Por: Gloria Muñoz Ramírez
El sociólogo y ambientalista Gustavo Castro Soto fue interceptado hoy por autoridades de Honduras en el aeropuerto de Tegucigalpa, cuando estaba por abordar el avión que lo conduciría a México después de haber sido víctima de un ataque en el que fue asesinada la luchadora indígena Berta Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). “Forzarlo a seguir dando declaraciones y a permanecer en Honduras es violentarlo más y ponerlo en peligro”, advierte Libertad Díaz Vera, integrante de la organización Otros Mundos Chiapas, de la que Gustavo es coordinador.
Castro Soto, de 51 años de edad, iba acompañado de Dolores Jiménez Hernández, embajadora de México en Honduras, y del cónsul Pedro Barragán, quienes tuvieron que forcejear con las autoridades hondureñas para arrebatarles al connacional e introducirlo al vehículo diplomático, y se dirigieron de inmediato a la embajada, donde permanece en estos momentos.
“Iba a salir de Tegucigalpa desde el sábado, pero anoche hablamos a la embajada y nos dijeron que estaban esperando una notificación de la fiscalía. Se quedaron esperando, pero el documento nunca llegó, por lo que decidieron salir esta mañana hacia el aeropuerto”, donde “lo interceptaron policías y agentes ministeriales; le dijeron que había una alerta de migración y trataron de llevárselo”, advierte su compañera de trabajo.
Gustavo Castro, profesionista originario de Tampico, Tamaulipas, fundó en 2007 la organización Otros Mundos Chiapas, asociación sin fines de lucro con base en San Cristóbal de Las Casas, dedicada al análisis de impacto de megaproyectos, especialmente mineros e hidroeléctricos. Es parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) en Chiapas, y a escala nacional del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4).
La madrugada del jueves 3 de marzo dos sujetos entraron al domicilio de Berta Cáceres, defensora del territorio lenca, premio Goldman 2015, y la acribillaron a balazos. Posteriormente, relata Libertad Díaz, ingresaron al cuarto donde dormía Castro y le dieron dos tiros. Uno le lastimó una mano y otro le rozó el oído. Él se tiró al suelo, los sicarios lo dieron por muerto y salieron huyendo.
“En estos momentos”, señala Díaz, “el estado de salud de Gustavo es estable; tuvo heridas leves, pero le hacen falta cuidados. Después del atentado las autoridades lo detuvieron en calidad de testigo protegido, pero ya es momento de que regrese. Ya no tiene nada que hacer en Honduras. Ya cumplió con todas las peticiones que le hizo la fiscalía y todas las dependencias que lo han solicitado. Participó también en la reconstrucción de los hechos en la casa de Berta y ha colaborado en todo, en la medida en que se lo ha permitido su estado físico y sicológico”.
La exigencia que promueven las organizaciones de las que forma parte es que si Castro tiene que volver a dar declaraciones lo haga desde la embajada de México, “pues no hay condiciones de seguridad para que salga de la representación diplomática”. No se trata, aclara Díaz Vera, de que no colabore en la investigación; “al contrario, pues desde las organizaciones se exige que la indagatoria del asesinato de Berta y el atentado de Gustavo sea lo más clara posible y que colabore con la justicia, pero él tiene que tener las suficientes medidas de seguridad”.
Después de cuatro días de rendir declaraciones, Castro no tiene copia ni documento alguno que avale su participación en el proceso. “Eso también nos preocupa”, advierte la entrevistada.
Castro Soto ha participado en diversas organizaciones en defensa del territorio. Como parte de un esfuerzo de vinculación con movimientos de la región, mientras estaba en Ciepac conoció a Berta Cáceres y al Copinh, por lo que viajó decenas de veces a ese país para conocer de cerca y acompañar la lucha de la organización.
En estos días, en coordinación con el Copinh, ofrecía talleres sobre extractivismo y modelos energéticos en comunidades indígenas. Esa es la razón por la que pernoctaba esa noche en el domicilio de Berta Cáceres.
Después de cuatro días sin dormir, sus compañeros explican que Gustavo, además de estar sumamente cansado, “está muy preocupado por su seguridad”. Ha colaborado en todo, “pues es muy importante que se dé con la verdad y hacer justicia a Berta”.
Finalmente, Libertad Díaz insiste en que Gustavo es una víctima y no ha sido tratado como tal, “lo cual es grave, pues él también fue baleado, no sólo es testigo y mucho menos presunto implicado”.
Por lo pronto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares para los miembros de Copinh y se ha pronunciado por la salida de Castro Soto del Honduras, con el fin de resguardar su integridad física y sicológica.
Fuente: jornada.unam.mx
