Extraído del Border Hub.
Iniciativa Sinaloa denunció el probable desvío o uso indebido de recursos públicos documentado en reportaje sobre compras de equipo tecnológico a una empresa de seguridad en Baja California.
Iniciativa Sinaloa presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública por posibles faltas administrativas graves y no graves cometidas por servidores públicos de Baja California, derivado de una investigación periodística realizada por integrantes del Border Hub.
Aunque la denuncia se presentó en la Función Pública, la dependencia remitió el expediente a la Contraloría General del Gobierno del Estado de Baja California para que sea esa dependencia la que inicie la investigación.
La denuncia deriva de los hechos narrados en el reportaje “Baja California C5i: simulación, opacidad y negocio”.
Las faltas administrativas graves señaladas en la denuncia fueron por desvío o uso indebido de recursos públicos y por haber actuado en contraposición con las leyes aplicables y vigentes en el Estado de Baja California.
El reportaje evidencia cómo la crisis de inseguridad que prevaleció durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto representó una gran oportunidad de negocios para una empresa de seguridad privada Seguritech Privada, S. A. de C.V, que durante el sexenio pasado recibió contratos millonarios de gobiernos estatales ofertando un moderno esquema de videovigilancia y sistemas de inteligencia.
La actuación de la empresa de seguridad privada y de diferentes autoridades se distingue por la opacidad, sobreprecios en artículos y equipos de mala calidad que le costaron a la sociedad.
Iniciativa Sinaloa realizó un análisis de la investigación y encontró elementos para denunciar la posible comisión de faltas administrativas graves y no graves cometidas por servidores públicos que se encuentran reguladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Más de 10 unidades C5i fueron inauguradas o se empezaron a construir en el sexenio de Peña Nieto. Las entidades federativas comprometieron presupuestos millonarios en medio de la opacidad, violentaron procesos parlamentarios y requisitos administrativos. Se autorizó la compra de equipo tecnológico obsoleto con sobreprecio, ocultando información pretextando la protección de la seguridad nacional.
