Extraìdo del Border Hub.
La denuncia administrativa se interpuso ante la Secretaría de la Función Pública en contra de quien resulte responsable de las probables faltas administrativas de cohecho, peculado, utilización indebida de información y conflicto de intereses cometidos por funcionarios públicos, además por presuntas faltas administrativas realizadas por particulares
La organización Iniciativa Sinaloa interpuso una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por el pago de 2 mil 252 millones de pesos a empresas “factureras” por parte de los gobiernos de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila en distintos hechos ocurridos de 2014 a 2019.
Gracias a las evidencias presentadas en el reportaje Expanden factureras de Nuevo León operaciones en otros estados, realizado por los periodistas Victoria Félix y Emmanuel Aveldaño del periódico El Norte, la ONG contó con los fundamentos necesarios para presentar la denuncia de carácter administrativo en contra de quien resulte responsable por un cuantioso daño al erario, que se extendió por varios estados.
La denuncia interpuesta por Iniciativa Sinaloa expone la probable comisión de cohecho, peculado, utilización indebida de información y conflicto de intereses, cometidos por funcionarios de las administraciones estatales ya señaladas, encabezadas por gobernadores del PRI, del PAN y de extracción independiente. Además de presuntas faltas administrativas realizadas por particulares.
De acuerdo con facturas del SAT, a la que tuvo acceso EL NORTE, los gobiernos de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas pagaron 2 mil 252 millones de pesos a 308 empresas “factureras” entre el 2014 y el 2019.
Sin embargo, es Nuevo León el que concentra el mayor número con 163 empresas de este tipo, de las cuales 47 forman parte de una red que ha expandido sus alcances a varios estados de la frontera norte, provocando daños a las arcas públicas en toda la región.
“El 53 por ciento de las 308 firmas se ubican en Nuevo León, el 18 por ciento en Coahuila, el 14 por ciento en Tamaulipas, el 6 por ciento en CDMX, el 3 por ciento en Jalisco y el resto en otras entidades”, destacan los periodistas en su investigación.
Por estos hechos, Iniciativa Sinaloa ha decidido realizar una acción de incidencia jurídica e interpuso una denuncia el 18 de enero ante la SFP, con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
El objetivo de Ia asociación, que lleva más de once años realizando acciones por la transparencia y rendición de cuentas, es hacer alianzas con los periodistas para generar cambios que ayuden a desmontar las condiciones que hacen posible la corrupción en nuestro país, y en especial se produzcan las sanciones que disminuyan los altos índices de impunidad.
Así lo expresó la directora de la organización, Marlene León Fontes, quien agregó que es necesario mantener el tema anticorrupción en la agenda pública para, eventualmente, incidir en la legislación en la materia para que ya no sea posible la contratación de las llamadas empresas “factureras”.
“Buscamos la manera de incentivar las denuncias, que se presenten denuncias y que éstas culminen con sanciones efectivas tanto por la vía administrativa, y en su caso, también buscar las sanciones pertinentes por la vía penal”, acotó la activista.
Es de resaltar que Iniciativa Sinaloa forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers, con el cual se busca combatir la corrupción y la impunidad en esta franja del país.
Aquí puedes conocer el reportaje completo.
