializada y vinculación empresarial.

El registro estará abierto hasta el 12 de noviembre y está dirigido a personas o equipos que desarrollen emprendimientos en Hermosillo, siempre que la tecnología sea un componente fundamental de sus productos o servicios.

De acuerdo con la convocatoria, los proyectos deberán contar con al menos una persona con conocimientos técnicos dentro del equipo y cumplir con los requisitos establecidos en las bases.

Los seleccionados recibirán un programa de acompañamiento de 10 semanas para fortalecer sus modelos de negocio, desarrollar capacidades y avanzar en la consolidación de sus propuestas. También podrán vincularse con mentores, empresarios, especialistas, posibles inversionistas y otros participantes del ecosistema de innovación.

Uno de los aspectos del fondo es que los recursos económicos se entregarán sin exigir a los emprendedores que cedan participación accionaria en sus empresas.

La selección estará a cargo de un comité integrado por siete especialistas en negocios, tecnología, educación y gobierno, quienes evaluarán el nivel de desarrollo de los proyectos, las capacidades de sus equipos y su potencial de crecimiento.

Los cinco proyectos seleccionados se presentarán el 25 de noviembre ante empresarios y posibles aliados estratégicos.

Inversión de ocho millones de pesos

El Fondo de Impacto Emprendedor forma parte del Compromiso por la Innovación de Hermosillo, formalizado el pasado 17 de septiembre, mediante el cual se busca articular la participación del gobierno, empresas, universidades, organizaciones civiles y emprendedores.

El compromiso contempla una inversión concurrente inicial de ocho millones de pesos: cuatro millones aportados y administrados por el Gobierno Municipal y otros cuatro millones provenientes de la iniciativa privada, gestionados a través de Hermosillo ¿Cómo Vamos?

La bolsa está destinada a distintas acciones para fortalecer el ecosistema de innovación y emprendimiento, por lo que el monto total no corresponde exclusivamente a esta primera convocatoria.

Ernesto Urbina Miranda, director general de Hermosillo ¿Cómo Vamos?, señaló que el objetivo es conectar el talento y las capacidades existentes en la ciudad para impulsar nuevas empresas y soluciones.

Por su parte, Óscar Daniel Gastélum Donnadieu, titular de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico, indicó que se busca respaldar iniciativas que puedan convertirse en empresas, generar empleos y contribuir a la actividad económica local.

Claudia Mirel López, directora de Programas para el Desarrollo del Ecosistema de Innovación y Emprendimiento, agregó que el acompañamiento pretende ayudar a los proyectos a fortalecer sus modelos de negocio y encontrar clientes, además de recibir recursos.

Las bases completas y el formulario de registro pueden consultarse en https://fondodeimpactohmo.com/

Hermosillo, Sonora, 20 de octubre de 2026.— La familia de dos niños que sobrevivieron al accidente automovilístico ocurrido la madrugada del lunes en el bulevar Kino, en Hermosillo, solicita con urgencia donadores de sangre para apoyar su atención médica. Ambos menores permanecen hospitalizados en estado grave, mientras sus familiares enfrentan la pérdida de tres seres queridos.

Los pequeños son Luis Alberto, de 7 años, y Brandon Alexander, de apenas 2, quienes se encuentran en el Hospital de Ginecopediatría del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El choque, ocurrido alrededor de la 1:40 de la madrugada del 19 de octubre, dejó cuatro personas fallecidas y cuatro lesionadas, según el balance reportado por las autoridades y medios locales.

Regresaban a casa después de visitar a familiares

De acuerdo con testimonios recabados por medios de comunicación locales, Suyba Lizárraga, de 19 años, había acudido con sus cuatro sobrinos a visitar a familiares en la colonia La Metalera.

Al terminar la visita, solicitaron un vehículo de transporte por aplicación para regresar a su domicilio en la colonia Cuatro Olivos.

Viajaban en un Chevrolet Aveo blanco cuando ocurrió la colisión con un Toyota Corolla color guinda, en las inmediaciones del cruce de los bulevares Eusebio Kino e Ignacio Soto.

La fuerza del impacto provocó que uno de los vehículos se incendiara. Trabajadores de una gasolinera cercana intervinieron con extintores antes de que los bomberos concluyeran las labores para sofocar las llamas.

En el accidente murieron Suyba, de 19 años; Daffne Amayrani, de 16; y Maidelin, de 4 años, todas integrantes de la misma familia.

La cuarta persona fallecida fue uno de los conductores involucrados, cuya identidad no había sido precisada públicamente por la Fiscalía en los reportes consultados.

Los dos niños permanecen en terapia intensiva

Luis Alberto y Brandon Alexander sufrieron lesiones graves y permanecen bajo atención médica especializada.

Fátima Lizárraga, abuela de Brandon Alexander, declaró a Uniradio que ambos menores presentaban lesiones craneales y golpes en distintas partes del cuerpo. También señaló que Luis Alberto sufrió una lesión pulmonar y fracturas.

Por su parte, Brittany, madre de Luis Alberto, relató a El Imparcial que su hijo presenta inflamación cerebral y lesiones en distintas partes del cuerpo, y que los médicos valoraban la posibilidad de una intervención quirúrgica dependiendo de su evolución.

