Paquete Económico 2025: ¿avances o retrocesos en derechos humanos?

Ciudad de México a 20 de noviembre de 2024.- El pasado 15 de noviembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) entregó al Congreso de la Unión el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2025. Este Paquete Económico es de gran relevancia, pues no solo son los documentos hacendarios que revelan los planes de la Federación para recaudar y gastar nuestros recursos, también se trata del primero de esta administración, y en donde podemos identificar la relación entre los recursos presupuestarios y los 100 compromisos del autodenominado segundo piso de la transformación.

Desafortunadamente, el primer Paquete Económico presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum propone un recorte general del 1.9% del gasto público y reducir el presupuesto en áreas clave para la garantía de los derechos humanos, la igualdad de género y la justicia climática. Al no existir una reforma fiscal, los ingresos tributarios mantendrán la misma proporción que hace seis años.

Como cada año, desde Fundar analizamos las principales propuestas en materia de gasto público y política tributaria a implementarse en el ejercicio fiscal 2025, especialmente aquellas medidas que impactarán en la garantía de los derechos humanos y otras áreas fundamentales para la justicia social.

1. 100 compromisos para la transformación. Se estima que contarán con un presupuesto total de 1.8 billones de pesos, lo equivalente al 20.18% del gasto neto total. La mayor parte de los recursos estarán destinados a los programas sociales, a las obras de infraestructura para la movilidad y conectividad, y, en menor medida, a los compromisos relacionados con la salud, educación, gobernabilidad y seguridad.
   
2. Programas sociales prioritarios. Con una asignación total de 835,705 millones de pesos, se contempla un incremento del 7.7% respecto a 2024, siendo Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores el programa más importante con cerca del 57% del total. Los nuevos programas Apoyo a Mujeres de 60 a 64 años y Salud Casa por Casa recibirían 15,000 millones de pesos y 2,000 millones de pesos, respectivamente. A su vez, resalta el incremento de 575% del Programa de Vivienda Social, el cual percibiría 27, 259 millones de pesos más.
   

3. Derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Como resultado de la reforma constitucional indígena, el PPEF 2025 contempla la obligación de distribuir el 10% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), aproximadamente 12,374 millones de pesos, en favor de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Será crucial que la Secretaría de Bienestar, encargada de elaborar los lineamientos anuales del FAIS, incluya nuevas reglas que permitan garantizar el ejercicio libre y autónomo del presupuesto. 
   
4. Preocupantes recortes para la garantía de derechos: 

Salud. El PPEF 2025 proyecta una disminución de 12% con relación a 2024 y de 7% frente a 2023. Esta reducción afectará la calidad y cantidad de servicios de salud disponibles y no permitirá alcanzar los objetivos de universalidad en salud y el fortalecimiento del IMSS-BIENESTAR. No obstante, tres instituciones de salud tendrán aumentos presupuestarios con relación a 2024: el IMSS-BIENESTAR (20.7%), el ISSSTE (2.7%) y el IMSS ordinario (1.3%).

Cultura. De los 16 programas presupuestarios que recibirán recursos, 15 tendrán recortes. La función cultura proyecta un recorte de 26.76% respecto de 2024. De igual manera, el proyecto de presupuesto para la Secretaría de Cultura en 2025 presenta una reducción de 30.87% en relación con el presupuesto aprobado de 2024.

Medio ambiente. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales percibiría 44,370 millones de pesos, un recorte de 39.4% respecto al 2024. Por su parte, la función de gasto Protección Ambiental apenas recibirá 17 mil millones de pesos, lo que representa una disminución del 5.6% respecto al 2024. El gasto en materia de Protección Ambiental es 64.5 veces inferior si se le compara con aquel destinado en Combustibles y Energía.

