Oposición en el Congreso interpone denuncia administrativa, acusa además “legislación unilateral”

Hermosillo, Sonora. Bajo el argumento de que la mayoría oficialista ha cruzado la línea de la legalidad, diputados de oposición presentaron este día una denuncia administrativa ante la Contraloría Interna del Poder Legislativo y una más ante la Fiscalía Anticorrupción, señalando la manipulación de leyes tras su aprobación en el pleno.

En un hecho sin precedentesm a mitad de la actual legislatura, diputados de los diversos grupos parlamentarios de oposición presentaron además, en conferencia de prensa una serie de denuncias administrativas lo que calificaron como una sistemática vulneración de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y un atropello a los derechos de representación de los sonorenses.

Los legisladores Gabriela Félix (MC), Juan Pablo Arenívar (PAN), Iris Sánchez y Emeterio Ochoa (PRI) y Manuel Scott (MC) informaron que han registrado al menos 15 procesos viciados, donde la mayoría oficialista ha sustituido el debate parlamentario por un control “autoritario” de la agenda.

Una lista de atropellos al procedimiento

De acuerdo con el balance presentado por los congresistas, los diputados de Morena y sus aliados han incurrido en las siguientes faltas procesales de manera recurrente:

1. Inclusión de dictámenes en Asuntos Generales: Se denunció que temas de alto impacto, como la reforma judicial, fueron introducidos en el orden del día de las comisiones bajo el rubro de asuntos generales, violando la obligación de entregar y socializar los documentos con al menos 48 horas de antelación.
2. Negación del voto nominal y debate particular: En sesiones plenarias, la directiva ha negado sistemáticamente el derecho de los diputados a realizar votaciones nominales o a discutir artículos en lo particular, forzando votaciones en bloque.
3. Alteración de folios en la Gaceta Parlamentaria: Se documentó el reciclaje de números de folio para dictámenes distintos, borrando la trazabilidad de los procesos legislativos originales.
4. Omisión de dictámenes de impacto presupuestario: Leyes con implicaciones económicas directas, como la Ley de Protección y Bienestar Animal, fueron aprobadas de “urgente y obvia resolución” sin contar con el análisis financiero obligatorio que dicta la ley.
5. Convocatorias “fast track”: Se registraron llamados a sesiones con apenas 11 minutos de anticipación vía correo electrónico, impidiendo el estudio mínimo de los temas a tratar.
6. Falta de pluralidad en comisiones: Al menos 10 comisiones dictaminadoras carecen de representación de la oposición, violando el artículo 86 de la Ley Orgánica que exige paridad y pluralidad.
7. Bloqueo en la CRICP: La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política ha sido señalada de usar una interpretación restrictiva para “filtrar” y vetar temas propuestos por las minorías, impidiendo que lleguen siquiera a la discusión en el pleno.
8. Exclusión en la Mesa Directiva: La actual integración de la conducción del Congreso ignora la obligación legal de alternancia de género y pluralidad política.

Denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción: El caso Hermosillo

El punto de mayor gravedad en la denuncia de la oposición es la presunta alteración dolosa de documentos oficiales después de haber sido votados. El diputado Emeterio Ochoa detalló que se han interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y una más ante la Contraloría Interna del Poder Legislativo por actos que podrían constituir delitos.

El motivo principal es la modificación irregular de la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Hermosillo. Según explicaron, los artículos 165 y 166 de dicha ley fueron recibidos, sellados y firmados sin cambios durante el proceso en comisión y en el pleno. Sin embargo, a decir de los diputados denunciantes, al publicarse en el Boletín Oficial del Estado, aparecieron con párrafos añadidos y modificaciones que nunca fueron discutidas ni aprobadas por los legisladores.

“Legislaron de manera unilateral en el trayecto del Congreso al Boletín Oficial. Pusieron texto y lo mandaron publicar sin que pasara por el pleno; eso es un acto indebido y una falta grave en el uso del poder”, sentenció Ochoa.

Defensa de los derechos políticos

Además de las vías penales y administrativas, los diputados acudieron al Tribunal Electoral para interponer un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC). El objetivo es que la justicia electoral ordene el cese de los bloqueos en la agenda legislativa y garantice que la integración del orden del día no dependa exclusivamente del veto de la mayoría oficialista.

Con estas acciones, la oposición busca que la segunda mitad de la legislatura retome la institucionalidad y el respeto a la legalidad, advirtiendo que el actual autoritarismo no solo afecta a los legisladores, sino que silencia la voz de los ciudadanos que no se sienten representados por el bloque en el poder.

Video completo: