Con una mayoría de Morena, PT, Partido Verde, Nueva Alianza y PES, la LXIII legislatura del Congreso del Estado aprobó reformas a la Constitución Política del Estado de Sonora. Se trata de cambios en El Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información (ISTAI), en el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) y en la Fiscalía. El paquete fue votado en contra por las bancadas del PAN, el PRI y MC.
Ahora será el Congreso del Estado y no el Poder Ejecutivo quien emita la convocatoria y realice el proceso de selección de las personas que integren el ISTAI, mientras que el ejecutivo podrá objetar el nombramiento, por lo que prevalece la coparticipación entre poderes.
Con respecto al ISAF, Ernestina Castro Valenzuela, líder de la bancada de Morena, explicó que se “busca restablecer la facultad de fincar indemnizaciones a los responsables para la recuperación de daños y perjuicios que afecten al erario, sin perjuicio de promover las responsabilidades administrativas que resulten ante el órgano de control interno.”
Hasta hoy, muchas de las observaciones que se generan en las auditorías del ISAF a las entidades de gobierno, y que pudieran representar algún daño al patrimonio de los sonorenses quedan sin solventar, es decir, sin aclararse total o parcialmente. Sin embargo, el Instituto ha carecido de las herramientas y/o procesos para poder recuperar lo que no se encuentre.
Por otro lado, y “con el efecto de dotar de mayor autonomía a la Fiscalía General del Estado de Sonora, ahora será la ciudadanía, mediante la Asamblea de Representantes Populares, quien designe los cargos de las o los titularidades en las Fiscalías especializadas; pues actualmente quien tiene estas facultades es el titular de la FGJE.”
También se elimina la Sala Especializada en Materia Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativas (SEMARA), pues “su creación responde a una generación innecesaria de más burocracia superflua y redundante”, además de que, si bien el SEMARA forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Sonora, no está contemplado en el marco general del Sistema Nacional de Anticorrupción.
El proyecto establece en la parte de las consideraciones, que legislaturas que anteceden a la actual elevaron a rango constitucional diversas disposiciones de carácter reglamentario del Congreso del Estado, las cuales por su condición, deben ser reguladas en la Ley secundaria y como ejemplo menciona la prohibición para presidir comisiones dictaminadoras, razón por la cual se deroga el Artículo 50 de la norma, así como la reglamentación orgánica del Poder Legislativo, establecida en el Artículo 64 de la Constitución local.
La iniciativa de ley contempla así mismo la remisión del proceso de suspensión de Ayuntamientos, declaración de desaparición de los mismos y la revocación del mandato de algún miembro.
Se propone también que el Congreso pueda conocer, revisar, aprobar y no aprobar las cuentas públicas del Estado, mediante ello, se puede verificar cómo se ejerce el presupuesto del Estado y observar en su caso, las anomalías que se puedan presentar en una administración.
El paquete de reformas se enviará a los cabildos de los 72 municipios para su análisis y aprobación.
