Isabel Dorado Auz
Nada fácil ha resultado la lucha que encabezan las comunidades indígenas de Ohuira, Paredones y Lázaro Cárdenas en contra de la instalación de la planta de amoniaco por rumbos de Topolobampo en el vecino estado de Sinaloa.
Nada fácil porque no solo enfrentan a los grupos oligárquicos de la región, quienes se sienten respaldados por los tres niveles de gobierno, sino que además se enfrentan a la división interna que surgió cuando se ofreció a otras comunidades indígenas, que no viven de la pesca, fertilizantes gratis cuando operara la planta, ofrecimiento que al parecer puede hacerse efectivo antes de que ocurra ese evento.
Aunque siguen los procesos jurídicos en la Suprema Corte de Justicia y hay un diálogo con la Secretaría del Medio Ambiente, además de la oferta del Secretario de Gobernación de atenderlos este lunes 23 de enero, los intereses económicos están presionando de gran manera obligando a que la división interna se manifieste mediáticamente, tal y como ocurrió en la reciente visita de Adán Augusto López a la ciudad de Los Mochis, donde funcionarios de los tres niveles de gobierno fueron cuestionados por los directamente afectados, las tres comunidades indígenas que viven de la pesca así como otros pescadores que no pertenecen a la etnia Mayo.
Con todo eso, ahora se presentó un pequeño cambio de actitud, aunque no se vislumbra un compromiso real de parar la planta por parte del alcalde, el gobernador y/o el Secretario de Gobernación. Al parecer, empiezan a entender que la lucha es legítima, debido al impacto medioambiental que se ocasionaría y también a la afectación económica que padecerían las tres comunidades indígenas más cercanas a la Bahía de Ohuira, el sitio seleccionado para instalar la planta de amoniaco, a unos cuantos metros de quienes están como residentes de Topolobampo. Aunque lo más importante es el riesgo de una catástrofe en caso de que se presente alguna explosión o fuga de amoniaco, lo cual pondría en riesgo de muerte no solo a los pobladores de Topolobampo, sino también a las comunidades vecinas.
La lucha sigue y empieza a consolidarse. Aún así, se requiere la solidaridad de más grupos ambientalistas de todo el país y, si se puede, también desde el extranjero. La petición es simple, reubicación o cancelación del proyecto, que se privilegie la vida de las personas por encima de los intereses económicos de las trasnacionales. También es importante que se discuta este tema al interior de las etnias de todo el país y se refleje un apoyo solidario y comprometido con las comunidades indígenas de Ohuira, Paredones y Lázaro Cárdenas.
Nuestro Colectivo, Ciudadanía Activa, manifiesta su apoyo incondicional a esta lucha y hacemos un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que la solución a este conflicto se de a través del Diálogo y no a la imposición por la vía de la fuerza.
No queremos que se derrame una sola gota sangre defendiendo intereses de los grupos de poder económico. Nuestras autoridades deben hacer valer el dicho del presidente: “Por el bien de Todos, primero los pobres”. No se vale “mayoritear” en contra de quienes estarían expuestos al mayor riesgo.
