A 20 años de la agresión sexual en su contra, cometida por 11 militares, un Juzgado de Distrito dictó una sentencia de 20 años contra uno de sus agresores
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Tlachinollan
El 21 de marzo del 2002 un grupo de 11 militares que irrumpieron en Barranca Tecoani, comunidad me’phaa en Ayutla de los Libres, y agredieron de manera sexual a Inés Fernández Ortega. A 20 años de los hechos un Juzgado de Distrito dictó una sentencia de 20 años contra uno de sus agresores, Hugo Humberto García de León.
En conferencia de prensa, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (CentroProh), dieron a conocer que la sentencia fue dictada por el Tribunal Segundo de Distrito con sede en Acapulco, el 1 de marzo de 2023.
Inés tenía 25 años. Era 22 de marzo del 2002. Estaba en su casa con sus cuatro hijos, en la comunidad de Barranca Tecuani, cuando 11 militares armados ingresaron a su casa. Todos ellos participaron en la agresión sexual.
De acuerdo con una ficha técnica del informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corteidh): los hechos ocurrieron de la siguiente manera: uno de los militares la tomó de las manos y le apunto con su arma, le ordenó que se tirara al suelo.
Una vez en el suelo, otro militar con una mano tomó sus manos y la “violó sexualmente mientras otros dos militares miraban”
Después Inés acudió al Ministerio Público (MP) de Ayutla de Libres para interponer la denuncia; caminó ocho horas para llegar.
“Al llegar no me tomaron en cuenta porque hablaba en mi lengua (me’paa) y no había algún traductor disponible”, contó Inés, a través de su interprete, durante la conferencia de prensa.
Tardó tres días para interponer la denuncia; nadie de su comunidad la apoyó por miedo a los militares.
Desde que interpuso la denuncia, el 24 de marzo de 2002, Inés vivió malos tratos en el proceso, incluida la corroboración de la agresión sexual.
Ningún habitante de Barranca Tecuani quería hacerle frente a los militares, “les tenían miedo porque ellos llegaban y de la nada, con armas, cortaban nuestros plantíos de maíz”, recuerda Inés.
Dos meses después de que interpusiera su denuncia, el MP local se declaró incompetente para continuar con la investigación –por la acusación contra miembros del Ejército– y mandó el expediente al Ministerio Público Militar de la 35 Zona Militar
Inés, con el apoyo de Tlachinollan, interpuso una serie de recursos legales a nivel internacional a fin de investigar y sancionar a los responsables de los hechos.
La denuncia fue interpuesta ante la Corteidh en junio del 2004. Para 2010 emitió una condena contra México “por la tortura sexual de Inés, cometida por soldados del Ejército” y clasificó el delito como una grave violación de derechos humanos.
Entre las recomendaciones de la Corteidh al Estado mexicano estaba la reparación del daño, una disculpa pública y llevar ante la justicia a sus agresores.
La disculpa pública la obtuvo el 6 de abril del 2012 por parte del entonces secretario de Gobernación federal, Alejandro Poire Romero, en un acto público en la cabecera de Ayutla de los Libres, Guerrero.
Como parte de la reparación del daño construyeron un centro de ayuda para mujeres, donde dan acompañamiento a mujeres de pueblos originarios que sufren algún tipo de violencia de género.
La justicia, considera Inés, aún no le es garantizada, de los 11 militares que la agredieron sexualmente, sólo uno tiene una sentencia condenatoria por 20 años, 20 años después de los hechos.
“Aún así, por la sentencia que hoy se presenta en contra de uno de mis agresores, quiero decirles que una mujer me’phaa le ganó al poder militar”.
De los 11 militares que la agredieron, Inés sólo logró identificar a dos, uno de ellos fue el hoy sentenciado a 20 años, y el segundo fue Salvador Aguilar Ortañes, quien fue detenido en 2014 y encarcelado en una prisión militar, pero falleció en una riña en 2017, contó el director jurídico de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
En la conferencia estuvo presente María Luisa Aguilar, integrante del CentroProh y Norma Jiménez, sobreviviente de tortura por la represión cometida por policías estatales y federales en el Estado de México en San Mateo Atenco en 2006.
“Inés caminó ocho horas en busca de justicia y después siguió caminando otros 20 años, y lo hizo por todas nosotras”, dijo Norma Jiménez.
Rosales Sierra celebró que está sentencia fuera para garantizar una justicia para Inés lo que, expuso, no sucede a menudo en este país.
Publicación original de amapolaperiodismo
