Por Sergio Mastretta
«Estos son mis principios. Si no le gustan tengo otros». Frase atribuida a Groucho Marx
Llevo 45 años contando historias de otros. Esa es mi profesión, el periodismo. El país en el que vivo se parece ya muy poco al de mis años jóvenes. Pero muchas cosas no han cambiado, por ejemplo, las condiciones en las que se establecen las relaciones entre los periodistas y el poder. Este texto lo he escrito en la perspectiva de que un periodismo crítico y libre es posible.
Hay periodistas en Puebla que, como el voto de muchos ciudadanos, hace tiempo que están al mejor postor. En el espejo del dinero y el poder se miran políticos, empresarios de los medios y periodistas. La complejidad que explica la compra-venta del voto en nuestro país puede entenderse por la pobreza en la que viven millones de personas tanto como por la venalidad de la política. Pero el comportamiento venal de los medios de comunicación puede entenderse mejor desde la perspectiva de la construcción de los grupos de poder fáctico, y su reproducción, cuando llegan a controlar las estructuras de gobierno. Analizar la mecánica con la que operan políticos, empresarios y periodistas en el acceso y control de los recursos públicos es la ruta más directa para entender la precariedad de la comunicación en nuestro país. Para lo que ellos llaman su “operación política”, los jefes políticos, en concreto los gobernadores, han mantenido a lo largo del tiempo un control absoluto sobre los recursos públicos y las reglas del juego y los mecanismos que les permiten el uso discrecional y opaco de los mismos para sus fines personales y de grupo de interés fáctico. El control y sometimiento de los medios de comunicación y de los periodistas forman parte de esas reglas del juego.
Cuánto se parecen Manuel Bartlett y Rafael Moreno Valle, Mario Marín y Miguel Barbosa en este asunto de tratar con los medios. No es difícil asociar a sus nombres las figuras de periodistas y empresarios, igual aliados que enemigos soterrados. Uno tras otro los gobernadores, en una fila larga si nos asomamos a lo ocurrido en los últimos cuarenta años, han necesitado de periodistas y comunicólogos como Enrique Montero Ponce, Fernando Crisanto, Javier López Díaz, Mario Alberto Mejía, Javier Sánchez Galicia, Marcelo García Almaguer. Pero también de sus empresarios Cañedo Benítez, Grajales Farías, Prida, Azcárraga Jean, Salinas Pliego, Vázquez Raña.
Sociedad y periodismo
Pensar en ello en el marco de la puesta en marcha de la nueva época de LADO B, en buena medida un medio que en sus diez años de historia ha probado en Puebla que otro periodismo es posible, el periodismo en el que creo: el que describe la realidad lo mejor posible para comprenderla y para ayudar a transformarla en el ánimo de construir poco a poco un mejor país.
Intento entonces valorar las relaciones entre el periodismo y el poder y las consecuencias que esta dinámica impone sobre la sociedad poblana. Reflexionar en los medios de comunicación como sujetos de interés público, y particularmente los privados. Comprender los términos en los que la democracia y la libertad de expresión están determinadas por el uso discrecional y en muchos sentidos criminal que personas y grupos de poder fáctico hacen de los recursos públicos y de las políticas de comunicación social para su beneficio particular.
Dos momentos del periodismo al mejor postor
Para pensar las relaciones entre la prensa y el poder en Puebla tango a la vista dos casos extremos, bien documentados en la investigación La pista del dinero y la cargada mediática: 2018-2019, realizada por el periodista Jorge Machuca Luna y publicada en el libro Dinero Ilegal 2: Elecciones al mejor postor Episodio 2: 2019, dentro de la trilogía que la organización civil Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad presentó en el año 2020. No se necesitan palabras para dar cuenta de la perversión que puede llegar a darse en estas relaciones. 24 Horas era dirigido por Mario Alberto Mejía, ahora propietario de un medio de nombre sutil, Hipócrita lector; Cambio por Arturo Rueda, encarcelado recientemente acusado de los delitos de extorsión y lavado de dinero.
“Si no te gustan mis principios, tengo otros”, han de pensar los periodistas que en ese momento dirigían esos dos medios. “Lo que hayas escrito de mí, puedo olvidarlo —revira el político vilipendiado un año y halagado al otro—, ahora es otro tú el que escribirá de mí”.