Cambio climático. El Anexo 16 Recursos para adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático contempla recursos totales por 205,370 millones de pesos, que representan una variación real de -15.84 % respecto al 2024. Los recursos en materia de mitigación y adaptación al cambio climático continúan integrando erróneamente a proyectos que no guardan relación directa con medidas para contrarrestar los efectos de la crisis climática, como el Tren Maya y el Transporte de Gas Natural. La reducción previamente señalada obedece a la disminución de los recursos para concluir las obras del Tren Maya, un proyecto de inversión que no debería formar parte de este Anexo.

Violencia de género. Aunque el Anexo 13 del PPEF 2025 presenta un aumento del 9.5% respecto al 2024, la distribución de estos recursos sigue sin estar alineada con una perspectiva de género clara en programas como la Pensión Universal para Personas Adultas Mayores y las becas universales; mientras que acciones fundamentales como el Programa de Apoyo para Refugios Especializados y el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) sufrieron reducciones en términos reales, poniendo en riesgo la seguridad y vida de las mujeres al no ajustarse por la inflación ni priorizar la progresividad del presupuesto. 

El 95.2% del presupuesto del Anexo 13 se concentra en acciones para promover la igualdad entre mujeres y hombres, y apenas el 4.7% se destina a combatir la violencia de género y el 0.1% a erradicar la discriminación, lo que refleja un enfoque limitado en las necesidades urgentes de las mujeres.

A pesar de ser un compromiso presidencial, el PPEF 2025 carece de políticas y programas específicos para establecer un Sistema Nacional de Cuidados. De igual manera, el presupuesto asignado a la CONAVIM y al actual INMUJERES será 7% menor respecto a lo aprobado en 2024, lo que genera dudas sobre la capacidad que tendrá la nueva Secretaría de las Mujeres, una vez que sea promulgada la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Aunque se incluye la acción de un Sistema Integrado de Estadísticas de Violencia Contra las Mujeres, su asignación presupuestaria es mínima (240,116 pesos), subestimando el valor del análisis de datos como herramienta clave para políticas públicas efectivas en la nueva administración.

Derechos sexuales y reproductivos.  El presupuesto tanto para el programa Salud Materna, Sexual y Reproductiva, como para el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud (CNEGySR), entidad rectora de la política de salud sexual y reproductiva, será de 14% y 13% menos respectivamente al que tenían en el 2019 (año en que el programa tuvo la mayor asignación de recursos). Esto pone en riesgo el avance de los componentes y acciones que deben implementarse para garantizar la salud sexual y reproductiva de la población, incluidas las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes.

Seguridad y víctimas. Los recursos destinados a la atención de desapariciones, crisis forense, tortura y apoyo a víctimas mantienen niveles similares a los de años anteriores, con variaciones menores entre el 1 % a la baja y al alza en instituciones como la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Aunque esto evita recortes significativos, refleja la ausencia de ajustes estratégicos relevantes para abordar de fondo la prolongada crisis de derechos humanos en el país, limitándose a políticas de contención sin soluciones estructurales.

Respecto del rubro de seguridad, el PPEF 2025 no refleja el fuerte énfasis que la presidenta ha hecho en cuanto al reforzamiento de las facultades y capacidades para generar inteligencia e investigar delitos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la cual tendrá un recorte del 36% respecto de 2024. Esta reducción del presupuesto podría ocasionar que la SSyPC no logre cumplir con dichos objetivos. Además, con la reciente reforma constitucional el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional ya no recaerá en la SSyPC, sino en en la Secretaría de la Defensa Nacional la cual también tendrá 52% menos de recursos para 2025.

Anticorrupción. El PPEF 2025 contempla 1,699 millones de pesos para la Secretaría de la Función Pública, que se transformará en la Agencia Anticorrupción y de Buen Gobierno, es decir, una reducción del 0.4% en términos reales respecto al 2024. El recorte de 7.9 millones tendría lugar pese a que podría llegar a asumir funciones clave en materia anticorrupción, como la gestión de compras públicas, el seguimiento de actos de corrupción y las funciones de transparencia que actualmente tiene el INAI en caso de que este organismo constitucional autónomo sea eliminado.