La familia también informó que los niños permanecían intubados.

En el caso de Brandon Alexander, familiares señalaron que no cuenta con acta de nacimiento ni afiliación al Seguro Social, situación que, según sus declaraciones, ha complicado los trámites relacionados con su atención. No se ha confirmado de manera independiente que se le haya negado atención médica por esta circunstancia.

Hasta este martes, los reportes disponibles seguían describiendo como delicado el estado de salud de ambos niños.

Solicitan sangre de cualquier tipo y ayuda para gastos funerarios

Familiares de los menores han hecho un llamado a la comunidad de Hermosillo para conseguir donadores de sangre de cualquier grupo sanguíneo.

Las personas que puedan colaborar deben solicitar información directamente en el Hospital de Ginecopediatría del IMSS, ubicado en las calles Juárez y Justo Sierra, en Hermosillo, para conocer el procedimiento y los requisitos de donación.

La familia también enfrenta dificultades económicas para cubrir los servicios funerarios de las tres víctimas.

Concepción Lizárraga, quien perdió a su hija y a dos nietas, relató que ha tenido que realizar trámites ante el Servicio Médico Forense mientras permanece pendiente de la evolución de los niños hospitalizados.

Para quienes deseen apoyar económicamente, familiares proporcionaron a medios locales una tarjeta de BanCoppel a nombre de Concepción Lizárraga. Se recomienda confirmar los datos con la familia antes de realizar cualquier transferencia.

Fiscalía investiga las causas del accidente

El vicefiscal de Investigaciones de Sonora, Jesús Francisco Moreno Cruz, informó que uno de los conductores murió en el accidente y el otro quedó a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con información atribuida a Tránsito Municipal, uno de los automovilistas presuntamente no respetó la luz roja del semáforo.

Sin embargo, la Fiscalía señaló que corresponde a los peritajes determinar la mecánica del choque y establecer las responsabilidades.

Hasta el momento no se ha informado públicamente una conclusión pericial definitiva ni una resolución judicial sobre la responsabilidad del conductor sobreviviente.

Mientras avanzan las investigaciones, la familia concentra sus esfuerzos en conseguir la sangre que necesitan los niños, acompañarlos durante su recuperación y reunir los recursos necesarios para despedir a sus seres queridos.

Cómo ayudar: Acudir o solicitar orientación al Hospital de Ginecopediatría del IMSS, en Juárez y Justo Sierra, Hermosillo. Se requieren donadores de sangre de cualquier tipo para Luis Alberto y Brandon Alexander.

POR: JORGE TADEO VARGAS

En la década de los ochenta, cuando en Estados Unidos se formalizó la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y se fueron dando todas las leyes que protegían a la naturaleza por sobre algunas acciones antropogénicas, los sindicatos y las organizaciones laborales, vieron estos avances en materia ambiental como una amenaza para sus trabajos. Era comprensible, en esos años, las comisiones o secretarías de medio ambiente no existían a nivel global, muchas de ellas aparecieron como respuesta al surgimiento de la EPA. Existía un miedo de que las empresas cerraran y se fueran a lugares con mayor permisividad en términos ambientales.

Este miedo era justificado, como la historia nos muestra años después, cuando en la década de los noventa y la globalización económica tuvo su cenit con los acuerdos comerciales y los tratados de libre comercio. Esto merece un texto aparte. Lo que quiero resaltar con este repaso es que en esos años, en el inicio de las leyes y secretarías, comisiones, agencias ambientales, las primeras movilizaciones que se dieron fueron de las organizaciones y sindicatos laborales, no encaminadas a detener estas nuevas leyes que protegían a los ecosistemas, sino para encontrar un punto en común; de ahí es que surge el concepto de transición justa, el cual con el paso de los años fue modificando sus objetivos pero que en esa década, como un proto movimiento laboral/ambiental lo que estas organizaciones pedían era que se diera una transición entre los temas ambientales y los temas laborales para que no hubiera una pérdida económica en las comunidades.

Al contrario, la idea o el objetivo era buscar que las zonas de sacrificio – documentadas desde una década antes– se vieran beneficiadas por la protección ambiental, sin que la clase trabajadora perdieran sus empleos. Era el momento exacto para poner un alto a el modelo de producción-consumo basada en sacrificar comunidades y naturaleza, lo cual se logró parcialmente, al menos se logró que se hablara del tema, que tanto activistas ecologistas y laborales dialogaran entre sí para llegar a acuerdos…luego todo se fue al carajo…

En la década de los noventa, con la globalización económica a tope en el cenit del neoliberalismo, el altermundismo tomó fuerza, saliendo a la calle distintas organizaciones y movimientos. En esos años, los sindicatos y ONGs laborales iban de la mano con activistas ecologistas, buscando poner en marcha muchos aspectos de la transición justa, especialmente aquellos que permitan reducir los impactos en las zonas de sacrificio, muchas de ellas se habían movido al Sur Global, precisamente por motivos de flexibilidad en las leyes tanto laborales como ambientales. 