Miguel Barbosa como gobernador se explica por la coyuntura histórica del 2018-2019 en la disputa por el poder entre poderes fácticos en Puebla, una crisis política expuesta en sus contradicciones con este giro de 180 grados de estos dos exponentes del periodismo del poder en Puebla. Ogro en la elección de 2018, héroe en la de 2019. ¿Qué provoca un salto mortal como el que estos dos personajes del periodismo poblano realizaron sin pudor alguno en el descampado de la precariedad social en la que vivimos? ¿Qué proceso histórico es el que ha producido este comportamiento? ¿Qué relación social es la que exponen unos y otros?
La pregunta de fondo: Más allá de sus historias personales, ¿de dónde salieron estos Mejías y Ruedas? Y otra: ¿en qué medida su comportamiento contribuye a construir a políticos como Miguel Barbosa?
Correo de élites. Definiciones
Es un juego de conveniencias el de las relaciones entre las empresas de medios, los periodistas y los grupos de poder. En el correo de esta élite no participan los intereses de los lectores, radioescuchas y televidentes.
El político construye una red a lo largo del tiempo —su “estructura”— y tiene en el dinero la herramienta fundamental para tenderla. Así se relaciona con los periodistas del poder. Los sienta en su mesa, les paga entrevistas, les consulta temas, les hace sentirse importantes. Medios y periodistas forman parte de la estructura de su operación política. Así como tiene operadores en los sótanos de la violencia y en los distritos de la operación electoral, los consultores de marketing y los columnistas en su nómina conforman la operación mediática de su estructura.
El periodista construye su trama propia. Pensemos en el columnista: no parte de cero, ha sido reportero, se ha batido en el campo, tiene conexiones en barrios, oficinas, empresas, partidos, así que un día bautiza su columna, y nombra al político, lo cuestiona, lo critica, se abre cancha con las virtudes y desvaríos de quienes ocupan o buscan cargos públicos, desayuna con uno, descubre intrigas, escucha, liga, escribe, habla en micrófono, elucubra de esto y lo otro, y gana poco a poco un lugar en la arena de la opinión pública, pero siempre en referencia a la disputa por el poder que los políticos y sus grupos sostienen. Se convierte en columnista del poder.
Ahí se entrometen las empresas. Sus propietarios no suelen ser periodistas ni comunicadores, así que mantienen una relación tensa con sus empleados periodistas, siempre al cuidado de que el vínculo con el poderoso no se pierda. Todos ellos con una última palabra sobre el destino de sus empleados periodistas, con una mano puesta en la cartera y el ojo fino para calibrar el estado de ánimo y las necesidades políticas del gobernador en turno.
El dinero y los arrestos generan con el tiempo al periodista empresario: en la era digital los periodistas hemos abierto espacios en los que los gastos de producción se reducen significativamente respecto de los que son obligados para los medios impresos y electrónicos tradicionales (radio y televisión).
En esa ruta se comprende la especialización del área de comunicación social del gobierno estatal, y en paralelo las del ayuntamiento de la Ciudad de Puebla y la universidad pública.
Fausto Ortega en 1958 tenía una puerta y una secretaria entre su despacho y la calle en el edificio de gobierno estatal en la esquina de la 2 Norte y la antigua avenida Maximino. En esos sótanos de gobierno y como secretarios particulares de funcionarios y gobernadores se formaron políticos como Melquiades Morales y Mario Marín. Y por ahí vieron de cerca a los jefes de prensa cuya figura sobreviviría en su simpleza hasta los años noventa, en que aparecieron los consultores políticos y mercadólogos de imagen para complicar la historia. Por la jefatura de prensa pasaron periodistas como Mauro González, Xavier Gutiérrez, Fernando Crisanto, Carlos Macías Palma, Raúl Torres Salmerón entre otros. Les tocaría ir a algunos, maletín de dinero en mano, en un ADO rumbo a las oficinas de los medios de la ciudad de México a repartir las cuotas acordadas por su jefe gobernador. Pero todos ellos vieron llegar a personajes que no se hicieron en las correrías del reportero sino en los salones de las escuelas de comunicación y mercadotecnia. Los más sonados y beneficiados: Javier Sánchez Galicia en el gobierno de Mario Marín y Marcelo García Almaguer con Rafael Moreno Valle.