Para el PPEF 2025 aún se contempla presupuesto para el INAI, sin embargo, en caso de concretarse su extinción, los recursos que hoy recibe esta institución deberían materializarse en incrementos a las dependencias que en teoría asumirán parte de sus funciones.  El caso de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción es especialmente alarmante debido a que es la instancia que menos presupuesto tendrá en comparación con otras instituciones anticorrupción.

Transición energética. El Anexo Transversal para la transición energética mantendrá una tendencia inercial, pues los recursos reportados ascenderían a un total de 11,102 millones de pesos, prácticamente el mismo monto aprobado en el ejercicio 2024. A reserva de la publicación de los datos abiertos, es previsible que este Anexo continúe integrando el presupuesto de centrales de ciclo combinado que emplean fuentes fósiles o a grandes centrales hidroeléctricas con impactos sociales y ambientales como Chicoasén II, cuya consideración como proyectos que avancen hacia la transición energética resulta cuestionable.

Acceso a ciencia y tecnología. Pese a que la creación de una Secretaría de Ciencia y Tecnología ofrece una oportunidad de cambio institucional, los desajustes entre objetivos y recursos generan incertidumbre sobre la viabilidad de las políticas públicas. La función de Ciencia, Tecnología e Innovación percibiría un 7.4% menos en términos reales respecto al ejercicio fiscal de 2024. Esto equivale a una disminución de 4,640 millones de pesos, quedando un total de 57,844 millones, la cifra más baja desde 2019.

Para 2025, el ramo Conahcyt cuenta con 33,295.2 millones de pesos, presentando una caída del 3.7% real respecto a lo aprobado en 2024. Los 26 Centros Públicos que lo integran afrontarán disminuciones presupuestales importantes para 2025. De igual manera, el Anexo del Programa de Ciencia, Tecnología e Investigación refleja una disminución del 1.86%, equivalente a 2,787 millones de pesos menos que en 2024. El monto del Anexo alcanzará los 151,474 millones de pesos y plantea dudas sobre su efectividad, ya que incluye programas que no están directamente relacionados con los objetivos principales de este sector.

El Paquete Económico 2025 fue construido bajo la premisa de disminuir el déficit fiscal, a través de reducciones al gasto a fin de sanear nuestras finanzas públicas, afectando la provisión de bienes y servicios públicos para millones de personas. Los recortes para garantizar derechos contrastan con propuestas que tienen el potencial de impulsar la reducción de la pobreza, la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y las desigualdades regionales.  No obstante, la mayoría de las funciones en materia de desarrollo social percibirán menos recursos en comparación con el 2024.

El recorte general del 1.9% del gasto público aún podría evitarse si el Congreso de la Unión opta por incrementar la recaudación proveniente de los grandes contribuyentes y las personas de altos ingresos en lugar de implementar nuevas medidas de austeridad.

La discusión sobre las finanzas públicas permite quitarle la demagogia a la política y el presupuesto es donde se ven reflejadas las verdaderas prioridades de los gobiernos. Puede decirse mucho en el discurso, pero si no está respaldado por una asignación presupuestaria suficiente, se quedará en buenas intenciones. Por ello, desde Fundar seguiremos exigiendo que el nuevo régimen político que ha empezado a construirse desde el Ejecutivo Federal apueste verdaderamente por las personas en situación de pobreza.

En los próximos días será tarea del Poder Legislativo tomar con seriedad la discusión del Paquete Económico de manera abierta, pública y plural, donde sean escuchadas las voces de quienes reciben los impactos de las políticas de austeridad, de seguridad y las consecuencias de la crisis de derechos humanos que atraviesa el país desde hace décadas.

Publicado en: https://fundar.org.mx/paquete-economico-2025-avances-o-retrocesos-en-derechos-humanos/