Se cumplen dos años de la muerte de Berta Cáceres, asesinada por oponerse a la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Su caso puso en evidencia la connivencia entre actores corporativos, financieros, estatales y paraestatales; así como la estrategia dirigida a eliminar cualquier oposición y resistencia, sin importar los medios utilizados para ello.
“Venimos de una lucha que se ha definido como una disputa anticapitalista contra todo lo que significa el capitalismo depredador. Damos un paso más, que es abrir un debate para empujar un proceso antipatriarcal y descolonizador”.
Berta Cáceres
A Berta Cáceres la asesinaron porque defender un río es atacar los intereses del poder corporativo.
Cuando el pueblo indígena lenca se levantó contra la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) quería implantar en su territorio, el poder económico y político no tardó en poner en marcha sus estrechas alianzas. Los vínculos entre el personal directivo, gerencial y operativo de DESA, las empresas de seguridad privada al servicio de la compañía, funcionariado público y aparatos de seguridad del Estado hondureño tenían un objetivo claro: controlar, neutralizar y eliminar cualquier oposición a los intereses del megaproyecto. Para ello, desplegaron acciones de instrumentalización de las comunidades con el fin de romper el tejido social, campañas de desprestigio, infiltraciones, seguimientos, amenazas y sicariato. El asesinato de Berta fue planificado como una pieza más de esta estrategia. Lo dice el informe del caso elaborado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), un equipo de expertos independientes.
Este informe también señala que DESA no contaba con los recursos económicos suficientes para construir el megaproyecto, por lo que nunca habría podido emprender el proyecto Agua Zarca de no haber contado con fondos provenientes de instituciones financieras. Entre ellas, los del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) del cual España es uno de sus socios extrarregionales.
Los fondos provenientes del sistema financiero, sostiene el GAIPE, fueron empleados para incrementar los niveles de violencia y atacar de forma sistemática a las organizaciones y personas defensoras. Por eso, el equipo de expertos responsabiliza también a las instituciones financieras de “negligencia deliberada” puesto que tenían conocimiento previo de las estrategias de presión y hostigamiento llevadas a cabo por DESA.
El caso de Berta pone en evidencia la connivencia entre actores corporativos, financieros, estatales y paraestatales que pueden llegar a actuar como “estructuras criminales” para eliminar cualquier obstáculo a la acumulación de capital.
Porque defender un río es atacar la esencia misma del capitalismo.
Por eso el de Berta no es un caso aislado. Desde que la mataron, hace ahora dos años, cerca de 600 personas han sido asesinadas por defender los derechos humanos. La mayor parte de ellas defendían la tierra, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas, casi siempre en el contexto de implementación de megaproyectos por parte de grandes corporaciones.
De acuerdo a Global Witness, casi el 40% las personas asesinadas por defender la tierra y el medio ambiente son indígenas. Y es que en sus territorios se encuentran con frecuencia los recursos naturales que resultan estratégicos para alimentar el metabolismo de la economía global. Las comunidades indígenas y campesinas asumen así los costes sociales y ecológicos de un modelo civilizatorio construido alrededor de un dogma que considera incuestionable: el crecimiento económico. Un modelo civilizatorio que no solo sostiene la acumulación económica de una élite global sobre la explotación y el despojo de los territorios y los pueblos, sino que además desprecia la posibilidad de preservar otras formas de entender la vida, otras formas de concebir el mundo y de situarnos en él.
Por eso, defender un río es atacar las estructuras más profundas del colonialismo.
La actuación de las empresas transnacionales no se puede desvincular de este contexto global de poder, violencia e impunidad generalizada. Tampoco la acción de las empresas españolas en el exterior, como recoge el informe “El IBEX 35 en guerra contra la vida” publicado por Ecologistas en Acción con el apoyo de OMAL-Paz con Dignidad y Calala Fondo de Mujeres.
El informe describe tres conflictos en Perú, Guatemala y México ocasionados por megaproyectos impulsados por compañías como Repsol, ACS, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, entre otras. Encontrar patrones sistémicos en todos los casos analizados ayuda a comprender que los beneficios económicos de las transnacionales se asientan sobre la generación de importantes impactos socioecológicos y la vulneración de derechos humanos.
El informe también muestra cómo el modelo que imponen las transnacionales en los territorios confluye, refuerza y reactualiza las desigualdades estructurales de género. En términos políticos, las grandes corporaciones fomentan la exclusión de las mujeres de los espacios de decisión al impulsar negociaciones individuales y selectivas con ciertos actores locales afines, todos ellos hombres, con el fin de debilitar el tejido social.
En términos económicos, la reconversión de las economías locales en función de la presencia central de las corporaciones genera una fuerte dependencia hacia una economía asalariada altamente masculinizada, dejando a las mujeres en un lugar de subordinación y dependencia económica. Además, las mujeres asumen una sobrecarga de trabajo cuando el agua, las tierras y los bienes comunes naturales se degradan o se privatizan como consecuencia de la irrupción de los megaproyectos.
Por otro lado, se produce un proceso de militarización del territorio por parte de fuerzas de seguridad públicas y privadas, y de masculinización del territorio por la conformación de grandes concentraciones de obreros. En este contexto, las mujeres ven incrementado el riesgo de sufrir agresiones sexuales, violencia machista y fenómenos de prostitución forzada.
Las mujeres que defienden el territorio y la naturaleza frente a los intereses corporativos lo saben bien. Por eso con frecuencia son las que mantienen un posicionamiento más firme en las luchas socioecológicas. Por eso también la violencia contra las defensoras no deja de crecer: entre 2012 y 2014 las agresiones hacia las defensoras de los derechos humanos en Mesoamérica, por ejemplo, prácticamente se duplicaron de acuerdo a los registros de IM-Defensoras. En cerca del 40% de los casos, la violencia que se ejerce sobre ellas tiene patrones de criminalización diferenciada específicamente dirigidos a violentar su condición de género.
Y es que defender un río es atacar las bases más arraigadas del patriarcado.
Fuente: elsaltodiario.com