Miguel Barbosa y los medios
Empezar por ahí: hechos concretos que exponen la política de comunicación de Miguel Barbosa, y que en buena medida reproducen lo sucedido en los tiempos de dos gobernadores extremos, Rafael Moreno Valle y Manuel Bartlett.
+ Reproducción del esquema aplicado desde hace al menos cuatro sexenios: convenios publicitarios que le permiten a las empresas de comunicación aliadas al gobierno operar sin ningún mecanismo de rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos con ellas contratados.
+ La adjudicación directa de los contratos. El uso discrecional de los recursos públicos destinados a publicidad oficial sin que existan mecanismos democráticos y transparentes para la justificación de las excepciones que contempla la ley.
+ La imposición de la mañanera que, bajo el esquema de los convenios publicitarios, dicta la agenda que sigue el conjunto de los medios, a los que además se alimenta de boletines de prensa oficiales con la versión de los asuntos que le interesan al gobierno.
+ Persecución de periodistas críticos: dos ejemplos, el primero con la cauda de denuncias penales amañadas contra el medio e-consulta, el segundo, reciente, la campaña de difamación y amenazas contra la periodista y politóloga Ruby Soriano.
+ Creación de medios «propios»: Contrarréplica y después Hipócrita lector, a la manera de Sexenio en el gobierno de Moreno Valle e Intolerancia, en los tiempos de Mario Marín.
Sigue el dinero
Esta es una historia no contada pero a la que se le puede seguir la huella por el dinero. Empezar por ahí, con un ejemplo de los recursos públicos aplicados en una coyuntura concreta de la realidad de Puebla: el gasto en medios de comunicación realizado por el gobierno estatal entonces a cargo de Antonio Gali en los meses y días previos a la elección del 2 de julio del 2018, al menos 105 millones de pesos.
42 medios. Grandes y pequeños, empresas y personas físicas. Ese es el dinero legal, que se fundó en contratos y adjudicaciones directas a empresas establecidas. No hablamos siquiera del dinero bajo la mesa. Ni de otras formas de contratación ocultas de múltiples formas de los procesos legales de transparencia. Un año en el gasto de recursos públicos en medios de comunicación. Pensar en la cifra que se alcanzará si se suman los dineros que desde 1981 y hasta 2022 han utilizado para su imagen y para sus fines Guillermo Jiménez Morales, Mariano Piña Olaya, Manuel Bartlett, Melquiades Morales Flores, Mario Marín, Rafael Moreno Valle, Antonio Gali Fayad y Miguel Barbosa Huerta. Hoy mismo, el gobierno de Miguel Barbosa mantiene contratos con 59 medios y personas físicas. Y el Ayuntamiento de Puebla tenía en lista a 61 razones sociales de empresas de medios y a 52 personas físicas con actividad periodística. Y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla contempla al menos 80 empresas y personas físicas.
Estos primeros cuatro años de gobierno de Miguel Barbosa según el presupuesto de egresos publicado en las leyes de egresos del estado de Puebla para los años 2019 a 2022, la Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital ha tenido la asignación millonaria siguiente:
2019: 216 mdp* / 85.2 mdp en servicios de comunicación
2020: 137.8 mdp* / 103.9 mdp en servicios de comunicación
2021: 137.8 mdp* / 104.3 mdp en servicios de comunicación según estados analíticos.**
2022: 130.6 mdp* / 97.8 mdp en servicios de comunicación según estados analíticos.**
* Ley de egresos
** Estado analítico 2021 y 2022
2021
https://drive.google.com/file/d/1ovPlXXmTNN8p5CfL8JFM0ljzSucx8kH6/view
https://drive.google.com/file/d/1psMxE7kT0fCJJqBAPFm0glPxOcICpbI6/view
GASTO EN PUBLICIDAD 2019-2022 GOBIERNO DE MIGUEL BARBOSA
https://drive.google.com/file/d/1bSHQi1U1n6eJZVjWhgAz5FmI61TDV6jV/view
Y son cerca de sesenta empresas de medios y personas físicas las que han recibido contratos en lo que va del sexenio con un monto total superior a los 220 millones de pesos.
