Han pasado 12 años desde que unos hombres armados, con pinta de agentes, la sacaron de la casa de su madre y se la llevaron. La sospecha principal recaía en su pareja y su suegro, un ministerial conocido en la ciudad por relaciones criminales, pero ninguna autoridad los vinculó    


Texto: Margena de la O
Foto: Luceli Pastrana

Ivette Melissa Flores Román pensaba que cuando su suegro la dejara salirse de su casa, donde vivía con quien era su pareja y padre de su hija, el riesgo terminaría, pero se equivocó. Alrededor de un año y medio después de que lo consiguió, unos hombres armados entraron por la fuerza a la casa de su madre, el que volvió a ser su hogar, y se la llevaron.

De eso han pasado 12 años, sin que se sepa de su paradero.

En la imagen, fichas de personas desaparecidas, incluida la de Ivette Melissa, que integrantes del colectivo Madres Igualtecas pegaron en las estaciones de autobuses de Chilpancingo, el 17 de julio pasado, como parte de un recorrido por la ciudad, en el contexto de las diligencias ordenadas por la ONU.

El suegro de Ivette Melissa, quien tenía el mismo nombre que su pareja, era Humberto Velázquez Delgado, apodado El Guacho, un policía ministerial de Iguala que fue coordinador de esta corporación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de la zona Norte de Guerrero, cuya ciudad es la referencia nacional y mundial de la desaparición forzada, por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa –y muchos más– que expuso la colusión de autoridades y el crimen organizado.

A El Guacho lo asesinaron en junio del 2021 en su negocio de ropa y artículos tácticos, ubicado frente a las instalaciones del referenciado 27 Batallón de Infantería de Iguala en el caso de los normalistas. Sobre él pensaban señalamientos públicos de presuntas actividades ilícitas y de tener relación con grupos criminales.

Hace unos 16 años, entre 2008 y 2009, Ivette Melissa conoció a Humberto Velázquez Flores, el hijo de El Guacho, en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (Cecyteg) de Iguala. Ella estudiaba el primer semestre y él cursaba el último año. Comenzaron una relación que avanzó rápido: comenzaron a vivir juntos en la casa familiar del joven y tuvieron una hija.

Ya había pasado todo esto e Ivette Melissa todavía era una adolescente de 16 años.

Pronto comenzó a sentirse incómoda en la casa de sus suegros porque pasaban cosas raras. En la casa había una especie de sótano, desde donde escuchaba lamentos de personas y otros ruidos, según le compartió en una ocasión a su madre, Sandra Luz Román Jaimes.

“Mamá ya no me marques por teléfono, porque toda la casa está monitoreada, todas las llamadas están monitoreadas y si tú dices algo que no les parezca a ellos me van a golpear y me van a meter al sótano. Tengo mucho miedo, siento que en esa casa secuestran gente. La mera verdad ya no quiero estar aquí, pero pacté con mi suegro que cumpliendo un año la niña me deja libre”, recuerda Sandra Luz que le dijo su hija.

El comentario de Ivette Melissa la inquietó, pero le garantizó discreción para no exponerla.

Con el silencio como medida llegó el plazo del año y Sandra Luz fue por su hija y su nieta a la casa de los consuegros, después de que la celebración del bautizo. “Voy por ella (Ivette Melissa) y el suegro manda a traer a la judicial, porque él era comandante regional de la Policía Ministerial, pero cuando entramos a traer las cosas de mi hija ya estaba la Judicial (nombre que antes tenía la Policía Ministerial) y estábamos esposadas y todo, porque según estábamos robando”.

Para fortuna de ambas llegó hasta la casa el padre de Velázquez Delgado, quien se opuso a que se las llevaran los policías, advirtiéndole a su hijo que si no paraba eso él mismo lo acusaría.

El acoso del suegro hacia Ivette Melissa y su familia no paró, porque un día fue a la casa de la joven, la cual solía frecuentar para ver a la nieta, para tratar con la joven y su madre un tema delicado.

Les fue a informar que Ivette Melissa estaba en riesgo de muerte porque, según él, había vendido su cabeza. “Yo nada más le vengo avisar que a su hija la van a matar; le digo, pero por qué la van a matar; dice, porque ella vendió mi cabeza. Pero cómo que vendió su cabeza, si está bien amenazada por ustedes, y ustedes no sé de qué la acusan”, recuerda Sandra Luz lo que dijo el consuegro.  

Ivette Melissa encaró a su suegro diciéndole que era una invención de su parte sólo porque ella se dio cuenta que se dedicaba a cosas ilícitas; le pidió que la dejaran en paz, que no quería volver a la casa de él y la su hijo, quien era su pareja. ‘Mi error fue haberme juntado con la persona equivocada’.

