Un informe internacional advierte que los flujos financieros que dañan los ecosistemas superan ampliamente a las inversiones destinadas a su protección. De acuerdo con el documento Estado de la financiación para la naturaleza 2026, por cada dólar invertido en conservar la naturaleza, se destinan 30 dólares a actividades que la destruyen.

El estudio señala que anualmente se canalizan alrededor de 7.3 billones de dólares a sectores y actividades perjudiciales para el medio ambiente, principalmente desde el sector privado, con énfasis en la industria, la energía y los materiales básicos. En contraste, la inversión en soluciones basadas en la naturaleza apenas alcanza los 220 mil millones de dólares, de los cuales cerca del 90 por ciento proviene de recursos públicos.

El informe subraya que esta incongruencia financiera representa uno de los mayores obstáculos para enfrentar la crisis ambiental global. Ante este panorama, la Organización de las Naciones Unidas hizo un llamado a una reforma profunda de los sistemas financieros para reorientar los mercados hacia un modelo que proteja los ecosistemas y, al mismo tiempo, sostenga el desarrollo económico.

Los datos identifican como principales responsables del daño ambiental a sectores como los servicios públicos, la industria y, en particular, las empresas de energía y materiales básicos. Además, persisten subvenciones consideradas perjudiciales para la naturaleza en rubros como los combustibles fósiles, la agricultura, el agua, el transporte y la construcción.

“Si se sigue el rastro del dinero, se ve la magnitud del reto que tenemos por delante”, afirmó Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), al advertir que las inversiones destructivas avanzan mucho más rápido que las soluciones basadas en la naturaleza. “O invertimos en la destrucción de la naturaleza o impulsamos su recuperación, no hay término medio”, sostuvo.

Pese al desequilibrio, el informe destaca que existen alternativas viables y económicamente sostenibles, como la integración de la naturaleza en zonas urbanas e infraestructuras, así como el desarrollo de materiales de construcción con emisiones negativas. También plantea la eliminación gradual de subsidios dañinos y el aumento de inversiones consideradas positivas para los ecosistemas.