Dinero, entonces, es la primera y fundamental regla del juego con la que quienes ocupan y controlan las estructuras de poder en el gobierno del estado de Puebla se aseguran del sometimiento de la prensa poblana.
Sigue el mercado
El estudio por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el año 2006 con el tema “El financiamiento de los medios de comunicación en Suecia, México, Estados Unidos y China” expone con precisión lo que ocurre en la realidad del mercado publicitario en Puebla. Para visualizar la condición necesaria que garantice la libertad e independencia de un medio, afirma, “un principio general observado es: entre mayor sea la mezcla de financiamiento utilizado por un medio, menos obligaciones tiene de producir y desarrollar contenidos que satisfagan los objetivos de una sola fuente de financiamiento (gobierno, empresas o medios masivos).” Refiere luego lo que ocurre en países y ciudades como México y Puebla:
“En los países pobres el nivel de ingreso de la población no posibilita a que la publicidad comercial sea el mecanismo de financiamiento dominante.”
No hay un medio en Puebla que no caiga en esta categoría. Ni las propias radiodifusoras en estos tiempos de explosión de las redes sociales. Tan sencillo como buscar y comprobar la ausencia de anuncios de marcas comerciales en los medios digitales en boga. Ni qué decir en los impresos, y un ejemplo es el cierre de la edición impresa del diario Síntesis, reconocido por la solvencia económica de la empresa editorial que desde 1993 lo sustenta. La pregunta más elemental frente a los montos descritos arriba sobre la publicidad contratada por el gobierno estatal es sobre el origen de los recursos económicos en los que se sustenta la existencia de los medios de comunicación en Puebla. Si se sigue el dinero, acabaremos en los llamados convenios de publicidad suscritos entre empresas de medios y personas físicas en las oficinas de las dependencias de comunicación social de las instituciones de gobierno.
La excepción como regla
Dinero, mercado y ley. Esta última condición, las regulaciones que permiten el mecanismo de adjudicación directa es la que ha permitido que los gobernantes establezcan las condiciones que les convienen en el trámite de la otorgación de contratos de obra pública, igual para la construcción de una carretera que para la publicidad de sus acciones de gobierno. En el mismo rango van el contratista de la construcción que el empresario de la comunicación.
No se entenderá el punto si no se acude a los términos que la ley establece. Primero, la propia Constitución de la República:
Adjudicación directa, fundamento en art. 134 Constitucional:
“Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.” TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 28-05-2021)
El subrayado establece la ruta de las excepciones.
El siguiente ejemplo de adjudicación directa en términos de la ley se encuentra en todos y cada uno de los contratos firmados en la oficina de comunicación social del gobierno estatal por las empresas y personas físicas que ofrecen sus servicios:
Hay que ir entonces a lo establecido en esa Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal en las que se establecen las excepciones al procedimiento de licitación pública:
Artículo 17 En los supuestos que de manera excepcional prevé esta Sección, las dependencias y las entidades, bajo la responsabilidad de sus titulares y con sujeción a las formalidades que los mismos preceptos establecen, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos mediante los procedimientos de excepción que establecen las fracciones II, III y IV del artículo 15 de la presente Ley.
Artículo 19 Cuando por la urgencia, en caso de desastres naturales o por la especialización de bienes o servicios distintos de los previstos en el artículo anterior, sea necesaria su pronta contratación, bajo su responsabilidad, el Presidente Municipal o el Titular de la Dependencia o Entidad de que se trate, podrán adjudicar y contratar directamente, atendiendo conforme a la presente Ley, y la relativa a responsabilidades de los servidores públicos, las disposiciones de austeridad, racionalidad, disciplina presupuestal, eficiencia y eficacia que se establezcan en los respectivos presupuestos. La facultad a que se refiere este artículo no podrá ser delegada a ningún funcionario de la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento de que se trate, salvo al Titular del área administrativa o sus equivalentes. Para los casos de excepción a que se refiere este artículo, el funcionario de la Dependencia o Entidad de la Administración Pública Estatal de que se trate y que haya adjudicado y contratado directamente, deberá enviar notificación debidamente justificada a la Secretaría de la Función Pública o la Contraloría Municipal según sea el caso.