Sandra Luz sintió mucho miedo, porque después de esa rara conversación siguieron amenazas directas de los otros hijos del consuegro, que obligó a toda la familia a permanecer encerrados por unas tres semanas. Sandra Luz sacó a hurtadillas a Ivette Melissa y a su hija de Iguala.

Las llevó a Querétaro, pero El Guacho las localizó después de un tiempo y volvió a amenazar a la joven; las obligó a volver. Aparentemente le ofreció protección, enviando a Ivette Melissa a Acapulco.

Sandra Luz fue por ella porque la tenían sin comer. Volvieron a Iguala con la anuencia del suegro y la sentencia aún activa.

La madrugada del 24 de octubre del 2012, unos hombres armados con pinta de policías entraron a la casa de Sandra Luz, quien en ese momento estaba en el hospital atendiendo a uno de sus hermanos enfermos, y de manera violenta se llevaron a Ivette Melissa. En ese momento tenía 19 años.

La referencia de la desaparición en Iguala aún no era mediática.  

Se la llevaron…

Durante los primeros minutos del 24 de octubre unas camionetas cargadas con hombres armados rodearon el perímetro de la casa de Sandra Luz. Tan pronto se bajaron descargaron sus armas de grueso calibre sobre la fachada de la vivienda. Estaban ahí para cumplir la amenaza; sacaron a Ivette Melissa.

Los hombres armados no eran extraños para la familia de Sandra Luz, menos para su nieta, la hija de Ivette Melissa, entonces con casi tres años. Reconoció la voz de algunos tíos. La niña pidió que no se llevaran a su mamá. Sandra Luz ahora tiene la certeza de que participaron policías ministeriales municipales y elementos de Tránsito Municipal.  

La misma noche los hombres armados cargaron con una mujer que estaba en la casa de Sandra Luz, de quien se guarda su identidad, porque fue liberada días después de hacerle pasar por todas las vejaciones que pudieron ocurrírseles. En la casa había más personas, como las hermanas y los hermanos de Ivette Melissa, pero el blanco eran las mujeres.

Eso lo tiene claro ahora Sandra Luz, quien con los años ha atado cabos. La noche de la privación ilegal de Ivette Melissa, uno de sus hijos tuvo el tino de esconder a otra de sus hermanas menores debajo de la cama, porque los hombres preguntaron por ella y como no les dio información lo golpearon hasta cansarse. ‘¿Y la vieja dónde está?’, sabe Sandra Luz que, incluso, preguntaron por ella.

Esa misma noche, de acuerdo con la información que ha recabado Sandra Luz, los presuntos policías se llevaron a otras 15 mujeres –17 en total– hacia la colonia Tamarindos, pero las familias se negaron a exponer los casos. Lo sabe, además, porque era la misma área donde unos cinco días después rescató a la mujer que se llevaron junto a su hija.

–¿Y Mely?, –recuerda que le preguntó en cuanto la vio.

–después la van a liberar. Eso me dijeron que le dijera.

Nunca se comunicaron.

Comenzó otro peregrinar para Sandra Luz. Desde entonces se enfrenta a uno de los más grandes obstáculos institucionales: la impunidad. La misma madrugada quiso denunciar los hechos, pero en el Ministerio Público de Iguala le negaron la posibilidad.

“Pusimos la denuncia y nos dijeron sólo va ser una carta de hechos porque ya los están esperando afuera. Nos salimos como pudimos por otra salida y fue que llegamos al domicilio”. Entendió que quienes las esperaban era parte del grupo que se llevó a su hija, y con eso le quedó claro que ellos podían hacer lo que quisieran en la ciudad.

Lo único que se le ocurrió hacer fue tomar un autobús a la Ciudad de México en busca de ayuda, aun cuando no sabía moverse en la capital. Anduvo de un lugar a otro por las referencias de los mismos taxistas y llegó, sin saber, a Províctima, lo que ahora es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), donde le ayudaron a hacer la denuncia que logró federalizar hasta 2013, un año después, porque en Iguala, y por consecuencia en Guerrero, no había posibilidades.

“Ni siquiera es culpable la pareja de mi hija”, considera. Humberto Velázquez Flores, la pareja de Ivette Melissa, en la actualidad vive fuera de Iguala con la hija de ambos, quien está por cumplir 15 años, agrega Sandra Luz.

Con todos los derechos negados, decidió, como muchos familiares de desaparecidos en este país, emprender una lucha personal para buscar a su hija, enfrentándose a negativas en las instituciones de gobierno. Pero sí tiene una claridad en su búsqueda: “A ella (Ivette Melissa) la desaparecieron para que callara todo lo que ellos hicieron. Ahí está implicada toda la familia”.

