Luis Enrique Ortiz
La mixtura de emociones de la presente coyuntura nacional es propia de un final de sexenio a tambor batiente.
En ese contexto inédito, con un leve aroma a justicia social y alineación cuasi astrológica de todos los indicadores macroeconómicos y al amparo de la mano sanadora de Andrés Manuel López Obrador, surge una nueva clase política: los gobernadores.
En el actual modelo de ejercicio del poder en México, basado por mandato constitucional en un sólo hombre, el Alto Mando de la Cuarta Transformación encabezado por el general López Obrador, delegó poder absoluto sobre los gobernadores de MORENA a quienes para fines prácticos son sus coroneles.
Algunos ya concluyeron su mandato como el de Veracruz, encabezado por Cuitláhuac García Jiménez o el de Morelos con la gloria del futbol Cuahtémoc Blanco.
Pero muchos más están justo a la mitad de su mandato y a partir del 1 de octubre, todos ellos, sin la mano protectora del presidente Andrés Manuel López Obrador y no pocos con la lupa social encima, por cosas que pasan y no deberían de estar pasando.
Por citar sólo algunos tenemos el caso de Miguel Ángel Navarro Quintero, en Nayarit; Rubén Rocha Moya en Sinaloa; Alfonso Durazo Montaño en Sonora; Marina del Pilar Ávila Olmeda, en Baja California y al extremo sur de la península, Víctor Manuel Castro Cosío, el famosísimo Puchas.
Desde el principio, el modelo de mando convirtió a los gobernadores en servidores públicos electos, jefes de partido y delegados plenipotenciarios del presidente, desplazando en casos como el de Sonora a antiguos coroneles, a quienes se les vendió la “falsa ilusión” (sic), de que serían los jefes de plaza forever.
Cuando esto sucedió casi no hubo muñequeo entre el “super delegado” de bienestar en Sonora, Jorge Taddei y el gobernador Durazo, con poca resistencia y mucha obediencia aquél entregó el fuerte, a quien en ese momento se convirtió en su superior, al menos en teoría.
El gobierno de Claudia Artemisa Pavlovich Arellano se robó todo y dejó en quiebra al estado, con el territorio completamente cedido al crimen organizado y nos heredó una enorme deuda de 24 mil 700 millones de pesos.
Pese a sus acciones para provocar la muerte lenta del estado de Sonora, Claudia Artemisa fue premiada por el presidente López Obrador con el consulado de México en Cataluña y el perdón total de sus pecados (deja tú los de la familia).
Alfonso Durazo retiró ya su promesa de meterla a la cárcel si ganaba la gubernatura. Eso no lo dice el tercer informe.
Tener un jefe de izquierda no hace a nadie un revolucionario, si acaso progre buena ondita, pero no todos los priistas cambian en realidad y para bien, ni se quita lo panista nunca, es más fácil que alguien de la familia Yunes quepa por el ojo de una aguja a borrar una convicción albiceleste.
Alfonso Durazo Montaño no es un hombre de izquierda, pero está del lado correcto de la historia y su ideología de centro derecha no se le nota mucho, excepto cuando manda la fuerza pública a reprimir mineros en Caborca y Cananea o a asustar a defensores del agua, como los del río Bacoachi.
Por lo demás y dando por descontado de que en materia de seguridad, la delincuencia ha bajado en el sur, funcionando la paz narca pero la disputa por el territorio sonorense, ante la impotencia de las policías estatales y municipales, sigue a todo lo que da en la región del Desierto y la novedad, en Hermosillo casi estamos otra vez como en los tiempos del Maloro, alias Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez.
Fue la primera mitad del sexenio de Claudia Pavlovich (2015-2018), cuando explotó la delincuencia en Sonora, pero ella sigue siendo cónsul y el Pueblo sabio le debe pagar sus lujos con dinero de las arcas nacionales.
La excesiva propaganda y la publicidad engañosa, pero más que nada el bono pejiano, han impedido conocer más de los gobernadores y el hecho de que las cosas vayan bien en el país, hasta para los pobres, hace olvidar casos como el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, la primera carta de presentación de MORENA en el noroeste de México.
Será apenas, bajo la lupa de una nueva relación de poder, cuando podamos conocer más de lo que son en realidad los gobernadores.
Que en casos como el de Sonora, donde los del gobierno anterior se llevaron hasta los lápices, la imagen del gobernador se construye a partir de las inversiones federales como los (cuestionados) planes de justicia y el intermitente Plan Sonora, algunas de cuyas obras cuestan más de lo que valen y van más lentas que lo que deberían, pero se presumen como si estuviesen recién inauguradas al 100%.
Además, Durazo Montaño ha debido romper su promesa de no endeudar más al estado y justo en medio de su mandato ha contratado más de 2 mil millones de pesos en empréstitos, para hacer obra social y que se note, muy pocas y las de menor valía han sido concluidas.
En materia de seguridad pública, el mandatario presume una reducción sustancial en la comisión de homicidios dolosos en Sonora como resumen de sus primeros tres años, pero no informa respecto al número de desapariciones forzadas, las cuales crecen tanto en zonas urbanas, como rurales y comunidades indígenas, de entre las cuales destaca la Nación Yaqui, donde ya se cuentan por más cien los levantados sin retorno.
El tercer informe tiene claroscuros, verdades sin duda, medias de estas y mentiras completas, pero no es menester señalar, sino que el nuevo gobierno federal nos ayude a entender el desorden presupuestal en Sonora, con muchas obras sin concluir y gastos irracionales como remodelar el palenque y las instalaciones de la cantina más grande de Sonora, conocida como la Expo Ganadera.
Tal vez si alguno de los programas sociales que impulsa con ingresos propios el gobierno estatal, ya fuesen universales, cabría el lujo de repartir dinero ajeno a los compas.
Pero si no hay dinero ¿dónde está el dinero y cuando hay por qué se gasta así?
Felices Fiestas Patrias
Y recuerden amigos: Amor y Papas.
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