Discriminación, extorsiones, represión y muerte
Por Miguel Ángel Vega
La tragedia en la que cuarenta personas murieron quemadas en un dentro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM), en Ciudad Juárez, es apenas la punta del iceberg del problema que existe en todo el país producto de los abusos, extorsiones y violaciones a los derechos de los migrantes por parte de las autoridades.
“Lo que pasó en Ciudad Juárez tenía años a punto de ocurrir, por las condiciones tan terribles en que tienen a migrantes cuando son detenidos, lo cual muestra la indiferencia que existe por parte de las autoridades en México, pues no existe otro país en el mundo donde ocurran este tipo de tragedias; la realidad es que aquí no se les ayuda sino que el migrante es carne de cañón que sólo representa dinero para la policía”, manifestó Salomón Monárrez, director de la Oficina del Pueblo, un organismo local que aboga por los derechos de los migrantes.
El llamado del activista parece hacer eco en las calles de Sinaloa, dónde es recurrente ver a migrantes centroamericanos pidiendo ayuda en las intersecciones de los municipios, cuando al cruzar Sinaloa, familias enteras de migrantes bajan del tren La Bestia pidiendo una moneda, comida, o algo para beber, cuidándose en todo momento de las policías, quienes pueden retenerlos y entregarlos a agentes del INM.
Sobre esa realidad, Monárrez señala con una ironía mordaz que, aunque el gobierno lo niega, existen testimonios documentados por ellos en dónde las autoridades les han quitado desde dinero en efectivo, relojes, teléfonos celulares, incluso hasta los zapatos cuando son de buena calidad.
“Las policías lo niegan y se escudan en el rumor de que hay patrullas clonadas, y que por tanto quienes cometen esos abusos son miembros del crimen organizado, pero independientemente de cómo ocurren las cosas, lo que vemos es que esas violaciones a los derechos humanos de los migrantes ocurren, y es responsabilidad del estado cuidar la integridad y salud de los migrantes cuando esas personas están en su custodia”, insistió Monárrez.
Benjamín Alfaro, fotoperiodista que tiene más de 15 años cubriendo temas migratorios en Chiapas, dijo que esos abusos que se escuchan en Sinaloa, son los mismos que ocurren en Tapachula, Arriaga, y en las regiones aledañas al río Suchiate, por donde cruza la migración centroamericana que intenta llegar a Estados Unidos.
“Tapachula es el primer contacto del migrante que llega a México, y lo primero que encuentra son abusos, extorsiones, hambre, y maltrato por parte de las policías, muchas veces incluso, es secreto a voces entre ellos de que, cuando sean detenidos por las policías mexicanas, guarden un billete de 500 pesos, y discretamente lo den al oficial, porque de otro modo, son maltratados, humillados, privados de su libertad, y el dinero que guardan como su propia vida, les permite al menos llegar más cerca de Estados Unidos”, dijo Alfaro a Ríodoce vía telefónica.
Mary Galletas, una activista que desde hace años realiza labores filantrópicas de ayuda para los migrantes en Tijuana y San Diego, confirmó los señalamientos anteriores, que parecen un reciclaje de lo que se vive en Sinaloa, Chiapas, y Ciudad de México.
“Se deben investigar esos abusos, y sacar a la luz lo que ocurre en México, pero al mismo tiempo se debe precisar lo que ocurrió en Ciudad Juárez, que para empezar no me explicó cómo es que migrantes tenían fósforos o encendedores cuando cada que una persona es ingresada a esos centros de detención, se le esculca para evitar que traiga objetos con los que pueda dañarse o dañar a otras personas”, observó Galletas.
La tragedia a la que la activista se refiere ocurrió el miércoles de la semana pasada, en un centro de detención en Ciudad Juárez, donde cuarenta migrantes que estaban a punto de ser deportados, decidieron prender fuego a los colchones que instala el INM para que duerman, muriendo quemados, sin que ninguno de los agentes que había de guardia, les brindara ayuda.
La noticia puso en el ojo del huracán al gobierno de México, pues las instalaciones no contaban con las medidas básicas para contener un siniestro de esa magnitud.
Miguel Perea, periodista en Ciudad Juárez y quien conocía el centro de detención, dijo que lugar eran unas instalaciones con un cupo máximo para 30 migrantes, y era la antesala de ser repatriados a sus países, es decir, los mantenían ahí de manera provisional.
“Lo que se sabe es que, cuando escucharon que en cualquier momento los repatriarían a sus países, comenzaron a alebrestarse y decidieron encender los colchones, y fue cuando ocurrió la tragedia”, dijo Perea a Ríodoce, desde el lugar de los hechos.
De acuerdo al INM, al momento del siniestro había un colombiano, un Ecuatoriano, 12 Salvadoreños, 28 Guatemaltecos, 13 Hondureños y 12 venezolanos; y todos ellos estaban a punto de ser repatriados, lo que hubiera significado una gran perdida dado lo difícil que es llegar a México, y más difícil aún es cruzarlo para llegar a los Estados Unidos.
La ONU condenó el hecho, e instó al gobierno de México a realizar una investigación exhaustiva para determinar con certeza cómo ocurrió el siniestro.
“Nosotros reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando con las autoridades de los países en los que se producen movimientos mixtos de personas para establecer vías de migración más seguras, reguladas y organizadas”, dijo Stephane Dujarric, portavoz del Secretario General de la ONU.
Publicado originalmente en riodoce.mx