Aquí los tratados de libre comercio y los acuerdos comerciales entre países fueron clave para que esto se diera, pudiéramos incluso suponer que estos respondieron de cierta manera a las alianzas que se iban dando entre distintos sectores de resistencia para buscar proteger tanto a la naturaleza como a las comunidades humanas.

Para el siglo XXI, lo que comenzó a verse fue que hubo un rompimiento entre grupos/sectores, lo cual puede deberse a muchas causas que en su mayoría son supuestos que no me interesa analizar acá, pues el principal objetivo de este ensayo es revisar lo que ha pasado en materia de alianzas que ayuden a avanzar en temas de justicia socio-ecológica, específicamente en justicia climática.

A qué me refiero con esto: a que en un reciente estudio titulado The Left’s Coalition Crisis: Understanding the Massive Divide Between Working Class and College Educated Voters, and How to Bridge it”, escrito por Joan C. Williams y Jared Abbott (basado en los resultados de la encuesta Class Gaps Poll de principios de 2026), analiza la profunda desconexión política y cultural entre la clase trabajadora y los graduados universitarios de ideología liberal o progresista, ofreciendo propuestas clave para construir una coalición política amplia, que aunque lo hace desde las problemáticas que ocurren en Estados Unidos, bien se puede revisar incluso lo que pasa en nuestros países – específicamente en México, que es el caso que mejor conozco -. 

El estudio analiza la desconexión que se da entre personas con un nivel de estudios universitario o de posgrado, que en ocasiones viven en regiones con pocas problemáticas socio-ecológicas si lo comparamos con las zonas de sacrificio que ven en la clase trabajadora, más que una alianza o cooperación, a personas a las que condescendientemente se debe de ayudar –en muchos casos inclusos se las revictimiza o culpabiliza– sin dejarlos ser protagonistas de sus resistencias. En México, hace algunos años, alianzas “manejadas” por académicos e investigadores han sido los espacios desde donde se van cooptando luchas, en muchos casos esto no es el objetivo de estos investigadores, pero las agendas de los grupos al no coincidir tienen mayor peso, quienes tienen mayor influencia, dejando a la clase trabajadora a su merced.

En el caso de la justicia climática – que es muy cercana a las zonas de sacrificio – es más que claro que las políticas, las acciones tanto de mitigación o adaptación no pasan por la clase trabajadora; los motivos son muchos, pero me permito señalar dos: el primero tiene que ver con la falta de una claridad sobre las consecuencias del cambio climático, que si bien presenta causas significativas, estas no siempre son diferenciadas de otras problemáticas causando confusión ante aquellos que no conoce del todo sobre el tema.

Aquí es importante señalar que el calentamiento del planeta y la destrucción del medio ambiente afectan a la clase trabajadora de forma más drástica y de innumerables maneras, desde el aumento de los niveles de estrés por calor para los trabajadores manuales hasta una mayor contaminación del aire en las comunidades obreras y la falta de acceso a alimentos frescos. Por lo tanto la clase trabajadora conforme va pasando el tiempo tiene menos recursos financieros para adaptarse a los impactos presentados por el cambio en el clima y los daños ambientales y ecológicos. 

Las zonas de sacrificio, de servidumbre o de devastación son una parte de los daños que deja este modelo de producción-consumo, la otra cara de la moneda es la clase trabajadora que sufre un racismo ambiental, a la par de un deterioro de la salud ambiental y por lo tanto humana. Aquí es importante señalar que uno de los más grandes fracasos de los movimientos ambientalistas y defensa del territorio es no lograr involucrar a la clase trabajadora en sus luchas. “Uno no patea la cuna que le da de comer” es una frase común en las comunidades al intentar trabajar con los trabajadores de alguna industria contaminante. La incapacidad de hacerles ver como todo está vinculado es un fracaso para lxs activistas.

¿Qué hacemos entonces al respecto?

Necesitamos que la clase trabajadora cree una coalición lo suficientemente amplia y fuerte como para forzar la acción política en defensa de los territorios y por la justicia socio-ecológica.

¿Cómo hacemos esto?

Dándoles mayor protagonismo en sus resistencias y recuperando conceptos como la transición justa desde la perspectiva en la que inició, intentando armar alianzas de trabajo en los distintos sectores.

Esto la derecha lo ha sabido manejar mucho mejor que nosotros, construyendo incluso conceptos o ideas –como la agenda woke– que no hemos sabido contrarrestar. Necesitamos trabajar en una idea que se traduzca en acciones que unan a los activistas por la defensa de la naturaleza y los territorios con los activistas por la defensa laboral.

Judi Bari lo entendía muy bien. Paso muchas horas buscando unir a los trabajadores explotados por las empresas con los activistas ambientales. Estoy convencido de que si ponemos en el punto de la clase trabajadora a los responsables de su precariedad económica, es decir al sistema capitalista y su modelo de producción-consumo, la coalición por una transición justa ira encaminada a superar las zonas de sacrificio y por lo tanto la recuperación ecológica se dará como parte de la recuperación de los ecosistemas.

Desde el (auto) exilio en los bosques de Klatch City