Artículo 22 La selección de cualquier procedimiento de excepción a la licitación pública que realicen las adjudicantes deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, que aseguren las mejores condiciones para el Estado o los Municipios, según corresponda. El acreditamiento de los criterios mencionados y la justificación de las razones para el ejercicio de la opción cuando se trate de los supuestos que prevén los artículos 18, 19, 20 y 21 de esta Ley, deberán constar en un dictamen por escrito y firmado por el Titular de la Unidad Administrativa de la Dependencia o Entidad solicitante responsable de la adjudicación, en el que se expresarán el o los supuestos que motivan el ejercicio de dicha opción, se hará constar el análisis de la o las propuestas, en su caso, y se señalarán las demás razones para la adjudicación del contrato.
La misma ley de adquisiciones contempla el capítulo De los procedimientos de excepción a la licitación pública sección uno disposiciones comunes, que en el Artículo 96 suelta toda la rienda al funcionario responsable de otorgar los contratos: “En cualquier excepción al procedimiento de licitación pública, se observarán las siguientes reglas: I. La adjudicante determinará los bienes y servicios o línea de bienes y servicios, que por sus características o especificaciones no se sujetarán al procedimiento de licitación pública previsto en esta Ley.”
Con esas capacidades abiertas, la dependencia que otorga los contratos puede brincar el obstáculo dispuesto en la ley de Egresos del Gobierno del Estado de Puebla, que en su artículo 68 establece los montos mínimos y máximos para las excepciones:
Superiores a 1,982,758,62 pesos, por licitación pública.
Superiores a 1, 034,482.62 pesos pero no mayores de 1, 982, 758,62 pesos, por invitación a cuando menos cinco personas.
Superiores a 517,241.38 pesos y que no excedan los 1, 034,482.62 pesos, por invitación a tres personas.
Hasta 517,241.38 pesos, por adjudicación directa.
En esos términos, en los tres años que lleva la oficina de la Coordinación de Comunicación Social y Agenda Digital del gobierno de Miguel Barbosa se han firmado 61 contratos que rebasan el monto máximo permitido para la adjudicación directa establecido en 517,241.38 pesos. La suma de esos contratos alcanza la cifra de 212 millones de pesos.
Los extremos del poder: los gobernadores
Si miramos al gobierno de la república entre 1982 y el 2018, la política de medios se manejó desde la Oficina de comunicación de la presidencia. A partir del 1 de diciembre de 2019 los términos se plantaron desde la Mañanera de AMLO. El vocero es el presidente.
En Puebla también podemos establecer épocas. Entre 1982 y el 2010, la política se plantó en la prédica “Todos tienen precio”. Los años del morenovallismo sumaron a ese fundamento el desprecio del déspota. Con Miguel Barbosa podemos decir que el dinosaurio priista se recompone.
El periodo histórico 1960-2015
1945-1964: Encierro y estancamiento avilacamachista.
1965-1970: La Modernización desde el Estado Federal.
1972-1987: La explosión demográfica, el estallido social y el retorno al encierro.
1988-1998: El retorno del poder central, modernización, reconversión industrial y despojo inmobiliario.
1999-2010: De regreso al claustro: Melquiades y Marín, el paraíso de la especulación inmobiliaria y la explotación laboral en las autopartes.
2011-2018: El neo-avilacamachismo: el despotismo modernizador de un autócrata.
2019-2022: la parálisis neo priista.
Pero a todo lo largo de este tiempo, los gobernadores, convertidos por turnos en esa conocida especie mexicana de Jefe Máximo, son efectivamente el poder absoluto que sólo se ha perdido cuando un conflicto local amenaza la estabilidad del poder central en la ciudad de México. Los procesos económicos, políticos y sociales en la historia reciente de Puebla, entonces, han estado determinados por el papel fundamental que han jugado los sucesivos gobernadores en su desarrollo. En ellos ha recaído el control unipersonal de los recursos públicos federales, el mecanismo principal de su poder, por la vía de cuatro grandes instrumentos: La expropiación de la tierra “por causa de utilidad pública”; el control autoritario del presupuesto; la sujeción absoluta de los poderes legislativo y judicial y del poder no escrito de los medios de comunicación; y la manipulación y trasgresión de la ley con la impunidad que esa sujeción le otorga.
