LUIS ENRIQUE ORTÍZ
Ojalá estuviera más enterado el periodista Demián Duarte de lo que pasa en la Nación Yoreme, así sabría que no son tres las personas que se dicen gobernador, sino 20 (llegó a haber 30) y eso tiene que ver con el hecho de que para empezar deberían ser ocho, pues al igual que los hermanos yaquis, a los mayos también -la banda jesuita- los organizó en ocho pueblos tradicionales y cada uno debe tener un gobernador.
Ojalá fueran tres, eso hasta los operadores del Gobierno del Estado lo hubieran arreglado, pero son alrededor de siete veces más estimado, inteligente, magnánimo y nunca bien comprendido amigo.
Nada más en El Júpare y Etchojoa hay cuatro en cada uno y tres en San Ignacio Cohuirimpo, donde alguna vez llegó a haber cinco. En Tesia, Tierra Blanca y Camoa, se dicen gobernadores al menos dos por pueblo y en la región del Mocúzari mínimo tres.
Los mayos de Sonora son más 180 mil y la mayoría de ellos viven en los municipios de Etchojoa, Huatabampo, Navojoa, Benito Juárez y Álamos. Otros pocos en Nogales, Puerto Peñasco y uno que otro en Hermosillo. Un puño menos grande en Arizona, sobre todo en Phoenix.
El pasado lunes la presidenta Claudia Sheinbaum dijo algo que no debería ser parte de su discurso, porque responsabiliza al pueblo yoreme del hecho de que no exista un Plan de Justicia Mayo, lo cual hace saltar una bandera roja y llama la atención que la mandataria use una explicación revictimizante para aclarar la falta de acción del Estado en el caso de la etnia, respecto a los yaquis, por ejemplo.
En lo que sí tiene (parcial) razón “le Demien”, es en el hecho de que algunos de esos que se dicen gobernadores por linaje o por herencia, fueron impuestos por gobiernos del PRIAN y muchos de cuyos ex militantes son ahora de MORENA.
Pero si a la división histórica fomentada desde fuera no fuese poco, el INPI (Instituto Nacional de Pueblos Indígenas) anunció que en Sonora habría justicia al yoreme, luego de algunos años de haber financiado con recursos públicos la instalación de una novena cabecera, en Etchohuaquila, abonando a la división.
Y mientras los programas sociales apenas logran paliar la vulnerabilidad y pobreza de las comunidades de los pueblos originarios, la presidenta dice que el Estado no hace justicia porque la gente no se deja ayudar, más o menos y eso no se vale.
Lo bueno de todo esto es que la presidenta reconoce que no existe un Plan de Justicia Mayo pese a que el ¿ratificado? director del INPI, Adelfo Regino Montes se tomó “n” fotos con el gobernador del estado y hasta con el presidente, anunciando con bombo y platillo la puesta en marcha de una serie de acciones justicieras.
La propia ex secretaria de Desarrollo Social, Wendy Briceño Zuloaga, hoy candidata única a dirigir a MORENA en Sonora, dio nombres de obras, montos y cifras de un PJM que dice Claudia Sheinbaum que no existe. El tecleador le cree a la titular del Ejecutive, aunque no siempre esté de acuerdo con el tono de sus dichos.
Pero en el mismo paquete de cuestionamientos sobre el Plan de Justicia Mayo, es pertinente preguntarse ¿qué pasó con las obras del Plan de Justicia Yaqui? de las cuales al parecer ninguna fue terminada antes de que se fuera el presidente Andrés Manuel López obrador y tal vez por eso y otras razones Sheinbaum Pardo no quiere ir a Sonora.
El 6 de julio -en territorio seri- el presidente dio un paso en materia de transparencia y combate a la corrupción con el anuncio de que Adelfo Regino no sería ratificado en el INPI de Sheinbaum Pardo.
Sin embargo, a menos de una semana de asumir el encargo de presidenta constitucional, la doctora indulta al mazateco, desde la comunidad de Vícam, donde hace cuatro años AMLO le pidió perdón a la Nación Yaqui por los intentos que hizo el Estado mexicano para exterminarlos.
Ahí mismo, en el primer tercio de su mandato López Obrador anunció acciones restitutivas de tierra, un acueducto de dos mil millones y la operación del primer distrito de riego en manos de un pueblo originario, para regar hasta 65 mil hectáreas.
Se restituyeron más de 30 mil hectáreas, pero el acueducto no ha sido terminado y en lo del DDR aún no se pulen las asperezas que lo hagan funcionar.
Fue un error ratificar a Adelfo Regino, no sólo por los grandes retrasos en las obras del Plan de Justicia Yaqui, sino por la inacción que tuvo a lo largo de 6 años con los mayos y la responsabilidad que puede tener, junto con el gobierno del estado del enrarecimiento del clima política en las comunidades seris de Punta Chueca y El Desemboque del Río San Ignacio.
Usando al aparato del Estado, MORENA ha partidizado la justicia en más de un territorio indígena y el comcaác no es la excepción.
Lo malo de que en su afán de control y cero respeto por las autonomías indígenas, MORENA no escoge muy bien a sus aliados y por lo general opta por lo malos.
MORENA y sus gobiernos locales, están haciendo en tierra seri, lo mismo que hicieron Manlio, López Nogales, Eduardo Bours, Guillermo Padrés y Claudia Pavlovich con yaquis y mayos, nomás que no se nota, porque lo que no se nombra no se visibiliza. Nomás por eso hay que decirlo.
Publicado originalmente en: https://www.facebook.com/@luisenrique.ortiz1