Las coincidencias entre las desapariciones y la negligencia institucional

Cuando los normalistas de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, el caso fue la evidencia de un problema mayor de víctimas y en ese contexto nacieron Los Otros Desaparecidos, un grupo de familiares de personas desaparecidas en la ciudad que, por las dimensiones mediáticas que alcanzó el caso de los estudiantes, tomaron el valor para exponer el problema que vivían desde antes.

Este grupo pronto se convirtió en un colectivo que reclamaba a sus desaparecidos. Sandra Luz fue unas de las que lo empujó, pero luego emprendió su propia ruta con Madres Igualtecas, otra organización que acompaña a otras personas a buscar a sus desaparecidos, mientras ella hace lo mismo por Ivette Melissa. En la actualidad dan seguimiento a 100 casos.  

La desaparición de los estudiantes normalistas desnudó en Iguala la complicidad entre autoridades y otros servidores públicos, como policías y tránsitos, con grupos criminales que han tenido varios nombres, pero que operan con efectividad. Una tesis clara en el caso fue el involucramiento de elementos oficiales de seguridad en la desaparición de los jóvenes y un patrón sobre la manera en que actuaban.

Coincidentemente, Velázquez Delgado, El Guacho, después de la desaparición de los 43 fue señalado, en mensajes expuestos en la vía pública de la ciudad, según consignó la prensa, de tener una vinculación a grupos del crimen organizado, pero nunca fue detenido.

Aun con estos antecedentes y las amenazas que vivió Ivette Melissa y su familia, tampoco fue investigado por su desaparición ni nadie más de los parientes, incluida su pareja.

Una búsqueda 12 años después por órdenes de la CEDAW a la FGR

Sólo porque Sandra Luz nunca paró aun con el paso de los años, logró dar algunos pasos después de insistir durante una década, junto a organizaciones sociales, como i(dh)eas), una organización civil especializada en litigio estratégico de casos de violaciones de derechos humanos. En octubre del 2022, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una sentencia contra el Estado mexicano por el caso de Ivette Melisa.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas que realizaran diligencias de búsqueda en vida de Ivette Melissa en 12 municipios de Guerrero. Comenzaron apenas el 15 de julio pasado, en Ayutla.

La sentencia establecía seis meses para que el Estado mexicano las cumpliera, pero pasaron dos años para iniciarlas. “Y aún así, ni SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) ni la Fiscalía General de la República han dado la cara. No tuve un MP (Agente del Ministerio Público), por ejemplo, hubo cuatro indicios”, expone sobre las diligencias que comenzaron en julio pasado.

Sandra Luz ha encabezado todas, acompañada de familiares de otros desaparecidos porque, como lo hizo desde el principio, sigue a pie puntilla el caso de su hija.

Además, ha tenido malas experiencias por la inacción de las instituciones. No hicieron nada ni siquiera cuando la Comisión Nacional de Búsqueda les notificó durante la pandemia que una persona con la CURP de Ivette Melissa acudió a un módulo a ponerse la vacuna contra la Covid-19. Desconoce en qué estado, módulo o clínica fue, menos si era ella en realidad, porque nadie le dio seguimiento.

Tampoco dieron fe al dato recogido el jueves 18 de julio pasado en el penal de Chilpancingo, producto de las diligencias dictadas por la ONU, donde un reo mencionó que pudo ser Ivette Melissa la mujer que vio en el hotel Majahua de Acapulco, donde hay indicios de trata de personas.

Para Sandra Luz es un testimonio que tiene sentido porque conecta con otros indicios que ella misma ha recabado de que la vieron en centros nocturnos; también existe el dato inicial de que otras mujeres fueron privadas de su libertad la misma noche que Ivette Melissa, quien en este momento tiene 31 años.

Nadie dio fe de este indicio porque en los recorridos falta el agente del Ministerio Público y, además, el reo salía del penal al día siguiente.

Derivado de las diligencias ordenadas por la ONU, pero cumplidas a medias por las instancias mexicanas, Sandra Luz organizó tres jornadas y ha recorrido Ayutla, Chilpancingo, Tlapa, Iguala, Taxco, incluidas visitas a los penales. El 1 de agosto, como parte de la segunda jornada, tenía planeado acudir a Tierra Caliente, pero le cancelaron el recorrido por no haber condiciones de seguridad, y optó con las otras familias por pegar fichas de búsqueda en las cabeceras municipales de Huitzuco y Tepecoacuilco.

Para la tercera semana de agosto (de 19 al 24) prevé acudir, aún con todos los obstáculos, a municipios de Costa Grande, porque ya no hay nada que la pare.

“No tengo miedo, el miedo ya lo perdí”.


Publicado originalmente en https://amapolaperiodismo.com/