Este poder absoluto sólo ha sido confrontado y contenido por la fuerza y por la alianza con poderes fácticos externos, como la presidencia de la república y los grupos de poder económico-político-financiero o los cárteles del crimen organizado, o por los movimientos sociales y las organizaciones civiles independientes que se les revelan.
Y ya en este propósito de visualizar a esta especie de Virrey en su relación con los medios y periodistas en el paso del tiempo, vale esta esquematización:
1985 / Jiménez Morales: “Algo quieren, ¿dinero? ¿Putas? ¡Sí, ponles putas!” (su indicación al jefe de prensa en un exabrupto por el maltrato sufrido por periodistas de la ciudad de México)
1994 /Manuel Bartlett: la uniformidad y el silencio frente al déspota.
2001 / Melquiades Morales: “¿Y si nos sentamos a platicar?” (Su respuesta al reclamo hecho por la parálisis en el ministerio público de una denuncia por difamación y calumnia contra un periodista en la nómina del gobierno estatal).
2006 / Mario Marín: El presidente de la república (y el dinero en medios de la ciudad de México) salva al llamado Góber Precioso.
2015 / Rafael Moreno Valle: ¿Entrevistas? Claro que sí, para eso eres mi empleado.
2019 / Guillermo Pacheco Pulido: A los 86 se vale nadar de muertito.
2020: Miguel Barbosa: ¿Entrevistas? Claro que sí, para eso eres mi empleado.
En buena medida, la historia de la relación entre la prensa poblana y el poder en Puebla es la del sometimiento en una línea de tiempo que va del chayote a los convenios, del jefe de prensa al Director de Comunicación social: del maletín de dinero a los servicios de comunicación comprados en el manejo discrecional de la ley.
Otro periodismo es posible
Otro país es el que imaginamos y por el que muchos periodistas peleamos, un país en el que los medios de comunicación son valorados como sujetos de interés público por el papel que juegan para el ejercicio de la democracia y la libertad de expresión. Un país en el que los recursos públicos que se destinan a la comunicación social no están determinados meramente por el mercado y no están secuestrados con mecanismos amafiados por grupos de poder fáctico.
Un país por el que pelean organismos de la sociedad civil que han logrado plasmar esta exigencia en propuestas concretas que deben convertirse en ley. Lo hizo el movimiento #Medios libres en el año 2018 con unas bases mínimas para la regulación de la publicidad oficial, que exigen al Congreso de la Unión cumplir con su obligación constitucional de regular la publicidad oficial señalada en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 15 de noviembre de 2017.
Pero el control del gasto público en publicidad no debe referirse nada más a los políticos y sus funcionarios que lo ejercen discrecionalmente. Lo propone así un empresario de la ciudad de México: “Estamos presenciando con gran preocupación las crecientes capacidades fácticas de las oficinas gubernamentales de comunicación para lograr inauditos alineamientos editoriales a las posturas oficiales en temas relevantes, con la sincronización que aspiraría a lograr un buen director de orquesta en la ejecución de una pieza musical”, dice Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Pero añade: “Una regulación de gran calado debe incluir mecanismos de control sobre los principales receptores de ese gasto.”
Lo propone también el periodista José Soto Galindo en el diario El Economista: acciones que permitan que los medios de comunicación en México, actores con poder e injerencia en la vida económica, social y política del país, sean obligados en la ley a rendir cuentas sobre el dinero público recibido en los contratos de publicidad que ejercen. “La transparencia sobre las fuentes públicas de financiamiento de los medios –afirma– construirá un mejor ecosistema de medios, uno más ético, honesto y en beneficio de los ciudadanos.”
Otro periodismo es posible. Pasa por la ley. Pasa por lograr un gobierno democrático que no esté sometido a los intereses de grupos de poder fáctico como ha ocurrido, y ocurre hoy, en el estado de Puebla.
Por: Sergio Mastretta – Lado B
Publicado originalmente en: https://www.ladobe.com.mx/2022/07/periodismo-y-poder-de-la-mano-y-al-mejor-postor/
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Bases mínimas para la regulación de la publicidad oficial
