Manos Libres

Por Francisco Macías Medina / @pacommedina /@FranciscoMacias(TG)

“Un ejercicio de verdad asume que la pregunta por el pasado reciente,
es también una pregunta por el presente.”

Informe Final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico

Hace apenas unos días se presentó el Informe Final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico elaborado por los comisionados Abel Barrera Hernández, David Fernández Dávalos y Carlos A. Pérez Ricart, el cual documenta gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado (1965-1990), sus daños, consecuencias y su línea hacia el presente.

No se trata de un informe más o de un ejercicio de documentación con recomendaciones incluidas, sino de una mirada al espejo de la trayectoria de un Estado que en muchas ocasiones caminó sin una articulación democrática y que se autogeneró una prótesis con instrumentos que continúan perpetuando esas graves conductas.

El documento es de indispensable y obligada lectura porque posibilita preguntas profundas que deberían agilizar muchos cambios, hoy urgentes ante la emergencia humanitaria que vivimos actualmente.

Una de las virtudes principales del mismo es que antes de ser un análisis técnico, que sin duda cuenta con mucho de ello, se construyó con la colocación de las víctimas al centro de todo el quehacer, por lo que sus resultados son profundamente reveladores del grito de justicia de personas, grupos y colectivos/as que fueron identificados, a las violaciones a los derechos humanos se les cataloga de sistemáticas y generalizadas, contrario a momentos actuales en la que muchos de los documentos desde las instituciones públicas tienen como rasgos la frialdad de un lenguaje burocrático, discreto, hasta llegar al reduccionismo de un catálogo y sin un claro objetivo.

Por eso se habla de vidas destrozadas para que entonces la estadística encuentre un sitio de reclamo y de sentido: 8,593 víctimas identificadas, 11,743 violaciones graves a los derechos humanos, 11 contextos identificados, 46 masacres (una de ellas en Jalisco), 123,084 víctimas de desplazamiento forzado, 167,391 personas afectadas.

Se habla del Estado, no desde una lectura histórica de una carta que describe una efeméride o desde una visión política que encumbra liderazgos personales de un rostro concreto, se reconoce que el modelo postrevolucionario hegemónico, se construyó con base en el cierre de voces, la participación y la pluralidad. 

Como si aquel fuera una persona, le generó una hiperfagia (hambre insaciable) constante, al grado de que su finalidad era generar una autocracia, para sostenerla era necesario construir una narrativa que el informe llama hegemónica, y que yo llamaría limitada, porque solo en ella cabían intereses de unos cuantos actores y grupos, así como reducidos fines políticos y económicos, contrario a los derechos de las personas que no tenían cabida dentro de esa lista.

Ante la cerrazón surgieron disidencias y gritos en las aulas, en el campo, en las empresas, en las organizaciones, en las expresiones religiosas que fueron identificadas como de riesgo, por lo que el abuso se convirtió en “medio para gestionar la gobernabilidad” y un mecanismo de aseguramiento político. Se constituyó el cimiento bajo venas capitalistas, patriarcales, político ideológicas, racistas y clasistas.

Para ello se requería en primer lugar un marco “cognitivo y discursivo”, la lógica del enemigo real o imaginario para generar una idea de combate, de guerra, de contrario, de sensación de seguridad solo del lado correcto, el legítimo.

Los medios utilizados fueron actores estatales e individuales, cada uno con una función específica delicadamente coordinada de forma horizontal y vertical: agentes penitenciarios, policías estatales y municipales, agentes de inteligencia local, ministerios públicos, procuradurías, jueces y magistrados, el Estado Mayor Presidencial, la Secretaría de Gobernación y la propia Presidencia, acompañados por ese actor tan actual que es el Ejército, sin control civil y con un contrato de impunidad histórica bajo la manga, pero funcional hacia el control requerido por actores políticos locales.

También existieron actores privados: sindicatos, partidos políticos, em presas, medios de comunicación, organismos religiosos que legitimaron e incluso actuaron con la complacencia del Estado. Entes paralegales como los grupos paramilitares, parapoliciales, cacicazgos hasta llegar a la delincuencia organizadas, todos ellos activos como cinturones e implementadores de las violencias.

Los comisionados contextualizan que, al disminuir la focalización hacia la contrainsurgencia como actor, los canales cimentados fueron estructurándose hacia otros escenarios: guerra contra las drogas, militarización de la seguridad pública y securitización de problemas públicos debido principalmente a que los aprendizajes de los actores consolidaron su instrumentalización, como una adopción de un nuevo gen para ser replicado.

Esta es uno de los principales presupuestos que es urgente su análisis y discusión, me surgen muchas preguntas entre ellas:  ¿qué tanto las narrativas de los actores políticos siguen en la construcción de nuevos pisos bajo la lógica del enemigo y el estigma?, ¿cuál es el fundamento real de instituciones que hoy ofrecen impunidad y omisiones, así como negación de la emergencia?, ¿con cuáles referentes se toman decisiones de intervención en protestas y agendas públicas?, ¿ la criminalización es la política pública en vigor?, ¿contamos con un sistema de justicia penal democrático o solo barnizado por un garantismo conveniente?, ¿nos encontramos solo en una etapa más de violaciones graves a los derechos humanos?, se logró la construcción de instituciones como diques ante la impunidad pero ¿qué tanto aportan actualmente en el afrontamiento y la resistencia de las miles de personas sobrevivientes?

Ante ello, se documentó que la luz se encuentra en quienes han sobrevivido estas graves violaciones a los derechos humanos, porque ante el rompimiento violento de sus ciclos de vida, incluso inter generacionalmente, nos muestran pedagogías, estrategias y herramientas para romper el silencio, para resistir a través del tiempo y construir una narrativa humanizante en el que la justicia y verdad tenga cabida, construida en el aquí y ahora de nuevos derechos, nuevas instituciones y una nueva democracia.

Esto ya está en camino y el propio informe es propuesta, grito, exigencia, ventana y horizonte, porque como se afirma en el mismo, el derecho a saber termina como una necedad para imaginar otra vida, otro país, otra era posible a la que estamos llamados todas y todos.

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Aquí puedes ver el Informe



Publicado originalmente en https://www.zonadocs.mx/